Uno de los aspectos que no han sido analizados a profundidad en la incidencia del fenómeno del feminicidio en México, es sin duda, la política económica de Estado, enmarcada en el Neoliberalismo inhumano y propiciatorio de un ámbito criminógeno –generador del crimen impune-, y en ello deseamos hacer énfasis en este Foro Social Mundial en el que se analizan los factores sociales que rodean al Neoliberalismo.
En este sentido, debemos tomar en cuenta que, al hacerse notorio el fenómeno en Ciudad Juárez, a finales de 1993, México estaba por concluir un periodo de abierta ilegalidad gubernamental. En 1988 había llegado Carlos Salinas de Gortari a la presidencia -producto de un fraude electoral que ilegitimó todo su mandato-, estableciendo las condiciones que permitieron el florecimiento de una industria maquiladora –producto del desmantelamiento de la infraestructura productiva nacional, incluso con la venta de la industria petroquímica al reclasificarla de “petroquímica secundaria”- lo que ahora nos mantiene como un país consumidor de bienes, y que ha generado que el 25% de la población nacional haya decidido, por razones económicas, emigrar a los EEUU.
Esta situación de apertura comercial sin variaciones el la política económica, sin fomentar la industria nacional, ha generado durante los últimos 15 años una escala nacional creciente de desempleo y falta de oportunidades para todos los sectores de la población - el desempleo juvenil que en 1997 era de 6.8% en 2007 alcanzó, entre quienes tienen 15 y 24 años, un total de 41.4%, acentuándose este en las mujeres que alcanzaron un 45.8% -; si bien el presupuesto destinado a la educación se ha visto incrementado en más del 50% en años recientes, este se gasta en un 90% en salarios de profesores y la burocracia . Si tomamos como referente que sólo en 2006, según datos de la Gaceta UNAM del 2 de abril del 2006, solicitaron su ingreso a licenciatura un total de 88,925 aspirantes, de los cuales sólo se admitió a 8,877 –más del 90% de rechazados -, entonces tendremos un panorama más amplio de las oportunidades reales de ocupación de las y los jóvenes, que son más del 28% de la población total del país.
Ello ha llevado al país a un incremento brutal en la comisión de delitos, que no son perseguidos, investigados y menos aún sancionados. Con base en los datos proporcionados por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad en México, en la totalidad del territorio nacional, el 75% de los delitos no son denunciados –por desconfianza en las instituciones de impartición de justicia. Del 25% que presentan denuncia por los delitos que se comenten en su contra, apenas 2 de cada 10 casos se sigue –es decir que se investiga la Averiguación Previa-. De ellos sólo el 12% terminan en consignación, y de este último porcentaje, apenas el 5% de los culpables son sentenciados.
La probabilidad de que el Ministerio Público –local o federal- integre efectivamente una Averiguación Previa, en consecuencia detenga a un delincuente y que éste sea presentado ante un juez es en México de aproximadamente 1.8%. En términos reales, esa sería la posibilidad real de que alguien que interpone una denuncia, sea atendido y se aplique justicia en su caso. Es decir, la incidencia de impunidad en cualquier tipo de delito en México se da en un aproximado de 98.2% de los casos.
Haciendo un recuento de lo anterior, tenemos que el apoltronamiento de neoliberalismo en México, ha traído desmantelamiento de la planta productiva, desempleo, falta de oportunidades y diversos tipos de delincuencia, entre los que se encuentra el asesinato de mujeres. El proceso de empobrecimiento colectivo, que se ve acendrado con la feminización de la pobreza, expone a las mujeres –que ya se encuentran en medio de una estructura social profundamente discriminadora y misógina, que se expresa a través de la violencia de género- a una mayor indefensión. A este contexto, que se agudiza con la pobreza, habrá que sumar una naturalización de la violencia institucional que potencia la impunidad y no permite a las mujeres el desarrollo de una vida libre de violencia y hace nulo su derecho al acceso a la justicia.
En términos reales, esto ha significado, ya entrando en materia, que el fenómeno del feminicidio ha tenido un caldo de cultivo para su desarrollo. Durante todo el sexenio de Ernesto Zedillo y hasta el año 2003, el gobierno federal acumuló una serie de acciones fallidas para combatir el feminicidio, concentrando sus esfuerzos en informar a la comunidad internacional que se ocupaban del tema, sin hacer nada en concreto. En 2003, tercer año del gobierno de Vicente Fox, las madres de las víctimas –ya para entonces más de 300-, se reunieron con él, lo que dio paso a la instauración de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (Comisión de Juárez), con rango de subsecretaría dependiente de la Secretaría de Gobernación, y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua de la Procuraduría General de la República.
En ese entonces, los Decretos presidenciales de creación de ambos organismos reconocían que éstos respondían a los cientos de Recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas, con lo se pretendió “resolver” el problema y así fue informado a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres. Tan sólo durante el sexenio de Fox, según información de la Comisión Especial de Feminicidios de la LIX Legislatura, el feminicidio alcanzó una cifra a nivel nacional de más de 6 mil mujeres asesinadas. Al término de dicho gobierno se informó que el trabajo de la PGR en Ciudad Juárez había concluido, dejando un saldo de más de 450 mujeres asesinadas (1993-2006), 177 funcionarios públicos responsables de que no se pueda dar con los responsables de los asesinatos, impunes todos ellos –funcionarios y perpetradores-, más del 75% de los casos sin resolver, y una ofensiva institucional y de la iniciativa privada en Cuidad Juárez contra las y los defensores de los derechos humanos que han denunciado.
En lo que va del gobierno de Felipe Calderón, han continuado los asesinatos de mujeres a nivel nacional, hasta agosto el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, tiene un recuento de más de 1800 casos de feminicidio en todo el país. En Ciudad Juárez en 2006 hubo 25 casos y entre el 1° y el 22 de enero de 2008 se han cometido 7 asesinatos en esa Ciudad. Ante esta incidencia, la respuesta del gobierno ha sido la virtual desaparición de la Comisión de Juárez, la desactivación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVIM) y una campaña internacional para la desactivación del tema del feminicidio en los organismos de protección a los derechos humanos, informado falacias sobre el compromiso del Estado Mexicano en la solución de esta problemática.
En sintonía con esta política de simulación, es lamentable que el Poder Legislativo sostenga posturas similares: durante el 2006 la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios en el País, no tuvo una sola reunión Plenaria y no ha informado de sus actividades.
Durante 2006, se asesinó a Ernestina Ascencio Rosario por militares exonerados por el presidente y por el presidente de la CNDH; el ejército violó masivamente a mujeres en Michoacán sin castigo; se dio impunidad a los militares que violaron a 14 mujeres en Castaños, Coahuila; fue asesinado nuestro compañero Ricardo Murillo, del Frente Cívico Sinaloense –integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio- sin que hasta la fecha se conozcan las causas, y en diciembre fue allanado el local del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Saltillo, Coahuila –también integrante del Observatorio- y fue golpeada nuestra compañera Mariana Villarreal, lo que hace un contexto de hostigamiento y zozobra para las y los defensores de los derechos humanos que trabajamos el tema del feminicidio.
El sistema de acumulación y dominación que representa el neoliberalismo, se ocupa primordialmente de tomar el control de los actores sociales, procesos económicos y culturales, para dar paso al desarrollo de un proceso de legitimación de sus políticas públicas economicistas que ignoran la esencia de los derechos humanos, así como la integridad individual especialmente la de las mujeres. Esta política deshumanizada, ha emprendido un camino de aceptación cultural de la violencia de género y de violación sistémica de los derechos humanos.
Es decir, el régimen neoliberal que ya cumple más de 26 años de ejercicio depredador, no sólo ha propiciado la miseria, sino que agudizó la inequidad social y la injusticia que ya se promovía desde la estructuras de poder. Violencia y discriminación que se ensaña con las mujeres y tiene una de sus expresiones más dramáticas y extremas en el feminicidio.
Enviado en Sin categoría | Sin comentarios »
Loading ...
Loading ...
El ex Presidente de la República italiana, Francesco Cossiga, ha dicho al Corriere Della Sera que «se nos ha hecho creer que Bin Laden habría confesado el ataque del 11 septiembre 2001 en New York –mientras que, de hecho, los servicios secretos estadounidenses y europeos saben perfectamente que este ataque desastroso fue planificado y ejecutado por la CIA y el Mossad, con el fin de acusar a los países árabes de terrorismo y poder de este modo atacar Irak y Afganistán».
