BUSH LLAMA AL G/8 A “PRESERVAR EL CAPITALISMO DEMOCRÁTICO”

Mar 21 Octubre, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

Pedro Echeverría V.

1. El presidente yanqui, George W. Bush, está desesperado (semanas antes de dejar el poder) porque la economía de su país se cae en pedazos en medio de una aguda crisis y su ejército es derrotado en Iraq, así como repudiado en todas partes. Bush quizá pasará a la historia como el presidente más funesto y asesino de los EEUU. Aunque otros presidentes que le antecedieron (Papá Bush, Reagan, Nixon, Johnson) de igual manera se fueron manchados de sangre, bebe Bush la regó por toneladas entre inocentes de Afganistán, Iraq, en los países árabes y de América Latina. Para tratar de lavar sus culpas y honra, Bushito (el ulerito) anunció una cumbre para preservar el capitalismo democrático y un compromiso con el “libre mercado, la libre empresa y el libre comercio”. ¿Podrás imaginarte de qué “capitalismo democrático” habla?

2. Aparentemente (según se ha difundido en los medios) el capitalismo explotador y asesino, cuyos partidarios llaman “democrático”, es permanente e irremplazable porque lleva más de 500 años de vida. No dejan de subrayar que el socialismo (según lo han interpretado) fue un “rotundo” fracaso porque sólo vivió 72 años, es decir de 1917 con el triunfo de la revolución rusa hasta 1989 con la caída del llamado Muro de Berlín. Sin embargo, para cualquier persona con algunas lecturas o ideas de la historia y de la política, las cosas han sido radicalmente distintas porque ni el socialismo existió en parte alguna ni el capitalismo ha permanecido sin los cambios necesarios para poder adaptarse a la época, aunque conservando sus principios esenciales de explotación y desigualdad.

3. Los 72 años de “socialismo” en Rusia, así como en China, Cuba y los países de Europa oriental, sólo fueron experiencias de economías planificadas y centralizadas desde el poder del Estado. Las tres primeras fueron revoluciones populares triunfantes que se hicieron en nombre de Marx, luego también de Lenin, que en medio del mercado y el cerco de países capitalistas buscaron voluntariamente desarrollar economías comunitarias e igualitarias en medio de dificultades productivas y de mercado; pero también, hay que decirlo, sufriendo permanentes agresiones militares y económicas imperiales. Todas esas dificultades, como sucedió en la Europa del Este (decretadas “socialistas” después del reparto de las zonas de influencia al concluir la Segunda Guerra) contribuyeron a la formación de aparatos burocráticos no socialistas.

4. A pesar de que en la ONU, en el mundo, fueron conocidos como “países socialistas”, la realidad es que asestaron un golpe al Estado burgués y eliminaron el capitalismo privado individual pero crearon una gigantesca burocracia política que de socialismo sólo tenía el discurso. En los hechos ningún gobernante o empresario obtuvo en esos países gigantescos capitales o herencias vía plusvalía o ingresos salariales como en el capitalismo, aunque sí el poder centralizado creó muchos privilegios de goce colectivos para funcionarios de Estado. En tanto en el capitalismo (que llaman democrático) hay libertad para acumular gigantescos capitales y privilegios para una minoría ínfima, mientras el 70 por ciento de la población muere de miseria y hambre, en el llamado socialismo no hay ni un extremo ni otro.

5. Tan que nunca hubo socialismo marxista en Rusia y en China que bastaron unos cuantos años (desde la muerte de Mao en China en 1976 y el ascenso de Yeltzyn en Rusia 13 años después) para que se reinstalara la gran propiedad privada, la explotación intensa del trabajo asalariado y la economía de mercado. Ahora la opresión es mucho más brutal en esos dos países y la propiedad es cada vez más polarizada. Si bien la lucha de clases y el trabajo asalariado (características determinantes del capitalismo) nunca desaparecieron durante el llamado socialismo, con el capitalismo clásico éstos se han intensificado. En conclusión: en tanto que el capitalismo hay libertad para que los multimillonarios sigan acumulando riquezas y el llamado “socialismo real” la propiedad individual está prohibida pero la burocracia “socialista” goza de privilegios.

6. Desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959 los revolucionarios fidelistas buscaron acabar con la burocracia y el centralismo “socialistas” para instrumentar una revolución más fresca, con aliento tropical antiburocrático, una revolución socialista democrática. Sin embargo el bloqueo económico y las intervenciones yanquis armadas contra Cuba obligaron a centralizar fuertemente el poder en manos de los fidelistas. Cuba tuvo que basar (no le quedó otro camino) su bloqueada economía en la ayuda o el apoyo de la Unión Soviética y otros países del bloque; pero también su revolución tuvo que sufrir las deformaciones burocráticas que soportó la URSS y el bloque de países que conformaban el llamado “campo socialista” que pudo casi exterminar el capitalismo privado pero no el trabajo asalariado y la plusvalía.

7. Pero presidentes como los yanquis, los mexicanos, los británicos o los israelíes se regodean hablando de la democracia y la libertad que se dan en la economía capitalista de mercado. ¿Se había visto o escuchado mayor cinismo? Nuestro luchador social más importante de la historia de México, el anarquista Ricardo Flores Magón, nos enseñó que para que haya democracia y libertad política se requiere también democracia, libertad e igualdad económica; si esto no es así entonces es demagogia o engaño puro. Los ricos, desde que nacen tienen todas las ventajas de ganar; los pobres, por el contrario, todas las desventajas en el trabajo, la escuela, en la alimentación, el transporte, en las relaciones sociales. Con razón el dirigente campesino Emiliano Zapata llegó a decir, que la escuela en vez de igualar contribuía a una mayor desigualdad.

8. Noam Chomsky, el escritor y pensador norteamericano, escribió: “La política es la sombra que la gran empresa proyecta sobre la sociedad, según concluyó John Dewey, y así seguirá siendo, mientras el poder resida en los negocios para beneficio privado a través de un control sobre la banca, sobre el suelo y sobre la industria, un poder que se ve ahora reforzado por el control sobre la prensa, sobre los periodistas y sobre otros medios de publicidad y propaganda. Los EEUU tienen un sistema de un sólo partido, el partido de los negocios, con dos facciones, republicanos y demócratas. Señala que entre éstos hay diferencias pero que, en lo esencial, sirven a poderosos intereses imperialistas. Esta es la democracia que de libre comercio, libre competencia y libre mercado que Bush defiende. Es la democracia que hace multimillonarios a los ricos y convierte a los pobres en miserables.

9. Así que Bushote (el ulerote), que junto con los más poderosos empresarios y altos políticos del planeta, definen al capitalismo como libre y democrático, están hablando de un capitalismo de economía mundial globalizada que sólo sirve a los intereses de un puñado de capitalistas. El capitalismo de libre competencia real sólo existió hasta mediados del siglo XIX. Desde entonces ese capitalismo de “libre competencia” fue enterrado por el imperialismo que dio el poder a los poderosos oligopolios, monopolios y sociedades transnacionales que imponen de manera unilateral no sólo los precios sino que también la producción, la distribución y el consumo. Restaurar el capitalismo es sólo reestructurar la dominación mundial que ahora se define por la carrera nuclear interplanetaria en la que los países del G/8 están en abierta competencia.

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Entrega del reconocimiento Ricardo Flores Magón

Mie 01 Octubre, 2008 Un comentario Imprimir Imprimir

El día de ayer 30 de septiembre del 2008, después de algunas cosas raras y extrañas, bueno raras para unos, pero siendo practicas comunes por la izquierda del este país (si de esas que tiene la política), se realizo la entrega de los reconocimientos “Ricardo Flores Magón”, que organizo el Consejo Nacional de Comunicadores Ciudadanos, que encabeza la compañera Patricia Barba, mismo que se efectúo en el Club de Periodistas.

Este reconocimiento fue entregado a:

Verónica Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés, Juan González del Castillo (todos ellos fallecidos) y a Lucía Andrea Morett (Sobreviviente), victimas de los ataques de Álvaro Uribe y del Gobierno de Estados Unido, en Sucumbíos Ecuador, así como a las periodistas Triqui Teresa Bautista y Felícitas Martínez, asesinadas por realizar sus actividades periodísticas y al periodista Bradley Roland Will, asesinado en Oaxaca, por el gobierno de ese estado.

Este reconocimiento fue entregado también a Ignacio del Valle, actualmente preso, Integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y al Cineasta Salvador Díaz.

En las intervenciones los Padres y familiares de los compañeros fallecidos y sobrevivientes en Sucumbíos, el compañero integrante de los Amigos de Brad, los compañeros integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, el compañero integrante de la agencia Internacional de Prensa Indígena y el Cineasta Salvador Díaz, manifestaron su gratitud, por la entrega del premio “Ricardo Flores Magón” y mencionaron que no descansaran hasta que se haga justicia, no solo a sus hijos si no a todos los que han caído por luchar contra el imperialismos, por defender los derechos humanos y por realizar las labores del verdadero periodismo.

Ponemos audios completos del evento y algunas fotografías, de igual manera agradecemos a Cencos por el apoyo proporcionado a Patricia, para la realización de este evento.


Audio 1

Audio 2

Audio 3

P.D. El material no tiene copyright pero darle crédito a la nada no es como muy ético que digamos.

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Prensa amenazada

Lun 11 Agosto, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

En las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón los ataques a la prensa crearon un clima de riesgo para la actividad informativa. Esta es una de las conclusiones de la misión internacional que en abril pasado se reunió en México y documentó –en un informe que hará público en los próximos días– la forma en que los gobiernos estatales y el federal presionan y atacan a los medios que no se autocensuran.

El panorama para ejercer el periodismo en México es grave e inquietante, concluye el diagnóstico obtenido por la misión internacional de 13 organismos no gubernamentales que visitó el país en abril, y cuyo informe sobre la libertad de prensa es categórico desde el título: La sombra de la impunidad y la violencia.

Definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como uno de los cinco países “con el mayor nivel de delincuencia organizada del planeta”, y donde 24 periodistas han sido asesinados, ocho permanecen desaparecidos y decenas han sido agredidos solamente en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón –como se documenta en el informe –, México padece numerosos obstáculos para la actividad informativa:

“La misión internacional encontró que los principales obstáculos para el ejercicio periodístico libre en México son: el crimen organizado, que ha generado un clima de terror; la corrupción; la impunidad; las agresiones directas por parte de corporaciones policiales y castrenses, y la falta de voluntad política federal y estatal para resolver los ataques contra los periodistas y para garantizar su seguridad.”

La delegación de organismos que documentaron los ataques contra periodistas y medios de comunicación destaca en su informe –que se hará público en los siguientes días y del que Proceso tiene copia– que “prevalece la estigmatización gubernamental sobre el trabajo de los periodistas” y son “frágiles o inexistentes los mecanismos y manuales de prevención y protección para la seguridad de medios y periodistas”.

La delegación en su informe constata –“con mucha preocupación”– que “a pesar de los índices de violencia contra los comunicadores, no existe solidaridad entre los informadores, los medios de comunicación y hacia los familiares de los periodistas asesinados o desaparecidos”. Y califica de “alarmante” el nivel de vulnerabilidad e incertidumbre en que se encuentran las radios comunitarias y sus colaboradores, “que son víctimas de agresiones provenientes, principalmente, de autoridades estatales”.

Un fenómeno que la misión internacional puntualiza en el informe es “una creciente autocensura en los medios de comunicación mexicanos, como consecuencia directa de las tácticas de terror que han implementado las mafias y ante la desconfianza que existe sobre el accionar de las autoridades estatales y federales por su falta de respuesta o por su posible vinculación con el crimen organizado”.

La misión internacional identifica otros dos fenómenos que alientan la autocensura y limitan la prensa libre y plural: “La manipulación, por parte de los gobiernos estatales y federales, del presupuesto destinado a la publicidad oficial, con los que se pretende orientar la información, así como la alta concentración de medios de comunicación en pocas personas o grupos empresariales vinculados a diferentes ramas de la economía y con sectores con enorme poder político, empresarial y religioso”.

En su informe, las 13 organizaciones ubican “uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el gobierno mexicano: la impunidad en los casos de asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas, que representa una de las formas extremas de censura y que se recrudece cuando no existe castigo para los responsables”.

Y subraya: “Funcionarios de alto nivel del gobierno federal han declarado que existe voluntad política para resolver los delitos cometidos contra periodistas. Sin embargo, en los hechos se evidencia que han adoptado pocas medidas eficaces para atender la problemática”.

El propio informe cita a Daniel Cabeza de Vaca, subsecretario de Gobernación y exprocurador general de la República, quien reconoce la incompetencia oficial: “El Estado no ha sido capaz de impedir la impunidad”.

El gobierno, contra la prensa

En lo que la propia misión califica de “hecho sin precedentes”, 13 organizaciones internacionales se reunieron en México para entrevistarse con propietarios y directivos de medios de comunicación, familiares de periodistas asesinados, amenazados o desaparecidos; con organizaciones nacionales e internacionales, así como autoridades federales y estatales de Oaxaca, Guerrero, Sonora, Michoacán y la Ciudad de México.

La misión estuvo integrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Fundación para la Libertad de Prensa, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, Artículo 19, el Instituto Internacional de la Prensa, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Reporteros sin Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas, International Media Support, Fundación Rory Peck, International News Safety Institute y Open Society Institute.

En seis días, la delegación realizó 12 reuniones con autoridades federales y estatales, 13 con grupos de periodistas y siete con directivos y dueños de medios. Recogió testimonios en 26 encuentros con víctimas de ataques a la libertad de expresión, seis de ellas con mujeres y siete con familiares de víctima asesinadas o desaparecidas.

El documento de 38 páginas, concluido apenas la semana pasada, examinó todos los aspectos del ejercicio de la libertad de prensa en México, incluidas las condiciones laborales de los profesionales del periodismo, en especial de las mujeres y de los free lance, que padecen la misma condición de riesgo para ejercer su trabajo.

El informe inicia de manera contundente: “México es uno de los países más peligrosos para periodistas en las Américas. En los últimos ochos años, por lo menos 24 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados, ocho más permanecen desaparecidos y decenas han sido amenazados, intimidados o agredidos en razón de su oficio. La mayoría de las agresiones contra periodistas se encuentra en total impunidad, lo que provoca un estado generalizado de autocensura”.

Dividido en tres “ejes de trabajo” –“seguridad y protección”, “autocensura” e “impunidad–, el informe de la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación alude a la decisión de Calderón de usar miles de soldados contra el narcotráfico: “La militarización ha provocado un incremento en la violencia. Desde 2007, por lo menos 4 mil asesinatos relacionados con el crimen organizado han ocurrido en México”.

Y al repasar la situación actual en los medios, el informe alude a los “seis años oscuros del periodismo”, como definió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al período de Vicente Fox. “La situación no parece mejorar bajo el nuevo gobierno de Felipe Calderón. Desde enero de 2007, al menos ocho periodistas y trabajadores de los medios han caído. En el mismo período cuatro informadores han desaparecido, cifra que se suma a los cuatro reporteros de quienes desde el 2000 se desconoce su paradero”.

Aunque la misión internacional identifica al crimen organizado como la “amenaza más grave y extendida” para el periodismo, no es el único fenómeno que atenta contra el ejercicio del periodismo, sino “también la impunidad, las agresiones directas por parte de representantes del Estado y la estigmatización que ha comenzado a manifestar el gobierno hacia la prensa, actitud que se acentúa con las radios comunitarias”.

En el informe se cita una declaración al respecto de Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos: “La realidad del país es la realidad de la prensa. Con respecto a la libertad de expresión, no veo una luz al final del túnel”.

Si bien en el informe no se alude a las presiones que el gobierno de Calderón aplicó para la salida de Incalcaterra de México, el 23 de mayo, puntualiza que organizaciones no gubernamentales cuestionaron la “poca transparencia” de la remoción.

El informe recoge la inquietud de varios periodistas sobre el clima de terror que genera el crimen organizado, y que a menudo amordaza, pero también por las agresiones del Ejército y las policías.

“La estrategia militar y policiaca de combate al crimen organizado que desarrolla el gobierno federal arroja ya ataques directos a comunicadores. Agentes de esas instituciones han amenazado, agredido y detenido a periodistas locales injustamente.”

Y advierte: “La actuación de las mafias y el método diseñado por las autoridades para enfrentarlas ha puesto en el escenario un nuevo riesgo para el trabajo informativo: la estigmatización oficial a la prensa”.

Un ejemplo de este fenómeno, cita el informe, fue la exigencia que Calderón hizo a los medios, el 13 de mayo, de divulgar las acciones contra la delincuencia en vez de “compartir con los criminales la estrategia de sembrar terror”, pero la estigmatización más grave se dirige contra las radios comunitarias, como el caso de Radio Bemba, de Sonora, sometida a presiones policiacas.

“Dicha estigmatización de los medios de comunicación y de las personas que trabajan para fomentar la libertad de expresión tuvo repercusión directa sobre el trabajo de la misión internacional: el 21 de abril de 2008, en la reunión que sostenían con Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, el funcionario calificó de ‘enemiga del Estado’ a Aleida Calleja, periodista mexicana y vicepresidenta internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Calleja le había preguntado a Castro sobre el caso de las indígenas triquis Teresa Bautista y Felícitas Martínez, periodistas de la emisora comunitaria La voz que rompe el silencio de Oaxaca, asesinadas el pasado 7 de abril. Momentos antes, Castro había declarado ante la misión que el rol de los periodistas es ‘fundamental en la protección de una democracia’.”

Llama la atención que, aun cuando en los anexos se reproduce la carta que las organizaciones enviaron a Calderón para solicitarle una explicación sobre el comportamiento de Castro, el informe no aclara si ésta se produjo ni se informa si se ofreció la disculpa solicitada (Proceso 1647).

Las 13 organizaciones que elaboraron el informe identifican la autocensura como medida de autoprotección ante la violencia, pero consideran alarmante que sea el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, el que la considere una “buena estrategia”, como lo declaró el julio del año pasado.

El informe subraya: “Resulta alarmante que un funcionario de alto nivel del gobierno promueva una política tan nociva para el ejercicio de la libertad de prensa, como un paliativo contra la ineficacia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos”.

Añade: “La autocensura ha sido aceptada por funcionarios del gobierno federal y de los estados como consecuencia de la impunidad con la que se mueven los criminales, por una justicia que no condena y la incapacidad del Estado por dar garantías de seguridad al trabajo informativo. La CNDH sostiene que ‘la impunidad está institucionalizada’ y la autocensura ‘es su consecuencia’”.

El informe recoge información de periodistas y directivos de medios sobre los “funcionarios del gobierno federal que hacen sutiles indicaciones” para que no se publique información sobre abusos que cometen militares y policías contra la ciudadanía y los informadores.

Pero el informe documenta la forma en que se usa la publicidad gubernamental para lograr la autocensura en los medios, como detalló un periodista no identificado de Sonora, cuyo gobernador, el priista Eduardo Bours, controla la información sobre el narcotráfico en el estado con el presupuesto publicitario:

“Estamos en medio de una guerra entre cárteles. Pero el gobernador amenaza con cortar la publicidad si se sigue informando sobre guerra entre cárteles, y los medios dejan de informar sobre inseguridad para no perder la relación comercial.”

La publicidad como mordaza

Y es que el informe se ocupa del manejo faccioso de los presupuestos gubernamentales en materia publicitaria:

“En México persiste la vieja práctica del control de la pauta publicitaria por parte de los gobiernos federal y estatales, lo que estimula y genera otra forma de autocensura. La misión internacional entrevistó a directivos de medios, quienes detallaron cómo pierden importantes ingresos las empresas periodísticas cuando las autoridades manipulan los recursos destinados a la publicidad oficial y, de forma arbitraria, retiran sus anuncios si catalogan al medio como crítico a la gestión gubernamental. Ante las dificultades financieras que esto genera a los medios de comunicación, muchos optan por la autocensura sobre los temas que molestan a los funcionarios.”

El documento menciona casos concretos de uso faccioso de la publicidad gubernamental en los tres niveles de gobierno: Martín Olguín, editor de El Expreso de Hermosillo, Sonora, relató cómo funcionarios del Congreso del estado condicionaron la entrega de publicidad a cambio de información favorable.

“Juan Angulo, director del periódico El Sur, de la ciudad de Acapulco, Guerrero, afirmó que el gobernador del estado (el perredista Zerefino Torreblanca) le retiró la publicidad después de que el diario denunció irregularidades en la asignación de los recursos del gobierno estatal.

La impunidad es el sello de los crímenes contra periodistas. Inclusive, la fiscalía especial de la PGR no ha sido eficaz en la investigación: de los 136 casos que ha tenido bajo su jurisdicción desde que se creó, en 2006, sólo tres han sido consignados ante un juez.

“La misión internacional corroboró la percepción generalizada entre las víctimas y sus familiares de que sus casos jamás serán resueltos por las autoridades.”

En sus observaciones y conclusiones, la misión internacional hace un llamado para adoptar medidas positivas, claras y contundentes para poner alto a las amenazas, hostigamiento, secuestros y ataques físicos provenientes de distintos actores, estatales y no estatales, que buscan censurar a quienes ejercen, promueven, y defienden el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Entre otras muchas recomendaciones, también apura a fortalecer la fiscalía especial sobre agresiones a periodistas y a instrumentar investigaciones ágiles, transparentes y efectivas de los casos de asesinatos y desapariciones, así como las amenazas de muerte de las que son objeto periodistas y sus familiares.

La misión internacional da la “bienvenida” a la promesa de Calderón de impulsar una reforma para que los ataques, asesinatos y desapariciones de periodistas sean investigados a nivel federal.

Además, exige “detener toda práctica por parte de los gobiernos federal y locales que restrinja las libertades de expresión y prensa, especialmente cuando éstas buscan la independencia editorial de los medios de comunicación a través del uso inapropiado y discrecional de los fondos destinados para la contratación de espacios publicitarios”.

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Censura en Reforma Diario (que raro).

Jue 10 Julio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

El día 7 de julio Raúl Trejo Delarbre, Academico de la UNAM y Editorialista en varios medios, Envió a la dirección general del Diario Reforma, una respuesta a un articulo publicado en ese mismo diario, escrito por Sánchez Susarrey, lógicamente la respuesta del diario fue la de no publicar el escrito enviado por Trejo Delarbre.

Nosotros como medio alternativo, respetuosos de la libre expresión, publicamos dicha carta y anexamos el texto de agradecimiento del propio Trejo Delarbre, al final de la misma.

El profesor Jaime Sánchez Susarrey desparrama descalificaciones en su artículo del 5 de julio en Reforma dedicado a polemizar con el texto que a mi vez publiqué el día 3, como todos los jueves, en La Crónica. En su enjundioso artículo me llama totalitario, censor, delirante, severo y obtuso, entre otras cosas.

En mi artículo en La Crónica sostengo que no es verdad que la prohibición a que particulares o partidos compren espacios para propaganda en televisión y radio limite la deliberación democrática, como dicen los promotores de la demanda de amparo que Sánchez y otros 14 ciudadanos presentaron en diciembre contra uno de los aspectos de la reforma constitucional en materia electoral.

Esa taxativa ya existía en la legislación electoral pero no había sanciones para ella. Ahora Sánchez dice que con tal medida “la partidocracia confisca el debate político intelectual en tiempos electorales y deja a los ciudadanos en calidad de sujetos pasivos y mudos”. Pero ese debate, sobre todo cuando es de índole intelectual, jamás se realiza en spots como los que ahora no podrán ser pagados en medios electrónicos.

Sánchez confunde el debate de ideas con el marketing: le parece que en 20 segundos se puede expresar una formulación argumentada y lógica y ofrece varios lemas que cabrían en menos de ese espacio. Esos ejemplos permiten comprobar la enorme distancia que hay entre la deliberación y la propaganda. Cuando afirma “las FARC son una organización terrorista vinculada al narcotráfico”, “Octavio Paz tenía razón: el socialismo real fue una experiencia monstruosa” o “la estatización de la banca en 1982 fue una estupidez”, cita lugares comunes que solamente tienen sentido político y autoridad intelectual si son respaldados por hechos y razonamientos.

Hoy es posible condenar la complicidad de las FARC con otros grupos delincuenciales porque hay evidencias de ello. Paz fue pionero en la denuncia a las burocracias comunistas gracias a la información que supo comprender y compartir acerca de crímenes y abusos en Europa del Este. Y sobre la nacionalización bancaria, a la que es preciso entender en la circunstancia mexicana de hace 26 años, Sánchez repite una consigna manida pero discutible.

Si el debate público y la tarea de analistas como el propio Sánchez se limitaran a concebir y recitar frases contundentes, que para tener efecto tuvieran que transmitirse en anuncios de radio y televisión, quizá mi encrespado interlocutor tendría razón. Pero hasta donde tengo entendido él mismo, igual que otros colegas que analizan asuntos públicos, no se dedica a la propaganda sino a la reflexión. O eso esperan sus lectores y, supongo, el diario para el cual escribe.

La reforma constitucional del año pasado tiene numerosas aristas. Es imposible aplaudirla o descalificarla toda. Yo mismo he señalado sus contraluces. En el artículo que desató la cólera de Sánchez hasta enceguecerlo, recordé que así como la prohibición a la compra de propaganda me parece pertinente, hay aspectos de esa reforma que suscitan excesos y confusiones. De manera expresa me referí a la proscripción, en la propaganda de los partidos, de expresiones que “denigren a las instituciones y a los propios partidos”. Esa prohibición me parece innecesaria y riesgosa. En la discusión política es inevitable que haya discrepancias y cuestionamientos. Por eso considero que tratar de impedir “denigraciones” traerá más problemas que los que pretende evitar.

Por eso escribí: “Otro tema que Los 15 no impugnaron en su demanda de amparo aunque varios de ellos lo han mencionado como si formase parte de ella, es la proscripción, consecuencia de la misma reforma, a las expresiones que en la propaganda de los partidos…” etcétera. Sin embargo Sánchez, pródigo desautorizador pero pésimo lector, me reprocha no haber percibido “ninguno de esos peligros” y asegura que con un ordenamiento así Hitler habría tenido completa impunidad en Alemania. Allá él con sus forzadas comparaciones. Pero ofuscado en ese tono tremendista, me recrimina no tomar en cuenta el asunto de la propaganda denigratoria cuando fueron él y sus compañeros de amparo quienes lo ignoraron en su demanda.

También he considerado que los promotores del amparo han soslayado las consecuencias políticas de esa acción judicial, entre ellas el interesado respaldo encontraron en las televisoras. Desaforado porque señalé esas implicaciones, Sánchez tilda mi argumentación de “estalinista” y rememora las burdas acusaciones que algunos despistados le hacían a Octavio Paz al decir que estaba al servicio del imperialismo.

Ahora resulta que advertir las implicaciones de una acción pública, de carácter político, significa incurrir en prácticas estalinistas. Me inquietan la pobre concepción que Sánchez tiene del análisis político y, también, esa paranoia entreverada con cierto delirio de grandeza. En una de las glosas que hace de mi texto, se refiere a él y sus compañeros de demanda como “los 15 notables”. Pero ese es un término que no utilicé, porque estoy convencido de que entre esos ciudadanos hay escritores y pensadores en efecto muy destacados. Y otros, pues no.

Sánchez, desde luego, no es Octavio Paz. Y nadie ha quemado su efigie (sería inaceptable, pero además resulta improbable) ante embajada alguna. Quien se chamusca solito es él, atareado en adjudicar dicterios. Es incontrovertible que las televisoras aprovecharon la demanda de Los 15 para respaldar sus propias quejas contra la reforma constitucional. Por eso escribí, refiriéndome a Televisa y TV Azteca: “vale la pena preguntarse por qué esos consorcios, que han conculcado, expropiado y acaparado como ningún otro organismo o institución la libertad de expresión en este país, ahora respaldan a quienes están convencidos de reivindicar esa libertad”.

En mi artículo recordé que el día anterior en Milenio Héctor Aguilar Camín, uno de los firmantes de la demanda, “publicó un claro deslinde respecto de Televisión Azteca en donde se ha dicho que la reforma constitucional convierte a México en una dictadura”. Sánchez me llama totalitario por señalar alcances de la demanda de amparo que otros promotores de ese proceso judicial también han advertido.

Además difama: “Trejo tiene convicción de que los ciudadanos deben ser tutelados por la autoridad”. Jamás he dicho eso. Garantizar la equidad electoral no implica que la autoridad, ni nadie, nos diga qué debemos o podemos saber, opinar o discutir. Sánchez también falla como inopinado intérprete de mis convicciones las cuales, por lo demás, no son nuevas y son públicas.

En la misma línea de reprobación gratuita sentencia: “No entiende ni entenderá jamás el derecho a la libertad de expresión”. El autor de esa terminante frase es el mismo que me tilda de censor y otras cosillas. Por fortuna mi capacidad de entendimiento y mi compromiso con la libertad de expresión no están supeditados al reconocimiento de Sánchez Susarrey.

Atentamente

Raúl Trejo Delarbre

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Mensaje de agradecimiento de Raúl Trejo a radio vulgocracia.

Estoy muy agradecido, por su mensaje y por haber leído mi extensa carta, completa además, en su espacio radiofónico. Mi reconocimiento es mayor porque, como señalaron en la transmisión, a pesar de las diferencias que tienen con algunos de mis puntos de vista coinciden en esta reivindicación del derecho de réplica. Esas y otras diferencias las podemos comentar y discutir pero siempre y cuando exista circulación, sin censura, de las ideas. Eso es lo que no hubo en este caso por parte de Reforma pero la respuesta de ciudadanos como tú está siendo contundente.

Saludos cordiales

Raúl Trejo Delarbre

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Ciudad de la Investigación en Humanidades
Circuito Mario de la Cueva
Ciudad Universitaria, Coyoacán,
04510, México D.F.
México

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Censura a la revista Proceso

Lun 05 Mayo, 2008 4 comentarios � Imprimir Imprimir

Para su conocimiento…

Sergio Loya

El martes 29 de abril llegó un extraño mensaje a la Redacción de Proceso.

Se trataba de un fax remitido por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, acerca del reportaje que, en la edición número 1643 del 27 de abril, fue anunciado en portada con la imagen del mandatario y la leyenda: Eduardo Bours / narcopoder en Sonora.

Rubricado por el gobernador, y con el título La revista Proceso miente una vez más, el texto de Eduardo Bours niega todo –o casi todo– el contenido de la investigación que realizó el reportero Ricardo Ravelo con base en documentos de la PGR y otras fuentes (El sospechoso gobernador multimillonario, fue el título de interiores).

Según Eduardo Bours, su familia no es dueña de algunas empresas cuya propiedad se le atribuye, ni invirtió grandes sumas de dólares en el ramo de la hotelería, ni posee siete minas, ni la firma Bachoco –en cuyos camiones se han encontrado cargamentos de droga– tiene relación alguna con el trasiego de estupefacientes ni dispone de licencia para importar efedrina…

Aunque la lista de supuestos “desmentidos” es enorme –incluyendo su participación en la industria de la acuacultura y los presuntos vínculos de su jefe de escoltas con el narcotráfico–, Eduardo Bours no rechazó que pretenda dejar en la gubernatura a un incondicional ni, mucho menos, que pese a las investigaciones de la PGR –cuyos números de averiguación fueron consignados por el reportero– buscará postularse como candidato a la Presidencia de la República

Hasta allí todo parecía normal. No era nada raro que el gobernador Bours, envuelto en diversos escándalos por sus palabras y sus hechos durante una gestión que está a punto de terminar –le queda año y medio en la gubernatura–, negara lo innegable y ocultara lo evidente magnificando algunos errores menores que, en efecto, se cometieron en el reportaje.

Tampoco era insólito que, después de enumerar una serie de “logros” en su lucha contra el narcotráfico, como si estuviera en precampaña, incluyera una frase críptica como esta:

“Entiendo que tantas imprecisiones y ‘errores periodísticos’ obedecen a un móvil de ataque a mi persona, al nombre de mi familia y a los sonorenses y con un origen político, por políticos corruptos que están acostumbrados a amedrentar a aquellas gentes que se atreven a participar en sus tradicionales espacios de poder ahora compartidos con intereses del narcotráfico.”

Autoacusaciones involuntarias como ésta –ocasionadas por las anfibologías del inconsciente– tampoco mueven a sorpresa.

Lo que sí resultaba extraño es que el fax recibido en Proceso y el desplegado que el mismo día se publicó en varios diarios de la Ciudad de México coincidían en todo, punto por punto, excepto porque el fax contiene dos párrafos que no aparecen en el desplegado.

Los dos párrafos que Eduardo Bours quiso reservar en exclusiva para Proceso –y que el semanario prefiere compartir con sus lectores– son los siguientes:

“Teniendo claro todo lo anterior, no quisiera ni pensar que su ‘artículo’ fuese producto de la presión que hayan ejercido grupos o personas que tengan como propósito afectar la imagen de un gobernador que por actuar en contra del crimen organizado les resulte incómodo.

“No quisiera ni pensar que se trate de alguna campaña orquestada de la cual su medio de comunicación esté sirviendo como instrumento para golpear al viejo estilo de los políticos que ponen por encima de cualquier cosa su ambición de poder.”

“Que no se publique”

Recibido en las oficinas de este semanario a las 16:42 horas del 29 de abril, el fax fue turnado, como se hace con todas las réplicas, a la sección Palabra de Lector de la revista.

Al recibirlo, el editor de la sección se percató de que el texto, además de ser muy extenso, no cumplía con los demás requisitos de estructura, destinatario e identificación a que deben someterse todas las misivas.

Puesto que el escrito tenía forma de desplegado –y como tal se había publicado en dos periódicos nacionales–, el editor llamó alrededor de las 19:20 horas al conmutador del gobierno de Sonora buscando al coordinador de Comunicación Social, Daniel Durán Puente.

Una voz femenina preguntó:

–¿De dónde llama usted?

–De la revista Proceso.

–¿En qué podemos servirle?

–Necesito hablar con el coordinador de Comunicación Social.

–¿Es urgente?

–Sí.

–Mire, el licenciado Durán está ocupado en un evento muy importante y no se le puede interrumpir. Le voy a dar el teléfono celular de su asistente particular, el señor Mario Wolf. ¿Tiene con qué anotar?

–Sí, adelante…

Aproximadamente a las 19:45 horas, el editor marcó el número proporcionado. Sonó ocupado. Lo hizo otras dos veces con la misma suerte y, cerca de las 20:00 horas, Mario Wolf se reportó.

–Mi teléfono registró varias llamadas de usted. ¿Qué se le ofrece? –preguntó.

–Mire, licenciado, soy editor de la revista Proceso y quiero hablar con el licenciado Durán para preguntarle en qué condición el gobernador Eduardo Bours mandó hoy a nuestra Redacción un fax.

–¿A qué se refiere?

–No sabemos si se trata de una réplica para publicar en la sección Palabra de Lector o de un desplegado…

–Espéreme un momento. Voy a consultarlo con el licenciado Durán y de inmediato nos comunicamos con usted.

Tres o cuatro minutos después, Mario Wolf llamó de nuevo y señaló:

–Me dice el licenciado Durán que el documento del fax sólo es para conocimiento del director de Proceso.

–¿Qué quiere usted decir? ¿Que no es para publicarse en la revista?

–No. Sólo es para conocimiento del director.

–Pero si el director ya lo conoce… Se ha publicado como desplegado en por lo menos dos periódicos nacionales.

–Pues así nomás…

–¿Me confirma entonces que no desean su publicación en las páginas de Proceso?

–Sí, no queremos que lo publiquen, es sólo para que lo tenga el director…

Leer el texto completo aqui >>

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Las organizaciones firmantes exhortamos a la Secretaría de Gobernación decrete la “alerta de género” en la región triqui.

Jue 24 Abril, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

¡Condenamos  la violencia de género y el uso de las mujeres como botín político!

¡Exigimos al gobierno estatal y federal establezca de forma inmediata condiciones de seguridad, libertad  y legalidad en la región!

En el estado de Oaxaca vivimos una  indignante ola de violencia feminicida que se constata públicamente como lo ha señalado el Colectivo Huaxyacac y diversas organizaciones reiteradamente.

Día a día las desapariciones, asesinatos, violaciones sexuales de niñas, adolescentes y mujeres se suceden  en diversas regiones del territorio estatal:

  • En mayo de 2007 una estudiante de la normal de Tlacochahuaya, fue lesionada con arma de fuego en la comunidad de Ojo de Agua, en la mixteca.
  • Otra menor de edad, resultó herida durante una emboscada presuntamente cometida por habitantes de Guadalupe Tilapa, Cruz Tilaza, Yutazani y Yosoyuxi.
  • Una niña de 11 años fue hospitalizada en la ciudad de Oaxaca tras recibir un balazo en la cabeza, luego de que vecinos de Guadalupe Tilapa dispararan contra la población de San Juan Cuyuchi, Copala.
  • Otras niña de 14 años y otra joven de 16 años, ambas violadas, se han atrevido a presentar denuncias ante el Ministerio Público (el 1º de Agosto de 2006 y el 27 de Noviembre de 2007), aunque se sabe de más casos en que no se ha querido denunciar.
  • El 12 de octubre del 2007, en la Ciudad de Tlaxiaco, una mujer fue subida a un vehiculo por cuatro sujetos desconocidos. Seis días después, fue encontrada muerta, parcialmente devorada por los animales, con evidencias de haber sido ultimada con un puñal y lapidada, causándole fractura de cráneo. En la misma Ciudad, durante el mes de octubre y noviembre pasado, fueron violadas sexualmente dos mujeres menores de edad, así como asesinada otra mujer, en circunstancias parecidas a la anterior.
  • Dos mujeres centroamericanas fueron violadas durante un operativo contra migrantes indocumentados realizado por miembros de la armada y del instituto nacional de migración el 31 de marzo de 2008, en Las Palmas, Niltepec, Oaxaca. Hechos conocidos y denunciados gracias a la documentación de un activista.
  • Recientemente fue encontrada Isis Danibia Martínez Castro, de 21 años de edad, originaria de Tegucigalpa, Honduras, asesinada y hallada en  San Isidro Zegache, Ocotlán de Morelos el 25 de Marzo de 2008.

Así también, en el territorio triqui, debido a los históricos conflictos políticos existentes, son vulnerados continuamente los derechos de las mujeres a la seguridad, a la integridad física y a una vida libre de violencia.
Hechos como la desaparición de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez de 14 y 20 años en julio de 2007 y el reciente asesinato de las dos comunicadoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio” Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez de 20 y 22 años,  son casos emblemáticos que muestran la violencia recurrente a la que son sometidas las mujeres de la región triqui.
El gobierno estatal encabezado por Ulises Ruíz Ortiz, lejos de  establecer las condiciones  que  tanto el pueblo triqui como la sociedad en general requieren para gozar del derecho a la seguridad personal y jurídica, disfraza su ineptitud y misoginia en eventos y comunicados, mientras permite estos actos de violencia que constituyen delitos de “lesa humanidad”.

Considerando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y preocupadas por la grave situación del pueblo triqui,  las organizaciones firmantes condenamos enérgicamente el uso de la violencia en todas sus formas y en particular la utilización de la violencia de género como instrumento de venganza política con toda la impunidad que el gobierno estatal y federal otorga a estos hechos.

Hacemos un llamado a la  Secretaría de Gobernación a que inicie el proceso para que se decrete a la brevedad la alerta de género en la región triqui, toda vez que la situación amerita urgentemente la creación y ejecución de un conjunto de medidas que garanticen su derecho como humanas.  Ya el congreso federal había solicitado esta alerta el 23 de enero y exhortado al gobierno de Ulises Ruíz para que atendiera la problemática e informara en el plazo de 20 días, pero tanto el gobierno federal como el estatal han hecho caso omiso y no han tomado las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres en la región, detener y castigar a los responsables de la violencia; al parecer la grave situación de violencia contra las mujeres no resulta prioritario para las instituciones públicas.

No se puede hablar de un México y un Oaxaca en paz y seguro cuando las mujeres viven con el temor permanente de ser acosadas, perseguidas, secuestradas o desaparecidas. Exigimos que al gobierno federal y estatal establecer inmediatamente condiciones de seguridad, libertad,  igualdad  y legalidad en la región.

Así también, advertimos que estas acciones no pueden traducirse en actos que violen las garantías individuales de la población, ni los derechos y la autonomía de las comunidades y municipios. Nos oponemos rotundamente a la militarización de la región, la imposición de retenes, la creación de chivos expiatorios, las amenazas y la persecución de dirigentes sociales y medios comunitarios de información, pues eso solo contribuirá a agravar la situación y abonar a la política represiva que ha caracterizado al los gobiernos federal y estatal ante los conflictos sociales.

Como respuesta a esta problemática, las organizaciones firmantes de la sociedad civil, seguiremos realizando acciones de diversa índole tendientes a visibilizar esta situación, denunciar la violencia de género y fortalecer el trabajo colectivo en apoyo al pueblo triqui.

Exigimos de manera inmediata:

  • Que se decrete la alerta de género por violencia contra las mujeres en la región Triqui.
  • Justicia, detención y castigo a los responsables de las desapariciones, secuestros, violaciones y asesinatos a mujeres en la región.
  • La implementación de políticas públicas adecuadas, que permitan la recomposición del Pueblo Triqui.
  • La Creación de condiciones de seguridad, justicia, libre tránsito y libertad de expresión en la región Triqui.
  • No a la militarización y cerco policial de las comunidades de la región.
  • Respeto a la autonomía y el derecho de las comunidades indígenas a una vida libre de violencia.

POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, ACCIONES YA!

NO MÁS ASESINADAS, DESPARECIDAS, GOLPEADAS, NI VIOLADAS!

ALTO A LA VIOLENCIA FEMINICIDA EN OAXACA!

Organizaciones firmantes:

Colectivo Huaxyacac
Colectivo Feministas Mujeres Lilas
Colectivo Mujer Nueva
Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas (COMO)
Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derechos a Decidir
Centro de Derechos Humanos “Ñu´u Ji Kandii”, A. C.
Consorcio para el Dialogo, Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C,
Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.
Ojo de Agua Comunicación, A.C.
Comité de Liberación 25 de Noviembre
Grupo de Apoyo a la Mujer  (GAEM)
Servicios para una Educación Alternativa A.C (EDUCA)
Servicios del Pueblo Mixe A.C,
Centro de Apoyo al Movimiento Popular A.C (CAMPO A.C)
Centro de Derechos de la Mujer Naaxwiin, A.C.
Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDH)
Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.
Centro de Encuentro y Dialogos Interculturales A.C,
Universidad de la Tierra Oaxaca A.C.
Diversidades, A.C.
Observatorio Nacional de Feminicidio –Oaxaca
Ddeser – Oaxaca, Ixquixochitl A.C.
Centro de Atención Integral del Valle A.C.
PAIR
Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)
Yuu Bani, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Por nuestros Derechos Mujeres en Red
Colectivo Universitarios “2 de Marzo”
Programa de Atención Terapéutica de Hombres por la Equidad A.C.
Cultura y Comunicación de Zaachila (Zaachila Radio, Comité de Mujeres por Zaachila, Consejo Político y Frente de Barrios por Zaachila, Colectivo de Jóvenes por le medio ambiente)
Iniciativa Desarrollo Social y Derechos Humanos A.C.
Centro de Investigación por la Equidad, Politica Pública y Desarrollo, S.C.
Colectivo “El Torito” A.C, Puebla,
Colectivo de Mexicanos en Resistencia desde Barcelona.
Colectivo de Solidaridad con la Rebelión Zapatista.
Núcleo de Estudios Técnicos Analíticos (NETA).
Colectivo: Radio Vulgocracia.
Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
Frente Cívico Sinaloense, A.C.
Mujeres por México en Chihuhua A.C.
Mujeres Unidas: Oympia de Gouges, A.C.
Red Mesa de Mujeres de Cd. Juárez.

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