Agudo conocedor de los males que descomponen a su partido, Javier Corral sintetiza con una frase el descontento que lo llevó a renunciar al Comité Ejecutivo Nacional panista: Ni en el gobierno ni en el partido hay voluntad política para llevar a cabo una de las reformas estructurales fundamentales para consolidar la democracia, la de los medios de comunicación. En entrevista con Proceso, el exlegislador lamenta el pacto que el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, estableció con la facción de la derecha radical, y reprueba la alianza panista con el Partido Nueva Alianza, que dirige Elba Esther Gordillo. Además, dice, se desvaneció su “esperanza” de que Felipe Calderón rectificaría el apoyo que le dio a la Ley Televisa en su campaña.

Incorporado al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) a propuesta de Germán Martínez en diciembre de 2007, Javier Corral Jurado supo muy pronto que era inútil mantenerse en esa posición y el primer signo que lo inquietó fue el pacto que el nuevo presidente partidista estableció con la facción de la derecha radical.

“Eso no me lo esperaba. Ni con Luis Felipe Bravo ni con Manuel Espino hubo un acuerdo tan estructural y tan orgánico con ese sector radical como ahora en el CEN que encabeza Germán”, asegura Corral, quien expone que ese “alineamiento” se ratificó con la proclama de Martínez de guanajuatizar México, que no honra la promesa de hacer del PAN un partido de centro.

Luego, en la lógica del “electorerismo” del PAN, se presentó otra acción que lo desconcertó: En una decisión que no concitó discusión entre los 40 miembros del CEN y cuyo único voto en contra fue el suyo, se perfiló una alianza total con el Partido Nueva Alianza (Panal), de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, quien encabeza “una de las dirigencias más corruptas de América Latina”.

Pero Corral ya no tuvo duda de que renunciaría al CEN después de que se desvaneció su “esperanza” de que Felipe Calderón rectificaría el apoyo que le dio a la Ley Televisa en su campaña, porque fue todo lo contrario: Varios hechos, entre ellos la destitución de Santiago Creel como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, lo hacen concluir que este gobierno inauguró un nuevo “ciclo de complicidad” con las televisoras, como el establecido por Vicente Fox.

“Si alguien estaba obligado, moral y políticamente, a una rectificación era el presidente Calderón, puesto que él fue, sin duda, uno de los personajes clave en la aprobación de la Ley Televisa. Pero la rectificación no sólo no vino, sino que se empezó a recomponer el pacto de colusión de intereses con las televisoras, que ya venía desde Fox.”

Para Corral, quien aceptó la invitación a formar parte del CEN para poder influir en el tema –“así lo explicitamos desde el principio Germán y yo”–, no hay duda: “No hay voluntad política, en el gobierno ni en el partido, de llevar a cabo una de las reformas estructurales más importantes para consolidar la democracia.”

Pero, además, Calderón “no sólo no rectifica, sino que vuelve a hacer cosas en sentido contrario y que sólo refuerzan ese poder que, ilegal e inmoralmente, sustituye al Estado y se genera, de nueva cuenta, un ciclo de complicidad y componenda”.

–El 16 de julio usted escribió en El Universal: “Qué dolor me causa decirlo, pero al ritmo que vamos, en el manejo de los medios electrónicos y en el ejercicio de la libertad de expresión vamos a extrañar a Fox”. ¿Calderón ya rebasó a Fox?

–No creo que lo haya rebasado, todavía. En todo caso lo que hace es continuar la política de Fox en esta materia.

En amplia entrevista con el reportero, el jueves 21, Corral pone varios ejemplos de esa complicidad: Los refrendos de concesiones de radio que violan la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley Televisa; el cabildeo a nombre de las televisoras del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; las agresiones impunes de Televisión Azteca a los ministros; el “borrado” de la imagen de Creel en las pantallas de Televisa.

Inclusive, en una facultad de Germán Martínez, se nombra a Federico Döring como representante del PAN ante la Comisión de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral (IFE). “Lo mandaron para defender las posiciones de las televisoras”, afirma Corral, quien tilda al senador de ser un “soldado de la guerra sucia”.

Corral les hizo saber todo esto, directamente, a Calderón y a Martínez, así como a varios funcionarios del gobierno, antes de presentar su renuncia al CEN del PAN, el 14 de julio, con el fin de que hubiera una rectificación, pero todo –dice– fue inútil.

“Yo, miembro del CEN del partido en el gobierno, le digo al jefe del partido, le digo al secretario de Comunicaciones, Luis Téllez; –al de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, no, porque nunca me contestó el teléfono–; le digo al presidente de México, está ocurriendo esto. ¡Y no pasa nada! Entonces, ¿qué hago ahí? Me voy del CEN a dar la batalla en la posición que, con sus decisiones, me han colocado, y que es la más incómoda, la más compleja, la más difícil.”

Por eso, Corral no duda: El nuevo coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, sólo acatará la línea trazada por Calderón. “¿O alguien cree que va a impulsar la reforma de medios?”

–Él aseguró públicamente que sí…

–A ver quién le cree a Madero que llegó a eso. Puede decirlo, pero no lo va a hacer nunca. No se vale engañar, no se vale decir que sí se va a hacer, cuando el compromiso previo ha sido que no. Y esto es lo más grave de todo lo que pasa: Vivimos en una época de simulación.

Corral no quiere sumarse a la simulación –que hace medio siglo el fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, identificaba también como el principal problema de México–, y escribe un libro “revelador” sobre cómo el poder mediático ha sometido a toda la clase política, incluyendo la del PAN.

Creel, presidenciable

Corral presentó su renuncia a Martínez el 14 de julio, justo el día en que Creel declaró por primera vez que el presidente nacional del PAN adujo presiones de las televisoras para destituirlo un mes antes, el 9 de junio, y en entrevista con Carmen Aristegui, en CNN, involucró a Calderón en la decisión.

De hecho, en la reunión del CEN de ese 9 de junio, después de que ya había comunicado a Creel su destitución, Martínez dijo a los asistentes que, en una semana, convocaría a los grupos parlamentarios de las cámaras de Diputados y Senadores para revisar la agenda legislativa y evaluar el desempeño de los coordinadores.

“Este es un asunto muy delicado y les puedo asegurar que ha sido discutido y acordado con el presidente de la República”, expresó Martínez, quien al día siguiente, el martes 10, se reunió con la mayor parte de los senadores y negó, como hasta ahora, que la deposición de Creel obedeció a la presión de las televisoras. “Ningún actor externo impone agenda”, declaró.

Pero para Corral no hay duda: Calderón y las televisoras sabían que Creel “iba en serio” por la reforma a los medios y, a pesar de la censura de la televisión, se colocaba como puntero para la candidatura presidencial de 2012, en abierto desafío al dogma que la televisión reproduce: El que se pelea con la televisión no aparece y, el que no aparece, no existe en política.

“Y Creel demostró que hay vida después de la televisión. El gobierno levantó las antenas, porque lo vieron, primero, en ruta de rectificación –lo que ellos no pudieron o no quisieron hacer–, y como lo vieron en ruta de rectificación en el asunto más importante del que cojea el equipo de Calderón, que es su autoridad moral ante los medios, lo derribaron y derribaron la reforma.”

Corral afirma que el efecto fue contraproducente: “Calderón, la dirigencia del partido y Televisa, cada quien en su faceta, logran uno de los efectos más increíbles en la trayectoria política de Creel: No sólo lo resucitan, en términos de una posición pública creíble, sino lo relanzan. Creel es hoy el más fuerte presidenciable del PAN, porque rompió con todos los intereses que lo ataban”.

–Que él mismo tejió…

–Sí, que él mismo tejió, sin duda que tiene faltas acreditadas, una conducta como secretario de Gobernación que fue muy cuestionada y muy vulnerable. Si alguien lo escribió, lo criticó y lo dijo fui yo. Porque mi actuar en estos asuntos ha sido no en función de personajes, sino de las acciones que se cometen.

“Pero, paradójicamente, Calderón hace a Creel presidenciable, como Fox lo hizo a él: Por la vía de la defenestración pública. Porque uno de los valores más importantes en el PAN es el respeto a la dignidad de la persona humana y porque aquel que da a respetar su dignidad crece ante los ojos de los militantes del partido. Calderón no permitió que se le atropellara su dignidad. Creel tampoco lo ha permitido.”

Elba Esther y El Yunque

Sin las amarras que implica formar parte del órgano de dirección del PAN, aunque sin declinar su militancia ni su participación activa en los consejos nacional y estatal en Chihuahua, Corral dice que es más útil ejercer la crítica y concitar el debate desde fuera, sobre todo porque el tema de los medios ha sido su batalla.

Califica de calumniosa la especie propalada por “funcionarios de reciente incorporación al CEN”, como Juan Ignacio Zavala, en el sentido de que busca una diputación para no renunciar, algo que ni siquiera aceptó a Calderón al inicio del gobierno.

“Me invitó a ser director del Canal 22, pero yo no iba a dejar la batalla contra la Ley Televisa. Además el planteamiento no fue muy convencido, fue un mero trámite”, expone Corral, quien también en el PAN pronto se dio cuenta de que no tenía sentido seguir.

“Hasta se lo dije al propio Germán: ‘No te voy a poder ayudar’. Si ni siquiera puedo dar el debate, qué estoy haciendo ahí. Como están las cosas, más sirve la denuncia, la crítica, advertir los problemas y errores desde fuera que de dentro, porque no se hace caso.”

–Germán Martínez alegaba que una de las cosas que debía recuperar el PAN era su tradición deliberativa, porque “un partido sin debate interno tiene argumentos débiles frente a la sociedad”…

–Ese fue un dato que a mí me preocupó mucho, porque, en efecto, el debate ha sido parte sustancial del partido. Hemos modificado estrategias y posturas después de muchísimos debates. Grandes debates se dieron en torno a la confesionalidad o no del PAN, a la participación electoral o abstención, recibir o no subsidio, relación con el gobierno de Carlos Salinas, abrir o no procesos internos.

“El CEN se legitimó por sus discusiones permanentes, por sus debates constantes, y yo no veo que haya ahora la idea de debatir nada. Porque hay otra estrategia: Ahora la ruta seguida no es discutir los problemas del partido y cómo podemos retomar nuestro talante de partido reformador o de cambio democrático para el país. Estamos en la ruta de ser un partido de gobierno y con el objetivo exclusivo de ganar elecciones. El electorerismo.”

Corral dice que la prueba de eso es la alianza que, sin discusión, se planteó con el Panal de Elba Esther Gordillo, quien apenas el lunes 28 de julio emitió un discurso inquietante ante Juan Camilo Mouriño y Josefina Vázquez Mota, secretarios de Gobernación y de Educación-.

“Nada mejor ni nada más útil que la verdad. Transparencia y rendición de cuentas quiere decir que todo aquello que hemos hecho –no que han hecho, que hemos hecho a valores entendidos– en beneficio de la política, por la política electoral, se erradique”, dijo la profesora, algo que a Corral le irrita.

“Los dos principales operadores de los acuerdos de la campaña de Calderón la escucharon sin chistar. ¿Qué hicieron para erradicarlo definitivamente?”

–¿Fraude electoral?

–¡No sé! Pero es muy grave que no se haya parado Mouriño a decirle: “a ver, profesora, con todo respeto, no le permito que ponga en duda los acuerdos que hicimos en materia electoral”, porque se avergüenza la profesora de lo que hicieron. ¿Qué hicieron para que se avergüence?

“Después de las elecciones de 2006, de todo lo que se ha dicho, para mí es más grave que hayan dejado pasar esa declaración de Elba Esther a andarle aclarando al Peje (Andrés Manuel López Obrador) y a todos los demás sus inventivas.”

Por eso, cuando se presentó la propuesta en el CEN, en mayo, le dijo a Martínez que era un error, pero además adquirió ejemplares de Los socios de Elba Esther, de Ricardo Raphael de la Madrid, y Doña Perpetua, de Arturo Cano y Alberto Aguirre, para dárselos a los miembros del CEN.

“Yo le dije al propio Germán: ‘Oye, la dirigencia del sindicato de maestros está calificada como una de las dirigencias más corruptas de América Latina. ¿En serio el PAN quiere asociarse con ellos? ¿En serio el PAN quiere asociarse con quien ha sido el obstáculo a la educación en México?”

–¿Y cuál fue la respuesta?

–Que se va a explorar, que se va a investigar, que se está analizando. Yo creo que Germán, por él mismo, no quisiera la alianza.

–¿Se lo están ordenando?

–En análisis y en las cuentas del gobierno esa alianza se ve como que le pueda sumar al PAN. Yo creo que le resta. Una alianza con Elba Esther, a nivel nacional, incluso aritméticamente no nos da ni ética ni políticamente. Porque nadie da lo que no tiene.

Calderón, afirma, tiene un acuerdo con el sindicalismo corrupto, como lo tuvo Fox, en contra de las banderas tradicionales del PAN, el anticorporativismo y la lucha antimonopólica: “La profesora estaba en caída libre y Calderón la agarró y la volvió a fortalecer. Carlos Romero Deschamps igual: estaba en caída libre, lo agarró Fox y lo volvió a fortalecer.”

Y acusa: “El gran reto de Calderón es reordenar a los grupos de interés y cumplir una tarea que el PAN no cumplió en el sexenio de Fox, y que fue una oportunidad perdida: Democratizar en serio a México. El PAN está perdiendo la oportunidad mayor de su historia política: Consolidar la democracia en todos los órdenes. No nos podemos conformar con un modelo electoral, que más o menos arregla la competencia”.

Tags: elena, espurios, medios, mentiras
Enviado en El pais | Sin comentarios »

(No Ratings Yet)

 Loading ...

Tags: monos, monosapiens, proceso
Enviado en El pais | Sin comentarios »

(No Ratings Yet)

 Loading ...

Una trifulca entre panistas y priistas en Saltillo fue el tormentoso escenario para la reaparición pública de José Antonio Sánchez Ortega, aquel agente del Cisen tan parecido a Mario Aburto y al que salpicó la sangre de Colosio en Lomas Taurinas. Ahora se sabe que desde el año pasado se ha colado en calidad de espía en actividades del gobernador Humberto Moreira, del obispo Raúl Vera y de los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos, como parte de maniobras políticas.

SALTILLO, COAH.- El agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) José Antonio Sánchez Ortega –uno de los sospechosos clave en el homicidio de Luis Donaldo Colosio– reapareció públicamente en esta entidad, donde realizó seguimiento a movimientos sociales, actividades partidistas y, especialmente, al obispo de esta ciudad, Raúl Vera López.

El pasado 7 de junio, los medios locales cubrieron una trifulca callejera entre simpatizantes del PRI y del PAN. Al analizar las fotografías del suceso, el 10 de junio el periódico Vanguardia identificó a Sánchez Ortega como el mismo personaje a quien se le implicó en el caso Colosio.

El agente llevaba más de dos años asignado a labores del Cisen en Coahuila, pues durante los días posteriores al estallido de la mina Pasta de Conchos –ocurrido en febrero de 2006– se infiltró en movimientos sociales y estuvo presente en actividades políticas y religiosas. Algunas veces se acreditó como agente y otras se hizo pasar por reportero.

Cuando la prensa identificó a Sánchez Ortega, el gobernador del estado, Humberto Moreira, dijo que él mismo era objeto de espionaje y se quejó: “Yo soy de la idea de que los servicios del Cisen se ocupen para combatir al crimen organizado, pero ocurre que en lugar de estar haciendo eso vigilan y espían a los políticos”.

El mandatario anunció que pediría a la Secretaría de Gobernación una explicación sobre las actividades del Cisen y sugirió que el pleito entre priistas y panistas pudo ser provocado. Así mismo, ofreció protección especial a los familiares de Diana Laura Riojas, que viven en la región carbonífera de Coahuila.

“En el tiempo que llevo como gobernador, nunca había sentido miedo, hasta hoy”, expresó Moreira.

Personaje bajo sospecha

José Antonio Sánchez Ortega fue uno de los principales sospechosos en la llamada “teoría del complot” elaborada inicialmente para explicar el asesinato de Luis Donaldo Colosio, debido a las circunstancias en que fue detenido y liberado tras el atentado contra el priista en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, el 23 de marzo de 1994.

El Cisen quedó en entredicho en el homicidio debido a que Sánchez Ortega fue detenido por la policía municipal de Tijuana cuando corría hacia un automóvil. Llevaba una chaqueta blanca, que tenía manchas de sangre de Colosio. Al realizarle la prueba de radizonato de sodio para saber si había disparado un arma de fuego, dio positivo.

En la investigación se estableció que el Cisen tuvo acceso al itinerario de ese día y que José Antonio Sánchez había participado en la inspección de los lugares adonde acudiría el candidato presidencial del PRI. El parecido físico del agente con Mario Aburto Martínez, el sospechoso que a la postre sería consignado como el único autor material del crimen y sentenciado en consecuencia, volvió inexplicable que la Procuraduría General de la República (PGR) lo dejara en libertad y que el Cisen lo reinstalara como agente.

En el informe que dio a conocer en el año 2000 el fiscal especial del caso, Luis Raúl González Pérez, las circunstancias de la detención de Sánchez Ortega quedaron confusas debido a las contradicciones de los responsables del Cisen, quienes fueron modificando sus declaraciones ministeriales.

Entre otras inconsistencias, el propio Sánchez Ortega declaró inicialmente que se manchó de sangre cuando se aproximó a ver a Colosio, mientras Edmundo Salas Garza, entonces director de Investigación del Cisen, expresó que el sospechoso ayudó a subir a Colosio a la camioneta que lo trasladó al hospital.

Finalmente, Sánchez Ortega fue exculpado por la PGR y asignado a la delegación del Cisen en Sinaloa. Luego recibió capacitación y se le envió a otra delegación, pero lo regresaron a su estado para destinarlo a funciones administrativas (Proceso 1429).

A partir de 2007, Sánchez Ortega comenzó a asistir a diversas actividades del gobernador Humberto Moreira, las giras de Andrés Manuel López Obrador y, principalmente, a los eventos, misas y ruedas de prensa del obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

Sin embargo, no fue identificado hasta la tarde del 7 de junio, cuando simpatizantes del PAN convocados por el diputado federal Óscar Moahamar Dainitín repartían tinacos y vendían cemento barato, mientras que los priistas, invitados por el diputado local José Luis Moreno, entregaban despensas y equipo deportivo frente a la misma plaza pública en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, de esta ciudad.

El diputado Moahamar Dainitín –quien se hace llamar El Muñeco– realiza proselitismo desde hace dos años mediante un camión que circula con su fotografía y que difunde propaganda con altavoces en eventos del PRI o de los gobiernos municipales y estatal emanados de ese partido.

El 7 de junio, a diferencia de otras ocasiones, el acto se salió de control cuando un grupo de priistas agredió a los simpatizantes del PAN. Al intercambio de insultos siguieron los empujones y jaloneos. Finalmente se desató un enfrentamiento a pedradas, con saldo de tres reporteros golpeados y una niña hospitalizada. El tráiler en que los panistas tenían el cemento fue saqueado.

Además de las fotografías de estos hechos que difundió Vanguardia, en un video del enfrentamiento, al que tuvo acceso este reportero, se ve a Sánchez Ortega videograbando y riendo a carcajadas ante los insultos y golpes entre los colonos.

Espionaje político

La aparición de Sánchez Ortega en Coahuila ocurrió en febrero de 2006, durante las supuestas acciones de rescate en la mina Pasta de Conchos.

En los patios de la mina estaban el entonces secretario del Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz; Arturo Vilchis, director de Protección Civil, y el gobernador Humberto Moreira, quien ya había manifestado sus diferencias con los funcionarios federales.

Ahí mismo, el obispo Raúl Vera López exigía justicia y les recriminaba a los funcionarios su conducta.

Por cuenta propia llegó Napoleón Gómez Urrutia, que ya denunciaba una persecución en su contra por parte del gobierno federal. En efecto, días después éste consiguió una orden de aprehensión contra el líder minero, que se refugió en la ciudad canadiense de Vancouver.

Desde hace años, en Coahuila es fácil identificar a los militares vestidos de civil y a los conocidos miembros del Cisen, que se hacen pasar por reporteros en todo tipo de actividades públicas.

De acuerdo con Cristina Auerbach Benavides, integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL), la operación de los cuerpos de inteligencia ha sido advertida en diferentes ocasiones por la forma en que sus actividades fueron boicoteadas por los gobiernos estatal y federal.

La activista subraya: “No somos enemigos del Estado para que se nos asignen agentes y seamos investigados de esa forma y con esos métodos. No debe ser, ni a nosotros ni a ninguna otra organización o persona comprometida en la promoción y defensa de los derechos humanos”.

Tanto Auerbach como el obispo Raúl Vera han denunciado amenazas y agresiones por su compromiso con los deudos de los mineros que murieron en Pasta de Conchos. En el caso del prelado, asegura que advirtió los movimientos para vigilarlo desde que era arzobispo coadjutor en Chiapas.

A petición del reportero, Auerbach y el obispo identificaron a Sánchez Ortega en una fotografía, ya que se hacía pasar por periodista para estar presente en sus actividades.

Auerbach recuerda que durante un año Sánchez Ortega y después otro agente, identificado sólo como Efraín, infiltraron sus reuniones y se enteraron de sus planes para oponer resistencia ante el Grupo México, que con el respaldo del gobierno federal se niega a recuperar los cuerpos de los mineros.

“Aprovechándose de la inocencia y falta de experiencia de los deudos, muchas cosas que decidíamos hacer las averiguó a través de ellos, entre quienes creó confianza”, dice la abogada.

En 2007, Auerbach se sorprendió de que funcionarios del gobierno estatal se adelantaran a hacer anuncios que el ENPL planeaba hacer. Entre tanto, Sánchez Ortega se aproximaba más a los deudos que seguían a Moreira y evitaban relacionarse con el ENPL y con Vera.

El Grupo México y la Secretaría del Trabajo actuaron igual, en detrimento del movimiento de los deudos, por lo que el obispo, los miembros del ENPL y los familiares de las víctimas decidieron comunicarse por vías seguras, evitando el teléfono y el correo electrónico.

Por ejemplo, así se pusieron de acuerdo para deslindarse del dictamen sobre las condiciones de la mina a mediados de 2007. Después de eso, relata Auerbach Benavides:

“La respuesta de Lozano (Alarcón, actual secretario del Trabajo), como siempre mentirosa, fue iracunda; evidentemente los sorprendimos. Lo siguiente fue el deslinde de 40 familias, creo que, aunque lo mantuvimos con mucho cuidado, se lo esperaban, porque en la misa donde sucedió había gente del Cisen, sin duda.

“Nos siguieron a la Terminal (de Autobuses) del Norte en la Ciudad de México, donde dejé a las familias, que reconocieron que los estaban siguiendo. Tras despedirnos, yo me dirigí a mi casa, donde entró un comando para golpearme”, dice la activista sobre el ataque que sufrió el 19 de junio del año pasado.

Como toma la precaución de guardar los números de los que reciben llamadas oficiales, Auerbach comprobó que algunas amenazas que ha recibido provinieron de la Secretaría de Gobernación. Cuando comentó esto en una reunión con Arne Aus den Ruthen Haag –quien fue coordinador de asesores del secretario Juan Camilo Mouriño–, éste “dijo que eso era imposible, y que de ser cierto él lo sabría”.

Recuerda que, como el funcionario “dijo que si yo tenía sospechas de alguien de cualquier secretaría o de la empresa, que le diera los nombres y el les llamaría para pedirles que no me hicieran nada”, ella le respondió: “¿Si tú no les llamas le pueden hacer lo que quieran a quien sea?”.

“Esto es muy grave –señala– y no hay forma de justificar que una persona así sea del Cisen. ¿En manos de quién están los servicios de inteligencia? ¿Cómo pueden pedirnos que confiemos en las políticas de Estado en el tema de seguridad cuando asignan a un matón a vigilar activistas?”

Tras la publicación de las fotos por Vanguardia y los señalamientos del gobernador Humberto Moreira, Sánchez Ortega fue retirado de las actividades públicas en Coahuila. Hasta el momento ni el Cisen ni la Secretaría de Gobernación han aclarado las acciones de su agente.

Tags: cisen, Espias, Gobernadores, obispos
Enviado en El pais | Sin comentarios »

(1 votes, average: 5 out of 5)

 Loading ...

Los integrantes del nuevo Consejo General del IFE saben que urge recuperar la credibilidad de ese organismo ante la ciudadanía. Y aunque admiten que deben su nombramiento a uno u otro partido político, niegan que esto comprometa sus decisiones. Al igual que los consejeros anteriores, de orígenes gordillistas y panistas, los entrantes piden que se les juzgue por sus actos, no por sus filiaciones.

Inmerso en una crisis de credibilidad en amplios sectores de la sociedad después de la controvertida elección de 2006 y afectado por la reciente reforma constitucional, que enfureció a los dueños de la radio y la televisión por lastimar sus millonarias ganancias, el Instituto Federal Electoral (IFE) afronta, además, el estigma de una integración facciosa de su Consejo General, ahora mayoritariamente priista.

Consejeros electorales que concluyeron su gestión anticipadamente, como Lourdes López Flores y Andrés Albo Márquez, y los entrantes Alfredo Figueroa y Marco Antonio Baños, coinciden: a dos meses del inicio formal del proceso electoral en el que se renovará la Cámara de Diputados, es urgente recuperar la confianza de la sociedad.

“Llegamos a una institución hecha y la dejamos lastimada”, reconoce López Flores; “por cuidarnos la cara, no defendimos al IFE, y en esta responsabilidad a veces hay que dejarse partir la cara para defender la institución”.

Baños, quien niega tener militancia priista, inclusive convoca a los ciudadanos a mantener bajo escrutinio a los consejeros electorales: “Esa es una base para recuperar la confianza en la institución. En la nueva integración del Consejo General ese es un punto central: tenemos que recuperar credibilidad ante la opinión pública”.

Alfredo Figueroa, quien el viernes 15 asumió el cargo de consejero electoral –junto con María Macarita Elizondo Gasperín y Francisco Javier Guerrero Aguirre–, afirma que el IFE está “en un proceso refundacional y el reto enorme es reconstruir la credibilidad institucional. ¡No podemos seguir ofreciendo respuestas tímidas e inaceptables!”.

En una posición antagónica a la del presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, quien desde febrero, cuando asumió el cargo, se propuso “cerrar los expedientes de 2006”, como la destrucción de las boletas de la elección presidencial –que, ante litigios promovidos por el semanario Proceso, propuso que sean exhibidas en vitrinas– y dar carpetazo a las irregularidades en los spots no reportados de los partidos, Figueroa cuestiona:

“¿Qué va a ocurrir de manera definitiva con las boletas de 2006, más allá de exhibirlas en vitrinas? Necesitamos una respuesta institucional seria, con razones, fundada en derecho, pero también fundada en principios democráticos, y cómo la vamos a arropar.”

Añade: “No se puede decir: ‘Ya no queremos expedientes de 2006’. ¿Qué pasó con el asunto de los spots no reportados? Necesitamos una respuesta seria y definitiva alrededor de ese tema. No se pueden cerrar los capítulos de una elección por un acto declarativo. Además del acto declarativo, necesitamos ofrecer las razones y las explicaciones”.

Electo por la Cámara de Diputados como parte de la renovación escalonada del Consejo General, el fundador de Alianza Cívica y consejero del IFE en Puebla de 1999 a 2006 expone que la crisis del órgano electoral no obedece sólo al rompimiento del tejido social por la elección de 2006, sino a cuestionamientos diversos, como el método de integración del Consejo General y el de las televisoras, que ya no podrán vender espacios publicitarios a los partidos.

“El nuevo modelo de medios provoca que otro importante sector de la población, más por los recursos que tiene que por el número que son, tenga una posición de generar campañas de descrédito en contra de la institución. Ahora resulta que tenemos dos, tres o cuatro sectores de la población que cuestionan la actividad de la institución. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y decir que tenemos muchos opinadores profesionales que, por distintas causas, están señalando, descreyendo o dudando de la legitimidad del IFE. La única respuesta posible son hechos.”

Y por eso, más que las filiaciones partidistas que se atribuyen a los nueve consejeros electorales –cuatro de los cuales están identificados como cuota del Partido Revolucionario Institucional–, Figueroa afirma que el reto fundamental del IFE es tener una visión de Estado, y la “primera tarea” es que debe ser conducido de manera colectiva.

“La institución no la conduce ni el presidente ni un consejero, sino el Consejo General. Entonces, o aprendemos a conducir de modo colectivo con los nuevos actores sentados en esa mesa, o vamos a tener muchas dificultades para transitar por procesos electorales y vida pública sin estrellarnos o sin posibles choques.”

En este sentido, expone que los temas pendientes de 2006 no se pueden concluir “de un solo golpe”, sin la debida explicación. “De otra manera podemos hacer retórica y simulación, y no creo que estemos en condiciones de prácticas de ese orden. Yo he estado en contra, y ahí están las documentales públicas, de la simulación democrática”.

Propuesto por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque crítico de muchas de sus acciones y de su excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, Figueroa afirma que los consejeros están obligados a defender la autonomía del IFE como órgano de Estado.

“Es fundamental construir una visión de Estado en el funcionamiento del Consejo General, que no puede estar atrapado por rencillas y diferencias personales, etiquetas, estigmas y prejuicios. Debe ser un funcionamiento sin filias ni fobias a nadie.”

Y enseguida aclara: “Que tampoco haya confusiones, no estoy por un consejero de unanimidades. No voy a guardar silencio por una visión de institucionalidad asociada, por ejemplo, a encubrir la incompetencia, la ilegalidad, la ausencia de independencia. No voy a ser un consejero dispuesto, por una cierta visión de institucionalidad, al silencio. La democracia se construye con voz, no con silencio. Esa actitud asumiré a lo largo de mi trabajo”.

Baños: “Yo no soy priista”

Con la integración de Elizondo Gasperín, Guerrero Aguirre y Figueroa Fernández concluyó el proceso de relevo escalonado en el Consejo General del IFE, que comenzó con la destitución de Luis Carlos Ugalde como presidente y siguió con el nombramiento del sustituto de éste, Leonardo Valdés Zurita, y de los consejeros Marco Antonio Baños y Benito Nacif.

Del Consejo General presidido por Ugalde sobreviven Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez. En febrero finalizaron su encargo Alejandra Latapí y Rodrigo Morales, y esta vez fue el turno de Lourdes López Flores, Teresa González Luna Corvera y Andrés Albo.

Al contrario de la conformación original de 2003, cuando se establecieron dos bloques (los promovidos por la entonces priista Elba Esther Gordillo y aquellos impulsados por el Partido Acción Nacional), en la actual integración se observa que el PRI tiene cuatro de los nueve consejeros:

Virgilio Andrade, quien fue representante de ese partido precisamente en el Consejo General; Gómez Alcántar, si bien fue propuesto por el Partido Verde, es aliado del PRI; Baños Hernández, de larga trayectoria en el servicio electoral, aunque vinculado a Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas, y Guerrero Aguirre, confeso militante allegado al diputado Emilio Gamboa.

El PAN, por su parte, logró mantener a Sánchez Gutiérrez e impulsó a Elizondo Gasperín, de larga carrera en el Poder Judicial, así como a Nacif, amigo íntimo de Ugalde, pero allegado al PAN como asesor de Angélica Moya, exalcaldesa de Naucalpan, Estado de México, y de la fundación panista Humanismo Político.

A diferencia de 2003, cuando quedó excluido de la repartición de consejeros, el PRD ahora promovió a Valdés Zurita, antiguo activista de izquierda, y a Figueroa Fernández, de amplia trayectoria en organismos civiles, como Alianza Cívica y el Consejo Conciudadano para la Reforma Electoral.

Consultado al respecto, Baños afirma: “Yo no tengo ninguna militancia partidista. Nunca he militado en un partido político”.

Tiene, sí, una larga trayectoria administrativa, desde 1987 en el CREA, y luego ingresó a la Secretaría de Gobernación, en la Dirección de Desarrollo Político, a cargo del fundador del IFE y actual senador perredista Arturo Núñez y cuyo subsecretario era Manlio Fabio Beltrones.

“Se me ha dicho que soy parte del equipo del senador Beltrones porque trabajé con él desde entonces. No sé si se tenga una dimensión clara de lo que significa ser jefe de departamento y la relación que pueda haber con un subsecretario. Si saludé al ahora senador dos veces en dos años de trabajo, fueron muchas.”

Baños hizo carrera al crearse el IFE, en 1990, y trabajó tres lustros en diversos cargos, bajo las órdenes de José Woldenberg y de Luis Carlos Ugalde: “Dicen que estuve con Felipe Solís Acero, quien fue secretario ejecutivo y hoy es el brazo derecho de Beltrones, pero a él lo conocí aquí, en el IFE”.

Insiste: “Yo no veo la militancia priista por ningún lado. Se ha dicho que hay indicios y hay relaciones, y que hay gente que llega de ese partido al Consejo General, pero éste es el órgano más vigilado de este país. La publicidad de los actos no sólo está en la ley, sino que cada quien puede venir a las sesiones y presenciar los debates”.

Y reta a verificar su actuación: “Yo no he salido a la defensa ni de incrementar las multas a un partido o a que no se las impongan a un determinado partido. Ahí están las versiones estenográficas y las actas”.

El trabajo de los nuevos consejeros, dice, será vasto por la aplicación de la nueva ley electoral en materia de radio y televisión, de registro de electores y resolución de controversias; “nada más con esos temas tenemos para divertirnos y no para andar pensando en defender los intereses de los partidos”.

–Pero es real que hay una integración partidista.

–Aquí hay un detalle importante: el método para la designación de los consejeros electorales ha colocado a los consejeros electorales como parte de los partidos políticos. Los consejeros electorales podemos estar o no de acuerdo con ese método, pero no la impone el IFE, sino la Cámara de Diputados por mandato de ley.

“Si alguien, independientemente de sus cualidades profesionales, tiene interés en formar parte del Consejo General, tiene que participar en los mecanismos de selección establecidos, y eso atraviesa una auscultación de los propios grupos parlamentarios. ¿Ahí qué hace uno?”

“No siempre he votado por el PRI”

Sobre la integración partidista del IFE, Figueroa dice que, a diferencia de 2003, en las dos ternas de consejeros elegidas este año hubo un acuerdo unánime entre las fuerzas políticas y, además, un procedimiento para la selección. “Fue cuestionable y todo lo que se quiera, pero fue superior en términos de transparencia a lo que vivimos en 2003 y aun en 1996”.

Inclusive, dice, en la elección del consejo presidido por José Woldenberg hubo cuestionamientos: “No ha habido ninguna ocasión en que no haya habido un estigma en relación con cada uno de los consejeros”.

Por ello, propone que se juzgue a los consejeros por su actuación: “Sin ser inocente, creo que hay que formarse un juicio a partir de la evidencia plausible. Será en la práctica, en los actos concretos del IFE, cuando se acrediten las posiciones de cada uno”.

Y señala: “Reto a cualquiera a revisar mi historia y que me diga en qué momento he tenido yo una relación laboral, filial o de cualquier otro orden con el PRD o con López Obrador”.

–¿Pero sí conoce a López Obrador?

–Sí, sí lo conozco, pero no soy gente allegada a él. He intercambiado un punto de vista una vez en mi vida con López Obrador. No tengo ninguna relación con él de ningún orden.

Pero, además, discrepó con él como autoridad electoral en Puebla: “Yo estuve en desacuerdo con muchos de los planteamientos formulados, después de la elección de 2006, por el candidato López Obrador, como estuve en desacuerdo con muchos de los planteamientos de Felipe Calderón. Mi posición no quedaba bien con ninguno de los dos: ni creía en los planteamientos fantásticos ni estaba a favor del Prozac de la felicidad”.

Para Lourdes López, quien antes de ser consejera electoral fue autoridad del IFE en Nuevo León y Coahuila, sí se conformaron bloques de consejeros en función del partido que los propuso, como el PAN. “En sus posiciones tendió a coincidir a favor de los planteamientos que presentaba ese partido, aunque hemos sido etiquetados otros como un bloque de priistas, porque nos propuso el PRI y porque no íbamos con el PAN”.

–¿Usted ha sido militante del PRI?

–Vivimos en un país donde el régimen constitucional de partidos nos garantiza a todos los ciudadanos tener una preferencia política… Nunca he militado, nunca he estado registrada en el PRI.

–¿Pero es simpatizante?

–Como puedo simpatizar con otro partido. No siempre he votado por el PRI.

López aclara: “El principio de imparcialidad no significa no tener una preferencia política, sino que, independientemente de cuál sea esa preferencia, ésta no predomine, no se imponga en sus criterios, en su responsabilidad de tomar decisiones en el arbitraje y cumplimiento de la ley”.

Y recuerda: “El Consejo General siempre ha estado integrado por cuotas: más distribuidas en 1996, menos distribuidas en 2003, más abiertas en las renovaciones escalonadas, pero esa es una realidad. Son las reglas informales del sistema, que tienen efectos como si fueran reglas formales. Y se cuestionan mucho porque tienen una contradicción discursiva, pero eso ha pasado siempre”.

Como López Flores, Andrés Albo Márquez concluye también su encargo, aunque soslaya su vinculación con el PAN y su relación personal con Felipe Calderón para atenerse a su actuación pública, incluida su presidencia a la salida de Luis Carlos Ugalde.

“Sé de la polarización en el ánimo de la ciudadanía y si mi salida contribuye a facilitar el acuerdo entre las fuerzas políticas, a mejorar el ánimo social y a mejorar la credibilidad del IFE, bienvenida”, dice Albo, quien trabó relación con Calderón desde mediados de los noventa, en su calidad de director de Estudios Sociopolíticos de Banamex.

En el libro Los candidatos de carne y hueso, publicado en 2005, Salvador Camarena describe una reunión, en diciembre de 1995, en una cantina del centro de la ciudad, donde Calderón comunicó al grupo ahí reunido que quería ser presidente del PAN, pero pensaba que por joven no tendría apoyo.

“Estaban ahí, entre otros, Rodrigo Morales, amigo íntimo de Felipe y hoy consejero del IFE; Guillermo Valdés Castellanos, analista del Grupo de Economistas Asociados, GEA, y Andrés Salvo (sic), hoy también consejero del IFE. ‘Casi lloraba…’, recuerda Valdés. ¡Felipe, si quieres puedes’, le animaban los ahí reunidos.”

Albo lo desmiente: “Bajo protesta de decir verdad, esa reunión en esos términos no existió”. Y afirma que algunas de sus decisiones “no fueron en beneficio del PAN”, como lo documenta en el sitio de internet que con su nombre mandó construir para defender su actuación como consejero.

–¿Con la página pretende acabar con cualquier duda sobre una actuación facciosa de su parte?

–Quien lo lea y analice sacará sus propias conclusiones. Yo aporto elementos que creo objetivos.

Tags: Fraude, IFE, pais
Enviado en El pais | Sin comentarios »

(No Ratings Yet)

 Loading ...

Mario Marín: Medalla de Oro en Cinismo. Una vez más el gobernador demuestra ser invencible y se erige como el político más condecorado en su categoría. En estos Juegos Olímpicos su objetivo ha sido imponer un nuevo récord nacional, y lo consigue con un convoy de camiones del gobierno de Puebla destinados a repartir libros que en realidad iban vacíos. Su última hazaña lo coloca a un paso de superar las proezas del expresidente Carlos Salinas de Gortari, detalladas en su último libro.

Germán Martínez: Medalla de Oro en Controversias. El joven dirigente del PAN ha hecho historia al arrebatarle el título a su predecesor Manuel Espino. Finalmente pudo imponerse en una contienda altamente competida usando verbos como “guanajuatizar”. “Sabía que Espino me iba ganando y yo sólo quería demostrar que lo podía hacer mejor”, declara el atleta al hincarse ante la presea y hacer la señal de la cruz.

Josefina Vázquez Mota: Medalla de Bronce en Acrobacia. Nadie anticipaba que clasificara para la olimpiada de este año, y mucho menos que obtuviera una medalla al negociar hábilmente con el SNTE. La historia de Vázquez Mota este verano puede resumirse en una oración: sorprendió a algunas personas y dejó boquiabiertas a las demás. En las semifinales, hace algunas semanas, logró que el sindicato aceptara la competencia para la asignación de plazas y avanzó gracias a que el Banco Mundial comprometió públicamente su apoyo para la Alianza por la Calidad de la Educación. Habrá que seguirla de cerca, ya que suele generar expectativas para después defraudarlas.

Manlio Fabio Beltrones: Medalla de Oro en Judo. Con cada nuevo triunfo, el sonorense va abriendo camino para el regreso del equipo priista a Los Pinos. Su desempeño dominante hasta el momento es la noticia más sorpresiva desde la elección del 2000, en la que el PRI perdió la Presidencia después de 71 años de victorias ininterrumpidas. Sin embargo, pocos mexicanos se muestran entusiasmados con sus éxitos. El judo no es un deporte particularmente popular en México y se le asocia con trampas y escándalos del pasado.

Andrés Manuel López Obrador: Medalla de Plata en Boxeo. Cuando él compite, las gradas siempre están llenas de lopezobradoristas con camisetas amarillas que frecuentemente aplauden en momentos inapropiados o insultan a sus contrincantes. A pesar de recibir advertencias de los organizadores en torno a su predisposición a ignorar las reglas del juego, el boxeador se muestra apologético. “Cuando me subo al ring y escucho a todo el pueblo apoyándome, me siento como un rayo de esperanza”, dijo el pugilista al ser entrevistado después de su último round afuera del Congreso. “Me he trazado una meta y me puedo ver en la silla presidencial en 2012, así es que no voy a parar”, afirmó después de golpear a un reportero al que calificó de “vendido”.

Marcelo Ebrard: Medalla de Bronce en Carrera de Obstáculos. Poco después de ganar una medalla de oro en la contienda por el Distrito Federal en 2006, Marcelo Ebrard le dijo a su esposa: “Pero falta la grande, ¿y qué voy a hacer con López Obrador?”. “Tu tiempo llegará”, le respondió Mariagna Pratts. “Habrá otra competencia en 2012 y ganarás el oro”. Mientras tanto, el corredor entrena diariamente, intentando saltar por encima del News Divine, la inseguridad, los secuestros, el problema del agua, el caos vial y otros obstáculos en su camino. La clave –dice– es saber cuándo mostrar lealtad a AMLO y cuándo distanciarse de él; cuándo marcar distancia con Felipe Calderón y cuándo correr para aventajarlo. Y, sobre todo, cómo mantener la popularidad mientras tanto.

Felipe Calderón: Medalla de Bronce en Esgrima. A pesar de haber ganado la medalla de oro en este deporte hace dos años, Calderón desilusionó a sus “fans” al cometer errores notables y atípicos, incluyendo la estrategia que usó para promover y negociar la reforma petrolera. “Dejé que los priistas se aprovecharan de mí”, lamentó. “Pensé que podía confiar en ellos, pero no funcionó y ahora se presentarán como los ganadores”. El moreliense todavía se pregunta por qué cometió errores cruciales. Ante la sacudida emocional que ha padecido, sus compañeros de equipo en Acción Nacional intentan consolarlo. “No estamos enojados contigo. Todavía te queremos”, insisten.

Carlos Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo: Medalla de Oro en Clavados Sincronizados. Los campeones mundiales defendieron su título con la habilidad que siempre los ha caracterizado. Desde una plataforma de 10 metros practicaron acrobacias conjuntas antes de sumergirse en el agua de manera simultánea con sus relojes Rolex bien puestos. Saben cómo combinar el arte con el atletismo y acumulan puntos por el grado de dificultad de sus maniobras. Saben cómo ostentar su riqueza pero a la vez esconderla; liderar a sus agremiados y a la vez manipularlos; hacer saltos mortales y sobrevivir. Llevan años tirándose desde la plataforma sin padecer las heridas que han sacado de la competencia a sus rivales más peligrosos. Pero nadie ha sabido cómo superar la perfección de los giros, las vueltas y las marometas de esta pareja sin igual.

Santiago Creel: Medalla de Bronce en Maratón. Durante años, Creel parecía destinado a la gloria. Había estado tan cerca de la cima como luchador democrático, candidato al DF, secretario de Gobernación, candidato presidencial. Pero nunca logró lo que se esperaba de él en esas contiendas y después de su derrota frente a su correligionario Germán Martínez y las televisoras, muchos lo daban por muerto. Pero su participación en el maratón político demuestra que a pesar de los golpes que ha padecido, no está dispuesto a retirarse aún. Todavía parece dispuesto a someterse a las arduas demandas del deporte más extenuante del mundo. “Santiago es una persona increíble y todo un caballero”, dice alguien que corrió a su lado en los Juegos 2007 Contra Televisa. “Espero que pueda ajustar sus sentimientos de fracaso lo más pronto posible porque tendremos otras contiendas”, afirma un panista que todavía cree en él a pesar de todo.

Enrique Peña Nieto: Descalificado en los 100 Metros Planos. El IFE ha jurado encontrar y sancionar a quienes le han proporcionado sustancias ilegales al puntero del equipo priista. La posibilidad del doping –dicen– explicaría por qué aparece constantemente en la televisión y en primer lugar en las encuestas de popularidad. “Vamos a castigar a los responsables de violar la ley electoral, minar la equidad en las contiendas y dañar a nuestros atletas”, declaró un consejero del Instituto Federal Electoral, quien pidió conservar el anonimato.

Tags: espurios, esquiroles, fascistas, pais
Enviado en El pais | Sin comentarios »

(No Ratings Yet)

 Loading ...

Autor del libro La guerrilla recurrente, Carlos Montemayor considera que no cabe esperar mucho ni de la guerra contra el narcotráfico ni de la velada contrainsurgencia como opciones para pacificar al país, ya que, afirma, persistirá la principal causa de los levantamientos: la “injusticia institucionalizada que llamamos paz y estabilidad social”. Y en cuanto al papel de la Comisión de Mediación que busca contribuir a la presentación de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, el escritor dice a Proceso: Tan pobre es la visión del gobierno sobre las causas de los movimientos armados que esta instancia se halla en riesgo de desaparecer.

Después de poco más de tres meses de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) solicitara la creación de la Comisión de Mediación –con el fin de localizar a dos líderes guerrilleros presuntamente retenidos por fuerzas gubernamentales–, ésta corre el riesgo de desaparecer por la falta de voluntad política de la administración de Felipe Calderón.

El vocero de la comisión, el escritor Carlos Montemayor, advierte que ante las limitaciones que él y sus colegas han tenido en sus labores de mediación, plantearán al EPR y al gobierno federal si es factible proseguir los esfuerzos para localizar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.

“Los avances han sido mínimos –explica en entrevista el autor de La guerrilla recurrente–, pues los representantes gubernamentales con quienes nuestra comisión se ha estado entrevistando sólo se han reducido a un ofrecimiento de participación en expedientes procesales, y en ningún sentido a responder ni aclarar ni abundar en los tres documentos que les presentamos a ellos y que hicimos públicos el 13 de junio pasado.”

En esos documentos, la Comisión de Mediación sistematizó las demandas y quejas interpuestas por los familiares de los eperristas desaparecidos en instancias federales y estatales, judiciales y de derechos humanos; la ausencia de resultados de las dependencias; consideraciones de derecho internacional sobre desaparición forzada de personas (incluyendo los casos de Reyes Amaya y Cruz Sánchez), y finalmente seis observaciones y preguntas al gobierno mexicano surgidas durante las indagaciones.

En el documento Precisiones necesarias, uno de los tres que presentó la comisión el 13 de junio, se le cuestiona al subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, la reticencia del Ministerio Público Federal para integrar averiguaciones previas por la desaparición forzada de los eperristas, pese a que el delito de lesa humanidad está tipificado en la legislación mexicana.

También se pide aclarar quién es Alejandro Punaro, de quien la comisión recibió informes iniciales en el sentido de que se ostentó en octubre como “representante” del presidente de la República ante los familiares de los desaparecidos, y también como representante del Ejército y del Cisen para ejercer “presiones” y realizar “detenciones arbitrarias” de personas que consideraba vinculadas al EPR.

Los miembros de la Comisión de Mediación pidieron también a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que aclarara las actuaciones del entonces subsecretario, el general retirado Tomás Ángeles Dauahare, quien buscó canales de comunicación con la agrupación guerrillera por medio de integrantes de organismos civiles, así como la participación del Ejército en la detención de policías y peritos de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca el 26 de abril de 2008.

Más desapariciones

Autor también de las novelas Guerra en el paraíso y Las armas del alba, basadas en los movimientos guerrilleros rurales de Guerrero y Chihuahua de los años sesenta y setenta, Montemayor destaca que algunas de estas inquietudes fueron respondidas durante las indagaciones de los comisionados, entre las que destacan encuentros con el general Ángeles y con Punaro, exsubdirector de Terrorismo, Lavado de Dinero y Acopio de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR), jubilado en esta institución desde 2005 y que actuó como intermediario del general Ángeles en la búsqueda de familiares de los eperristas desaparecidos, y de canales de comunicación informales con el EPR.

El comisionado señala que pronto se darán a conocer dos documentos en los que se incluyen esas respuestas oficiales. En éstos, dice, se explicará a la opinión pública, al gobierno federal y al EPR “cuáles son los límites que la Comisión de Mediación está encontrando ante las numerosas pruebas de actuaciones en el asunto de los eperristas desaparecidos, las actuaciones del Ejército o de cuerpos policiales, más allá de los límites procesales que desde hace dos meses se nos ha ofrecido y se nos ha estado posponiendo como única señal de voluntad gubernamental.

“Explicaremos en sendos documentos lo que hemos valorado de actuaciones del Ejército, de actuaciones policiales y de búsqueda de mecanismos informales para que tanto el EPR como el gobierno mexicano decidan y aclaren explícitamente si las tareas de mediación de la comisión deben continuar o suspenderse de manera temporal, o definitiva, hasta nuevas señales o avisos.”

Montemayor explica que la comisión no tiene contacto directo con miembros del EPR ni con funcionarios del gobierno federal, y puntualiza: “El avance de las tareas de mediación sólo será posible por una demostración de voluntad política del gobierno mexicano más allá de lo procesal”, es decir, de que se facilite el acceso a las actuaciones ministeriales realizadas por la PGR en averiguaciones integradas por secuestro y no por desaparición forzada.

A raíz de las indagaciones que ha realizado la comisión, dice a Proceso, se ha podido comprobar que los casos de Reyes Amaya y Cruz Sánchez no son los únicos crímenes de lesa humanidad cometidos recientemente en el estado:

“Ahora que estuvo una parte de la comisión en Oaxaca se acercaron muchas personas, y tenemos información que necesitamos evaluar, pero que señala la desaparición de más personas.

“Del caso de una persona que fue desaparecida y después liberada, hemos obtenido una información valiosísima sobre el modus operandi de los agentes policiacos o militares, de presión a familiares mientras van recibiendo y confirmando la información que obtuvieron torturando al desaparecido.”

La “solución” militar

Ya en su libro La guerrilla recurrente, publicado en noviembre de 2007, Carlos Montemayor señalaba que la desaparición de los dos eperristas era “una clara operación de guerra sucia”.

En ese volumen, el escritor recopiló ensayos y artículos en los que aborda aspectos específicos de la matanza del 2 de octubre de 1968 y de la actuación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

También hace una revisión de los servicios de inteligencia en México y estudia la militarización en el contexto de la seguridad hemisférica y de la concepción del terrorismo adoptada a partir del 11 de septiembre de 2001. Pero, sobre todo, analiza las guerrillas rurales del EZLN y el EPR, así como las estrategias del Ejército Mexicano para combatirlas.

Al respecto, el escritor considera que entre los gobiernos del PRI y el PAN “no hay diferencias notables” en la forma de responder a los movimientos armados desde el punto de vista de “políticas de seguridad y de inteligencia”.

Sin embargo, dice que con la llegada del PAN al poder en el 2000, se advierte “una discontinuidad en los equipos de inteligencia y seguridad”, que se traducen en la “pérdida gradual de la memoria, de contactos y de enlaces”.

“Estoy seguro –reitera Montemayor– de que en las décadas anteriores había enlaces efectivos informales, o quizá formales, que permitían un seguimiento y un control de movimientos sociales, de movimientos de delincuencia y por supuesto de narcotráfico. Ahora esos enlaces no existen o son mínimos, pero no son imposibles.”

En contraste con el ámbito civil, en el militar “las tareas de seguridad y de inteligencia se han concentrado en el Ejército, que constituye hasta hoy la línea de avanzada, sin ruptura o sin aparente ruptura en las últimas décadas”.

Y aunque la recurrencia de las guerrillas rurales obedece a causas sociales que generan inconformidad, en la historia de México también es recurrente el agotamiento de canales de solución pacífica, así como las reacciones del Estado; por ejemplo, “creer que con la desaparición física de esos grupos se concluye o soluciona el conflicto social provocado por el alzamiento armado”.

La represión generalizada e indiscriminada en comunidades enteras para socavar los movimientos rurales y su respaldo social, explica Montemayor, “deja secuelas en todas las familias de una región que asegura o facilita que en la siguiente generación tomen, con rencor o con justicia suficiente, otra vez las armas”.

El ejemplo claro, agrega, es el EPR, que tiene como antecedentes el Partido de los Pobres (PDLP), el Partido Revolucionario Obrero Clandestino (PROC) y Unión del Pueblo (UP), después se formó el PROCUP y luego el PROCUP-PDLP.

Apunta: “El EPR es la demostración más contundente de que los métodos de análisis políticos y militares del gobierno, y la estrategia de contrainsurgencia por lo menos en los últimos 40 años, son equivocados e insuficientes, ya no para comprender los alzamientos armados como procesos sociales, sino incluso en su propia naturaleza bélica”.

La existencia misma del EPR “es una demostración concluyente de que las condiciones sociales que privan en el sur de México, por referirme a los estados donde se encuentran las bases principales, siguen siendo las mismas; además, su continuidad es una evidencia de que hay cambios de contingentes y dirigentes por generaciones”.

Montemayor resalta que la expansión de fuerzas militares en el país “en un aparente combate total contra el crimen organizado, tiende una cortina de opacidad sobre las actividades y alcances reales del Ejército en zonas rurales, donde el conflicto social, extrema pobreza o extrema injusticia social es mayor”.

En Chiapas, en donde el EZLN tiene bases sociales, así como en Oaxaca y Guerrero, donde las tiene el EPR, “es muy posible que gran parte de las tareas del Ejército Mexicano, además de enfocarlas a la lucha contra el narcotráfico, estén escudándose con ese pretexto para continuar una lucha de socavamiento social para movimientos populares armados o de posible descontento social”.

De ser así, agrega, se estaría recurriendo a “la estrategia militar de confundir el núcleo armado con la totalidad del movimiento de insurrección. Es un error que se revela como tal en muchos momentos y que obliga a los gobiernos y a los ejércitos a dos métodos alternos a la sola represión militar”.

Esos métodos son la implantación de proyectos de desarrollo social “supeditados a la evolución de la estrategia militar” y la creación de grupos paramilitares “en comunidades dóciles a los gobiernos federal o regionales, para que actúen como presión en las comunidades o regiones de inconformidad social que protegen, o son susceptibles de proteger, a movimientos armados”.

Montemayor considera que la “aparente militarización” que implica la participación de las tropas en el combate al narcotráfico es un reflejo de “la incapacidad del gobierno mexicano para controlar el crimen organizado, así como la incapacidad política de los gobiernos mexicanos para organizar, controlar y conservar cuerpos policiales fortalecidos y cohesionados”.

Puntualiza que actualmente diversas actividades militares “son encubiertas o son riesgosas para el Ejército mismo; además de los servicios de inteligencia, de seguridad para el Ejército, están arriesgando cada vez más el desarrollo de una sociedad rural, y lentamente (también el) de una sociedad urbana cada vez más polarizada, cada vez más empobrecida y a futuro menos controlable”.

En La guerrilla recurrente, Montemayor reflexiona acerca de la pobre visión de los servicios de inteligencia mexicanos sobre las guerrillas, que “reduce el análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, no por su significación política”.

“La guerrilla es siempre un fenómeno social” –dice en uno de los textos de ese libro–, y en el momento en que se elimina esa consideración en los análisis gubernamentales, “se reduce su respuesta a medidas de represión selectiva o desbordada”.

Montemayor recuerda que antes de que surja una guerrilla, hay “una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad”.

Por eso, advierte, no bastan las medidas militares: “Con la hipotética desaparición de los grupos guerrilleros no desaparecerían las necesidades sociales y políticas de México, ni la pobreza y la corrupción, que son en sí mismas la base de la injusticia permanente e institucionalizada que llamamos paz y estabilidad social”.

Tags: Derechos Humanos, guerra, guerrilla, proceso
Enviado en Derechos Humanos, El pais | Sin comentarios »

(No Ratings Yet)

 Loading ...

Pocos días después de haber declarado públicamente que el gobierno de Felipe Calderón está obligado a responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, las representantes de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), denunciaron que las oficinas de esta agrupación fueron “allanadas” entre el 26 y 27 de julio pasado por personas que buscaban documentación específica.

Fue hasta el lunes 28 cuando la directora general de esta organización feminista, Lucía Lagunes, y la coordinadora de Información de la misma, Carolina Velásquez, se dieron cuenta del hecho y lo denunciaron ante la sexta agencia investigadora del Ministerio Público del Distrito Federal, donde se abrió la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/1195/08-07.

Lagunes y Velásquez consideran que no se trató de un simple robo, porque únicamente desaparecieron algunos equipos de cómputo, y quienes los sustrajeron no revisaron todos los escritorios, sino solamente los de ellas. Entre los objetos que se llevaron se encuentran grabadoras, casetes y discos con información de Inmujeres, así como de la Red de Atención a Periodistas.

Se trata, afirman, de “un acto de intimidación hacia CIMAC y sus integrantes” debido a que han dado seguimiento a casos relacionados con violaciones sexuales a mujeres por parte de elementos del Ejército, con los feminicidios de Ciudad Juárez y con ataques en contra de periodistas.

“Hemos colocado el acento en la política de simulación que existe en este gobierno en materia de derechos humanos, además de la criminalización que se ha hecho de la protesta, la organización social y de la actividad de las organizaciones mismas. Es una política que hay desde el gobierno federal contra las asociaciones que trabajan a favor de los derechos humanos”, sostiene Lagunes.

Y añade: “Cometimos el ‘pecado’ de haber denunciado en el ámbito internacional la violación de derechos humanos en el país. Colocamos el reflector en ese sentido y eso no lo perdonan”.

Retrocesos

En una nota publicada el pasado 25 de julio, la agencia de noticias de CIMAC dio a conocer que la representante para México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Vanesa Coria, anunció que en noviembre de este año o febrero del próximo es probable que se realice una audiencia pública en San José, Costa Rica, en la que se tratará el tema de la violación de los derechos humanos en México.

La activista criticó al gobierno federal: “En lo que va de la administración de Felipe Calderón, las violaciones a los derechos humanos que se han cometido se equiparan con las que se infligieron durante el pasado sexenio de Vicente Fox y están relacionadas, principalmente, con la militarización del país, cateos ilegales y la impunidad”.

La agencia de CIMAC, comenta Velásquez, da seguimiento a temas que cuestionan o incomodan al gobierno, como la decisión de la Corte Interamericana en torno a la actitud de la administración calderonista respecto de las muertas de Juárez.

Hasta la fecha, CIMAC ha documentado la muerte de tres mujeres en la sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, la misma región donde falleció Ernestina Ascencio, de 73 años, por presunta violación cometida por militares.

Se trata de Susana Xocua, Adelaida Amayo y Anastacia de Cruz Verde, indígenas de edad madura que fueron violadas y asesinadas por presuntos soldados y a las que no se les ha hecho justicia. Por el contrario, la procuraduría de dicha entidad sostiene que las causas de muerte de las señoras son “naturales” o de índole diversa.

El organismo feminista se ha ocupado en revisar las acciones emprendidas por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, que encabezó Guadalupe Morfín, actual fiscal especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). CIMAC afirma que esta fiscalía cuenta con recursos pero, sostiene, nadie sabe dónde opera.

Son varios los asuntos controversiales de los que se ha ocupado la organización que preside Lucía Lagunes, entre éstos el de las violaciones sexuales contra 14 mujeres cometidas por soldados la madrugada del 11 de julio de 2006 en el municipio de Castaños, Coahuila; el seguimiento a una resolución que deberá emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la constitucionalidad de la ley que amplió las causales, además de la violación, para permitir que una mujer aborte; y, así mismo, ha denunciado la inacción de las autoridades ante la trata tolerada de personas en el país, sobre todo en contra de mujeres y niñas.

La directora de CIMAC sostiene que desde que el PAN llegó a la Presidencia los espacios de investigación en materia de derechos humanos y defensa de las mujeres ha sufrido un retroceso, y añade que los proyectos de coinversión del Instituto Mexicano de Desarrollo Social (Indesol) han dado un viraje hacia la derecha, pues hoy benefician a organizaciones católicas y a misioneros.

Ahora, precisa Lagunes, la política consiste en dar prioridad al apoyo económico a organizaciones conservadoras y de derecha, más por su orientación ideológica que por el valor de sus proyectos y propuestas.

El actual gobierno, dice, ha llegado al extremo de poner bajo sospecha a organizaciones progresistas y democráticas que no le son gratas, al acusarlas de recibir financiamiento ilegal del exterior.

Al respecto, señala que el PAN presentó en el Senado una iniciativa de “ley de cooperación” –que está siendo analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales de este cuerpo legislativo– mediante la cual se busca limitar o impedir que las organizaciones sociales reciban financiamiento del extranjero.

“Si esto ocurre, todos los organismos, salvo Provida, trabajaríamos en condiciones muy difíciles”, asegura.

Tags: Derechos Humanos, proceso, represion
Enviado en Derechos Humanos | Sin comentarios »

(No Ratings Yet)

 Loading ...