Frente a un escandaloso silencio mediático, la ofensiva contra los pueblos zapatistas dentro de su territorio no sólo se mantiene, sino en forma por demás alarmante, se incrementa.

El pasado día 4 de junio, la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) ordenó una de las más abiertas provocaciones contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y contra los pueblos zapatistas. Elementos de la SEDENA realizaron una incursión militar dentro del poblado de La Garrucha, corazón del Caracol del mismo nombre. La incursión no sólo paró ahí, se desplegó e intensificó en otros poblados comprendidos dentro del mismo Caracol de La Garrucha.

El Ejército en la Selva Lacandona

La Séptima Región militar comprende 5 zonas militares, una de ellas es la 39ª. Zona Militar y es en esta donde las incursiones, hostigamientos y provocaciones militares han marcado un tiempo distinto de las fuerzas castrenses de afrontar uno de los “enemigos internos” más insistentes que tiene el gobierno Federal, uno que ha planteado la conformación de un movimiento nacional y, el único que presenta un proyecto integral alternativo aplicado en los hechos dentro de su territorio: El EZLN y los pueblos zapatistas.

Del 1º al 4 de este mes de junio, miembros del CAPISE realizábamos un recorrido dentro de la Selva Lacandona, particularmente en el interior de la 39ª Zona Militar, uno de los propósitos de este recorrido era precisamente la actualización de las posiciones y operaciones militares dentro del territorio indígena.

En lo que toca al Ejército Federal mexicano, las incursiones y las amenazas perpetradas contra el EZLN, las autoridades civiles zapatistas y los pobladores bases de apoyo zapatistas del caracol de La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro fueron realizadas principalmente por el 38º Batallón de Infantería (38º BI), pero no sólo por esa Unidad militar.

Hoy día, el 38º Batallón de Infantería (38º BI) esta destacamentado en:

Cañada de Taniperla: Monte Líbano y Taniperla.

Cañada de las Tacitas: Racho Península[1] y Río Jordán.

Cañada de La Garrucha hasta San Quintín: Patihuitz, La Sultana y San Quintín.

El Cuartel General del 38º Batallón de Infantería es San Quintín.

Las posiciones militares de Monte Líbano y Taniperla se alternan entre el 38º Batallón de Infantería (38º BI) y el 31º Batallón de Infantería (31º BI) cada 4 meses.

El 31º Batallón de Infantería (31º BI) tiene su Cuartel General en el predio Tonina, Ocosingo, a su vez, Cuartel General de toda la 39ª Zona militar.

Las posiciones militares de Racho Península, Río Jordán, Patihuitz, La Sultana y San Quintín son permanentemente operadas por el 38º. Batallón de Infantería (38º BI).

El 38º Batallón de Infantería no actuó sólo, él día tres de junio, esto es, un día antes de los operativos, en medio de una pertinaz lluvia, el CAPISE topó con tanquetas en el tramo de terracería entre La Sultana y San Quintín, las tanquetas iban en dirección a La Garrucha. La Unidad militar era el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM), esta Unidad militar ya ha sido vista en distintos momentos en la cañada de La Garrucha, en los operativos militares del día 4 de Junio pasado en la Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, esta Unidad castrense también participó.

El caso de la participación del 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) es muy particular, esta Unidad tiene su Cuartel General en la Guarnición Militar de Comitán, teniendo también posición permanente desde hace varios años en zonas fronterizas con Guatemala y en la Base de Operaciones destacamentada en Amparo Aguatinta, municipio Maravilla Tenejapa, es desde esta base donde salen las Unidades militares que transitan e incursionan hasta el territorio de La Garrucha (entrando por Poza Rica, pasando por un costado de Guadalupe Tepeyac, atravesando La Realidad), incluyendo el operativo y las amenazas perpetradas contra las bases zapatistas el pasado día 4 de Junio.

A pesar de su aparente distancia geográfica, la Guarnición Militar de Comitán y el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) pertenecen a la 39ª Zona Militar, cuyo Cuartel General esta establecido en el predio Tonina, municipio de Ocosingo.

Las incursiones militares

Las incursiones y operaciones militares realizadas en el mes de mayo pasado y en estos primeros días de junio dentro del territorio indígena de La Garrucha intentan justificar su hostilidad con el argumento de combate al narcotráfico y la búsqueda y destrucción de plantíos de marihuana u otros estupefacientes.

Si se revisa el operativo militar realizado el pasado 19 y 20 de mayo pasado en San Jerónimo Tulijá, se podrá mirar que el operativo militar fue coordinado por 18º Batallón de Infantería (18º BI), esta Unidad Militar tiene su Cuartel General en la Guarnición militar de Palenque, municipio de Palenque, pero no pertenece a la 39ª Zona Militar, pertenece a la 38ª Zona Militar, cuyo Cuartel General tiene su sede en Tenosique, Tabasco.

Si se revisa el operativo militar realizado el pasado día 26 de mayo (6 días después del operativo de San Jerónimo Tulijá) en el ejido Nuevo Chamizal, se podrá mirar que también fue coordinado por 18º Batallón de Infantería (18º BI). La operación tiene el mismo tenor, “búsqueda, ubicación y destrucción de marihuana y otros enervantes”, en esta ocasión, el Ejército montó todo el escenario, llevó prensa y señaló que habían detectado y destruido plantíos de marihuana haciendo mención que los sembradíos habrían sido sembrados por bases de apoyo zapatista, señalando que ese terreno era de ellos.

Lo pobladores de Nuevo Chamizal, Nueva Palestina y San Antonio Escobar (vecinos todos), no son bases de apoyo zapatistas, son miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos A. C. (OPDDIC), por años se articularon con la Unidad militar destacamentada en la vecina Cintalapa, esa posición militar fue ocupada y controlada por el 18º Batallón de Infantería (18º BI) por muchos años. Este campamento se retiró en mayo de 2007 y meses después reconsideró su retiro. Dos poblaciones zapatistas amenazadas en esta región son La Culebra y 6 de Octubre, esta última dentro de Montes Azules y uno de los poblados más fuertemente amenazados de desalojo forzoso.

(Nota: Sobre la ubicación, identificación y operación del 31º Batallón de Infantería y el 91º Batallón de Infantería pertenecientes también a la 39ª Zona militar hablaremos próximamente).

Los operativos y amenazas del Ejército Federal mexicano en la incursión militar dentro del poblado de La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, no son de ninguna manera un asunto menor. Se ha presupuesto que el subcomandante Marcos y otros mando militares operan por esa región o algunas veces tienen presencia por ahí, fuese cierto o no, la advertencia y el nivel de la amenaza quedó registrada.

Hay un caso donde no hay registro de la participación del Ejército Federal mexicano. El 22 de mayo pasado, dos o tres días después del operativo en San Jerónimo Tulijá contra bases de apoyo zapatista, se sucedió otro hecho no menos alarmante. Agresiones y enfrentamientos en la comunidad de Morelia, poblado sede del Caracol de Morelia. Personajes de filiación priísta, algunos miembros de la OPDDIC, que se articulan con el Campo militar de Altamirano, Cuartel General de la 11ª Compañía de Infantería no Encuadrada (11ª CINE) eran los agresores. Por increíble que parezca, los priístas exigían el terreno que ocupa la sede del Caracol de Morelia.

La retaguardia

El 22 de septiembre pasado, la Comisión Sexta del EZLN se vio obligada a cancelar su gira de trabajo por el centro y sur de México, como miembro del movimiento nacional en construcción de La Otra Campaña, debido a las agresiones que había contra los pueblos zapatistas y debido también a distintas acciones realizadas por el Ejército popular Revolucionario (EPR). Golpear y agredir a las bases de apoyo zapatistas y sus autoridades civiles es golpear la retaguardia de la Comisión Sexta en su iniciativa y propuesta de conformación de un movimiento nacional, eso el gobierno mexicano lo tiene claro.

A finales del año pasado, el subcomandante Marcos concedió una entrevista a la reportera y escritora Laura Castellanos en la comunidad de La Garrucha, la entrevista paseo sobre distintos tópicos y en algún momento se pregunta y se responde lo siguiente:

Laura Castellanos: “Entonces, en enero de 2008 no entran a la fase de agitación y movilización, como lo tenían planeado anteriormente”.

Subcomandante Marcos: “No, porque se supone que terminábamos en diciembre de 2007. Todavía nos falta recorrer el centro y el sur sureste del país. Nosotros pensamos que en junio de 2008 hay que trabajar sobre la estructuración de ese programa nacional de lucha para pasar entonces a la agitación y difusión. En junio, cuando se cumplen tres años e la Sexta Declaración, es cuando se hará el cierre”[2].

Algo se hace evidente, no quieren que salgan. Si supuestamente el EZLN, su gobiernos autónomos, sus pueblos y el movimiento nacional en construcción de la Otra Campaña no son un peligro ¿por qué no quieren?

Los operativos militares y policíacos (PGR, PFP, AFI) de mayo y junio marcan señales y amenazas alarmantes de represión, prisión, despojo, desalojo o muerte contra el EZLN, los pueblos zapatistas y contra miembros de La Otra Campaña.

Si se miran las intervenciones militares dentro de la Selva Lacandona, se podrá mirar un involucramiento mucho más hostil y activo no sólo de las Unidades militares ubicadas dentro del territorio de La Garrucha, también las que están fuera de él, sea Comitán o sea Palenque. Las fuerzas castrenses empiezan a cerrar pinzas.

El Ejército Federal mexicano acecha, las señales están muy claras.

Mientras pasa lo que pasa, el CAPISE ha enviado una Brigada Especial de Observación Tierra y Territorio (BEOTT) al Caracol de La Garrucha, estas Brigadas estarán de forma permanente.

En el CAPISE pensamos que es tiempo de replantearse una gigantesca campaña contra la militarización en el territorio indígena de Chiapas y de México.

Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas A.C.

(CAPISE)

[1] La Base de Operaciones de Rancho Península esta a menos de un kilómetro del acceso a la cañada de Las Tacitas.

[2] Corte de Caja. Laura Castellanos, Ricardo Trabulsi, Alejandro Magallanes. Primera edición 2008. Pág. 73.

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Los integrantes del grupo civil convocado por el Ejército Revolucionario Popular para la mediación del diálogo con el gobierno federal no aceptarán ser “convidados de piedra” o “testigos sociales”, como lo han propuesto las autoridades.

Y advirtieron que de no ser aceptados como una comisión de mediación, ésta no tendrá caso que exista.

Reunidos cerca de tres horas, el historiador Carlos Montemayor, la senadora Rosario Ibarra, el abogado Juan de Dios Hernández Monge, el obispo emérito Samuel Ruiz, Gilberto López y Rivas y el periodista Miguel Angel Granados Chapa analizaron los mensajes del gobierno federal y del EPR.

Y nombraron como vocero, sólo si prospera la integración de la comisión, a Carlos Montemayor, al concluir el segundo encuentro del grupo; el historiador puntualizó que en la “medida en que no aparezca una respuesta formal del gobierno federal que confirme la integración de ésta, no es posible hablar de una comisión”.

En el momento en que se vea clara una respuesta gubernamental de aceptación se establecerán los mecanismos sobre los que se trabajarán, señaló.

Aclaró que la figura del testigo social pertenece al ámbito administrativo y forma parte del proceso de licitación pública de secretarias de Estado; “en este sentido no hay forma de comparar esa actividad administrativa —tan precisa—, con la actividad de una comisión de intermediación. Por tanto, creo que la respuesta del gobierno federal es necesaria para conocer con precisión los alcances para esta posibilidad de acercamiento, una vez que las partes implicadas acepten o expresen su conformidad con la actividad de la comisión, entonces todo será más fácil”.

“La comisión se hace o no y no hay más misterio en eso, se deja pasar esa oportunidad, no se aprovecha la oportunidad de acercamiento político”, mencionó el historiador. Por el momento, precisó que no se tiene comunicación directa con las autoridades.

El abogado Juan de Dios Hernández Monge sostuvo que el grupo no tiene ninguna duda de que el documento del pasado miércoles es del EPR, porque es el mecanismo que eligió para comunicarse con la comisión.

Dio a conocer que hasta el momento no han sostenido una comunicación oficial con el EPR, “siempre ha sido a través de los medios, y mientras no se formalice esta comisión seguirá siendo por la vía epistolar”.

Dejó en claro que es “inaceptable un diálogo con testigos sociales, porque esa figura tiene una connotación adversa para los fines que se persiguen, porque la Fundación Heberto Castillo fue testigo social para las licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad y éstas fueron un verdadero fraude. Nosotros no seremos convidados de piedra. Porque buscamos asumir las tareas de una comisión de intermediación con la amplitud de la palabra”.

Ante el cuestionamiento hecho por el gobierno sobre su participación en la comisión, Rosario Ibarra reitero que “si su presencia es un impedimento para la liberación con vida de los compañeros, me retiro para que los presenten con vida”, y reiteró que no quiere muertos ni osamentas, los quiere vivos.

- Claves

Antecedentes

• 24 de abril. El EPR emite un comunicado en el que pide a un grupo de personalidades que intercedan ante el gobierno federal para dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, eperristas desaparecidos el 25 de mayo de 2007.

• 28 de abril. El EPR accede a que “mientras dure esta intermediación, no habrá acciones armadas”.

• 29 de abril. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, condiciona un diálogo con el EPR a que éste sea directo, sin intermediarios, y aceptan la participación de los intermediarios sólo como “testigos sociales”.

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Si en política forma es fondo, la manera tramposa y equívoca en que se promovió, gestionó y presentó la iniciativa gubernamental de reforma energética entregada ayer en la tarde al Senado de la República refleja la esencia de la propuesta, contraria a los intereses de la nación y parcialmente privatizadora, a pesar de lo expresado unas horas después, en un mensaje en cadena nacional, por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. En conjunto, las cinco propuestas (Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión del Petróleo y reformas a las leyes Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, de la Comisión Reguladora de Energía, y Orgánica de la Administración Pública Federal) apuntan a abrir al capital privado las labores de refinación y transporte (incluidos los oleoductos) de crudo, así como a ampliar el margen de discrecionalidad para que Petróleos Mexicanos (Pemex) efectúe contratos por asignación directa y contrate deuda. En cuanto a la antigua y procedente demanda de dotar a la paraestatal de autonomía administrativa para impedir que siga siendo saqueada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa calderonista la reduce a una renovación del mecanismo de control presidencial sobre Pemex, con la propuesta de que la empresa quede bajo un consejo de administración de 15 integrantes, de los cuales 10 serían nombrados desde Los Pinos, uno más sería el secretario de Energía en turno y los cuatro restantes, designados por el sindicato petrolero.

Los documentos enviados por la Presidencia a Xicoténcatl abundan en párrafos que no cambian nada, que incluso empeoran la redacción actual de las leyes cuya modificación se propone (como el artículo 3, inciso I, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional), que constituyen abiertos contrasentidos (“Cualquier controversia relacionada con la licitación, adjudicación o ejecución de los contratos deberá resolverse conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes de México o a tribunales arbitrales nacionales o internacionales”) o que abren negocios colaterales a empresas financieras privadas (bancarias, bursátiles, fondos de inversión), como los “bonos ciudadanos”, presentados en forma ocurrente como “un mecanismo innovador tendiente a que los mexicanos se beneficien de manera directa del buen desempeño de Petróleos Mexicanos”. Los cinco documentos enviados ayer al Senado por Calderón (quien, un día antes “no tenía idea” de la iniciativa) son, en suma, una continuación de la estrategia de engaños a la opinión pública y de una campaña en la que, lejos de informar a la sociedad, se buscó confundirla, desinformarla y distraerla para intentar un avance sustancial en la privatización y el desmantelamiento de la industria petrolera propiedad de la nación.

Pero todo ello no alcanza para ocultar el punto sustancial, que es la propuesta de modificación al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27, a fin de permitir al capital privado que intervenga en la refinación y transporte de hidrocarburos, en el entendido de que la segunda de esas actividades le permitiría operar oleoductos. Se plantea, en suma, entregar a particulares uno de los segmentos de mayor valor agregado de la industria petrolera, para que éstos realicen negocios de cifras astronómicas, y con ello la propuesta no respeta, sino que contraviene, lo dispuesto en el artículo 27 de la Carta Magna. Por añadidura, los cambios legales propuestos constituyen una manera un tanto extraña de “fortalecer a Pemex”, de “asegurar que México cuente con petróleo, no sólo para los próximos años, sino para las futuras generaciones” y de propiciar “que la riqueza petrolera genere más bienestar para todos”. Como lo previeron muchas voces, se busca repetir, con los hidrocarburos, la maniobra que, vía una ley secundaria, abrió la industria eléctrica al capital privado.

En síntesis, la propuesta del Ejecutivo federal atenta contra uno de los fundamentos centrales del México contemporáneo: el principio de que la propiedad de los recursos naturales corresponde a la nación y que la industria energética en general, y la petrolera en particular, deben ser monopolios públicos. Si ese es el fondo, la forma es en extremo desaseada: se empieza por un promocional equívoco sobre el supuesto tesoro de las aguas profundas y la pretendida necesidad de entregarle parte de él a empresas extranjeras y, sin rubor alguno, se acaba poniendo la operación política de la reforma en manos de Juan Camilo Mouriño, señalado por el conflicto de intereses en que habría incurrido como representante popular y funcionario público del sector energético, por un lado y, por el otro, contratista privado de Pemex.

Las intenciones de quienes ocupan el gobierno federal son, muy a su pesar, y en un sentido paradójico, transparentes: esta iniciativa de reformas del grupo en el poder no responde a los intereses nacionales, sino al inagotable apetito oligárquico de disponer de enormes sumas de dinero público, y no precisamente para asegurar “que ningún joven mexicano se quede sin estudiar una carrera técnica o profesional”, como se señaló en forma demagógica; para ese objetivo, o para otros igualmente nobles, habría bastado y sobrado con los excedentes de la factura petrolera que desaparecieron sin dejar rastro durante la administración pasada, de la que la actual es heredera y continuadora.

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Este programa consiste en la adaptación gradual de 250 Columnas Informativas y Turísticas con un contenedor que permite almacenar temporalmente las pilas que la ciudadanía deposite en ellos. La empresa IMU recuperara estos materiales y los enviara a reciclaje o a disposición final controlada evitando el envío al relleno sanitario de Bordo Poniente.

En las Columnas Informativas y Turísticas la ciudadanía podrá depositar sin costo alguno, los diferentes tipos de pilas tales como AA, AAA, D, C, CR, cuadradas, pilas de botón y pilas de celular.

En su primera etapa, el programa estará en funcionamiento en 21 Columnas Informativas y Turísticas ubicadas en las Colonias Roma y Condesa de la Delegación Cuauhtémoc y en etapas posteriores se integrarán gradualmente el resto de las columnas hasta llegar a un total de 250, todas ellas distribuidas en las 16 Delegaciones Políticas de la entidad.

COLUMNAS INFORMATIVAS Y TURÍSTICAS ADECUADAS Y FUNCIONANDO PARA RECEPCIÓN DE PILAS USADAS EN EL D.F.

COMO PARTICIPAR

Depositando las pilas exclusivamente en las columnas informativas y turísticas dispuestas para su recolección.

Cubriendo con cinta adhesiva los polos de las pilas y depositarlas en los orificios indicados en las columnas.

Preferentemente utilizando pilas recargables. Una pila recargable evita el uso de al menos 300 desechables

Eligiendo productos que hagan un mejor uso de la energía o que no requieran pilas

No abriendo, perforando o quemando las pilas

Retirando las pilas de los aparatos cuando no estén en uso

Evitando consumir pilas de bajo costo, de mala calidad y poca duración

Contactando al fabricante siempre y cuando cuenten con programas de recuperación propios, para las pilas de celulares y computadoras

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para mayor información sobre el programa y la ubicación de las columnas informativas se pone a la disposición de la población los teléfonos 53458176 y 26153311

Tags: DF, pilas, programa, reciclar, responsable, turismo
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Verónica, Soren, Juan y Fernando murieron en el ataque aéreo del primero de marzo al campamento del comandante Raúl Reyes en la provincia ecuatoriana de Sucumbios. Lucía sobrevivió. Mexicanos los cinco.

Los cinco jóvenes estaban inscritos en la universidad; pero no, la universidad no los envió. Ni la República, ni sus padres. Tomaron una decisión propia y personalísima; aun si el propósito de su viaje fue hacer estudios e investigaciones sociales, el interés era personal. Se estaban acercando al más decantado ejercicio revolucionario, el internacionalista. Es posible que se tratara de sus primeros contactos. Pero no eran combatientes, no estaban en un campo de batalla ni tampoco en un país en guerra. No es extraño estar presente en un campamento guerrillero y no ser un combatiente. El de Régis Debray en el campamento del Che Guevara es un caso muy conocido. Se puede incluso ser parte de un grupo revolucionario sin ser combatiente, como lo han sido muchos sacerdotes.

No es ésta la ocasión de hablar de los internacionalistas consagrados en la historia. Es momento para recordar a los anónimos, a los que hicieron el sacrificio de su vida y los que, habiendo sobrevivido, la pusieron en el mismo riesgo en aras de la solidaridad internacional que los revolucionarios practican.

El 26 de julio de 1936, nueve cadetes del H. Colegio Militar aprovecharon la ceremonia de entrega de espadines a los cadetes de nuevo ingreso para salir a hacer trámites de pasaportes y otra documentación necesaria para viajar a España, donde se incorporarían a la defensa de la República Española. Los cadetes “… suponían que no sería mal visto por el gobierno de México que lucharan al lado de un país amigo que estaba peleando por los mismos principios que habían sido la causa de tanto derramamiento de sangre en la República [Mexicana]; máxime cuando veían claramente que el propio gobierno mexicano, desinteresada y abiertamente, ayudaba a la República Española. Allí estaba su constante lucha diplomática contra algunos países representados en Ginebra, para que se ayudara a España y se parase en seco la intervención fascista. Ello garantizaba plenamente cualquier movimiento a favor de la República” *. Las tribulaciones del grupo no fueron pocas. Cuando estaban en la estación de Buenavista abordando el tren que los llevaría a Veracruz se apareció un grupo de oficiales del Colegio Militar acompañados de la madre de uno de los cadetes. Cinco fueron regresados al plantel. Los otros cuatro lograron esconderse en el tren y continuar su viaje al puerto y abordar un barco… en el que fueron detenidos y regresados a México. Su castigo fue abrumador. Los nueve fueron expulsados “con cajas destempladas” del Colegio Miliar; entre sonidos de cornetas desafinadas y el redoblar de tambores flojos, todo frente a sus compañeros que les daban la espalda al verlos pasar. El escándalo en la prensa nacional fue mayúsculo. Cinco de ellos llegaron a España. Sólo uno, Roberto Vega González, sobrevivió a la guerra; alcanzó el grado de mayor del Ejército Republicano Español.

Araceli Pérez Darias, estudiante de la Universidad Iberoamericana, fue a pelear al lado de los sandinistas. En 1979, junto al resto de la jefatura del Frente Interno, del cual formaba parte, cayó prisionera en la ciudad de León. Al igual que el resto de sus compañeros, fue asesinada de un tiro en el pecho. Alegando disposiciones sanitarias, el gobierno somocista se negó a permitir la exhumación y el traslado del cadáver a México. Temía que la recepción fuese motivo de un acto de solidaridad contrario a la dictadura.
Leer el texto completo aqui >>

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A LA OPINIÓN PÚBLICA MEXICANA E INTERNACIONAL.

NO DESCANSAREMOS HASTA QUE LOS CULPABLES DEL CRIMEN DE ESTADO
PAGUEN POR LA MASACRE DE  ESTUDIANTES MEXICANOS EL 1 DE MARZO EN ECUADOR.

El primero de febrero nuestros hijos llegaron por primera vez al Ecuador cargados de ilusiones y esperanzas.  Iban a la mitad del mundo con la alegría de conocer este país, de aprender sobre el proceso democrático y la Asamblea Constituyente que aquí se construye.  Viajaron para participar en el Congreso Bolivariano y hallar ahí a jóvenes latinoamericanos inquietos como ellos, sensibles y entusiastas por los movimientos sociales de nuestro continente.  Ninguno iba a imaginar la suerte que correría.

Luego de entrevistarse en las universidades ecuatorianas con estudiantes parecidos a ellos, de hacer entrevistas, de recorrer museos y las hermosas calles de Quito, primer lugar declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, llegaron a su destino, el Congreso Latinoamericano.  En ese marco, ahora sabemos, alguien los invitó a conocer un campamento de las FARC donde se trabajaba por la paz y por el rencuentro de muchos colombianos con sus familias y sus hogares.

El 29 de febrero, sólo unas cuantas horas antes del bombardeo cuando el sol se apagaba, llegaron al campamento en tierras de la Provincia de Sucumbíos.  Luego de cenar se fueron a dormir esperando al día siguiente para hacer las primeras entrevistas.  Probablemente varios de ellos no despertaron, otros lo hicieron en medio del terror.  Por dos ocasiones una lluvia  de fragmentos de bombas expansivas alcanzaron sus cuerpos.  Los frondosos árboles, en lugar de escudos se convirtieron en armas de destrucción.  El ejército colombiano volvió a la carga horas después, acompañados de helicópteros artillados descendieron sin respetar a los heridos, tiros por la espalda atestiguan esta crueldad.

La vida de nuestros hijos fue segada por armamento sofisticado de guerra y muerte.  Se trató de la invasión ilegal al territorio de un país soberano, lo que constituye un delito sancionado internacionalmente, este acto fue reconocido por el propio presidente Álvaro Uribe y condenado ampliamente en el mundo, incluso por México.  Ante las evidencias enormes de esa infamia nosotros nos preguntamos: ¿Por qué si nuestro gobierno condenó la invasión, no ha condenado consecuentemente los resultados de esta infamia? ¿Por qué no ha protestado enérgicamente por la muerte de cuatro connacioneles y las heridas sufridas por otra más? ¿Por qué no ha exigido el castigo para los culpables de múltiples delitos y de crímenes de lesa humanidad?  ¿Será el silencio cómplice y la actitud servil ante el poder las que se impongan en México?  No podemos quedar callados, nuestra voz es el eco de millones de voces en México que reclaman justicia.  Desde el presidente Uribe hasta los oficiales y el último elemento de tropa que participaron de esta cobardía deberán recibir el juicio que merecen

Nunca imaginamos que volveríamos a nuestra tierra con las cenizas de nuestros hijos vilmente masacrados, con sus actas de defunción en las que se reconoce que fueron víctimas de bombas expansivas, tampoco pensamos que en Ecuador dejaríamos a Lucía postrada en una cama de hospital sin poder dar un paso.  Nuestros hijos, Soren Ulises Avilés, Fernando Franco, Verónica Velázquez, Juan González y Lucía Morett, jóvenes estudiantes destacados, son víctimas civiles de una de las mayores injusticias cometidas en la historia  recientemente de nuestra América Latina.

Poco a poco la selva amazónica ecuatoriana se recuperará.  En la tierra horadada por manos criminales volverán a crecer árboles robustos, flores silvestre, hierba fresca; regresará el canto de miles de pájaros de multitud de colores, volarán mariposas por todo su cielo; millones de insectos retornarán y el murmullo de las aguas inundará todo de verde, de hermosos colores, y la vida, la vida por la que luchaban nuestros hijos, renacerá.  Somos más fuertes que la infamia y la cobardía.  Las heridas en nuestros corazones no cerrarán nunca.  Lucía perdió a cuatro de sus mejores amigos, nosotros a nuestros hijos y familiares queridos.  Bastaron unos segundos y una orden criminal para desfigurar sus rostros; sus cuerpos sólo pudieron ser reconocidos por complicadas pruebas forenses: estudios de ADN, huellas dactilares, características dentales, a los que se sumó la mirada de una madre que pudo identificar el pié de su hijo.  Sus cuerpos calcinados, destrozados, quedaron irreconocibles, pero, en nuestra memoria, y por siempre, serán los jóvenes inquietos y alegres que conocimos.

Mancharon los cuerpos de nuestros hijos de sangre, de esquirlas, de barro.  No enlodarán la dignidad, la honradez y el nombre de estos jóvenes estudiantes, ni ensuciarán la nobleza de sus convicciones latinoamericanistas y su búsqueda por la patria grande.  Vivirán en nuestra mente y nuestros corazones, su sangre fertilizará la conciencia de millones por un futuro mejor,  y para que nunca más se repita ese acto de barbarie que nunca debió de ocurrir.  Ellos tomaron camino confiados y ahora son víctimas civiles de un horrendo crimen de Estado.  Los culpables un día tendrán que pagar, alguna cárcel  alcanzará a quienes ahora desde el poder y la cobardía intentan justificar lo injustificable.

Agradecemos las muestras de solidaridad del hermoso pueblo ecuatoriano, la actitud resuelta y comprensiva de su gobierno.  Aplaudimos la actitud valiente que desde México millones de compatriotas asumen para reivindicar el nombre de nuestros hijos y su derecho a la libertad, a pensar y actuar por una vida más digna y más humana.

Del gobierno mexicano esperamos que rectifique.  Queremos informarles que el pasado 17 de marzo enviamos al presidente Felipe Calderón un video que muestra los cuerpos destrozados de nuestros hijos y de otros más que ese 1 de marzo dormían tranquilamente.  Hacemos entrega a los medios de comunicación de ese material para que se conozca por todo el mundo la verdad.  ¿Podrá alguien, desde una posición honesta, con esas dolorosas evidencias, seguir atacando a nuestros hijos y queriendo criminalizar a las víctimas?  La historia nos dará la razón.  Iremos por la justicia, estamos armados con la  verdad.

Muchas gracias.

Asociación de padres de hijos masacrados en Sucumbìos, el 1 de marzo de 2008.

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En secreto, las autoridades de Ecuador tenían lista la operación para liberar a 12 rehenes de las FARC, entre ellos a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Para ello estaban en coordinación con Raúl Reyes, canciller de la organización armada, quien semanas atrás se había desplazado a la selva de la zona norte de Ecuador. El gobierno colombiano estaba al tanto de este operativo. Sin embargo, autorizó la irrupción de aeronaves y tropas colombianas para bombardear el campamento de Reyes, quien murió junto con 22 personas más. Así se frustró la operación de liberación de rehenes y se desencadenó la actual crisis diplomática que afecta a la región.

QUITO.- Todo estaba previsto para que el miércoles 12 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberaran a 12 rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt, excandidata presidencial de Colombia.

Un día antes, las FARC los entregarían en algún lugar de la frontera de Ecuador con Colombia. Raúl Reyes, el vocero político y canciller de esta organización guerrillera, estaría al frente de esta operación. Oficiales del ejército ecuatoriano recogerían a los rehenes en un helipuerto construido por los guerrilleros colombianos. Los llevarían a un hospital para un chequeo médico y el miércoles 12 serían presentados ante los medios de comunicación en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano. El presidente Rafael Correa daría a conocer al mundo la noticia de la liberación.

Una importante fuente del Palacio de Carondelet contó a Proceso detalles de esta operación.

Según esta fuente, un emisario mantenía contactos con los jefes guerrilleros y con las autoridades ecuatorianas. A través de él, ambas partes mantenían comunicación. El emisario también mantenía al tanto a los enviados de los gobiernos de Francia, Venezuela, España y Suiza. Todo en el más absoluto secreto y con conocimiento de importantes funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe, pero no necesariamente de sus altos mandos militares.

La razón: los representantes de los países que apoyan la liberación de los rehenes desconfiaban de los oficiales que pertenecen al ala más dura de las Fuerzas Armadas colombianas. Consideraban que, a la hora de decidir entre liberar a los rehenes o capturar a Reyes, esos militares no tendrían duda alguna: optarían siempre por la cabeza de Reyes.

Todo el personal e infraestructura militar fronteriza estaría a disposición de la operación, pero bajo la figura de “una alerta sobre una acción secreta”. Serían informados a última hora para prestar todas las facilidades de movilización, revisión médica y entrega de los rehenes.

Las fuerzas armadas ecuatorianas conocen bien la selva norte de Ecuador. Sólo en el último año han desmantelado en esa zona 47 campamentos provisionales de las FARC.

–¿Por qué no se les informaría antes? –se le pregunta a la fuente.

–Porque los estrechos nexos entre algunos mandos militares y policías de los dos países pudieran frustrar la operación. Es más: no se quería ningún tipo de filtración por el celo que existe por la presencia de guerrilleros en territorio ecuatoriano.

Asegura: “El ala más radical de las fuerzas armadas colombianas nunca estuvo de acuerdo con la liberación de rehenes”.

–¿Por qué?

–Le daba demasiado crédito político a las FARC y a ellos (los militares colombianos) sólo les interesa la captura de los jefes de la guerrilla.

El interlocutor

Sin embargo, todo se frustró. El sábado 1 el ejército colombiano realizó la “operación Fénix”: helicópteros y tropas irrumpieron en territorio ecuatoriano, bombardearon el campamento en que se encontraba Reyes, quien murió junto con 22 personas más, y trasladaron a Colombia su cadáver y el de su esposa, Olga Marín –hija de Manuel Marulanda, Tirofijo, máximo comandante de las FARC–, así como una maleta con documentos y tres computadoras, cuyo supuesto contenido es utilizado por el gobierno de Uribe para acusar al gobierno de Correa y al venezolano de Hugo Chávez de apoyar a las FARC.

Ello desencadenó una crisis diplomática regional: los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Nicaragua rompieron relaciones con el de Colombia y los dos primeros desplegaron fuerzas militares en sus fronteras con este país. Salvo Washington, los gobiernos latinoamericanos censuraron la acción de Uribe y, en reunión extraordinaria, los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron un documento que reprueba –aunque no condena– la violación del territorio ecuatoriano y designaron una comisión para investigar los hechos.

Existen varias declaraciones y hechos que parecen confirmar la versión ofrecida por la fuente del Palacio de Carondelet: Raúl Reyes era el interlocutor de las FARC para realizar la liberación de los presos en Ecuador.

“Es una mala noticia que el hombre con el que estábamos dialogando (Reyes) haya muerto”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, cuando el domingo 2 se enteró de la muerte del líder guerrillero. Y la vocera de ese ministerio, Pascale Andréani, reiteró que Colombia estaba informada de los diálogos. “Teníamos contacto con Reyes y los colombianos estaban al corriente”, aseveró.

El ministro de la Seguridad Interna y Externa del Ecuador, Gustavo Larrea, también declaró el lunes 3 que se realizaron varios contactos para esa liberación y con la muerte de Reyes todo quedó en suspenso.

Incluso, el exmarido de Betancourt, Fabrice Delloye, señaló desde París que en la semana previa a la muerte de Reyes el alto comisionado colombiano para la paz, Luis Carlos Restrepo, se reunió con emisarios y delegados de Francia, España y Suiza para decirles que “fueran a ver a Reyes”.

En diciembre pasado el presidente Correa nombró de manera pública a Larrea como delegado para apoyar los esfuerzos humanitarios encaminados a lograr la liberación de los secuestrados por las FARC.

Ello se hizo “a petición del presidente Uribe”, declaró Miguel Carvajal, viceministro de Defensa. Y en referencia al papel desempeñado por Larrea, explicó que “hubo reuniones en Colombia, en las que también estuvieron representantes de Venezuela, de Argentina, de Francia y de otros países, en un esfuerzo internacional por apoyar una salida política y pacífica a este sangriento y doloroso conflicto interno que vive Colombia”.

El martes 4, Larrea confirmó que sostuvo una reunión con Reyes, cuya fecha y lugar no precisó. Aseguró que fue con el único propósito de liberar a los colombianos secuestrados.

La fuente del gobierno ecuatoriano consultada por Proceso señaló que no hacía falta que Larrea u otra autoridad del país se reu-niera con Reyes o algún otro jefe guerrillero “porque ya se habían establecido los mecanismos de comunicación y un protocolo mínimo para la entrega de los rehenes, dada la experiencia de las dos últimas entregas hechas con la mediación de Venezuela”.

De hecho –explicó–, durante la semana previa a la incursión militar, se habían mantenido varios contactos para afinar detalles, pero sin cambiar la fecha de referencia: 12 de marzo. Y señaló que si surgían problemas, la entrega se pospondría para el sábado 15.

La llamada de Chávez

Sin embargo, la operación de rastreo y localización de Reyes empezó el pasado 27 de febrero. Ese día, el presidente Uribe fue informado de que un grupo de oficiales de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) tenía ubicado a Reyes gracias a una intercepción telefónica y a un informante infiltrado, señaló la fuente del Palacio del Carondelet.

El jueves 6, la cadena radial RCN informó que los servicios de inteligencia militar de Colombia localizaron la ubicación de Reyes en Ecuador a raíz de una llamada que le hizo el presidente Chávez el pasado 27 de febrero, día en que las FARC liberaron a cuatro excongresistas colombianos: Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán y Jorge Eduardo Gechem.

“Chávez, emocionado por la liberación de los secuestrados, llamó a Reyes” a un teléfono satelital “y le informó que todo había salido bien”, dijo RCN, el cual citó a “altas fuentes militares colombianas”.

Reyes llevaba varias semanas en Ecuador. Las autoridades del país sabían que había realizado movimientos por la zona fronteriza con “afanes de regresar a Colombia, con un grupo de guerrilleros”.

Reyes había establecido su campamento a mil 850 metros de la línea fronteriza, en la zona de Santa Rosa, una de las rutas tradicionales de paso de las FARC, que en otras ocasiones había sido desactivada ante la presencia de militares ecuatorianos, explicó al corresponsal un oficial de los servicios de Inteligencia de Ecuador, quien ha participado en la localización de guerrilleros en la Amazonia del país.

De hecho, las autoridades colombianas ya habían intentado capturar o matar a Reyes en territorio ecuatoriano. En 2004, miembros de la Policía, del Ejército y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia fueron enviados a Quito para arrestar a Reyes en coordinación con las autoridades ecuatorianas. Pero esa operación se frustró porque el entonces director del DAS, Jorge Noguera, a espaldas de los gobiernos colombiano y ecuatoriano, envió un equipo paralelo para realizar el arresto, según reveló en su momento una investigación del diario Hoy de Quito. Debido a ello la cooperación entre las autoridades colombianas y las ecuatorianas se deterioró temporalmente.

Sin embargo, desde hace dos años, la policía de Colombia y de Ecuador empezaron nuevamente a intercambiar información de inteligencia sobre la presencia de guerrilleros colombianos en Ecuador. La fuente de inteligencia indicó que se presumía la presencia de agentes encubiertos colombianos en el Encuentro Internacional de las Alternativas, realizado en Quito la última semana de febrero. Esos agentes encubiertos estarían en búsqueda de jefes guerrilleros, colaboradores y simpatizantes de las FARC. Pero en esta ocasión las autoridades militares de Colombia no informaron de ello a sus pares ecuatorianos.

Y la noche del 29 de febrero, los colombianos tampoco avisaron sobre la inminente acción sobre suelo ecuatoriano.

Medios de comunicación colombianos explicaron que el ejército de su país esperó hasta la madrugada del sábado 1 debido al mal tiempo en la zona. La pertinaz lluvia podría frustrar un ataque directo y rápido. Al mismo tiempo, en Ecuador los radares en dicha región no estaban en funcionamiento. Las autoridades militares explicaron que les estaban dando mantenimiento y que, además, no había garantía de que detectaran algo a causa del mal tiempo. Esta explicación provocó la reacción de varios sectores de la oposición a Rafael Correa, pues supondría complicidad con las FARC.

Las incursiones colombianas no son nuevas para Ecuador, pero nunca en la magnitud de la del sábado 1. El 15 de noviembre de 2005, por ejemplo, durante varios enfrentamientos entre la Fuerza Pública ecuatoriana y las FARC, en la provincia fronteriza de Esmeraldas, Ecuador, se produjo la incursión de ocho helicópteros colombianos en el espacio aéreo ecuatoriano y el ingreso de 400 policías.

Un mes después ocurrió otro incidente: tres helicópteros Black Hawk y dos avionetas del ejército colombianos violaron espacio aéreo ecuatoriano en la zona de La Bermeja, en Sucumbíos. Ecuador presentó a Colombia una nota de protesta.

En febrero de 2006, el embajador de Ecuador en Colombia, Ramiro Silva, fue llamado en consultas a Quito tras las declaraciones del mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, en las que dijo que las FARC planificaban en el Ecuador sus atentados terroristas. Durante una reunión de 45 minutos entre el canciller de este país, Francisco Carrión, con su homóloga colombiana, Carolina Barco, se superó ese incidente diplomático.

Y durante 2007, tras la asunción al poder de Rafael Correa, empezaron las pujas entre los dos países por la aspersión del químico glofosato para acabar con las plantaciones de coca, que era rociado por Colombia en el lado ecuatoriano y, según las denuncias del gobierno de Quito, provocaron enfermedades de todo tipo en la población de Sucumbíos, fronteriza con el sector sur de Colombia.

El 7 de febrero de 2007, la canciller María Fernanda Espinosa envió dos notas de protesta: una por el reinicio de las aspersiones y otra por el asesinato de los ciudadanos ecuatorianos Jorge Montenegro y Édison Chingal por parte del ejército colombiano. Un mes después, el 29 de marzo, Ecuador presentó una nota de protesta por la incursión de 15 soldados colombianos en un operativo para capturar a dos personas que después aparecieron muertas.

El 28 de abril de 2007, el presidente Rafael Correa anunció que no permitirá que fuerzas regulares o insurgentes de Colombia violen su territorio después de la captura de nueve guerrilleros de las FARC.

A partir de ahí hubo un período de aparente calma. Sin embargo, el pasado 7 de noviembre Ecuador denunció una aparente incursión en su territorio de aeronaves colombianas que balearon varias viviendas.

Y el penúltimo incidente ocurrió el pasado 26 de noviembre. El ministro de Defensa Wellinton Sandoval informó que combates entre tropas ecuatorianas y fuerzas irregulares de Colombia dejaron un militar herido.

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Según el corresponsal de TeleSUR en Bolivia, Vladimir Carrillo, el Gobierno de Ecuador envió al sitio de los bombardeos una misión ministerial en la búsqueda de evidencia que aclaren los hechos.

El Ejército de Ecuador rescató a dos guerrilleras que resultaron heridas durante el bombardeo que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas de Colombia, en territorio ecuatoriano, para asesinar al comandante de las FARC, Raúl Reyes.

Una de las mujeres heridas, de 19 años, fue trasladada, en helicóptero, desde el lugar de los hechos hasta la Base de Operaciones Especiales número 24, ubicada en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos (nororiente de Ecuador).

La combatiente será llevada a un hospital de la zona, donde estará bajo custodia militar, reportó el corresponsal de TeleSUR en Bolivia, Vladimir Carrillo.

Según Carrillo, el Gobierno de Ecuador envió al sitio de los bombardeos una misión ministerial en la búsqueda de evidencia que aclare los hechos.

De acuerdo con el reporte de Carrillo, “en la zona de Santa Rosa, habitado por campesinos, hay temor por parte de los ciudadanos ecuatorianos por lo que sucedió la noche anterior en donde murió Raúl Reyes y otros 16 subversivos”.

“En la región fronteriza, los campesinos aseguran que los bombardeos fueron bastante fuertes, y que se utilizaron más de cinco aeronaves colombianas para desplegarlos”, dijo Carrillo.

Asimismo, se conoció que los cuerpos de los otros guerrilleros que murieron en el bombardeo se encuentran en Puerto Asis, capital del colombiano departamento de Putumayo (sur), y que están en manos del Ejército de Colombia.

El sábado el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó la muerte del guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Luis Edgar Devia, mejor conocido como Raúl Reyes, quien fue asesinado por el Ejército de ese país durante una operación que inició en el departamento de Putumayo (sur), y luego incursionó en territorio ecuatoriano.

La versión de Colombia decía que la persecución había sido “en caliente” y que las tropas habían incursionado al repeler fuego de las FARC, que se habían adentrado en territorio ecuatoriano al huir de los combates.

Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano desmintió esa versión al constatar, con un revisión del sitio, que los guerrilleros habían sido “masacrados” mientras dormían, es decir, no había sido ningún combate.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, acusó a Colombia de haber violado la soberanía de su país, en un acto que consideró el “peor ataque” en la historia de su país.

“Para sorpresa del Gobierno ecuatoriano (las tropas ecuatorianas) han encontrado 15 cadáveres de guerrilleros, dos guerrilleras heridas en un campamento improvisado” y que los fallecidos “estaban en paños menores; es decir, que no hubo ninguna persecución en caliente”, dijo Correa.

“Fueron bombardeados y masacrados mientras dormían, utilizando tecnología de punta, que les localizó de noche, en la selva, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras”, aseguró el jefe del Estado quien ordenó el retiro de su embajador acreditado en Bogotá.

El asesinato de Reyes se produce a sólo dos días de la liberación unilateral, por parte de las FARC, de cuatro ex congresistas colombianos, como un gesto de agradecimiento al presidente venezolano, Hugo Chávez, cuya mediación por un acuerdo humanitario fue abruptamente interrumpida por su homólogo Álvaro Uribe.

Junto a Reyes, quien formaba parte del Secretariado de las FARC, fueron abatidos otros 17 guerrilleros, entre ellos Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado.

Fuente: Telesur

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