La investigación para esclarecer el secuestro y muerte del joven Fernando Martí, iniciada a principios de agosto, no sólo se mantiene estancada, sino que incluso comienzan a surgir contradicciones e inconsistencias que debilitan las acusaciones en contra de tres de los policías judiciales implicados. Es más: El 29 de agosto la abogada Silvia Raquenel Villanueva, famosa por defender a personajes del narcotráfico, renunció a la defensa del agente José Luis Romero Ángel, por “sentirse en un estado de indefensión” para ejercer su trabajo.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aún no ha podido comprobarles nada a tres policías judiciales arraigados como presuntos partícipes en el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, y a quienes las autoridades señalan como miembros de la banda de La Flor, caracterizada por asfixiar a sus víctimas con bolsas de plástico y colocar crisantemos sobre sus cuerpos.
En esta indagatoria, en la que trabajan de manera conjunta la PGJDF y la PGR, las acusaciones por secuestro, homicidio y delincuencia organizada contra José Luis Romero Ángel, Marco Antonio Moreno Jiménez y Fernando Hernández Santoyo, arraigados por 90 días desde el sábado 2 de agosto, se debilitan por falta de pruebas.
Además, Christian Salmones, el escolta de Fernando Martí y una de las piezas clave para esclarecer este caso, no reconoce a ninguno de los tres judiciales acusados del secuestro del menor.
De continuar sin resultados, la procuraduría capitalina tendrá que indagar en otras pistas, como el entorno familiar. Alejandro Martí, padre del joven, pidió que no se investigara esta línea.
El caso del plagio y asesinato de Fernando Martí, cuyos padres pagaron 5 millones de pesos por el rescate, provocó un escándalo social y se está utilizando para presionar el gobierno de Felipe Calderón, quien el jueves 21 encabezó la firma del Acuerdo Nacional por la Justicia y la Legalidad, una medida emergente para frenar a la delincuencia.
Así mismo, ese plagio fue el detonante de la megamarcha realizada el sábado 30 en la Ciudad de México, en la que la ciudadanía y diversas organizaciones sociales expresaron su repudio contra la delincuencia y criticaron los desatinos del gobierno federal frente a la ola criminal que agobia al país.
Sin embargo, el entorno que envuelve la investigación comenzó a viciarse. El viernes 29, la abogada Silvia Raquenel Villanueva, sobreviviente de cuatro atentados en los que estuvieron implicados capos del narcotráfico, renunció a la defensa del agente José Luis Romero Ángel, uno de los primeros acusados por el secuestro del menor.
La abogada –famosa por defender a personajes de la delincuencia organizada– dice que ha enfrentado “muchos problemas” con la Procuraduría General de la República (PGR) y con la PGJDF para tener acceso al expediente. “Nos han negado las copias de la averiguación previa, y así no se puede trabajar una adecuada defensa”, afirma.
Entrevistada vía telefónica, la defensora dice que por ahora no puede revelar las razones de fondo que la orillaron a tomar esa decisión.
–¿La amenazaron? –se le pregunta.
–Más o menos… Por ahora no estoy en condiciones de hablar…
En un oficio, Villanueva y la abogada Fátima Nayeli García García, la otra defensora de Romero Ángel, le dicen al agente del Ministerio Público Investigador (Unidad Investigadora del turno tercero en investigación para la seguridad de las personas e instituciones de la PGJDF) que renuncian a la defensa de su cliente por no haber seguridad para continuar con su trabajo.
El documento detalla:
“Que concurrimos en términos del presente escrito a fin de renunciar al cargo conferido dentro de la presente indagatoria, lo anterior por considerar que no se tiene la seguridad para el ejercicio de nuestra profesión y encontrarnos en un estado de indefensión para ejercerlo, por lo que solicitamos de manera urgente sea notificado al hoy indiciado, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y nombre nuevos abogados o se le asigne el de oficio.”
Las primeras pistas
Tras la aparición del cuerpo de Fernando Martí y de su chofer Jorge Palma Lemus, el padre del menor, Alejandro Martí, declaró a la PGJDF que cuando se enteró del plagio de su hijo le comentó a su amigo Óscar Paredes los detalles de lo sucedido. Su interlocutor le respondió que era el mismo procedimiento utilizado por la banda que secuestró al joven Ángel Orozco Huidobro el 5 de mayo de 2007. El plagiado recobró su libertad tras el pago de 2 millones de dólares; luego declaró que uno de sus secuestradores traía una hoja en la que estaba impresa una fotografía idéntica a la que le tomaron cuando tramitó su licencia de manejo.
En su declaración ministerial, Alejandro Martí mencionó también que su amigo le habló de otros secuestros. Uno de éstos fue el de Laura Alejandra Gaytán Sámano, ocurrido el 23 de octubre de 2007. Días después, el chofer de Gaytán apareció muerto con una flor blanca en la boca; otro fue el de los hermanos Alexis y Adriana Águila Ávalos, ocurrido el 8 de mayo pasado en el Estado de México.
Alejandro Martí refirió que el secuestro de Ángel Orozco muestra una estrategia similar a la que se utilizó en el caso de su hijo Fernando, por lo que, dijo, no tiene duda de que detrás del plagio del menor están involucrados elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal.
Con base en lo anterior, la PGJDF comenzó un rastreo de información para conocer los movimientos del personal policiaco y las acciones realizadas a través del sistema de cómputo. Su propósito era saber si algún elemento solicitó información confidencial ajena a las investigaciones en curso.
Entre los investigados se encuentran 14 policías, todos ellos subalternos de Romero Ángel. Con base en las pesquisas y debido a la presión social derivada del escándalo por la muerte de Fernando Martí, se robustecieron las sospechas contra el agente Romero Ángel, quien de inmediato fue sometido a arraigo judicial para investigar su probable participación en el secuestro del joven Martí.
Tras la detención de Romero Ángel, quien fungía como comandante de la Policía Judicial en la delegación Venustiano Carranza, se dijo que había utilizado su jerarquía dentro de la PGJDF para solicitar información secreta sobre los escoltas a cargo de la seguridad del menor Fernando Martí.
De acuerdo con la averiguación previa PSPI/T3/1005/08-06, a la cual este semanario tuvo acceso, los informes que presuntamente solicitó Romero Ángel no se refieren a la escolta de Fernando Martí, como se dijo originalmente, sino a Ángel Orozco Huidobro, el empresario secuestrado en mayo de 2007 en un operativo similar al del joven Martí.
En ese expediente la respuesta que la Secretaría de Protección y Vialidad hizo llegar a Romero Ángel incluye los datos sobre Orozco Huidobro, el cual tiene el folio 141009. Lo que no aparece, y este es uno de los nudos de la investigación, es la solicitud presuntamente elaborada por Romero Ángel para obtener los datos.
Según el procedimiento interno de la PGJDF, las solicitudes de información sólo se realizan cuando una persona está relacionada con una investigación o averiguación previa; se elabora la petición, se incluye el nombre del agente que la solicita y se concentra en la Dirección General de Estadística y Política Criminal de dicha procuraduría.
Los abogados de Romero Ángel sostienen que dicho documento no existe, por lo que no se le puede probar a su cliente que haya solicitado información confidencial sobre alguna persona.
Del rastreo realizado en la Dirección General de Estadística y Política Criminal se desprende que la Secretaría de Protección y Vialidad respondió la solicitud –que no aparece– al amparo de dos números de oficios CV-3/T1/3422/06-ll (turno 1) y VC-3/T2/3422/06-ll (turno 2).
Aunque el procurador capitalino, Miguel Mancera, insiste en que Romero Ángel, Marco Antonio Moreno Jiménez (de éste se afirma que tuvo contacto por su celular con los plagiarios de Fernando Martí) y Fernando Hernández Santoyo sí están relacionados con secuestros, falta acreditar que los tres participaron en el secuestro y muerte del menor.
Sin embargo, el trabajo de investigación no parece fácil para la PGJDF, pues una de las esperanzas era que Christian Salmones, el escolta de Fernando Martí, reconociera a los policías arraigados, lo cual no ocurrió. Tras su recuperación, en el hospital de Xoco, Salmones fue llevado a las instalaciones de la PGJDF para que identificara a Romero Ángel a través de la cámara de Gesell, pero no lo reconoció.
La versión del escolta
Christian Salmones, único sobreviviente del secuestro de Fernando Martí y sobre quien la procuraduría capitalina había fincado las esperanzas para esclarecer el caso, poco aportó en su declaración ministerial y cayó en contradicciones.
En su testimonio Salmones contó que el 30 de mayo acudió a una empresa ubicada frente al World Trade Center, y tras entrevistarse con el comandante Fernando Ventura y con Ernesto Mendieta, quien a la postre fue contratado para negociar la liberación del menor, comenzó a trabajar para la familia Martí a partir del 2 de junio –dos días antes del plagio–, haciéndose cargo de la seguridad del menor Fernando Martí. Su horario era de nueve de la mañana a siete de la noche, y su trabajo consistía en llevar al menor a la escuela, esperar su salida y trasladarlo adonde el muchacho le indicara.
Según dijo, le asignaron un BMW blindado de color gris, propiedad de Alejandro Martí. Detalló también que solía salir con el chofer Jorge Palma Lemus y que se sentaba en el asiento delantero, mientras que el menor iba en la parte trasera del auto; que siempre tomaban la misma ruta: Ciudad Universitaria-Perisur; que Fernando Martí entraba a la escuela a las 7:30 de la mañana y salía a las 2:30 de la tarde.
Contó también que el día del secuestro tomaron la misma ruta. A la altura del estadio de futbol de Ciudad Universitaria vieron un retén, había conos y vehículos, uno de los cuales era un Neón oscuro de modelo reciente. Cerca de los autos había como 15 sujetos vestidos con pantalón de mezclilla y chalecos. Les marcaron el alto:
–¡Deténganse! –les gritaron.
En ese momento –de acuerdo con Salmones– se acercó un sujeto como de 1.70 de estatura, con la barba medio crecida, lentes oscuros y gorra azul y un chaleco de bolsitas sin logotipos.
Y continuó:
Traían armas largas, se dirigieron sobre el señor Palma (el chofer) y le dijeron que se trataba de una revisión. Nos bajaron del coche, se acercaron ocho personas, dos se fueron sobre el señor Palma y seis me rodearon junto con el joven Fernando Martí.
Nos cubrieron la cabeza con una bolsa oscura y nos subieron a una camioneta Voyager. Ya a bordo nos revisaron y nos preguntaron si traíamos armas. Les dijimos que no y nos pidieron que agacháramos la cabeza.
Circulamos unos 30 minutos, más o menos, en línea recta. Por lo que sentí, pasamos pocos semáforos, íbamos sin zigzaguear… Luego llegamos a una casa, oí el rechinido de un portón viejo que se abrió, metieron la camioneta. El piso era de azulejo. Apenas entramos a un cuarto nos aventaron sobre un colchón, me quitaron los lentes, me vendaron y me esposaron. Le hicieron lo mismo a Palma y a Fernando.
Luego escuché la voz de una persona madura, fuerte y de manos toscas. Yo le dije a este sujeto que tenía dos días trabajando. Al chofer le preguntaron si sus patrones podían pagar 35 millones de pesos y el chofer dice que no conoce la situación financiera de sus patrones, pero que posiblemente lo podían juntar, aunque no (sabe) en cuánto tiempo.
Dos horas después de llegar a la casa (de seguridad) me enteré que la familia estaba negociando. El día 5 (de junio) nos dieron de cenar tacos de canasta, luego me dijeron que nos iban a dejar ir a mí y al chofer; que saldríamos esposados y que nos darían un billete para el taxi; que cuando nos bajáramos del vehículo teníamos que contar hasta cien y luego ya podíamos voltear. Luego tendríamos que dirigirnos a la casa de nuestros patrones.
A pesar de la falta de pruebas para acreditar que los tres agentes participaron en el secuestro y muerte de Fernando Martí, el procurador capitalino Miguel Mancera sostiene que los policías sí están involucrados en el plagio y asesinato del menor.
Explica: “Contamos con una serie de elementos que se van entrelazando. Aún son indicios, no hemos lanzado al vuelo las campanas y estamos robusteciendo esa investigación… Los datos nos están apuntando a que estas personas arraigadas sí tengan participación en el delito de secuestro y con el caso (Martí) que estamos investigando…”.
La PGJDF no descarta que, además de los 14 agentes capitalinos investigados, puedan estar ligada al caso una red de policías federales, muchos de ellos adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que lo mismo participan en secuestros que en la protección a narcotraficantes.
Tags: investigar, secuestros
Enviado en Derechos Humanos, El pais | Sin comentarios »
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Irrumpe en la cabina y desconecta equipo de cómputo y transmisor.