Información Perú

Mie 30 Julio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

Del 14 al 19 de julio se realizó una serie de charlas coloquios impulsados por Radio Quillabamba en la ciudad de Quillabamba y capital de la provincia de la Convención del departamento del Cusco.

Estas charlas fueron relativas a las luchas de la Federación Provincial de Campesinos, iniciadora de la Reforma Agraria en el Perú.

Con ocasión de las charlas edité un folleto para que leyera fundamentalmente la juventud actual de esa provincia. Muchos de los hijos o nietos de los campesinos oprimidos entonces, que de no haber habido esa lucha ahora estarían trabajando para el hacendado, descalzos y analfabetos como lo hacían sus padres o abuelos. Ahora son ingenieros, médicos, etc.

Les envío como documentos adjuntos el programa de las charlas y el folleto.

Como no podían ubicarme no me programaron, pero en vista de que aparecí, intervine en la charla del día 16. Los cuatro expositores estuvimos en desacuerdo con el título de la charla, concordamos en debía ser “autodefensa campesina” ya que esa era la acción que habíamos compartido en la referida lucha, que no fue una acción individual sino una etapa más de la acción colectiva, fruto de acuerdos sindicales.

Hubo gran interés de la población en la remembranza histórica, el salón estuvo lleno los 6 días que duró la serie que fue trasmitida en directo por Radio Quillabamba, la emisora más antigua y más prestigiosa de la provincia.

Hugo Blanco

BREVE HISTORIA DE LA REFORMA AGRARIA

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Las boletas: hacia una reforma ineludible

Jue 17 Julio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

Cuando el Instituto Federal Electoral y las instancias judiciales negaron a este semanario el acceso a las boletas electorales de 2006 se perdió una oportunidad de fortalecer el derecho a la información. Sin embargo, a decir de tres connotados especialistas, la actitud inicial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la demanda de Proceso contra el Estado mexicano le da un nuevo impulso a los esfuerzos por mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, y se convierte en tema ineludible para una reforma de las normas electorales.

La medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se detenga la destrucción de las boletas utilizadas en la elección presidencial de 2006 puede constituir un estímulo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal Electoral reflexionen sobre su actuación, y para que los legisladores propongan reformas en materia de transparencia.

Tres de las voces más prestigiadas sobre el tema de la rendición de cuentas en México: Juan Pablo Guerrero, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); el maestro Juan Francisco Escobedo, uno de los creadores de la Ley Federal de Transparencia; y el investigador Ernesto Villanueva, coinciden en lo anterior al ser consultados por Proceso para que valoren este caso, que no tiene precedente.

El pasado miércoles 2 de julio –día en que se cumplieron dos años de aquella elección– Felipe Calderón fue notificado de que la CIDH le pedía a su gobierno que evitara la destrucción de las boletas. La comisión dio ese primer paso ante la denuncia presentada por este semanario el pasado 24 de abril en contra del Estado mexicano por violación al derecho de información, luego de que el IFE y las instancias judiciales le negaron el acceso a los paquetes de los controvertidos comicios (Proceso 1653).

En su anuncio sobre la medida cautelar, la CIDH aclaró que al solicitarla no prejuzga sobre el fondo de la demanda. En ésta, el director de Proceso argumentó que el tema ya trasciende el simple acceso a las boletas solicitadas, pues la intención es que la justicia internacional proteja en México el derecho a la información en materia electoral.

El gobierno de Calderón cuenta con 10 días para responder a la petición de medidas cautelares de la CIDH, es decir, tendrá que responder la segunda semana de julio. Después, en forma periódica, deberá actualizar la información sobre el cumplimiento de la medida.

Si la comisión admite la demanda, pasará al análisis de fondo y las partes tendrán un plazo de dos meses para presentar sus respectivas observaciones.

Como publicó Proceso en su edición pasada, si la CIDH concluye que se violó el acceso a la información se podrá emitir una recomendación al Estado mexicano; y de no cumplirse ésta, el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción se encuentra sometido el Estado mexicano desde 1998.

Ernesto Villanueva, investigador y consultor en materia de transparencia tanto en México como en el extranjero –recientemente trabajó en el sistema de rendición de cuentas en Guatemala–, señala que el asunto de las boletas debe ser importante para la CIDH, a juzgar por la rapidez con la que actuó.

Lo que sucedió con el recurso de Proceso es casi imposible, destaca, porque la comisión tiene tantos casos que no se da abasto: “Normalmente tienen capacidad para desahogar ocho o diez, pero de repente llegan 50 de un solo golpe. Por eso me parece que (al caso del semanario) le dieron relevancia. Eso lo hace singular”.

Para Juan Pablo Guerrero, la decisión de la CIDH será una piedra angular para que los intelectuales, los investigadores y otros ciudadanos que se interesen en el tema sigan construyendo una base sólida en la que pueda apoyarse el derecho a la información.

En respuesta a un cuestionario enviado por Proceso, el comisionado del IFAI considera que en materia de acceso a la información México está apenas en el comienzo; falta debate, discusión pública, asimilación social, criterios, tesis y jurisprudencia.

La intervención de una instancia superior, internacional y constitucionalmente reconocida como la CIDH, será trascendental, apunta Guerrero. Y mientras, continúa, las boletas deberán conservarse, lo que ya es un triunfo en la defensa de una garantía individual por parte de un puñado de ciudadanos persistentes. En este drama hubo quien murió en la raya; es un sacrificio que en el futuro agradecerán los que vienen después, afirma Guerrero.

Otro especialista, el catedrático Juan Francisco Escobedo, fundador del Grupo Oaxaca –quien desarrolló en 2002 el actual sistema de transparencia de México, hoy emulado internacionalmente–, sostiene que, sin celebrar antes de tiempo, la decisión de la CIDH será fundamental para que los legisladores y los nuevos consejeros del IFE se ocupen del tema y para que se hagan reformas en materia de transparencia.

En entrevista, afirma que esto hace mucha falta en México ante la fuerte competencia partidista y la creciente exigencia de acceso a archivos y documentos gubernamentales por parte de los medios de comunicación.

Larga batalla

El 8 de agosto de 2006 Proceso tramitó un paquete de solicitudes de acceso a la información para que se pusiera a disposición de los reporteros las boletas de la controvertida elección presidencial en la que el TEPJF declaró ganador a Felipe Calderón Hinojosa.

Las circunstancias eran particularmente difíciles: los seguidores del líder opositor Andrés Manuel López Obrador mantenían tomadas las calles del primer cuadro de la Ciudad de México y estaban en plantón permanente frente al Palacio Nacional. Diariamente, en sus asambleas ciudadanas y en ruedas de prensa exhibían lo que a su juicio eran evidencias del fraude electoral.

Por otro lado, los panistas y en especial el equipo de Felipe Calderón rechazaban que existiera tal fraude. Los empresarios protestaban contra la izquierda. El TEPJF analizaba las impugnaciones y la tensión política hacía temer por la estabilidad del país.

Este semanario solicitó acceso a las boletas de votación con estrictos fines de investigación periodística. Un año y siete meses después de que se presentaron los correspondientes paquetes de solicitudes en el IFE, en marzo de 2008, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró la posibilidad de abrir los paquetes. Antes habían hecho lo mismo el TEPJF y el IFE.

A raíz de que Proceso interpuso su demanda ante la CIDH el pasado 24 de abril, la comisión envió su petición para que el gobierno federal aplique medidas urgentes en favor del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, quien alegó la violación al derecho de acceso a la información pública previsto en la Constitución mexicana y en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de la que México forma parte desde 1981.

Juan Pablo Guerrero, quien aclara que aborda el tema a título personal, sostiene que la medida dictada por la CIDH demuestra que no estaba en juego la calificación presidencial, que ya era cosa juzgada.

“¿No pudieron o no quisieron entender que se trataba de una investigación periodística y que desde esa trinchera era imposible cambiar el resultado?”, se le preguntó a Guerrero en el cuestionario.

“La elección se dictaminó y es historia –responde–. La jornada electoral de julio de 2006 fue hace dos años y, por buenas razones, el país siguió su curso. Pero en ese parteaguas electoral uno de los cuestionamientos centrales fue el de la transparencia. Se dice que la transparencia es la oportunidad de oro de los gobiernos para generar confianza y legitimarse. La solicitud de acceso a las boletas fue la oportunidad de entonces, pero una vez atemperados los ánimos, en forma inexplicable, se perdió esa oportunidad.”

Para este especialista, la Ley de Transparencia admitía la interpretación para favorecer el acceso a las boletas donde se encontraban, sin problema alguno. Es cierto que otra disposición legal, el Cofipe, ordena la destrucción de las boletas, pero no establece término para la incineración, así que no había un plazo fatal.

“Desde la perspectiva de la transparencia, ¿qué dice la ley? Supimos desde el principio que las boletas eran documentos que contenían información en términos de su artículo tercero; supimos desde el origen que esos documentos no estaban clasificados en términos de los artículos 13, 14 o 18 de la ley; supimos que si eran documentos y no estaban clasificados, eran por lo tanto públicos y accesibles en términos de lo establecido en los artículos 4, 6 y 42 de la propia ley. ¿Cómo pudo llegarse a otra conclusión? Con una elaboración tan compleja como inconsistente: ‘Sí pero no’”.

¿Entonces dónde estuvo el problema?

“La dificultad era, sin duda, de orden práctico –prosigue el comisionado–. ¿Cómo garantizar el acceso a millones de documentos que no están clasificados y que por lo tanto son públicos y deben ser accesibles, sin incurrir en costos estratosféricos o una logística irrealizable o en una presentación que los hiciera tan accesibles como inútiles? No obstante, la Ley Federal de Transparencia es clara: no permite al juzgador prejuzgar sobre la justificación o el interés jurídico del solicitante. Si los documentos solicitados son públicos, queda en la autoridad facilitar su acceso. Lo demás es problema del solicitante, que ya para entonces defendía su derecho a saber.”

Para Juan Pablo Guerrero, la reciente reforma a la Constitución sobre la materia fortalece el principio de máxima publicidad, no obstante lo cual siempre hay quien prefiere establecer que un documento no está clasificado y es público, pero que no debe entregarse.

“He visto varias resoluciones así –escribe Guerrero–. Por ello, me parece que, como lo hace la ley canadiense en la materia, debe quedar claramente redactado, sin lugar alguno a interpretación, que los principios de máxima publicidad y disponibilidad significan que si los documentos con la información solicitada no están clasificados, procede la entrega contante y sonante. De otra forma, seguiremos encontrando resoluciones propias del país del cumplo y miento. Lo que me pides es público, te pertenece, no está reservado… pero no lo puedes ver.”

Negativa política

Para Ernesto Villanueva, la negativa a que esta revista tuviera acceso a los paquetes no tiene fundamento legal, por lo que a su parecer se trató de una decisión política.

Como muestra de ello dice que en el fallo del TEPJF los magistrados inventaron conceptos e interpretaron donde no había qué interpretar; se trató de un operativo para ceder a presiones partidistas. Lo mismo, afirma, hizo la SCJN. No obstante, si no hubiera de por medio un asunto de acceso a la información, la CIDH no hubiese intervenido y menos aun con tanta rapidez.

“La Comisión Interamericana ve el caso en sentido más plural, con ojos más reposados, sin una subordinación al Estado mexicano. Lo ven como una decisión de más largo aliento”, explica el experto.

A su vez, el profesor Juan Francisco Escobedo, quien desde sus primeros artículos periodísticos sobre el tema sostuvo que las boletas electorales eran documentos públicos susceptibles de ser consultados después de que se calificara la elección presidencial, estima que ante los yerros de instancias judiciales se está abriendo un capítulo inédito en la historia de la transparencia en el nivel internacional.

En la charla telefónica, Escobedo reconoce que cuando se diseñó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no previeron este problema:

“No alcanzamos a ver el asunto de la transparencia electoral. En ese entonces se trataba de abrir la presidencia imperial del PRI. Pero, sin duda, ahora será un tema pendiente en la agenda de la reforma electoral para 2009. Es también, desde luego, un tema ineludible para la siguiente elección presidencial en el año 2012.”

Escobedo lamenta que los magistrados del TEPJF actuaran como un solo cuerpo, sin que ninguno manifestara siquiera un matiz distinto, y asegura que “los ministros de la Corte perdieron la oportunidad de reglamentar de alguna manera este asunto”.

Juan Francisco Escobedo considera que la postura de la CIDH debe motivar a los magistrados del TEPJF y a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo porque el proceso de aprendizaje no concluye: aun cuando la Ley Federal de Transparencia mexicana haya sido un ejemplo internacional, todos los actores sociales tienen que seguir explorando las posibilidades de mejorarla.

“La medida cautelar de la CIDH debe marcar la agenda de la transparencia para el resto del sexenio. No obstante, hay algunos que quizá requieran de mayor adoctrinamiento sobre la materia. Me refiero a algunos ministros, los magistrados electorales y los consejeros del IFE. No pueden seguir actuando con ese espíritu de cuerpo.”

–¿Hacía dónde podría ir la CIDH?

–Es difícil saberlo. Lo cierto hasta el momento es que la medida cautelar encierra un significado importante. Que nadie se llame a engaño: en la Constitución está claramente establecido el derecho de acceso a la información y en su artículo 133 se aceptan y se respetan los convenios -internacionales.

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Atrapado y sometido

Jue 17 Julio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

Provisto de un libro que escribió en tres meses, Manuel Espino irrumpe en la escena nacional para desafiar al senador priista Manlio Fabio Beltrones, cuyo poder –acusa– le ha sido obsequiado por Felipe Calderón en una suerte de actualizada concertacesión del Partido Acción Nacional hacia las elecciones intermedias del próximo año y el relevo presidencial en 2012. En relación con sus denuncias de espionaje, ya conocidas, en entrevista con Proceso desliza el nombre del responsable: Juan Camilo Mouriño.

Dispuesto a jugarse su “capital político” con su libro Señal de alerta. Advertencia de una regresión política, Manuel Espino se rebela en una entrevista con Proceso:

“Yo no quiero ver al PRI, que Vicente Fox sacó de Los Pinos, de regreso en el gobierno. Menos quiero que, si el PRI llegase a regresar, regrese en la persona de Beltrones, pero mucho menos quiero que sea el gobierno emanado del PAN el que le pavimente el camino de regreso al PRI al gobierno de la República.”

Expresidente del PAN y actual dirigente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), en la que buscará reelegirse en noviembre del próximo año –cuando quizá ya sea diputado federal–, en su libro Espino acomete a Beltrones (“este sí es un peligro para México”), denuncia las “reverencias” del PAN-gobierno y ajusta cuentas con los “capos del calderonismo”.

–¿Se da cuenta de lo que quiere decir con “capos del calderonismo”?

–Me atengo a lo que dice el diccionario.

–El Larousse define capo como el “jefe de una organización mafiosa”. ¿Por qué utiliza ese término?

–No tengo una explicación existencial, semántica, ideológica ni política. Es una expresión que se refiere a quienes encabezan un grupo con un proyecto común y que, en ocasiones, toman decisiones que pueden ser no muy ortodoxas, que se apartan del deber ser.

Desafiante, bronco, directo, Espino recoge en su libro numerosos ejemplos de la forma en que los “capos calderonistas” actúan contra la doctrina de la que alegan ser herederos, como los métodos de cooptación y represión que usaron para retomar el control de la dirigencia del PAN a través de uno de los suyos, Germán Martínez.

“Fox había llevado el PAN a Los Pinos, ellos se encargaron de llevar al partido las prácticas del PRI”, sentencia en su libro de poco más de 200 páginas, a lo largo de las cuales compara los métodos de Beltrones como gobernador de Sonora con los empleados por los “calderonistas” para ganar el Consejo Nacional del PAN, electo en la Asamblea Nacional de León, Guanajuato, en junio del año pasado:

“Al igual que lo intentó Beltrones en Sonora, los calderonistas iban por todo, como lo venían haciendo en convenciones y asambleas locales. Primero con el Consejo Nacional que ahí se eligió y para lo que habían trabajado durante meses al más puro estilo priista: alineando alcaldes con la promesa de ‘bajar’ recursos federales a sus municipios; ofreciendo puestos o amenazando de quitarlos a quienes, teniéndolos, no cooperaran con la estrategia; distorsionando la realidad con versiones que causaban enojo contra el CEN; o simplemente recurriendo al argumento fácil de que ‘es lo que quiere el presidente Calderón’.”

Mouriño, espía

Según Espino, los calderonistas ya habían dado muestras del comportamiento delincuencial que les atribuye al llamarlos “capos”, cuando se instrumentó el espionaje contra él por designio del equipo de transición de Calderón, cuyo coordinador era Juan Camilo Mouriño, actual secretario de Gobernación y a quien Espino identifica en su libro como uno de los principales orquestadores.

En la entrevista previa a la salida de su libro, efectuada la tarde del miércoles 9 en la sede de la editorial Planeta, Espino sostiene que ya se echó a andar, desde el gobierno, un operativo de ocultamiento de las investigaciones sobre ese espionaje, contenidas en una averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR).

A petición del exdirigente panista, el procurador Eduardo Medina Mora le respondió, por escrito, que no existe un expediente sobre el espionaje que, curiosamente, él mismo le había confirmado, igual que lo hicieron Daniel Cabeza de Vaca, su antecesor en la PGR y actual subsecretario bajo las órdenes de Mouriño, así como Genaro García Luna, exdirector de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y actual secretario de Seguridad Pública.

“El señor procurador está eludiendo públicamente el reconocimiento de datos que él mismo reconoció frente a mí. Él sí reconoció que había un expediente, que en ese expediente había información referida a mi persona, producto de lo que conocemos como espionaje”, expone Espino. Dice que el funcionario le detalló inclusive que el documento estaba en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Espino cuenta en su libro que un alto funcionario del gobierno de Fox, que se niega a identificar –aunque el reportero pudo verificar que fue Carlos Abascal, entonces secretario de Gobernación–, le informó que había un expediente sobre él en la PGR, después de que fue localizada una casa con equipo para ello en la colonia Polanco, en el Distrito Federal.

Aclara: “No sabía la versión de que algunas personas de mi partido estuvieran involucradas. Eso lo supe meses después, pero tengo la certeza de que el expediente existe”.

En su libro, escribe que no creyó en su momento que hubiera sido investigado por órdenes del equipo de transición: “Me parecían todos buenos muchachitos como para andarle haciendo al Beltrones. No los creí capaces de comprometer a ese grado a su jefe, sería una estupidez”.

Pero después, añade, se encontró con Cabeza de Vaca: “Le referí el asunto y, nervioso, me dijo que era cierto que había un expediente de esa investigación, hecha a propósito de una denuncia anónima, y que lo conservaba García Luna. Que estaba implicado un tal Carlos Nava, que trabajó para la PGR en Madrid, España. Como avergonzado por lo ocurrido, me dijo que no me preocupara, que el caso estaba cerrado y que en el expediente sólo había registro de conversaciones mías, pero nada que me pudiese comprometer. Faltaba más”.

Poco después le hizo la misma pregunta a Medina Mora y la respuesta confirmó lo dicho por Cabeza de Vaca. “En ese momento creí lo que me habían dicho al respecto. ‘Lo que faltaba’, me dije, ‘los panistas que habían llegado al gobierno, espiando a su dirigente nacional desde antes de asumir el cargo’, y me pregunté: ‘¿Qué andarán haciendo ya con órganos de inteligencia del Estado bajo su control?’ Me lo puedo imaginar”.

Ya en la entrevista, Espino revela: “García Luna, con quien hablé recientemente, me confirma que la AFI, que él dirigía, hizo un parte policiaco dando cuenta de lo que se había encontrado en esa casa y que eso detonó una averiguación previa.

“García Luna me dice: ‘No conozco el trabajo de la averiguación previa, pero sé que se hizo’. Y una vez que se abre una averiguación previa, concluya donde concluya, está a cargo de un Ministerio Público y el expediente tiene que estar por ahí, cerrado, abierto, no lo sé, pero existe.”

Dice con malicia: “Me preocupa que el procurador me diga ahora que el expediente no existe. Ahora entiendo por qué él mismo está confundido de si van ganando o van perdiendo la guerra contra el crimen organizado. Anda despistado.”

–¿La solicitud la hizo con base en la Ley de Transparencia?

–No, fue una petición en la que yo le digo: “Usted me dijo que existía esto y yo quiero acceso a ella, quiero ver cómo la recupero. Es información mía”. La respuesta por escrito no honra la verdad y es muy pobre para venir del procurador de la República.

–¿Qué tanto tuvo que ver Mouriño con esto?

–La versión que yo tengo es que tuvo mucho que ver, pero no lo sé. Él también ya me contestó y me dice que no conoce nada al respecto.

–¿Le cree usted?

–No.

El montaje de León

Espino había decidido tomarse como “años sabáticos” los cuatro que le quedan a la gestión de Calderón, justamente quien lo envió a Sonora para enfrentar a Beltrones, que había cooptado al PAN, pero decidió retornar a la política nacional sin descuidar su gestión en la ODCA, que concluye en noviembre del próximo año:

“Les había dicho a muchos amigos que tres años son más que suficientes para estar al frente de esa organización, pero vamos a considerar la posibilidad de mantenernos un tiempo más prolongado.”

–¿Ve entonces la posibilidad de reelegirse?

–Así es.

–¿Eso implica desistir de volver a la política nacional, por ejemplo como diputado federal?

–No, podría ser diputado federal y estar en el trabajo internacional. ¡Pero no estoy diciendo que voy a buscar ser diputado federal!

–Pero si lo invitan, ¿acepta?

–Veo muy difícil que me inviten. Y después de que se publique el libro, lo veo más difícil todavía.

Manuel Espino asegura que no ha hablado con Calderón sobre el libro, pero tenía previsto hacerlo, “como una atención”, antes de la “indebida, desautorizada y arbitraria” publicación que hizo el lunes 7 El Universal de una versión “descontextualizada” sobre el espionaje en su contra. “Pero si se presenta la ocasión, si es de su interés, platicamos”, agrega.

Con Germán Martínez platicó ese lunes en el CEN del PAN, junto con Abascal, secretario general adjunto, y le explicó el propósito “de fondo” del libro: “Yo quiero ayudar al presidente de México, pero no solamente se le ayuda diciéndole en todo que sí, también cuando algo no está bien se le ayuda diciendo que no, o advirtiéndole de un posible riesgo”.

–¿Germán Martínez quedó satisfecho?

–No me lo dijo.

–¿Qué hizo?

–Escuchó.

Espino no espera que nadie le agradezca o le crea ese propósito, pero insiste en que quiere cuidar a “un gobierno por el que nos esmeramos décadas muchos y logramos al fin que llegara al 2000 y que se ratificara en 2006. Yo he dejado parte de mi vida en ese esfuerzo. Entonces quiero cuidar el esfuerzo mío y el de muchos panistas para que el gobierno emanado del PAN no le regrese al PRI la estafeta”.

También, explica el controvertido político nacido en Durango, pretende “ayudar a los panistas que han hecho laxa su militancia a que retomen el camino de la congruencia (y) que no por ganar un espacio coyuntural, una posición, cedan en los principios”.

Evoca lo que le “molestó” a Calderón: “Dije que más que preocuparnos por ganar el gobierno sin perder el partido, como él decía, debiésemos preocuparnos por ganar el gobierno sin perder los principios”.

En Señal de alerta… Espino recuerda que en la elección para delegados a la Asamblea Nacional, en León, los “capos calderonistas” usaron el gobierno para comprar voluntades (“la nómina oficial le ganó una batalla a los principios”) y que Calderón no hizo nada para “evitar el bochornoso espectáculo” de “una turba frenética alentada desde Los Pinos y movida sin recato por los autonombrados calderonistas (que) me abucheaban e insultaban con palabras huecas mientras leía mi mensaje en tribuna”.

Apunta: “No se trataba de mí, sino de la institución a la que él pertenece y de la que fue jefe nacional; de ‘cuidar al partido’ y no sentar el precedente de permitir que se percibiera siquiera, como fue, que desde el gobierno, en reeditada actitud oficialoide, había salido la instrucción de presionarme para que dejara la presidencia de Acción Nacional”.

Espino, quien dice que tantas batallas le han “endurecido el pellejo”, asegura que esa maniobra fue preparada. Sobre Mouriño enfatiza: “No tengo la menor duda, estaba involucrado”.

–¿Calderón sabía de esa maniobra?

–Es evidente que la toleró. Él estaba en la asamblea. Él pudo haber dicho “señores, momento”, y todo el mundo lo hubiera atendido. Lo dejó correr, eso es evidente. Él estaba ahí. Pero no sé si lo sabía de antemano.

–¿Ha tolerado otras?

–Muchas, muchas. No hace muchas horas que a alguien muy cercano al presidente le dije: “Se han tolerado muchas cosas”.

Recuerda también que se le acusó de querer boicotear la gira de Calderón a España, lo cual aclaró con él personalmente, “pero lo toleraban o algunos hasta lo alentaban, como pasó con el tema Cuba o Venezuela, o con otros. Sí, hay un pecado de omisión, porque a lo menos a lo que estamos obligados entre nosotros es a la solidaridad”.

Su opinión sobre Calderón está en el libro: “Da la impresión de haberse desplazado del doctrinarismo tradicional, donde siempre se había colocado, hacia el eficientismo, con el riesgo de asemejarse demasiado a sus pragmáticos adversarios. Ojalá sea sólo una percepción”.

Otro “peligro para México”

El libro de Manuel Espino es prolijo en información sobre las desviaciones doctrinales de quienes ahora controlan el PAN y acerca de Beltrones, con quien los “calderonistas” se han colocado “en la misma sintonía”.

“Casi reverenciado hasta por funcionarios del gobierno calderonista, no hay duda de que (Beltrones) conserva su capacidad para el sometimiento de voluntades, aun de hombres con mayor poder formal que él pero con menor influencia de facto, lo que le ha merecido el sambenito de Vicepresidente.”

Y es que, dice, hay en el gobierno panistas que temen a Beltrones y “lo que más preocupa es que, por temor, pueden facilitarle el acceso a la Presidencia de la República”. Pero también ocurre en el Congreso: “Dicen que es un interlocutor válido, respetable. Ya le bajaron algunas rayitas. De temible pasó a respetable”.

Pero Manlio Fabio Beltrones no es invencible, asegura Espino, quien fue delegado del PAN estatal cuando el PRI pasó del primero al tercer lugar en población gobernada. El sonorense, dice, tuvo que “arrebatarnos la gubernatura, que estoy seguro que ganamos”.

Insiste: “Con todo lo tramposo y todo lo perverso que es en el uso del poder, se le puede ganar. No hay necesidad de concesiones, de consideraciones exageradas, ni hay necesidad de negociar siquiera con él, y menos cuando hoy la posición de fuerza se supone que la tiene el PAN, porque él es un senador de un partido que es oposición, no está en el gobierno, y además de un grupo que no es el mayoritario en la Cámara de Senadores y además cargando sobre sus espaldas un desprestigio impresionante. ¿Por qué tantas concesiones?”.

–Porque ya hay una concertacesión, según escribe usted…

–No lo sé. Lo que yo no quisiera es que nuevamente, en una posición de desventaja, Manlio asuma el control de voluntades ajenas porque les sabe algo, porque les conoce algo. Espero que no sea el caso. Esa es la maestría, el doctorado, la cátedra en la que es sabio Manlio Fabio: de la intriga, del manejo de la información que hace vulnerables a sus adversarios.

Según Espino, es lógico que Calderón busque reformas por la vía de la negociación. “Lo que no entiendo es que, a cambio de promesas, se le otorguen concesiones a un hombre como Manlio, un hombre escurridizo, que suele cobrar antes de cumplir y que finalmente tiene el propósito de ser determinante en la sucesión presidencial con él como candidato o con alguien que él apoye o ponga de candidato de su partido. Me parece que es válida la negociación, pero el extremo hasta donde la está llevando me parece que está cerca de la temeridad”.

–Escribe usted que Beltrones apoya e intimida a Calderón…

–Sí, claro. Ha usado una frase intimidatoria: le pide al presidente que amarre a sus perros. No sé a quiénes se refiere, pero yo creo que los que tiene el presidente los tiene bien amarrados y los tiene cuidando la parcela de Beltrones.

–¿Custodiando el proyecto político de Beltrones?

–Sí, sí.

–¿Como el secretario de Gobernación?

–No sé a qué perros se refiere Manlio.

–Pero usted dice que son los que están cercanos a Calderón…

–A los que el presidente, evidentemente, puede amarrar.

–¿No se siente usted aludido?

–¡Ni yo me puedo amarrar solo!

–Beltrones le llama a usted “cuervo” del que debe cuidarse Calderón.

–¡Esa frase me encantó! ¡Es extraordinaria! Primero, afloró el temperamento delicadísimo de Manlio, mordió el anzuelo más rápido de lo que yo esperaba. Me decepcionó un poco. Yo creía que a 12 años de distancia había superado ese temperamento tan primario, y no. Es el mismo Manlio que conocí cuando llegué a Sonora.

“Me da un poco de risa, porque yo creo que el que realmente le puede sacar los ojos al gobierno, al presidente, a la política mexicana, a su partido, al país mismo, es el senador Beltrones.”

– “Un peligro para México”, dice usted…

–¡Ese sí! Hombre, el que se decía o se dice que es o era un peligro para México… yo en su momento apoyé esa frase de los encargados de la campaña del PAN, había que apoyarla, pero realmente así, un peligro-peligro, un peligro para México, Andrés Manuel (López Obrador), no. ¡Éste (Beltrones) sí es un peligro para México!

Y retoma verbalmente un episodio de su libro en el que describe cómo Beltrones es capaz de todo: en 1998, en vísperas de asistir a una sesión del Consejo Nacional, en la Ciudad de México, le llamó por teléfono para encontrarse en un café de Hermosillo para proponerle a Calderón, a través de Espino, un pacto para “descarrilar” la precandidatura presidencial de Manuel Bartlett a cambio de darle poder al PAN en Puebla, maniobra que no fructificó.

Ya en la Ciudad de México, Espino le dijo a Calderón: “Habló Manlio y me propuso esto para trasmitírtelo. La idea era descarrillar a Manuel Bartlett a como diera lugar”.

–¿Esa fue una expresión textual de Beltrones?

–No, la expresión textual fue que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Porque hasta le pregunté: “A ver, explícame, ¿a qué te refieres con eso de ‘lo que sea necesario’?” Se me acerca, me agarra del brazo y me dice: “Lo que sea necesario”. ¡Ay, güey! Eso dicho por Manlio tiene una connotación muy fuerte.

–Le va a dar gusto a Bartlett saberlo…

–Yo creo que Bartlett sabe eso y sabe más cosas. Son viejos conocidos.

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II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización

Sab 12 Julio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

Por medio del COPINH las organizaciones convocantes presentamos el Proyecto “II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización” que se llevará a cabo del 3 al 6 de Octubre de 2008 en La Esperanza, Intibucá, Honduras, como parte del arranque y antesala del Foro Social Américas (FSA) que se llevará a cabo de manera inmediata a este encuentro en la Ciudad de Guatemala, del 7 al 12 de Octubre.

El COPINH pondrá a disposición del Encuentro el Centro Internacional de Encuentro Amistad Utopía, mas los locales de la Escuela Aplicación Sta. Catarina y Centro de Recursos Naturales en la Esperanza, Intibucá y  otros mas.

Se calcula una participación entre 500 y 700 delegados y delegadas de al menos 15 países del Hemisferio. Desde ya estamos invitándoles para que incluyan en sus agendas solidarias y esperanzadoras esta importante actividad, que se desarrollará previo al Foro Social de las Américas (en Guatemala), consideramos que este II Encuentro será un espacio más del Foro, que facilitará la participación de much@s y logrará que este eje elemental en la lucha emancipatoria sea parte crucial en el mismo.

Indígenas, campesin@s, y demás  movimiento popular del país, apostamos al Foro, como vehículo de exposición de la problemática histórica de las permanentes invasiones a que nos hemos vistos expuestos, además del enorme poder de vida o muerte que ha tenido la casta militar sobre nuestros destinos. La participación popular y el intercambio con otros pueblos y organizaciones del continente alimentan esta lucha global por la mayor dignificación de la humanidad, por ello creemos firmemente en su importancia, trascendencia y urgencia de este II Encuentro que con alegría y responsabilidad asumimos.

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Intenta AFI desmantelar a la radio comunitaria Ñomndaa

Sab 12 Julio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

Irrumpe en la cabina y desconecta equipo de cómputo y transmisor.

Los indígenas Amuzgos defienden a la radio.

El pueblo se mantiene en alerta.

Tlapa, Guerrero, México a 10 de julio de 2008.- Unos 30 efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) irrumpieron hoy de manera violenta en la cabina de la radio comunitaria Ñomndaa La palabra del Agua que transmite desde el municipio autónomo Suljaa’ (Xochistlahuaca) y dañaron los aparatos al desconectarlos intempestivamente, en un intento por desmantelar ese medio de comunicación que con desde el 2004 ha dado voz al pueblo amuzgo.

A consecuencia de esta arbitraria acción, la señal de esa emisora comunitaria que transmite en lengua amuzga quedó fuera del aire, dio a conocer uno de los colaboradores de dicha estación, David Valtierra Arango

Detalló que aproximadamente a las 11:30 de la mañana de este jueves, los agentes federales encabezados por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), arribaron a la Ñomndaa y en tanto un grupo exigía los documentos de la estación, otro, con arma en mano se metió a la cabina y desconectó los aparatos ocasionando que con ello se quemara el transmisor y el CPU del equipo de cómputo que se usa para la programación de la radio que comenzó a operar el 20 de diciembre del 2004.

La acción de los agentes fue frustrada por unos 300 indígenas amuzgos  que cercaron la radio, en respuesta al llamado de alerta que hicieron los locutores en turno desde la misma radio, minutos antes de que fueran apagados los aparatos. También fueron convocaron mediante altavoces por las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca, municipio que se ubica en la región de la Costa Chica de Guerrero.

Valtierra Arango mencionó que esta presión de los amuzgos inhibió la intención de los agentes y funcionarios de la SCT de clausurar la radio y llevarse el equipo de transmisión y que por ello optaron por retirarse. No obstante, destacó que un numeroso grupo de la AFI de manera intimidatoria permanece en la entrada del pueblo.

“Otro intento por criminalizar la lucha de los pueblos indígenas”: Tlachinollan.

Por separado, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández consideró este atentado contra la radio Ñomndaa “es una muestra de que continúa este intento del gobierno por criminalizar la lucha indígena, sobre todo esa lucha que hacen los pueblos por el derecho a tener su propia radiodifusora que difunda la cultura, las costumbres y los mismos derechos de los pueblos indígenas como sucede con los demás proyectos como el de la Policía Comunitaria”.

Lamentó que a ahora sea la radio comunitaria  a la que se le quiera colocar “fuera de la legalidad, cuando sabemos que a nivel nacional e internacional hay un movimiento por el reconocimiento de estos esfuerzos de la sociedad civil que son legítimos y que desgracia se topan con mecanismos jurídicos muy engorrosos y que además están construidos con el fin de que la gente que no tiene recurso económicos pueda acceder a este tipo de concesiones”.

Resaltó que La Nomndaa “es una radio que para el pueblo amuzgo tiene gran legitimidad, por eso la gente la ha defendido y la sigue reivindicando como parte de un patrimonio que no tiene que ver con cometer delitos porque no está lucrando con este servicio, sino que más bien está contribuyendo a fortalecer los valores culturales que existen en una democracia participativa”

Barrera Hernández agregó que “tomando en cuenta la legislación internacional sobre derechos indígena que estipula que los pueblos tienen derechos a acceder al uso, manejo y posesión de los medios de comunicación, como Tlachinollan consideramos que la acción perpetrada por parte de la acción de la AFI contra la Ñomndaa es un atentado a la libertad de expresión de los pueblos indígenas que buscan recuperar  el derecho que les han negado los gobiernos y que en ese sentido desde el ejercicio de su autonomía que les garantiza el derecho internacional, han buscado tener su propia radio que a diferencia de las radios comerciales La Ñomndaa no es lucrativa”.

Atentados contra la Ñomdaa

-En octubre del 2004, cuando colaboradores de la radio La Palabra del Agua  se encontraban instalando la torre para la antena de la radio. En esa ocasión una avioneta del Ejército sobrevoló la torre.

-El 22 de enero de 2005, el teniente de infantería del 48 Batallón de Infantería, con sede en Cruz, Grande, Ricardo Damián Mazariego se presentó en la radio argumentando que estaba comisionado para hacer una investigación sobre ésta y sus operadores.

-El 25 de enero de ese mismo año, personal de la SCT se presentaron en la estación de radio con una orden de asegurar las instalaciones  para “garantizar su no operación”. Finalmente, los elementos se retiraron recomendando apagar la radio, pues de otra manera no obtendrían el permiso para su operación.

-El 18 de julio de 2005, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) se presentaron a la mostrando un oficio de investigación girado por la Procuraduría General de la República (PGR), y llevaban un citatorio un citatorio que iba dirigido al entonces Coordinador General del Comité de Apoyo de la Radio, David Valtierra Arango para que se presentara en las oficinas de la PGR. Dicho citatorio se desprende de una Averiguación Previa que está siendo integrada por esta dependencia con el número AP/PGR/GRO/ACADII/50/2005.

-El  día 17 de diciembre del 2005, durante una mesa redonda en donde se comentaba sobre las características de las radios comunitarias que no cuentan con el permiso del gobierno federal y las radios que ya cuentan con ellos, a la radio le fue cortada la luz.

-El jueves 23 de febrero del 2006, alrededor de las 11:00 de la mañana, una avioneta del Ejército realizó vuelos rasantes sobre la comunidad y en particular dio algunas vueltas sobre el Cerro de las Flores donde se encuentra ubicada la torre y la cabina de transmisión de la radio.

-El sábado 25 de febrero de 2006 aproximadamente a las 10:30 de la mañana una avioneta del Ejército hizo varios vuelos sobre la comunidad, pasando a muy escasos metros sobre la torre de la antena de la radio y de los árboles, en donde dio varias vueltas sobre la cabina de la radio.

-El 9 de agosto de 2007 detienen y encarcelan a David Valtierra Arango en la el reclusorio de Ometepec acusado por el delito de privación ilegal de la libertad de un ejidatario que fue detenido por acuerdo del Comisariado Ejidal. No obstante, en esa reunión no participó David, pero fue evidente que su aprehensión es porque ha sido un colaborador activo en la radio.

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Censura en Reforma Diario (que raro).

Jue 10 Julio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

El día 7 de julio Raúl Trejo Delarbre, Academico de la UNAM y Editorialista en varios medios, Envió a la dirección general del Diario Reforma, una respuesta a un articulo publicado en ese mismo diario, escrito por Sánchez Susarrey, lógicamente la respuesta del diario fue la de no publicar el escrito enviado por Trejo Delarbre.

Nosotros como medio alternativo, respetuosos de la libre expresión, publicamos dicha carta y anexamos el texto de agradecimiento del propio Trejo Delarbre, al final de la misma.

El profesor Jaime Sánchez Susarrey desparrama descalificaciones en su artículo del 5 de julio en Reforma dedicado a polemizar con el texto que a mi vez publiqué el día 3, como todos los jueves, en La Crónica. En su enjundioso artículo me llama totalitario, censor, delirante, severo y obtuso, entre otras cosas.

En mi artículo en La Crónica sostengo que no es verdad que la prohibición a que particulares o partidos compren espacios para propaganda en televisión y radio limite la deliberación democrática, como dicen los promotores de la demanda de amparo que Sánchez y otros 14 ciudadanos presentaron en diciembre contra uno de los aspectos de la reforma constitucional en materia electoral.

Esa taxativa ya existía en la legislación electoral pero no había sanciones para ella. Ahora Sánchez dice que con tal medida “la partidocracia confisca el debate político intelectual en tiempos electorales y deja a los ciudadanos en calidad de sujetos pasivos y mudos”. Pero ese debate, sobre todo cuando es de índole intelectual, jamás se realiza en spots como los que ahora no podrán ser pagados en medios electrónicos.

Sánchez confunde el debate de ideas con el marketing: le parece que en 20 segundos se puede expresar una formulación argumentada y lógica y ofrece varios lemas que cabrían en menos de ese espacio. Esos ejemplos permiten comprobar la enorme distancia que hay entre la deliberación y la propaganda. Cuando afirma “las FARC son una organización terrorista vinculada al narcotráfico”, “Octavio Paz tenía razón: el socialismo real fue una experiencia monstruosa” o “la estatización de la banca en 1982 fue una estupidez”, cita lugares comunes que solamente tienen sentido político y autoridad intelectual si son respaldados por hechos y razonamientos.

Hoy es posible condenar la complicidad de las FARC con otros grupos delincuenciales porque hay evidencias de ello. Paz fue pionero en la denuncia a las burocracias comunistas gracias a la información que supo comprender y compartir acerca de crímenes y abusos en Europa del Este. Y sobre la nacionalización bancaria, a la que es preciso entender en la circunstancia mexicana de hace 26 años, Sánchez repite una consigna manida pero discutible.

Si el debate público y la tarea de analistas como el propio Sánchez se limitaran a concebir y recitar frases contundentes, que para tener efecto tuvieran que transmitirse en anuncios de radio y televisión, quizá mi encrespado interlocutor tendría razón. Pero hasta donde tengo entendido él mismo, igual que otros colegas que analizan asuntos públicos, no se dedica a la propaganda sino a la reflexión. O eso esperan sus lectores y, supongo, el diario para el cual escribe.

La reforma constitucional del año pasado tiene numerosas aristas. Es imposible aplaudirla o descalificarla toda. Yo mismo he señalado sus contraluces. En el artículo que desató la cólera de Sánchez hasta enceguecerlo, recordé que así como la prohibición a la compra de propaganda me parece pertinente, hay aspectos de esa reforma que suscitan excesos y confusiones. De manera expresa me referí a la proscripción, en la propaganda de los partidos, de expresiones que “denigren a las instituciones y a los propios partidos”. Esa prohibición me parece innecesaria y riesgosa. En la discusión política es inevitable que haya discrepancias y cuestionamientos. Por eso considero que tratar de impedir “denigraciones” traerá más problemas que los que pretende evitar.

Por eso escribí: “Otro tema que Los 15 no impugnaron en su demanda de amparo aunque varios de ellos lo han mencionado como si formase parte de ella, es la proscripción, consecuencia de la misma reforma, a las expresiones que en la propaganda de los partidos…” etcétera. Sin embargo Sánchez, pródigo desautorizador pero pésimo lector, me reprocha no haber percibido “ninguno de esos peligros” y asegura que con un ordenamiento así Hitler habría tenido completa impunidad en Alemania. Allá él con sus forzadas comparaciones. Pero ofuscado en ese tono tremendista, me recrimina no tomar en cuenta el asunto de la propaganda denigratoria cuando fueron él y sus compañeros de amparo quienes lo ignoraron en su demanda.

También he considerado que los promotores del amparo han soslayado las consecuencias políticas de esa acción judicial, entre ellas el interesado respaldo encontraron en las televisoras. Desaforado porque señalé esas implicaciones, Sánchez tilda mi argumentación de “estalinista” y rememora las burdas acusaciones que algunos despistados le hacían a Octavio Paz al decir que estaba al servicio del imperialismo.

Ahora resulta que advertir las implicaciones de una acción pública, de carácter político, significa incurrir en prácticas estalinistas. Me inquietan la pobre concepción que Sánchez tiene del análisis político y, también, esa paranoia entreverada con cierto delirio de grandeza. En una de las glosas que hace de mi texto, se refiere a él y sus compañeros de demanda como “los 15 notables”. Pero ese es un término que no utilicé, porque estoy convencido de que entre esos ciudadanos hay escritores y pensadores en efecto muy destacados. Y otros, pues no.

Sánchez, desde luego, no es Octavio Paz. Y nadie ha quemado su efigie (sería inaceptable, pero además resulta improbable) ante embajada alguna. Quien se chamusca solito es él, atareado en adjudicar dicterios. Es incontrovertible que las televisoras aprovecharon la demanda de Los 15 para respaldar sus propias quejas contra la reforma constitucional. Por eso escribí, refiriéndome a Televisa y TV Azteca: “vale la pena preguntarse por qué esos consorcios, que han conculcado, expropiado y acaparado como ningún otro organismo o institución la libertad de expresión en este país, ahora respaldan a quienes están convencidos de reivindicar esa libertad”.

En mi artículo recordé que el día anterior en Milenio Héctor Aguilar Camín, uno de los firmantes de la demanda, “publicó un claro deslinde respecto de Televisión Azteca en donde se ha dicho que la reforma constitucional convierte a México en una dictadura”. Sánchez me llama totalitario por señalar alcances de la demanda de amparo que otros promotores de ese proceso judicial también han advertido.

Además difama: “Trejo tiene convicción de que los ciudadanos deben ser tutelados por la autoridad”. Jamás he dicho eso. Garantizar la equidad electoral no implica que la autoridad, ni nadie, nos diga qué debemos o podemos saber, opinar o discutir. Sánchez también falla como inopinado intérprete de mis convicciones las cuales, por lo demás, no son nuevas y son públicas.

En la misma línea de reprobación gratuita sentencia: “No entiende ni entenderá jamás el derecho a la libertad de expresión”. El autor de esa terminante frase es el mismo que me tilda de censor y otras cosillas. Por fortuna mi capacidad de entendimiento y mi compromiso con la libertad de expresión no están supeditados al reconocimiento de Sánchez Susarrey.

Atentamente

Raúl Trejo Delarbre

———————————————————————–

Mensaje de agradecimiento de Raúl Trejo a radio vulgocracia.

Estoy muy agradecido, por su mensaje y por haber leído mi extensa carta, completa además, en su espacio radiofónico. Mi reconocimiento es mayor porque, como señalaron en la transmisión, a pesar de las diferencias que tienen con algunos de mis puntos de vista coinciden en esta reivindicación del derecho de réplica. Esas y otras diferencias las podemos comentar y discutir pero siempre y cuando exista circulación, sin censura, de las ideas. Eso es lo que no hubo en este caso por parte de Reforma pero la respuesta de ciudadanos como tú está siendo contundente.

Saludos cordiales

Raúl Trejo Delarbre

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Ciudad de la Investigación en Humanidades
Circuito Mario de la Cueva
Ciudad Universitaria, Coyoacán,
04510, México D.F.
México

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Conflicto en ciernes

Mar 08 Julio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

Conocido por su actitud negociadora ante el gobierno de Felipe Calderón, el líder de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, estalló el jueves 3 al denunciar que él, su familia y algunos de sus correligionarios son espiados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Este desencuentro de Beltrones con el gobierno calderonista podría reventar las negociaciones para la reforma energética, sobre todo si se considera que el priista es uno de los más influyentes interlocutores políticos frente el actual régimen. En entrevista con este semanario, sostiene que el gobierno de Felipe Calderón está confundido porque, dice, los aparatos de inteligencia no deben ser utilizados para espiar a los opositores políticos; mucho menos para investigar su vida privada.

Los señalamientos hechos el jueves 3 por el senador Manlio Fabio Beltrones contra el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por el presunto espionaje que este organismo realiza en torno al legislador y su familia podrían acarrear una crisis política al gobierno calderonista.

Documentos obtenidos por Proceso y atribuidos al Cisen indican que no es sólo el priista quien supuestamente está en la mira del Cisen, sino también otros legisladores, algunos gobernadores, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y el propio Andrés Manuel López Obrador, excandidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos.

Con fichas e información personales cuya veracidad es, por su naturaleza anónima, difícil de confirmar, el propósito de los documentos mencionados es desacreditar a todos esos personajes en vísperas de las elecciones de 2009.

Y aunque el director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, exdirector de la empresa de encuestas GEA-ISA, rechazó el mismo jueves 3 ser el responsable del espionaje denunciado por Beltrones, otros documentos atribuidos al Cisen revelan que aun personajes ligados al propio gobierno, como el recientemente nombrado coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Gustavo Enrique Madero, presuntamente son objeto de investigación por parte del organismo que dirige Valdés.

Las fichas de los senadores del PRI, PAN y PRD, y la del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, están fechadas entre mayo y junio de este año y tienen el mismo formato: cada una incluye una carátula con la fotografía del funcionario o político en cuestión, una biografía completa que incluye datos personales, trayectoria política, administrativa y empresarial, según sea el caso, así como una lista de los negocios propios y los de sus familiares.

En el expediente de López Obrador, fechado el martes 1, se incluye un análisis en el que se esbozan los posibles vínculos del tabasqueño con Barack Obama, el candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos.

El escándalo del espionaje a los senadores reventó el jueves 3 de julio, aunque desde una semana antes Beltrones había pedido al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, una explicación al respecto.

Ante el silencio oficial, el exgobernador de Sonora dio a conocer a la opinión pública que es sujeto de espionaje gubernamental; incluso amagó con romper las negociaciones con el gobierno de Felipe Calderón, algo que no ha hecho en lo que va del sexenio.

De confirmarse, el espionaje denunciado por Beltrones indicaría que el gobierno calderonista torpedea incluso a sus aliados para la reforma energética. Llama la atención el que haya sido el coordinador del PRI en el Senado quien efectuó la denuncia pública, sobre todo porque es uno de los principales interlocutores del gobierno federal. De hecho, Beltrones ha apostado todo su capital político para que la reforma energética sea aprobada. Su primera reacción política ante el hecho que denuncia consistió en determinar que se cancelara el período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en el cual el gobierno y el PAN tenían prevista una discusión amplia sobre la reforma mencionada.

A su vez, la fracción del PRD en el Senado, en voz de su coordinador Carlos Navarrete, insistió en que Valdés Castellanos renuncie a la dirección del Cisen, pues, afirma, con los actos de espionaje que se le atribuyen incurrió en diversas responsabilidades en demérito del servicio público.

El pasado 12 de junio el senador priista Carlos Lozano presentó ante la Comisión Permanente del Congreso un punto de acuerdo, firmado por todas las bancadas de oposición, en el que demandó la renuncia de Valdés Castellanos al Cisen por el presunto espionaje a los diputados federales. La denuncia de Beltrones reactivó esta petición.

Los expedientes

A raíz de la denuncia del senador Manlio Fabio Beltrones, Proceso tuvo acceso a dos expedientes fechados en mayo de este año, cada uno de 30 páginas, que incluyen la leyenda “confidencial”. El primero de estos legajos se titula Plan Ejecutivo de Acción, y el segundo Relación de Vulnerabilidades /Líneas de Acción. Ambos son atribuidos al Cisen.

Contienen información sobre el sonorense desde que trabajó en la Secretaría de Gobernación bajo el mando de Fernando Gutiérrez Barrios, su paso por la gubernatura de Sonora, sus supuestos negocios, algunos aspectos de su vida privada y familiar, así como un seguimiento que presuntamente hace el Cisen a su equipo de trabajo.

Los reportes referidos incluyen “recomendaciones” para que a cada uno de los colaboradores de Beltrones le sean intervenidas sus conversaciones telefónicas o por internet para tener su perfil financiero, nivel de vida, cuentas bancarias, sociedades mercantiles e inversiones.

En el expediente de Relación de Vulnerabilidades /Líneas de Acción se menciona la supuesta vinculación de Beltrones con el narcotráfico, difundida en 1997 por el corresponsal de The New York Times, Sam Dillon. El sonorense desmintió entonces al periódico y a las autoridades estadunidenses. En el documento también se cita la presunta intervención de Beltrones en un interrogatorio a Mario Aburto, el homicida confeso de Luis Donaldo Colosio.

De igual manera se señalan los presuntos negocios del senador del PRI con sus hermanos Alcides y Orestes, en Sonora; con Jorge Hank, en Tijuana; con dos supuestos medios hermanos de apellido Brown, en Puerto Peñasco, y se desliza una sospechosa vinculación de Beltrones con Miguel Nazar Haro y con el exsubprocurador Javier Coello Trejo.

En entrevista, el senador priista asegura al respecto que el espionaje denunciado por él es un acto lamentable que indigna a cualquiera, porque un gobierno y un Estado que se dicen democráticos en realidad están actuando de manera facciosa.

“Debemos cuidar que esas cosas no se repitan en el futuro, que no detengan al país en su conjunto. Debemos ver (este asunto) de manera responsable y con frialdad”, e insiste en que el documento atribuido al Cisen tiene “huellas y sellos claros de elaboración gubernamental”. Así, señala que toca al gobierno federal hacer la investigación correspondiente y dar una respuesta satisfactoria.

Beltrones admite que el espionaje político practicado por los regímenes priistas “era reprobable”; pero sostiene que el gobierno de Felipe Calderón está confundido porque, dice, los aparatos de inteligencia no deben ser utilizados para espiar a los opositores políticos; mucho menos para investigar la vida privada de éstos.

Expone: “Los aparatos de inteligencia tendrían que estar trabajando para detectar a los verdaderos enemigos del país, a las amenazas del exterior o al crimen organizado y al narcotráfico, no para perseguir políticamente a los adversarios”.

Pero ante todo advierte que este hecho puede derivar en una crisis política porque, arguye, “se trata del espionaje de un poder, el Ejecutivo, al Poder Legislativo; no se puede desvincular este hecho del proceso electoral de 2009”.

La historia de Ebrard

La investigación sobre el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, está fechada el 21 de mayo pasado. Comienza con una breve historia familiar y a continuación desarrolla su trayectoria de 20 años en política, en la cual destaca que Manuel Camacho Solís apoyó a Ebrard desde que éste era estudiante en El Colegio de México.

Según el documento, cuando Marcelo Ebrard fue designado secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en 2002, además de establecer un centro de información y monitoreo de las actividades delictivas en la Ciudad de México, le propuso a López Obrador la creación de un centro de espionaje político, proyecto que aceptó el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal.

Ese centro, conocido por la clave La Fábrica, supuestamente había sido instalado como una empresa “pantalla”, denominada JAV, en Avenida Reforma 76, a un costado del Hotel Fiesta Americana. Lo manejaba Miguel Amelio Gómez, hombre de confianza de López Obrador y quien hoy se desempeña como jefe de la Policía Judicial en la administración de Ebrard. Dicho centro, señala el documento, sirvió para dar seguimiento a las actividades de Roberto Madrazo en la campaña de 2006. Cuando fue descubierto, Ebrard decidió cerrarlo.

El expediente asegura que algunos de los hermanos de Marcelo Ebrard, como Verónica Magdalena, quien es socia de la empresa de programas de cómputo DSS de México, S.A. de C.V., ha recibido jugosos contratos del gobierno capitalino desde la administración de López Obrador; también afirma que el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal durante la administración lopezobradorista, Gabriel Regino García, dio protección al cártel colombiano Norte del Valle hasta que dejó el cargo en 2006 luego de que se descubrieron dichos vínculos.

“Todas estas irregularidades cometidas por Gabriel Regino fueron siempre del conocimiento pleno de Ebrard, quien lo protegió debido a que recibió buena parte de las utilidades generadas (por esos vínculos)”, agrega.

En tanto que de Ricardo MacGregor Mestre, jefe del Estado Mayor de la Policía Judicial capitalina hasta finales de 2007, sostiene que tenía nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, a quienes por dinero les daba protección, de lo cual supuestamente estaba enterado el responsable de la Policía Judicial, Miguel Amelio Gómez, y el propio Ebrard.

“Se tiene conocimiento de que Mac-Gregor compartía con Miguel Amelio las utilidades que le generaban estas actividades ilícitas, ignorándose si parte de las mismas llegaban hasta el procurador Rodolfo Félix Cárdenas o incluso al propio Marcelo Ebrard.”

El documento de 20 páginas atribuido al Cisen no sólo pretende mostrar como verdades lo referido con anterioridad, sino que va más allá: a la intimidad y costumbres de las personas. Por ejemplo, en el texto se citan “versiones sobre la sexualidad” del jefe de gobierno capitalino, así como una lista de presuntas propiedades, y se afirma que recursos de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) son utilizados “para cubrir la mayor parte de los gastos generados por las constantes movilizaciones que encabeza López Obrador”.

De acuerdo con los anónimos autores de esta investigación, cada semana se le entregan al tabasqueño 150 mil pesos y otra parte se destina a engordar el “cochinito” para la campaña de los candidatos del PRD de 2009 y la del propio Ebrard para 2012.

Los nexos de López Obrador

Entre los expedientes que se hicieron llegar al reportero se encuentra una ficha titulada “Vínculos de Andrés Manuel López Obrador con organizaciones sociales y partidos políticos de los Estados Unidos”, entre los que se menciona al candidato demócrata a la presidencia de ese país, Barack Obama.

Uno de los escritos señala que hasta el momento se desconoce si ambos políticos tienen vínculos directos; sólo se indica que los contactos se hacen a través de Cuauhtémoc Figueroa, director general de Operaciones de Campo del equipo de Obama.

Así mismo, destaca que para dar seguimiento a la campaña presidencial de Obama, López Obrador designó a Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho Solís, Claudia Sheinbaum, Saúl Escobar y Ricardo Monreal, quienes tienen la encomienda de reunirse con congresistas estadunidenses, pero sobre todo “buscar mecanismos efectivos de acercamiento con Barack Obama, a quien considera como el seguro ganador de las elecciones presidenciales de ese país”.

Cita el documento que López Obrador tiene apoyo y simpatía de algunos dirigentes de las organizaciones latinas más importantes de Estados Unidos, entre ellas Janet Murguía, líder del Consejo Nacional de La Raza; las congresistas de California Linda Sánchez e Hilda Solís; Joe Baca, presidente del Caucus Congresional Hispano; Trey Martínez Fisher, vicepresidente de ese organismo legislativo, y con el alcalde de Los Ángeles, Antonio Ramón Villaraigosa.

En tanto que de las organizaciones destaca la relación con la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos, la organización más antigua a favor derechos humanos de los hispanos en Estados Unidos, que actualmente preside Rosa Rosales.

Pero la investigación más extensa a la que tuvo acceso este semanario es la dedicada al senador Ricardo Monreal, uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador. Al igual que los otros documentos, éste incluye datos sobre la carrera del zacatecano cuando aún militaba en el PRI; también menciona un desvío de 90 millones de dólares durante su gestión como gobernador de Zacatecas y supuestos vínculos con el narcotráfico.

Sobre este último aspecto, el escrito relata que el presidente Ernesto Zedillo –molesto porque Monreal renunció al PRI y se afilió al PRD para contender por el gobierno de Zacatecas– ordenó filtrar a los medios una versión según la cual la familia de Monreal tenía nexos con el narco.

“Como parte de esta estrategia –sostiene el texto elaborado presuntamente por el Cisen– se solicitó al entonces embajador de los Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, que simplemente confirmara ante los medios que tanto la DEA como el Departamento del Tesoro de ese país estaban llevando a cabo investigaciones que involucraban a la familia Monreal por sus nexos con el narcotráfico y el lavado de dinero a nivel internacional. Esta solicitud habría sido formulada directamente por Jorge Madrazo, titular de la PGR”.

Sin embargo, de acuerdo con el escrito obtenido por Proceso, el diplomático estadunidense se negó. Davidow manifestó que efectivamente “tenía conocimiento de que existían esas investigaciones, pero que él no contaba con autorización de su gobierno para publicitarlas en los medios de comunicación, debido a la confidencialidad de las mismas y a que aún no habían sido concluidas, tratándose simplemente de información preliminar”.

Davidow terminó por incluir este episodio en su libro El oso y el puercoespín, en el que relata su estancia en México.

El mismo documento cita también que Monreal hizo innumerables negocios durante su gobierno a través de contratos con la Constructora Grupo Plata y con el Grupo Profrezac, así como con sus hermanos Rodolfo, Cándido y David.

En entrevista, el senador Monreal asevera al respecto que los documentos con los que el gobierno de Felipe Calderón trata de ensuciar a sus adversarios políticos son indicios de un “régimen fascista y dictatorial”.

Dice: “Es parte de la desacreditación que intenta hacer el gobierno federal por esta vía del espionaje político y mediante la elaboración de fichas falsas para amedrentar a los opositores. Es una señal de desesperación porque sabe que el PAN no va a ganar la mayoría del Congreso por más que (sus legisladores y militantes) intenten desacreditar a la oposición”.

También a los de casa

El jueves 3, cuando estalló el escándalo del espionaje a Manlio Fabio Beltrones, el coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Enrique Madero Muñoz, negó que esa práctica haya sido auspiciada por el gobierno. Pero entre los legajos conseguidos por Proceso también hay una ficha en la que se habla de los jugosos negocios que hizo Madero durante el gobierno de Vicente Fox a través de la empresa Electronic Publishing, S.A. de C.V., de la que él es presidente.

También se revelan los presuntos planes del panista para llegar a la gubernatura de Chihuahua en 2010 mediante el apoyo de empresarios locales y de políticos de ultraderecha vinculados al Yunque, “y por supuesto con la aprobación del presidente Calderón”.

Fechado el 23 de junio, el expediente fue elaborado dos semanas después de que Madero tomara posesión como coordinador de la bancada panista en el Senado; incluso se retoma la información publicada el 15 de junio por el reportero Álvaro Delgado (Proceso 1650) en la que se detallan los negocios irregulares de Madero a través de la venta de equipos de computación y programas de alta tecnología a dependencias gubernamentales, como la Secretaría de Transportes y la Procuraduría General de la República, mediante contratos que nunca fueron licitados como se establece en la Ley de Adquisiciones.

Otro dato que incluye la ficha sobre Madero indica que éste ha lucrado con su posición política, pues en mayo de 2007 “logró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le extendiera una autorización a su hijo mayor, Alejandro, como ‘apoderado para operar acciones de sociedades de inversión a nombre de intermediarios del mercado de valores, de asesores de inversión y para celebrar operaciones de arbitraje internacional’. Esa concesión fue extendida por un término de tres años”.

Entre los documentos obtenidos también se encuentran “informes de inteligencia” sobre los gobernadores priistas de Campeche, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Yucatán, así como del exmandatario de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel.

Se trata de fichas políticas que contienen datos generales sobre su vida partidista y el papel que han jugado como mandatarios en sus respectivas entidades. Incluso se citan los conflictos en que algunos de ellos se han visto inmersos: son los casos de Ulises Ruiz y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006, y el de Mario Marín y sus vínculos con el empresario Kamel Nacif, acusado de pertenecer a la red de pederastia encabezada por Jean Succar Kuri.