Monosapiens

En vísperas de que el Senado discuta una nueva ley de radiodifusión y de telecomunicaciones; ante la inminente entrada de Telmex como competidor al mercado audiovisual; frente a la solicitud del Grupo Pegaso, de su primo Alejandro Burillo, para tener una tercera cadena de televisión abierta, y las negociaciones de Multivisión, de Joaquín Vargas, para crear una nueva red de televisión satelital que compita con Sky, Emilio Azcárraga Jean, El Tigrillo, sacó garras… y quejidos.
Acompañado por Roberto Hernández, el socio que sustituyó a Carlos Slim como segundo accionista de Televisa, Azcárraga Jean se quejó porque lo quieren “castigar”, presumió que a ellos “nunca nos han regalado nada” y arremetió en contra de “varios presidentes y varios políticos que sí han robado muchísimo dinero”.
El presidente de la compañía televisiva no hizo mención a la nueva ley de medios que se discute en el Senado y que sustituirá a la Ley Televisa, pero sí se quejó por la falta de apoyos del gobierno a los empresarios mexicanos e hizo referencia así a su fracaso en la compra de acciones de Univisión, en la cual era socio con el 11% de los títulos:
“A mí en el 89 me corrieron de Estados Unidos. Entonces ahí vemos cómo los americanos y su gobierno defienden a las empresas americanas claramente; también lo hace España”.
En contraparte, en México “lo que vemos es: no, no hay que apoyar a las empresas mexicanas, hay que apoyar a las de afuera, en todos los rubros, no sólo en televisión”.
“Es: dénle una situación fiscal al de acá, pero al mexicano, ese sí que pague los impuestos como debe, y olvídate de salir fuera porque no hay una estructura real de llegar y poder participar en un país fuera de México y llegar con un apoyo a la embajada, hay que rascarle nosotros”, abundó.
Azcárraga Jean omitió mencionarla explícitamente, pero se refería a la posibilidad de que Telemundo, propiedad de General Electric, en sociedad con la familia Saba, ingrese al mercado mexicano para formar una nueva cadena de televisión abierta.
Sin embargo, sí se refirió explícitamente al ingreso de Telmex al mercado del triple play en el cual competirá con Televisa, y se quejó por las críticas que se le han hecho a su empresa con las recientes adquisiciones de empresas de televisión por cable.
“Mucha gente dice que no está de acuerdo en que Televisa se consolide en el cable… Nadie dice: quién trae mil millones de dólares para ponerlos, porque también es un riesgo competir contra una empresa tan fuerte como Telmex”, indicó.
Leer el texto completo aqui >>
En un desplegado publicado en enero pasado, el Grupo Televisa rechazó haber influido sobre el Grupo Prisa para suspender la participación de la periodista Carmen Aristegui en W Radio. Una grabación obtenida por Proceso demuestra que dos altos funcionarios del consorcio –uno de los cuales califica a la comunicadora como “vocera de los opositores” e “incendiaria”– decidieron, telefónicamente, ejercer presiones para prescindir de sus servicios, porque “nos mienta madres” y “pide que nos quiten canales” en uno de los noticieros “más escuchados en la radio”…
Unas semanas antes de la aprobación de la Ley Televisa en el Senado de la República, dos altos ejecutivos del consorcio televisivo, Javier Tejado Dondé y Joaquín Balcárcel, tuvieron una conversación telefónica que, escuchada ahora, revela parte del modus operandi utilizado por Televisa para presionar a los partidos políticos. Exhibe, además, la animadversión de la empresa en contra de la periodista Carmen Aristegui, entonces conductora de W Radio, a quien describen como “vocera de los opositores” e “incendiaria”.
Esta conversación, cuya copia tiene Proceso, desmiente el desplegado de Televisa publicado el 17 de enero pasado –en el cual la empresa de Emilio Azcárraga Jean se deslinda de cualquier injerencia en el despido de Carmen Aristegui– y confirma que sí ejerció presiones desde 2006 sobre los directivos de Grupo Prisa, en particular sobre Raúl Rodríguez, entonces director de Televisa Radio.
–A ver si luego me ayudas a ver ahí el tema de W Radio, porque es increíble que aquí en nuestra propia casa sea donde tengamos todo eso. Sí, la verdad. Mucha gente se está rifando el pellejo, de adentro y de afuera –le expresa Javier Tejado Dondé, a la sazón director jurídico de Televisa (hoy director de Información) y uno de los artífices intelectuales de la finalmente frustrada Ley Televisa, a su interlocutor Joaquín Balcárcel, vicepresidente jurídico de Televisión del Grupo Televisa y miembro de la directiva de Sky.
–Que aquí adentro nos estén haciendo esto, se me hace una injusticia brutal –insiste Tejado.
–Sí, claro, no entiendo a esta mujer, pero bueno, lo que quieran… dime si quieren que hable con (Raúl) Rodríguez –ofrece Balcárcel, a quien se reconoce como apoderado y abogado general de Televisa, además de ser gerente general de Apuestas Internacionales.
–Es que, la verdad, la jefa de Raúl es ella –revira Tejado Dondé. Ya lleva un mes de incendiaria; desde hace un mes, va a todos los foros, nos mienta madres, pide que nos quiten canales (…) es el noticiero de los más escuchados en la radio. ¡Somos nosotros! Pues esto… ya me doy, la verdad…
De acuerdo con la grabación, Tejado Dondé está molesto con Carmen Aristegui porque en un foro de la UNAM, realizado un día antes de la conversación con Balcárcel, la periodista criticó la Ley Televisa y “pidió que sólo nos dejaran una cadena nacional y que nos quitaran todo lo demás. ¡Hazme el favor!”.
El foro fue organizado el 15 de febrero de 2006 en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CIICH) de la UNAM. En ese encuentro, Aristegui señaló que existía una actitud “timorata y tibia” entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para abordar la legislación de los medios electrónicos.
“Es tabú hablar (de la reforma) de los medios en los medios electrónicos”, afirmó Aristegui, de acuerdo con la nota publicada por Juan Arvizu en El Universal al día siguiente.
En el foro participaron también los investigadores Fátima Fernández, Jacqueline Peschard, Aimée Vega Montiel y el propio director del CIICH, Daniel Cazés.
Conforme al texto de Arvizu, Aristegui nunca propuso que le quitaran a Televisa una de las dos cadenas nacionales que el Estado mexicano le dio en concesión, aunque la investigadora Fátima Fernández sí afirmó que de aprobarse la Ley Televisa “se consolidaría un poder mediático sin contrapesos”.
“Cobertura” para los partidos
La conversación telefónica revela, así mismo, que los partidos solicitaron a Televisa “coberturas políticas a cambio de apoyar la minuta”, y registra como positivo el hecho de que el entonces consultor de telecomunicaciones y asesor de TV Azteca, Javier Lozano –actual secretario del Trabajo y ahora interlocutor de los agricultores que impugnan el TLC–, apoyara la minuta.
–Creo que vamos bien. Mi balance es que los argumentos sobre la minuta están ganando, todos, porque no hay nada ahí ventajoso. Toda la industria de la radio y televisión, sindicatos, todos por unanimidad están a favor del proyecto. Bueno, ya pasó con los diputados por unanimidad –presume Tejado Dondé, identificado por los senadores como uno de los cabilderos más insistentes del consorcio.
–Lo que pienso un poquito son los tiempos políticos que los partidos desearían, cosas de coberturas políticas, a cambio de apoyar la minuta; lo político con lo estrictamente legislativo –abunda Tejado Dondé.
En su momento, los principales críticos de la ley, los senadores Javier Corral y Felipe Vicencio, del PAN; Manuel Bartlett y Dulce María Sauri, del PRI; Raymundo Cárdenas y Jesús Ortega, del PRD, denunciaron públicamente que Televisa presionó a los equipos de campaña de los candidatos presidenciales para que apoyaran la minuta.
La conversación revela que la petición expresa fue “coberturas” mediáticas, es decir, tiempo en pantalla para favorecer a quienes eran los principales candidatos: Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador.
En el diálogo, Tejado Dondé no le precisa a Balcárcel cuáles eran los partidos que ofrecieron su voto a favor de la minuta a cambio de coberturas favorables. En la sesión del 30 de marzo, las fracciones del PRI y del PAN votaron divididas. Los 15 senadores del PRD votaron en contra de la minuta.
El “bandazo” de Lozano
–Ya se acabaron las audiencias públicas, ya están viendo si votan o no el asunto. Entonces, estoy en eso –presume Tejado Dondé. Algo que es muy importante: Javier Lozano, que estaba muy crítico, ya dio el bandazo y ya se pronunció a favor… con eso de sus jefes de TV Azteca…
En efecto, Javier Lozano fue uno de los primeros críticos de la iniciativa que se aprobó por unanimidad el 1 de diciembre de 2005 en la Cámara de Diputados.
“Es una ley retrógrada en la materia, que poco nos va a ayudar”, declaró Lozano el 10 de diciembre de ese año a Óscar Mario Beteta, de Radio Fórmula.
Presidente de la Cofetel durante el sexenio de Ernesto Zedillo, Lozano opinó el 2 de diciembre de 2005 que la Ley Televisa tenía un “trasfondo político” porque se eliminaba a los comisionados de la Cofetel para incorporar a cinco nuevos, inamovibles durante ocho años.
El “bandazo” de Lozano Alarcón se produjo, efectivamente, en las últimas audiencias públicas en el Senado. Aceptó que la minuta tenía “cosas positivas”. Y de ser “retrógrada” pasó a ser una ley “que contiene avances”.
“Mezquino sería afirmar, como muchos otros lo hacen, que este proyecto de reformas legales no contiene avances”, escribió Lozano en su artículo Consummatum est, publicado en El Universal el 27 de marzo de 2006, tres días antes de que se discutiera y aprobara la Ley Televisa en el Senado.
“El problema está en la letra chiquita, en la lectura entre líneas, en los silencios del pautado. Es el diablo que se esconde detrás de cada detalle”, sentenció Lozano.
En ese artículo, Lozano no se pronunció por votar en contra y consideró “improbable” el veto presidencial a las reformas que a la postre, en abril de 2007, serían consideradas anticonstitucionales por una mayoría de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia.
El vínculo de Lozano con TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, es mencionado por Javier Tejado. Este semanario documentó cómo Lozano favoreció a Unefon, empresa de Salinas Pliego, al otorgarle de manera irregular, en agosto de 1998 y en marzo de 1999, dos prórrogas para que pagara el saldo de una contraprestación por el aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia para telefonía inalámbrica.
Leer el texto completo aqui >>
Les prometí el pasado viernes 15 de febrero que en la próxima reflexión abordaría un tema de interés para muchos compatriotas. La misma adquiere esta vez forma de mensaje.
Fidel CastroHa llegado el momento de postular y elegir al Consejo de Estado, su Presidente, Vicepresidentes y Secretario.
Desempeñé el honroso cargo de Presidente a lo largo de muchos años. El 15 de febrero de 1976 se aprobó la Constitución Socialista por voto libre, directo y secreto de más del 95% de los ciudadanos con derecho a votar. La primera Asamblea Nacional se constituyó el 2 de diciembre de ese año y eligió el Consejo de Estado y su Presidencia. Antes había ejercido el cargo de Primer Ministro durante casi 18 años. Siempre dispuse de las prerrogativas necesarias para llevar adelante la obra revolucionaria con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo.
Conociendo mi estado crítico de salud, muchos en el exterior pensaban que la renuncia provisional al cargo de Presidente del Consejo de Estado el 31 de julio de 2006, que dejé en manos del Primer Vicepresidente, Raúl Castro Ruz, era definitiva. El propio Raúl, quien adicionalmente ocupa el cargo de Ministro de las F.A.R. por méritos personales, y los demás compañeros de la dirección del Partido y el Estado, fueron renuentes a considerarme apartado de mis cargos a pesar de mi estado precario de salud.
Era incómoda mi posición frente a un adversario que hizo todo lo imaginable por deshacerse de mí y en nada me agradaba complacerlo.
Más adelante pude alcanzar de nuevo el dominio total de mi mente, la posibilidad de leer y meditar mucho, obligado por el reposo. Me acompañaban las fuerzas físicas suficientes para escribir largas horas, las que compartía con la rehabilitación y los programas pertinentes de recuperación. Un elemental sentido común me indicaba que esa actividad estaba a mi alcance. Por otro lado me preocupó siempre, al hablar de mi salud, evitar ilusiones que en el caso de un desenlace adverso, traerían noticias traumáticas a nuestro pueblo en medio de la batalla. Prepararlo para mi ausencia, sicológica y políticamente, era mi primera obligación después de tantos años de lucha. Nunca dejé de señalar que se trataba de una recuperación “no exenta de riesgos”.
Mi deseo fue siempre cumplir el deber hasta el último aliento. Es lo que puedo ofrecer.
A mis entrañables compatriotas, que me hicieron el inmenso honor de elegirme en días recientes como miembro del Parlamento, en cuyo seno se deben adoptar acuerdos importantes para el destino de nuestra Revolución, les comunico que no aspiraré ni aceptaré - repito- no aspiraré ni aceptaré, el cargo de Presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe.
En breves cartas dirigidas a Randy Alonso, Director del programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional, que a solicitud mía fueron divulgadas, se incluían discretamente elementos de este mensaje que hoy escribo, y ni siquiera el destinatario de las misivas conocía mi propósito. Tenía confianza en Randy porque lo conocí bien cuando era estudiante universitario de Periodismo, y me reunía casi todas las semanas con los representantes principales de los estudiantes universitarios, de lo que ya era conocido como el interior del país, en la biblioteca de la amplia casa de Kohly, donde se albergaban. Hoy todo el país es una inmensa Universidad.
Párrafos seleccionados de la carta enviada a Randy el 17 de diciembre de 2007:
“Mi más profunda convicción es que las respuestas a los problemas actuales de la sociedad cubana, que posee un promedio educacional cercano a 12 grados, casi un millón de graduados universitarios y la posibilidad real de estudio para sus ciudadanos sin discriminación alguna, requieren más variantes de respuesta para cada problema concreto que las contenidas en un tablero de ajedrez. Ni un solo detalle se puede ignorar, y no se trata de un camino fácil, si es que la inteligencia del ser humano en una sociedad revolucionaria ha de prevalecer sobre sus instintos.
“Mi deber elemental no es aferrarme a cargos, ni mucho menos obstruir el paso a personas más jóvenes, sino aportar experiencias e ideas cuyo modesto valor proviene de la época excepcional que me tocó vivir.
“Pienso como Niemeyer que hay que ser consecuente hasta el final.”
Carta del 8 de enero de 2008:
“…Soy decidido partidario del voto unido (un principio que preserva el mérito ignorado). Fue lo que nos permitió evitar las tendencias a copiar lo que venía de los países del antiguo campo socialista, entre ellas el retrato de un candidato único, tan solitario como a la vez tan solidario con Cuba. Respeto mucho aquel primer intento de construir el socialismo, gracias al cual pudimos continuar el camino escogido.”
“Tenía muy presente que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”, reiteraba en aquella carta.
Traicionaría por tanto mi conciencia ocupar una responsabilidad que requiere movilidad y entrega total que no estoy en condiciones físicas de ofrecer. Lo explico sin dramatismo.
Afortunadamente nuestro proceso cuenta todavía con cuadros de la vieja guardia, junto a otros que eran muy jóvenes cuando se inició la primera etapa de la Revolución. Algunos casi niños se incorporaron a los combatientes de las montañas y después, con su heroísmo y sus misiones internacionalistas, llenaron de gloria al país. Cuentan con la autoridad y la experiencia para garantizar el reemplazo. Dispone igualmente nuestro proceso de la generación intermedia que aprendió junto a nosotros los elementos del complejo y casi inaccesible arte de organizar y dirigir una revolución.
El camino siempre será difícil y requerirá el esfuerzo inteligente de todos. Desconfío de las sendas aparentemente fáciles de la apologética, o la autoflagelación como antítesis. Prepararse siempre para la peor de las variantes. Ser tan prudentes en el éxito como firmes en la adversidad es un principio que no puede olvidarse. El adversario a derrotar es sumamente fuerte, pero lo hemos mantenido a raya durante medio siglo.
No me despido de ustedes. Deseo solo combatir como un soldado de las ideas. Seguiré escribiendo bajo el título “Reflexiones del compañero Fidel” . Será un arma más del arsenal con la cual se podrá contar. Tal vez mi voz se escuche. Seré cuidadoso.
Gracias
![]()
Esta semana en la Cámara de Diputados se discutirá la aprobación de la reforma judicial, cuya iniciativa incorpora planteamientos disímbolos: puntos de vista del Ejecutivo Federal, así como de legisladores de todos los partidos políticos y de organismos defensores de los derechos humanos. El presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y exprocurador general de la República, Sergio García Ramírez, asegura que esa reforma tuvo “un error de planteamiento, sin debate suficiente y sin claridad en el compromiso con un sistema penal democrático”.
Desde 2004, el Departamento de Estado de Estados Unidos financió la reforma al sistema judicial y penal en México prevista para aprobarse esta semana en la Cámara de Diputados.
La figura de los juicios orales, considerada por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara, César Camacho Quiroz, como “el corazón de la reforma”, fue admitida por el gobierno federal en tanto se respetara el régimen de excepción propuesto por Felipe Calderón para combatir la delincuencia organizada.
El jueves 21 las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PVEM aprobarán sin cambios la minuta de reforma judicial. Por su parte el PRD, PT y Convergencia anunciaron que rechazarán esa modificación a las leyes porque la consideran violatoria de las garantías individuales.
Al incorporar iniciativas del presidente de la República, del PRD y del PRI, la llamada reforma judicial trató de alcanzar un equilibrio entre las propuestas meramente policiales y autoritarias de la Presidencia y las modificaciones al sistema de justicia promovidas por Estados Unidos. Las primeras, que limitan garantías individuales, entrarán en vigor cuando la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación, mientras que las segundas se realizarán en el curso de los próximos ocho años.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Estado, desempeñó un papel importante como promotora de los cambios que modificarán 10 artículos de la Constitución.
Por medio de las empresas consultoras Management Systems International (MSI) y Management Sciences for Development (MSD), la USAID canalizó recursos para promover la reforma entre académicos y legisladores mexicanos. Uno de sus primeros resultados fue la creación del Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México (Proderecho), principal “asesor” de los legisladores para el nuevo sistema judicial. A fin de extender sus alcances, esta entidad promovió la creación de la red nacional a favor de un sistema de juicios orales y debido proceso legal.
En el sitio internet de Proderecho se dice que esa red está integrada por 65 organizaciones, entre ellas Coparmex, Renace, Grupo Reforma, Grupo Azteca, México Práctico y el Instituto Mexicano para la Justicia (Imej).
Renace es una asociación surgida en Monterrey para la defensa de imputados inocentes de escasos recursos; México Práctico promovió el voto para Felipe Calderón en 2006, y el Imej fue fundado, entre otros, por el recién fallecido articulista del Grupo Reforma Enrique Canales.
Entre los patrocinadores de Renace destacan la propia red nacional de juicios orales, Open Society –fundación del magnate George Soros–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
A partir de 2004, la USAID empezó a cabildear la reforma como parte de su proyecto “Gobierno Transparente y Procuración de Justicia”. En su página web se indica que este programa consiste en “dar asistencia técnica a los esfuerzos de México para poner en práctica sistemas de justicia civil y penal más efectivos”. La agencia también busca crear centros de mediación patrocinados por los juzgados, cambiar los planes de estudios y elevar los estándares de la práctica de la abogacía.
De acuerdo con los reportes de la consultora MSI, en tan sólo tres años se dieron los primeros pasos de lo que será la transformación del sistema judicial y penal en el país, mediante el diseño y la aprobación de las reformas penales en Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León. Además, la empresa asesoró a legislaturas de otras entidades, capacitó a jueces penales en Chihuahua, colaboró para el establecimiento de un laboratorio forense en Ciudad Juárez y apoyó la creación de dos centros de mediación en Oaxaca.
Leer el texto completo aqui >>
La explosión del viernes 15 a unos metros de la Secretaría de Seguridad Pública local confirma que, pese a su numerosa policía, el Distrito Federal está inerme ante la escalada violenta con que la delincuencia organizada resuelve sus disputas y muestra su poder. Los sicarios ya están en el corazón del país, y no se ve una estrategia federal o capitalina que se interponga en sus planes.
La violencia detonada por el narco volvió a meter en tensión a la Ciudad de México, considerada hasta hace poco un territorio pacífico frente al resto del país que día y noche sufre los embates del crimen organizado.
Igual que ocurre en Tijuana –asiento del cártel de la familia Arellano Félix– o en Tamaulipas –territorio del cártel del Golfo–, en la capital del país priva la inseguridad: lo mismo aparecen decapitados en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que se perpetran balaceras en bares del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, en la periferia del Distrito Federal, o se decomisan arsenales en colonias céntricas de la ciudad.
El viernes 15, poco antes de las tres de la tarde, estalló una bomba de manufactura casera en las calles de Monterrey y Chapultepec. El estruendo provocó pánico entre la gente que circulaba por la zona.
Gisela Concha Rubio, quien regresaba de comprar tortillas acompañada de sus dos hijas, de 9 y 10 años, afirma que “se escuchó bien fuertote, se cimbraron las máquinas y los aparadores… Sólo logré abrazar a mis hijas”.
No era para menos: el estallido fue brutal. Al hombre que presuntamente llevaba la bomba, ésta le reventó en las manos y, según las primeras versiones, le amputó una mano y le provocó exposición de vísceras. Oficialmente, fue el único muerto.
La explosión, presuntamente provocada por el crimen organizado –según dijeron las autoridades capitalinas en el primer momento–, dejó además dos lesionados: Javier Alonso González López, de 29 años, y Tania Vázquez Muñoz, de 22.
Como el primero no presentaba heridas que ameritaran su hospitalización, rindió su declaración en la Agencia 50 del Ministerio Público. En cambio, la joven sufrió quemaduras en más de 50 por ciento de su cuerpo y al cierre de esta edición se encontraba grave.
Al menos tres vehículos dañados, vidrios rotos en varios edificios cercanos y la caída de un anuncio espectacular le agregaron dramatismo al caso.
Elementos de Protección Civil capitalina y del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) de la procuraduría local, así como personal de la Procuraduría General de la República y de la policía capitalina desalojaron al menos 10 inmuebles, pero no hubo detenidos.
Ante la falta de información oficial, se desató una ola de rumores contradictorios. En los noticiarios de radio se escuchaban alusiones a un probable ataque del narco, se hablaba de terrorismo, de narcoterrorismo, de la guerrilla (especialmente del Ejército Popular Revolucionario), que es un mensaje a las autoridades capitalinas…
Al anochecer, el Gobierno del Distrito Federal (GDF), encabezado por Marcelo Ebrard, asumió una actitud cautelosa: “No habrá versión oficial hasta nuevo aviso”, decían en Comunicación Social.
Cuando finalmente el GDF convocó a una conferencia de prensa, Ebrard tuvo que compartir los reflectores de los medios con los mandos de la PGR, encabezados por el titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, quien dijo:
“Con relación a los hechos de hoy (la explosión), la PGR considera que existe una concurrencia de competencias, en virtud de los bienes jurídicos afectados que son la integridad corporal, la vida, el patrimonio, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.”
Leer el texto completo aqui >>
Aunque formalmente inaugurado en septiembre pasado, el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal aún no entra en operaciones por falta de presupuesto y de respaldo legal. Pero ello no ha impedido que esta nueva fuerza concebida para “restaurar” el orden público y la paz social tenga ya su comandante: el general de división José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez, “héroe de guerra” por su actuación en la matanza del 2 de octubre de 1968 en calidad de miembro del Batallón Olimpia.
La propuesta de Felipe Calderón de crear el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal para operaciones de seguridad pública y seguridad nacional se encuentra detenida por falta de recursos económicos, y por ahora no se incorporará a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.
Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avanza en la conformación de lo que Calderón y el titular de la dependencia, el general de división Guillermo Galván Galván, concibieron como una fuerza especial para “restaurar el orden público, la paz social y el estado de derecho”.
En medios castrenses incluso ya se habla de quién estará al frente de este cuerpo: el general de división José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez, a quien Gustavo Díaz Ordaz calificó de “héroe de guerra” en los hechos del 2 de octubre de 1968. Rodríguez Martínez fue ascendido en noviembre pasado por Felipe Calderón al máximo grado del Ejército.
Creado por decreto presidencial el 4 de mayo de 2007, el nuevo cuerpo especial del Ejército y Fuerza Aérea debió iniciar este año sus operaciones formales con un presupuesto propio de mil 600 millones de pesos. Pero los recursos no fueron incluidos en el presupuesto de egresos de 2008, que para la Sedena asignó 34 mil 861 millones de pesos.
Así mismo, el gobierno de Calderón tiene otro problema: el dinero para pagar este año la compensación prometida a la tropa, y es factible que anuncie cuál será el monto el martes 19, Día del Ejército, como ocurrió hace un año.
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal enfrenta otro escollo en la Cámara de Diputados: la reforma de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, donde debe quedar formalmente establecido este nuevo organismo. Este cuerpo tendrá que pasar por la aprobación del Congreso para que por ley sea parte del Ejército. Hasta ahora, en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados no se ha discutido ninguna propuesta de reforma en ese sentido.
De acuerdo con el artículo 103 de la Ley Orgánica, en la actualidad los cuerpos especiales del Ejército y Fuerza Aérea son cuatro: Guardias Presidenciales, Aerotropas, Policía Militar y Música Militar.
En el decreto de creación de esa fuerza, Calderón fundamentó su emisión no sólo en sus facultades presidenciales, sino en el artículo 14, fracción IX de la Ley Orgánica, en la que se indica que como Mando Supremo del Ejército, el presidente de la República puede autorizar la creación de nuevas unidades militares, armas y servicios y cuerpos especiales.
Según los tiempos establecidos en el decreto del Ejecutivo federal, originalmente firmado sólo por Calderón y el general Galván, a partir de agosto de 2007 la Sedena debió proveer a esta nueva fuerza los recursos humanos, materiales y presupuestarios para cumplir con sus tareas de “restauración del orden y seguridad pública en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación”.
También tuvo que empezar a darle capacitación “especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública”.
Un viejo héroe
En ese momento, en respuesta a una solicitud de información, la Sedena informó que ya había tomado “acciones contundentes y decididas” para cumplir con lo decretado por Calderón. Entre éstas, la creación del cuartel general del cuerpo; es decir, su comandancia y su Estado Mayor. Sin embargo, evitó dar detalles de la sede y el nombre del comandante.
De acuerdo con la más reciente edición de la revista militar Armas, dedicada a la difusión de los actos oficiales de las Fuerzas Armadas mexicanas, el comandante del nuevo cuerpo es el general divisionario José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez.
En una reseña sobre la ceremonia con la que el Ejército conmemoró el 61º aniversario de las Aerotropas en México, el 59º de la antigüedad de los paracaidistas en México y el Día del Paracaidista, identificó a los jefes militares que presidieron el acto realizado en la Glorieta de las Águilas, en el Campo Militar Número 1-A, de la Ciudad de México.
Entre ellos, al general de división Diplomado de Estado Mayor (DEM) Juan Morales Fuentes, comandante del Primer Cuerpo del Ejército, y los generales de brigada DEM Rafael de Jesús Ballesteros Topete, comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales, y “José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez, comandante del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal”. La ceremonia ocurrió el 11 de noviembre pasado, nueve días antes de que Calderón ascendiera a general de división a Rodríguez Martínez. La Sedena evitó confirmar esta versión.
En la trayectoria del nuevo visionario destaca su participación como miembro del Batallón Olimpia, protagonista en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, según lo acreditó Proceso desde 1978.
Testimonio de su actuación en Tlatelolco es un acuerdo firmado por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Defensa, Marcelino García Barragán, en reconocimiento a sus “actos de guerra” en la Plaza de las Tres Culturas (Proceso 101 y 896).
El acuerdo presidencial 930, fechado el 23 de octubre de 1968, establece la razón del reconocimiento: “Por el valor, determinación, sentido de responsabilidad y espíritu de sacrificio que demostró el personal militar al repeler la agresión armada durante los hechos acontecidos en la Plaza de las Tres Culturas, el día 2 del actual, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, gírense órdenes de ascenso al grado inmediato superior a las personas que a continuación se mencionan”. Junto con otros siete elementos de ese batallón, Rodríguez Martínez fue ascendido ese mismo año.
Su hoja de servicios indica que Rodríguez Martínez ingresó al Heroico Colegio Militar el 20 de enero de 1960. Cuatro años después se graduó como subteniente de Infantería. A esa misma generación pertenecen otros dos militares que en la actualidad son altos funcionarios de la Sedena: el general de división Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de Defensa, y el general de división Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor.
Cuando ostentaba el grado de mayor de Infantería, al término del curso de mando y Estado Mayor, el 15 de agosto de 1968, Rodríguez Martínez adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor. En 1991, ascendió de coronel de Infantería a general brigadier, y seis años después pasó a ser general de Brigada. Con ese grado, entre diciembre de 1998 y 1999 fue comandante de la Primera Zona Militar, ubicada en Tacubaya, en la capital de la República. En el gobierno de Ernesto Zedillo fue director del Servicio Militar Nacional.
Y antes de ser ascendido por Calderón como general de división el pasado 20 de noviembre, fue presidente del Supremo Tribunal Militar. En el organigrama de la Sedena aparece en la actualidad como director y rector general de Educación Militar y Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.
Las acciones de la Sedena
En respuesta a una petición de información vía la Ley de Transparencia, la Sedena informó que otras de las acciones “contundentes y decididas” que en agosto pasado ya había tomado para el cumplimiento del decreto de creación del nuevo cuerpo, se encontraba la revisión de lo que ha sido el apoyo militar a la Policía Federal Preventiva, que desde su creación en 1999 ha operado esencialmente con soldados y marinos.
La dependencia también informó que había realizado investigaciones “documentales y de campo” sobre la participación de otras instituciones militares del mundo en tareas de seguridad pública, “con la finalidad de incorporar aquellos aspectos que puedan ser de aplicación en el país”.
De acuerdo con esa respuesta, la Sedena exploró desde hace medio año las unidades del Ejército y Fuerza Aérea que pudieran formar el nuevo cuerpo, así como las necesidades de armamento, equipo y adiestramiento.
Además, ya tenía elaborados proyectos de su estructura orgánica y sus unidades subordinadas, la definición de sus funciones específicas, así como las estimaciones de presupuesto para su integración y operación.
Pero las previsiones económicas sobre su operación se quedaron en el deseo, puesto que ni en la Secretaría de Hacienda ni en la Cámara de Diputados se apoyó la petición del general Galván para que en el presupuesto de este año a la Sedena le aprobaran mil 600 millones de pesos para la nueva fuerza.
El general retirado y secretario de la Comisión de Defensa, Roberto Badillo Martínez, diputado del PRI por Veracruz, asegura que hubo resistencia de algunos diputados en ese órgano para aprobar los recursos, aunque dice que no se habló de una cantidad específica.
A pesar de no haberse aprobado el presupuesto, asegura que la Sedena tiene capacidad para organizar una fuerza especial sin pedirle recursos adicionales a la federación, pues cuenta con adiestramiento y personal para hacer frente a ese requerimiento.
Pero en todo caso, agrega, la Sedena “no lo va a necesitar por ahora porque el cuerpo aún no está organizado. Tal vez el próximo año sí, pero se necesitará más tiempo y cabildeo para sacar su presupuesto”.
Sobre la ubicación de la comandancia general del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, Badillo Martínez señala que podría encontrarse en la Primera Región Militar, que abarca al Distrito Federal, así como Morelos, Estado de México e Hidalgo.
En particular, dice, podría estar destacado en el Campo Militar Número 37, de San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México, o en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México. Desde cualquiera de esos lugares es más fácil que estén a las órdenes del presidente y del Alto Mando del Ejército, que recae en el general Galván, precisa.
En el presupuesto de la Sedena para este año es en la Primera Región Militar donde el Ejército tendrá el mayor aumento de personal. De los 35 mil 753 efectivos con los que contaba en 2007, pasará a 38 mil 312 este año.
Ante los cuestionamientos que le hicieron en la Comisión de Defensa sobre el aumento de personal en la Primera Región Militar, la Sedena aseguró que esas nuevas plazas eran para los egresados de los planteles militares del Ejército y Fuerza Aérea y no para el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
José Alfonso Suárez del Real, diputado del PRD por el Distrito Federal e integrante de la Comisión de Defensa, asegura que en esa instancia no se llegó a discutir un presupuesto específico para las Fuerzas Federales de Apoyo, pero tanto su partido como el PRI se opusieron a entregarle dinero. El Ejército, según él, necesita más recursos para el Plan DN-III de auxilio a la población civil.
Y explica que en el caso del PRD, el rechazo “no fue porque esté en contra del Ejército, pues entiende que por disciplina y lealtad obedece las órdenes del Mando Supremo (el presidente de la República), sino porque su creación viola la Constitución”.
Menciona que una violación es que el Ejército carece de facultades para asumir funciones de policía. “Es coadyuvante, pero no puede encabezar esas tareas, como de hecho ya ocurre ahora aun sin la creación formal del Cuerpo Especial”, asegura.
A su vez, el presidente de la Comisión de Defensa, el también general retirado Jorge Justiniano González Betancourt, diputado del PAN por Chiapas, coincide en que nunca hubo una petición formal de la Sedena a esa comisión para la aprobación de los mil 600 millones de pesos.
En lo que el diputado y general retirado Badillo describe como “un ensayo” pero que para la Sedena fue muestra del cumplimiento del decreto de Calderón, una brigada de mil 800 efectivos de distintas armas, con uniforme beige y boina negra participó en el desfile militar del 16 de septiembre del año pasado.
Fue la presentación oficial del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, que además de restricciones presupuestarias e indefiniciones legales tuvo que ser modificado en los ambiciosos alcances que en mayo de 2007 le habían atribuido Calderón y el general Galván.
El segundo decreto
Al día siguiente de la participación del nuevo cuerpo en el desfile conmemorativo de la Independencia, Calderón publicó otro decreto para precisar la forma en que deberá operar e intervenir.
En su primer decreto, Calderón había establecido que estaría “bajo las órdenes del presidente de la República” e intervendría “por instrucciones” del mismo para apoyar a las autoridades civiles de cualquier gobierno.
El nuevo decreto eliminó esa discrecionalidad y estableció que su intervención tendrá que obedecer a “circunstancias excepcionales”. Pero dejó la decisión de su actuación no sólo en la Sedena, sino en las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública (Proceso 1612).
Aunque la Sedena no logró este año un presupuesto especial para las Fuerzas de Apoyo Federal, lo que sí se discutió en la Comisión de Defensa fue una ampliación del presupuesto para las Fuerzas Armadas –Ejército, Fuerza Aérea y Marina– por 7 mil 54 millones de pesos, etiquetados para la compra y renovación de equipo, pero también para el pago de mil pesos mensuales de compensación a la tropa como parte de los estímulos prometidos por Calderón.
En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, la Cámara de Diputados introdujo un artículo para entregarle a la Sedena recursos adicionales a los casi 35 mil millones de pesos aprobados. La condición es que haya ahorros del gobierno federal.
El artículo 45 de ese decreto, publicado el pasado 13 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, señala: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificará los ahorros obtenidos, a efectos de apoyar a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en materia de adquisición de equipamiento que permita mejorar su desempeño a favor de la población en situación de emergencia y fortalecer la seguridad de la nación”.
Apenas el jueves 14, el presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Jorge Justiniano González Betancourt, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los gobernadores de los estados y a los titulares de la administración pública federal que busquen ahorros con el fin de trasladarlos a las Fuerzas Armadas para que éstas adquieran equipo y sostengan sus servicios.
Aseguró que en 25 años, las Fuerzas Armadas no han renovado su flota terrestre, aérea y marina, ni adquirido armamento moderno, radares, tecnología de punta; tampoco cubrieron las nuevas plazas para un correcto funcionamiento operativo.
Dijo también que quedaron pendientes de aprobación 7 mil 726 millones de pesos, no los 7 mil 54 mencionados originalmente. Precisó que ese dinero se destinaría a la renovación de los vehículos Humvee –que se utilizan en operativos contra el narcotráfico– y tres aviones Casa para reponer tres aviones Hércules C-130 de auxilio a la población.
También, dos helicópteros UH-60L para el combate al narcotráfico, radares de largo alcance para el sureste del país, radios Falcon de intercomunicación, combustibles, lubricantes y refacciones.
Y sin hacer mención al compromiso de Calderón, dijo que ese dinero se usaría también para “incrementar la compensación técnica al servicio de los elementos de tropa del país” y “abastecer eficientemente la atención médica a los militares y sus familias”.
Fuente: Proceso.com.mx
A nombre de la Coalición Ciudadana Nacional y de la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, las organizaciones que desde hace décadas promovemos las múltiples demandas de desarrollo, participación democrática y respeto de los derechos humanos, particularmente de los sectores sociales más desatendidos o minusvalorados por los gobiernos, expresamos nuestra total adhesión al pronunciamiento y acuerdo político amplio que suscribimos quienes convocamos al Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.
Denunciamos que en este año la actual administración federal ha decidido incrementar el bloqueo a nuestras actividades de interés público, considerándonos como empresas mercantiles, pretendiendo obligarnos al pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Todo ello en contra de la Ley que fomenta nuestras actividades, aprobada por todos los grupos parlamentarios del Congreso el año 2004. El actual, como todo gobierno autoritario, atenta directamente contra la libertad de asociación de la ciudadanía. Organizarse para luchar por los derechos no es un negocio, es una garantía constitucional.
México sigue padeciendo condiciones de autoritarismo, subdesarrollo y violación de los Derechos Humanos. Persiste la violencia estructural ejercida por las instituciones, que se manifiesta en la desigualdad social y la represión. Esta violencia se ha ampliado mediante cambios legislativos que la profundizan y legalizan. Tales son los casos de la reforma al Código Penal, que asimila la protesta social pacífica al delito de terrorismo; o de las reformas constitucionales al sistema de justicia, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, que comprometen y cancelan garantías individuales establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.
México es un país de leyes, pero sin justicia. Por ello nos unimos a las organizaciones que denuncian la impunidad y la criminalización de la protesta social como respuesta de los gobiernos a las legítimas demandas de la sociedad. Con el Frente Nacional contra la Represión exigimos la liberación de todas las y los presos políticos del país. Rechazamos cualquier reforma judicial que haga legal la violación de nuestros derechos humanos.
Nuestro país sigue viviendo en condiciones profundas de desigualdad social, que se ha incrementado de manera escandalosa en los últimos años. La desigualdad no es únicamente económica, sino que se refleja también en el ejercicio de los derechos humanos. De ella sobre todo son víctimas las mujeres. Decimos no a la violencia feminicida contra ellas; no a la explotación sexual de las redes internacionales toleradas por el gobierno; no a la violencia sexual de mujeres perpetrada por efectivos del ejército nacional.
Los gobernantes de distintos partidos han dejado pasar el tren de la historia, y han desperdiciado las oportunidades de promover los cambios necesarios y urgentes. Durante décadas, desde las organizaciones de la sociedad civil y la academia, se han construido alternativas viables para sacar a México de la crisis; pero ha faltado voluntad política de los gobernantes para realizarlas. Hoy decimos que la sociedad sí cuenta con esa voluntad, y que ya no podemos esperar.
Por ello demandamos el cambio en las políticas económica y social. Demandamos una auténtica reforma del Estado, que no puede reducirse a la reforma electoral, y menos únicamente en los aspectos que importan a los partidos políticos, y que debe incorporar el respeto y la garantía de todos los derechos humanos al mismo nivel que la Constitución. Una verdadera reforma del Estado tiene que traducirse en el cambio de la relación entre el gobierno y la sociedad, incorporando la participación efectiva de ésta en todas las decisiones públicas relevantes.
La comunicación de la sociedad a través de los medios masivos es un derecho que no puede ponerse por encima de los negocios. Antes que los derechos de los monopolios están los derechos de las audiencias. Requerimos una nueva ley de medios electrónicos y telecomunicaciones que sean garantía de las modernas libertades democráticas.
Defendemos la índole laica del Estado nacional, como condición indispensable para el respeto y la garantía de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia de todas las personas en el país. Ninguna Iglesia puede imponer su punto de vista a toda la población, ni extender su autoridad sobre los asuntos públicos.
Para hacer posible los cambios que el país requiere, es necesaria la unidad de todas las organizaciones sociales y redes ciudadanas. Es nuestro compromiso hacer un esfuerzo de unidad en la diversidad. (Todas las experiencias muestran que para los propósitos emancipadores la lógica de la combinación de fuerzas y organizaciones es más eficaz, cuando lo principal es lograr las transformaciones que la sociedad reclama). Convocamos a todas las dirigencias a superar, por el bien de la Nación, los intereses particulares y los puntos de vista parciales. Es el momento de unificar criterios y acciones por la soberanía alimentaria, por los derechos de los trabajadores y el reconocimiento constitucional y el ejercicio práctico de todas las libertades públicas.
Ciudad de México, 31 de enero de 2008.
Bajo el lema “Otro mundo es posible”, los movimientos y las redes sociales reunidos en el Zócalo de la ciudad de México, del 22 al 26 de enero del 2008, con respeto a la pluralidad y a las diferencias desarrollamos un diálogo público sobre los problemas nacionales e internacionales que más nos afectan, al igual que a muchos otros pueblos del mundo.
Para responder al llamado del Consejo Internacional del FSM, decidimos organizar debates y marchas que nos den voz y presencia, para incorporarnos al creciente proceso alternativo del “movimiento de movimientos” que hoy culmina con una gran Jornada de Movilización Global en más de 60 países.
El Foro Social Mundial México 2008, ha discutido los siguientes planteamientos y consideraciones:
1. Militarización, represión y derechos humanos. El estado mexicano y sus gobiernos entreguistas han supeditado sus políticas de seguridad nacional y de seguridad pública a los designios del imperialismo norteamericano. El Plan Puebla Panamá, el ASPAN y el Plan México implican un alineamiento y una subordinación a las políticas de Estados Unidos, y los preparativos para la represión selectiva y masiva mediante la militarización de todo el país, la legalización del espionaje, de los allanamientos, del secuestro, del arraigo, de la tortura y hasta del asesinato. Por ello, rechazamos y exigimos la cancelación de las reformas judiciales que eliminan las garantías constitucionales. Demandamos la presentación de los desaparecidos, la ley de amnistía y la liberación de todos los presos políticos.
2. Crisis civilizatoria y fin del modelo neoliberal. Vivimos una crisis civilizatoria de carácter estructural, consecuencia de la expansión mundial del capitalismo y del fundamentalismo de mercado que ha penetrado todos los aspectos de la vida social, económica, política, cultural, ecológica y los valores de las sociedades contemporáneas. Pero el desafío que hoy enfrentamos representa una oportunidad para construir otras formas de vida social y personal, de producción y distribución de los bienes materiales y culturales, basados en principios de equidad, igualdad, justicia, solidaridad y respeto hacia la naturaleza.
3. Ecología. Los equilibrios naturales que dan estabilidad a los climas, mares, ríos, lagos, plantas, animales y seres humanos, están rotos o severamente dañados, y muy cercanos a la catástrofe ecológica. Las especies se extinguen a ritmo acelerado y la mayor parte de los ecosistemas demuestran un deterioro avanzado. El calentamiento global es el mayor peligro que haya enfrentado la humanidad en toda su historia, además de que el aire, el agua y los suelos de todos los continentes están cada día más contaminados. Los desechos químicos, genómicos y nucleares invaden los rincones de la tierra y los océanos. Mueren los mares, los ríos, las selvas, los manglares, los bosques y la conciencia de los individuos.
4. Comunicación. El derecho a la libertad de expresión e información se encuentra cada vez más vulnerado en México. El asesinato y desaparición de 41 periodistas en los últimos 7 años, así como la persecución a medios comunitarios, libres e independientes, a los cuales se les impide acceder a frecuencias. Se violentan los derechos informativos de las audiencias. Los medios son un poder fáctico que manipula la agenda social del país. Los ejemplos más palpables han sido la llamada “Ley Televisa”, el proceso electoral de 2006, la cobertura parcial y agresiva en contra de los movimientos sociales de Oaxaca y Atenco, entre otros, criminalizando la movilización social.
5. Educación. El capitalismo ha impulsado las reformas educativas hacia una orientación mercantilista, deteriorando la política y la infraestructura educativa de México. La educación pública en el país está en una crisis histórica, motivada por políticas dictadas desde los organismos financieros multilaterales, que profundizan las desventajas, la explotación y la marginación de las mayorías. Es urgente recuperar la educación pública gratuita, laica y obligatoria que impulse la transformación de la sociedad, tarea compartida con el magisterio de cara a la sociedad.
6. Ciudad y Habitát. Por cuanto al derecho a la Ciudad y al Hábitat, reivindicamos la lucha por la defensa de los diversos derechos: a la vivienda, al agua, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la cultura y al medio ambiente sano que están involucrados en el disfrute de un hábitat justo, democrático y responsable, a fin de equilibrar la relación campo-ciudad, como se establece en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Asimismo, impulsamos la unidad de acción en redes locales, regionales, nacionales e internacionales en contra de todos los desalojos, los megaproyectos, la venta de cartera vencida, la privatización de bienes, servicios y espacios públicos, y la urbanización salvaje y destructora de comunidades rurales y urbanas por constructoras privadas como GEO, ARA o HOMEX.
7. Soberanía alimentaria. Rechazamos categóricamente el capítulo agropecuario del TLC, dado el grave riesgo que implica para la soberanía nacional. La importación de maíz y otros productos agropecuarios esenciales aumenta la profunda desigualdad, la migración y miseria. Aquí existe la mayor diversidad genética, patrimonio de la humanidad, que se pondría en peligro con la entrada irrestricta de transgénicos. El maíz no debe ser concebido sólo como una mercancía, sino como parte sustantiva del derecho a la alimentación y a la soberanía popular, en tanto que herencia cultural y parte de nuestra identidad. Sin maíz no hay país y sin fríjol tampoco. Todos los que estamos aquí acudiremos desde luego a la gran marcha convocada para el 31 de enero.
8. Soberanía energética. No aceparemos, bajo ninguna circunstancia, la venta de Pemex, sea que se pretenda realizar por vías de hecho o acudiendo a subterfugios legales. El petróleo es de México y para los mexicanos. Nos sumaremos a la manifestación que se prepara para el próximo 18 de marzo.
9. Tierra, indígenas y autonomías. México tiene una deuda con los pueblos originarios, quienes deben deben alcanzar el reconocimiento a sus derechos políticos plenos. Hacemos nuestras las demandas del EZLN, y nos pronunciamos por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a darse las formas de autogobierno y autonomía que ellos decidan dentro de las naciones de las que forman parte, tal y como ya sucede con Los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno que se han ido consolidando en el Estado de Chiapas. Apoyamos la resistencia de las comunidades indígenas a la privatización de sus recursos naturales.
10. Mujeres. El modelo económico imperante pisotea los derechos humanos de las mujeres, incrementa la feminización de la pobreza y niega su derecho al desarrollo. Los fundamentalismos religiosos, económicos y políticos atentan contra los derechos a decidir de las mujeres, las lesbianas, los homosexuales, transexuales y transgénero sobre sus cuerpos. Demandamos la observancia irrestricta y la instrumentación efectiva de los acuerdos y las convenciones internacionales firmados por México, en el ámbito de los derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, condenamos la política de militarización que hace suya la violencia sexual como estrategia de control y represión de la organización y movilización social.
11. Economía solidaria. Propugnamos por una economía solidaria, que implica mercados alternativos, los cuales comprenden producción, consumo y comercio con un dinero bajo control social. La migración desde Mesoamérica significa la creación de una geoeconomía política desde Alaska hasta Panamá. La economía solidaria rescata los valores primeros de nuestros pueblos y un crédito al servicio de su libertad y dignidad.
Entre los múltiples acuerdos a los que llegamos, destacan los siguientes:
-En lo personal y en lo colectivo, mantener vivos los valores fundamentales éticos y políticos de la dignidad, de la independencia y de la autonomía frente a los poderes espurios e ilegítimos.
-Alentar, por encima de las diferencias, la unidad y la solidaridad de nuestros esfuerzos junto con quienes luchan por las mismas causas, valores y reivindicaciones en México y en el mundo. Por eso llamamos, desde las bases, a la unidad y articulación organizada de todos los movimientos progresistas y sus dirigencias sociales y políticas, bajo el lema: “Dignidad, Unidad y Soberanía Popular”.
-Sentar y consolidar las bases para una nueva organización social y una nueva cultura política, en la que prevalezcan la soberanía de los pueblos y el ejercicio de la democracia directa .
-En respuesta al clamor popular que pregunta ¿qué hacer?, nosotros decimos:
impulsar nuevas formas de lucha pacífica y acciones concertadas que reflejen el ascenso de la conciencia y de la acción de las fuerzas que, en la diversidad y en la unidad, luchan por los cambios igualitarios y progresivos en la sociedad. Entre ellas el acceso a los poderes públicos, donde las garantías de imparcialidad, equidad y credibilidad estén garantizadas, por vías electorales y parlamentarias.
-Hacer efectivo el derecho a la comunicación, mediante la gestión social de los medios y el cumplimiento de los tratados en la materia, por lo que apoyamos la creación del Frente Nacional por la Reforma Integral de la Ley de Radio y Televisión.
- Alentar y apoyar la preparación de acciones específicas de lucha social que den viabilidad y éxito a nuestros objetivos, tales como los paros escalonados y la huelga general, la puesta en practica del referéndum, del plebiscito y del mandato revocatorio, entre otras.
-Considerar desde ahora la posibilidad de impulsar la suspensión parcial o total del pago de impuestos determinados.
-A partir de la reciente excarcelación de siete presos políticos, exigimos la cancelación de las reformas judiciales que eliminan las garantías constitucionales, y rechazamos toda forma de criminalización de la lucha social. Demandamos la liberación de todos los presos políticos del país.
-Apoyamos a las comunidades que se oponen a la construcción de las presas La Parota, en Guerrero; Arcediano, en Jalisco; y La Yesca, en Nayarit.
-Nos oponemos al campo de concentración que sufren los vecinos de Granjas de Poleo en Ciudad Juárez, Chihuahua.
-Rechazamos categóricamente la construcción del muro de la ignominia que separa a las Américas del norte y del sur y que incrementa el sufrimiento y la muerte de nuestros migrantes en busca de oportunidades para sobrevivir.
-Condenamos la nueva agresión contra el pueblo palestino, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo para impulsar una jornada mundial que rompa el cerco de Gaza, que atenta contra la dignidad de toda la humanidad.
-Exigimos la salida inmediata del ejército de Estados Unidos de Afganistán e Irak, que avasalla la soberanía de esos pueblos, así como la suspensión de las amenazas de guerra contra Irán.
- Demandamos una solución pacífica al conflicto social y electoral en Kenia, con pleno respeto a los derechos humanos.
-Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad al intercambio humanitario de rehenes en Colombia.
Por ultimo, reiteramos el exhorto mas firme y respetuoso de las redes ciudadanas y de los movimientos sociales a todas las bases y dirigencias de izquierda a hacer un esfuerzo de unidad en la diversidad, de lucha integrada en acciones concretas para enfrentar la crisis que ya está aquí y que va a empeorar con la recesión económica de Estado Unidos. Reiteramos también el lema de la incorporación mexicana al Foro Social Mundial: “Dignidad, Unidad y Soberanía Popular “.
COMITE PROMOTOR.