Censura en Reforma Diario (que raro).

Jue 10 Julio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

El día 7 de julio Raúl Trejo Delarbre, Academico de la UNAM y Editorialista en varios medios, Envió a la dirección general del Diario Reforma, una respuesta a un articulo publicado en ese mismo diario, escrito por Sánchez Susarrey, lógicamente la respuesta del diario fue la de no publicar el escrito enviado por Trejo Delarbre.

Nosotros como medio alternativo, respetuosos de la libre expresión, publicamos dicha carta y anexamos el texto de agradecimiento del propio Trejo Delarbre, al final de la misma.

El profesor Jaime Sánchez Susarrey desparrama descalificaciones en su artículo del 5 de julio en Reforma dedicado a polemizar con el texto que a mi vez publiqué el día 3, como todos los jueves, en La Crónica. En su enjundioso artículo me llama totalitario, censor, delirante, severo y obtuso, entre otras cosas.

En mi artículo en La Crónica sostengo que no es verdad que la prohibición a que particulares o partidos compren espacios para propaganda en televisión y radio limite la deliberación democrática, como dicen los promotores de la demanda de amparo que Sánchez y otros 14 ciudadanos presentaron en diciembre contra uno de los aspectos de la reforma constitucional en materia electoral.

Esa taxativa ya existía en la legislación electoral pero no había sanciones para ella. Ahora Sánchez dice que con tal medida “la partidocracia confisca el debate político intelectual en tiempos electorales y deja a los ciudadanos en calidad de sujetos pasivos y mudos”. Pero ese debate, sobre todo cuando es de índole intelectual, jamás se realiza en spots como los que ahora no podrán ser pagados en medios electrónicos.

Sánchez confunde el debate de ideas con el marketing: le parece que en 20 segundos se puede expresar una formulación argumentada y lógica y ofrece varios lemas que cabrían en menos de ese espacio. Esos ejemplos permiten comprobar la enorme distancia que hay entre la deliberación y la propaganda. Cuando afirma “las FARC son una organización terrorista vinculada al narcotráfico”, “Octavio Paz tenía razón: el socialismo real fue una experiencia monstruosa” o “la estatización de la banca en 1982 fue una estupidez”, cita lugares comunes que solamente tienen sentido político y autoridad intelectual si son respaldados por hechos y razonamientos.

Hoy es posible condenar la complicidad de las FARC con otros grupos delincuenciales porque hay evidencias de ello. Paz fue pionero en la denuncia a las burocracias comunistas gracias a la información que supo comprender y compartir acerca de crímenes y abusos en Europa del Este. Y sobre la nacionalización bancaria, a la que es preciso entender en la circunstancia mexicana de hace 26 años, Sánchez repite una consigna manida pero discutible.

Si el debate público y la tarea de analistas como el propio Sánchez se limitaran a concebir y recitar frases contundentes, que para tener efecto tuvieran que transmitirse en anuncios de radio y televisión, quizá mi encrespado interlocutor tendría razón. Pero hasta donde tengo entendido él mismo, igual que otros colegas que analizan asuntos públicos, no se dedica a la propaganda sino a la reflexión. O eso esperan sus lectores y, supongo, el diario para el cual escribe.

La reforma constitucional del año pasado tiene numerosas aristas. Es imposible aplaudirla o descalificarla toda. Yo mismo he señalado sus contraluces. En el artículo que desató la cólera de Sánchez hasta enceguecerlo, recordé que así como la prohibición a la compra de propaganda me parece pertinente, hay aspectos de esa reforma que suscitan excesos y confusiones. De manera expresa me referí a la proscripción, en la propaganda de los partidos, de expresiones que “denigren a las instituciones y a los propios partidos”. Esa prohibición me parece innecesaria y riesgosa. En la discusión política es inevitable que haya discrepancias y cuestionamientos. Por eso considero que tratar de impedir “denigraciones” traerá más problemas que los que pretende evitar.

Por eso escribí: “Otro tema que Los 15 no impugnaron en su demanda de amparo aunque varios de ellos lo han mencionado como si formase parte de ella, es la proscripción, consecuencia de la misma reforma, a las expresiones que en la propaganda de los partidos…” etcétera. Sin embargo Sánchez, pródigo desautorizador pero pésimo lector, me reprocha no haber percibido “ninguno de esos peligros” y asegura que con un ordenamiento así Hitler habría tenido completa impunidad en Alemania. Allá él con sus forzadas comparaciones. Pero ofuscado en ese tono tremendista, me recrimina no tomar en cuenta el asunto de la propaganda denigratoria cuando fueron él y sus compañeros de amparo quienes lo ignoraron en su demanda.

También he considerado que los promotores del amparo han soslayado las consecuencias políticas de esa acción judicial, entre ellas el interesado respaldo encontraron en las televisoras. Desaforado porque señalé esas implicaciones, Sánchez tilda mi argumentación de “estalinista” y rememora las burdas acusaciones que algunos despistados le hacían a Octavio Paz al decir que estaba al servicio del imperialismo.

Ahora resulta que advertir las implicaciones de una acción pública, de carácter político, significa incurrir en prácticas estalinistas. Me inquietan la pobre concepción que Sánchez tiene del análisis político y, también, esa paranoia entreverada con cierto delirio de grandeza. En una de las glosas que hace de mi texto, se refiere a él y sus compañeros de demanda como “los 15 notables”. Pero ese es un término que no utilicé, porque estoy convencido de que entre esos ciudadanos hay escritores y pensadores en efecto muy destacados. Y otros, pues no.

Sánchez, desde luego, no es Octavio Paz. Y nadie ha quemado su efigie (sería inaceptable, pero además resulta improbable) ante embajada alguna. Quien se chamusca solito es él, atareado en adjudicar dicterios. Es incontrovertible que las televisoras aprovecharon la demanda de Los 15 para respaldar sus propias quejas contra la reforma constitucional. Por eso escribí, refiriéndome a Televisa y TV Azteca: “vale la pena preguntarse por qué esos consorcios, que han conculcado, expropiado y acaparado como ningún otro organismo o institución la libertad de expresión en este país, ahora respaldan a quienes están convencidos de reivindicar esa libertad”.

En mi artículo recordé que el día anterior en Milenio Héctor Aguilar Camín, uno de los firmantes de la demanda, “publicó un claro deslinde respecto de Televisión Azteca en donde se ha dicho que la reforma constitucional convierte a México en una dictadura”. Sánchez me llama totalitario por señalar alcances de la demanda de amparo que otros promotores de ese proceso judicial también han advertido.

Además difama: “Trejo tiene convicción de que los ciudadanos deben ser tutelados por la autoridad”. Jamás he dicho eso. Garantizar la equidad electoral no implica que la autoridad, ni nadie, nos diga qué debemos o podemos saber, opinar o discutir. Sánchez también falla como inopinado intérprete de mis convicciones las cuales, por lo demás, no son nuevas y son públicas.

En la misma línea de reprobación gratuita sentencia: “No entiende ni entenderá jamás el derecho a la libertad de expresión”. El autor de esa terminante frase es el mismo que me tilda de censor y otras cosillas. Por fortuna mi capacidad de entendimiento y mi compromiso con la libertad de expresión no están supeditados al reconocimiento de Sánchez Susarrey.

Atentamente

Raúl Trejo Delarbre

———————————————————————–

Mensaje de agradecimiento de Raúl Trejo a radio vulgocracia.

Estoy muy agradecido, por su mensaje y por haber leído mi extensa carta, completa además, en su espacio radiofónico. Mi reconocimiento es mayor porque, como señalaron en la transmisión, a pesar de las diferencias que tienen con algunos de mis puntos de vista coinciden en esta reivindicación del derecho de réplica. Esas y otras diferencias las podemos comentar y discutir pero siempre y cuando exista circulación, sin censura, de las ideas. Eso es lo que no hubo en este caso por parte de Reforma pero la respuesta de ciudadanos como tú está siendo contundente.

Saludos cordiales

Raúl Trejo Delarbre

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Ciudad de la Investigación en Humanidades
Circuito Mario de la Cueva
Ciudad Universitaria, Coyoacán,
04510, México D.F.
México

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Los Halcones, en la campaña de Echeverría

Mar 10 Junio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

Los Halcones, grupo paramilitar que atacó una manifestación estudiantil el 10 de junio de 1971, trabajaron en la seguridad del candidato a la presidencia del país, Luís Echeverría Álvarez, según consta en reportes oficiales guardados en el Archivo General de la Nación (AGN). Antes, fueron creados en 1968. Se ocupaban de impedir protestas callejeras, como en 1969 y 1970 contra estudiantes y obreros de Ayotla Textil; cuidar instalaciones oficiales, o perseguir a las marías en el centro de la ciudad.

“Durante la visita de LEA a Puebla, los estudiantes de la Universidad estaban muy gruesos; unos halcones tenían la orden de ir en avanzada y si había propaganda contra el candidato la tenían que quitar. Tuvieron problemas pues los estudiantes los enfrentaron. Se armaron los golpes y lograron llevarse a dos estudiantes. Uno de ellos fue desaparecido…”, cuenta un jubilado de la PGR que participó en ese grupo de choque.

Según un escrito guardado en la sección Investigaciones Políticas y Sociales (IPS), caja 1036 de fecha 11 de enero de 1970, a ese grupo ya se le conocía como Los Halcones.

El reporte apunta: “el grupo denominado Los Halcones aprehendió a un joven, el cual en el momento de que el Licenciado Echeverría subía al autobús en el que se retiraría del lugar le gritó ‘farsante’”. LEA había estado en el Monumento a la Revolución, donde la CTM le ofreció un mitin y desfile de apoyo.

“El citado joven responde al nombre de José Guadalupe Moreno Camarena, originario de Mexicali, Baja California, hijo de Gorgonio Moreno y de Altagracia Camarena, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM”, se reporta.

Al llegar a la presidencia de México, LEA ordenó al jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, la preparación militar de ese grupo, como si ya supiera lo que vendría. Y es que durante su recorrido por el país había tomado el pulso de la nación: 1968 estaba fresco. Lo acusaban de asesino por los hechos del 2 de octubre.

La prensa de diciembre de 1970 registra el fin de las redadas de las marías a manos de Los Halcones.

Era el inicio de la preparación para otras tareas. El jefe de Los Halcones fue Manuel Díaz Escobar Figueroa, entonces subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal. Seis meses más tarde, ese grupo fue utilizado para atacar la manifestación estudiantil en la capital del país, la del 10 de junio de 1971, la del Jueves de Corpus. Es decir, hace 37 años.

Posterior al halconazo muchos de sus integrantes se dedicaron a delinquir en Ciudad Nezahualcóyotl, ubicada cerca de la Cuchilla del Tesoro, en San Juan de Aragón. Donde habían recibido entrenamiento.

Tal fue el caso de algunos de los más activos: El Germán, El Pájaro (posiblemente Ricardo Aceves Pérez), El Greñas, El Carlos, El Toro, y otros más que fueron el terror de las colonias del antiguo Vaso de Texcoco. Al final de la década de los 60 y mediados de los 70 se enfrentaron a muerte con otra de las máximas bandas de ese lugar: Los Flamingos.

Esta última se movía en la tercera sección de la colonia Aurora, precisamente donde tenía su residencia en ese entones el halcón Rafael Delgado Reyes (calle México Lindo). Éste era muy amigo de El Pájaro y demás, quienes dominaban la primera y segunda sección de esa misma colonia.

“El Pájaro terminó muy mal: estuvo en el Ejército y después del 10 de Junio ahí seguía como soldado, pero el consumo de droga y alcohol lo estaba acabando. Fue cuando en las calles de la Aurora se le veía drogado y con su abrigo de soldado encima. Así se dedicaba a robar. Murió; alguien lo mató en esa colonia”, cuenta el mismo jubilado, quien pidió omitir su nombre.

Según documentos que se encuentran en el AGN, los integrantes de Los Halcones no permitían ningún asomo de disidencia o insultos contra el candidato del PRI. La avanzada quitaba la propaganda, pintas y mantas que acusaban a LEA de asesino por los hechos del 2 de octubre en Tlatelolco.

Por ejemplo, el 25 de diciembre de 1969 —caja 1036, expediente 1—, cuando el candidato oficial arriba a la ciudad de Tecate, Baja California se encontraron pintas alusivas a esos hechos. De inmediato Los Halcones persiguieron y castigaron a los autores de éstas. Según el informe, los autores habían sido estudiantes de “extrema izquierda” dirigidos por Sergio Herminio (Dionisio) Hirales Morales.

El 9 de enero de 1970, cuando LEA visitó Puebla, según escrito de Investigaciones Políticas y Sociales, fue detenida por Los Halcones la “agitadora” Bertha Angelina Galindo en la Normal de Tetelco. Según las investigaciones, de ese grupo la estudiante había estado presa en el Campo Militar número 1 en 1968. Otro de los detenidos ese mismo día fue Godofredo Álvarez, secretario general de la delegación sindical de esa escuela. El delito de ellos, junto con otros activistas, había sido su llamado a no participar en el recibimiento al candidato del PRI.

Testimonio

“Empujándonos entramos a una bodega de dos por un metro, ubicada en el primer piso del hospital Rubén Leñero de la Cruz Verde. Éramos como 16 estudiantes. La puerta no tenía perilla y nadie se había dado cuenta. Una estudiante levantó una tabla, “¡ponla!” le gritó, le suplicó a alguien. Varios estudiantes levantaron las piernas para atrancar esa puerta con esa tabla. Los balazos en los pasillos eran cada vez más cerca “¡Los Halcones, Los Halcones…!”, pasó alguien gritando.

“Nos llevaron al tercer piso y ahí estuvimos tirados en el suelo, entre bancas. Nos dijeron que no podíamos salir. Pasamos ahí la noche. A la media noche fueron por nosotros. Uno por uno, nos fueron metiendo en camas. Las enfermeras nos daban batas. En la madrugada un doctor me despertó para preguntar mis datos. Somnoliento contestaba con miedo. Fue cuando volví a escuchar los disparos. Lejanos. Pregunté la hora: 3 de la mañana. Se volvieron a escuchar gritos: “¡ahí vienen, ahí vienen!”, gritó alguien. Vidrios rotos y un “¡no, no, no!”, y luego silencio.

Con todo respeto…

Después del halconazo vinieron premios y renuncias menores. Se cuenta que Alfonso Martínez Domínguez fue obligado a renunciar a la regencia del DF. De él fue la frase “¡No existen Los Halcones! Es una leyenda”. Mentía, él los conocía. Después contó que al entregar su renuncia le dijo a LEA: “Aquí tiene usted mi renuncia, señor presidente, y chingue usted a su madre”. Otro que los negó fue Julio Sánchez Vargas, entonces titular de la PGR. También fue sacrificado. Manuel Díaz Escobar renunció, pero antes aceptó la existencia de Los Halcones y se fue a Chile. Rogelio Flores Curiel, entonces jefe de la policía dimitió, pero fue premiado con el gobierno de Nayarit. El único que no renunció ni tuvo castigo, como ninguno lo tuvo, fue el propio Echeverría, quien dijo al enterarse de la matanza: “¿Herido uno de los nuestros? ¿Muerto? Al Campo Militar. Todos para el Campo Militar ¿A la Cruz Verde? No, no. No permitan fotos ¡Quémenlos!”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Y encima, los desaparecidos

Lun 19 Mayo, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

La desaparición forzada de personas “es una de las conductas más aberrantes, de las que han causado más dolor, más sufrimiento y heridas profundas a la sociedad mexicana”, dice el abogado Enrique González Ruiz, miembro de la Comisión de Mediación para el diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario y el gobierno de Felipe Calderón. Y aclara que su labor es ayudar a que los eperristas Edmundo Reyes y Alberto Cruz, desaparecidos hace ya casi un año, sean presentados con vida.

Cuando está por cumplirse un año de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), este grupo guerrillero y el gobierno de Felipe Calderón iniciaron un diálogo a través de la Comisión de Mediación, cuyo único fin es que los eperristas sean presentados con vida.

El 25 de mayo de 2007 los dos militantes del EPR fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca y hasta ahora ninguna autoridad se ha responsabilizado de su desaparición. Por el contrario, tanto el gobierno federal como el estatal, encabezado por Ulises Ruiz, se han culpado mutuamente de este hecho.

Tanto el EPR como los exguerrilleros que integran la organización Izquierda Democrática Popular (IDP) sostienen que el Ejército tiene en su poder a Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Su certeza se basa en lo siguiente: los operativos militares realizados en entidades donde se presume que existen bases eperristas, las versiones de dos soldados que dijeron haberlos visto en el Campo Militar Número Uno, y en varios mensajes electrónicos de un grupo que asegura tener a los insurgentes.

Sobre este caso la Procuraduría General de la República (PGR) ya tiene en curso algunas investigaciones, que la Comisión de Mediación podría solicitar como parte de su trabajo. “Seremos una comisión con iniciativa, no nos quedaremos con lo brazos cruzados”, señaló en entrevista el abogado Enrique González Ruiz, miembro de la instancia ciudadana.

Silencio culpable

El 2 de junio de 2007 el EPR dio a conocer que el 25 de mayo, en una “acción fortuita”, la policía de Oaxaca detuvo a sus dos militantes y que los mantuvo durante 10 días en las instalaciones de la procuraduría estatal, donde fueron torturados “hasta causarles fracturas”. Después de eso, afirmó el grupo guerrillero, Reyes y Cruz fueron entregados a los mandos de la Octava Región Militar.

El 25 de julio siguiente, en un nuevo comunicado emitido desde Veracruz, el EPR denunció por primera vez que sus dos miembros permanecían detenidos en instalaciones del Ejército.

Varias semanas después, el 9 de agosto, llegaron a las oficinas de IDP dos sujetos que se identificaron como militares y les informaron que habían presenciado el ingreso de los militantes eperristas en el Campo Militar Número Uno, ubicado en la Ciudad de México.

De acuerdo con el exguerrillero Felipe Edgardo Canseco, integrante de IDP, uno de los militares les dijo que vio cuando Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez entraban por la puerta donde se encuentra la Policía Militar, y que había escuchado que los torturaban todos los días. Además, les informó que en el mencionado campo militar se reforzaron las medidas de seguridad para evitar filtraciones de información.

En entrevista con Proceso, Canseco dice que estos hechos fueron denunciados ante las secretarías de la Defensa, de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Nosotros, como colectivo de expresos políticos, le dijimos en una reunión al subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare, lo que nos revelaron los militares en nuestra oficina. El general no negó ni afirmó nada, pero nos dijo que no tenía jurisdicción sobre la Policía Militar. Añadió que lo único que está cerca de la puerta 1 del Campo Militar Número Uno es esta corporación, de la cual se encarga directamente el secretario de la Defensa. Nosotros entendimos que no estaba a su alcance confirmar la versión, ni podía intervenir en este asunto”, dice Canseco.

Después de esa denuncia, a la que se sumaron varias organizaciones sociales que demandaron la aparición con vida de los eperristas, el 14 de agosto de 2007 la Secretaría de la Defensa Nacional abrió las instalaciones del Campo Militar Número Uno a representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que confirmaran que los guerrilleros no estaban ahí. No encontraron nada.

Sin embargo, en las últimas semanas se han difundido versiones en el sentido de que los dos eperristas están en manos del gobierno de Ulises Ruiz. Se asegura que el responsable del operativo en el que los detuvieron fue Jorge Fernando Franco Vargas, cuando era secretario de gobierno en Oaxaca. Ahora es líder estatal del PRI, pero se le señala como organizador de un equipo especial de policías ministeriales que actuaba al margen de las propias autoridades, pero con la anuencia del gobernador.
Leer el texto completo aqui >>

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

La figura de “mediadores” o nada: invitados del EPR

Vie 09 Mayo, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

Los integrantes del grupo civil convocado por el Ejército Revolucionario Popular para la mediación del diálogo con el gobierno federal no aceptarán ser “convidados de piedra” o “testigos sociales”, como lo han propuesto las autoridades.

Y advirtieron que de no ser aceptados como una comisión de mediación, ésta no tendrá caso que exista.

Reunidos cerca de tres horas, el historiador Carlos Montemayor, la senadora Rosario Ibarra, el abogado Juan de Dios Hernández Monge, el obispo emérito Samuel Ruiz, Gilberto López y Rivas y el periodista Miguel Angel Granados Chapa analizaron los mensajes del gobierno federal y del EPR.

Y nombraron como vocero, sólo si prospera la integración de la comisión, a Carlos Montemayor, al concluir el segundo encuentro del grupo; el historiador puntualizó que en la “medida en que no aparezca una respuesta formal del gobierno federal que confirme la integración de ésta, no es posible hablar de una comisión”.

En el momento en que se vea clara una respuesta gubernamental de aceptación se establecerán los mecanismos sobre los que se trabajarán, señaló.

Aclaró que la figura del testigo social pertenece al ámbito administrativo y forma parte del proceso de licitación pública de secretarias de Estado; “en este sentido no hay forma de comparar esa actividad administrativa —tan precisa—, con la actividad de una comisión de intermediación. Por tanto, creo que la respuesta del gobierno federal es necesaria para conocer con precisión los alcances para esta posibilidad de acercamiento, una vez que las partes implicadas acepten o expresen su conformidad con la actividad de la comisión, entonces todo será más fácil”.

“La comisión se hace o no y no hay más misterio en eso, se deja pasar esa oportunidad, no se aprovecha la oportunidad de acercamiento político”, mencionó el historiador. Por el momento, precisó que no se tiene comunicación directa con las autoridades.

El abogado Juan de Dios Hernández Monge sostuvo que el grupo no tiene ninguna duda de que el documento del pasado miércoles es del EPR, porque es el mecanismo que eligió para comunicarse con la comisión.

Dio a conocer que hasta el momento no han sostenido una comunicación oficial con el EPR, “siempre ha sido a través de los medios, y mientras no se formalice esta comisión seguirá siendo por la vía epistolar”.

Dejó en claro que es “inaceptable un diálogo con testigos sociales, porque esa figura tiene una connotación adversa para los fines que se persiguen, porque la Fundación Heberto Castillo fue testigo social para las licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad y éstas fueron un verdadero fraude. Nosotros no seremos convidados de piedra. Porque buscamos asumir las tareas de una comisión de intermediación con la amplitud de la palabra”.

Ante el cuestionamiento hecho por el gobierno sobre su participación en la comisión, Rosario Ibarra reitero que “si su presencia es un impedimento para la liberación con vida de los compañeros, me retiro para que los presenten con vida”, y reiteró que no quiere muertos ni osamentas, los quiere vivos.

- Claves

Antecedentes

• 24 de abril. El EPR emite un comunicado en el que pide a un grupo de personalidades que intercedan ante el gobierno federal para dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, eperristas desaparecidos el 25 de mayo de 2007.

• 28 de abril. El EPR accede a que “mientras dure esta intermediación, no habrá acciones armadas”.

• 29 de abril. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, condiciona un diálogo con el EPR a que éste sea directo, sin intermediarios, y aceptan la participación de los intermediarios sólo como “testigos sociales”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Censura a la revista Proceso

Lun 05 Mayo, 2008 5 comentarios � Imprimir Imprimir

Para su conocimiento…

Sergio Loya

El martes 29 de abril llegó un extraño mensaje a la Redacción de Proceso.

Se trataba de un fax remitido por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, acerca del reportaje que, en la edición número 1643 del 27 de abril, fue anunciado en portada con la imagen del mandatario y la leyenda: Eduardo Bours / narcopoder en Sonora.

Rubricado por el gobernador, y con el título La revista Proceso miente una vez más, el texto de Eduardo Bours niega todo –o casi todo– el contenido de la investigación que realizó el reportero Ricardo Ravelo con base en documentos de la PGR y otras fuentes (El sospechoso gobernador multimillonario, fue el título de interiores).

Según Eduardo Bours, su familia no es dueña de algunas empresas cuya propiedad se le atribuye, ni invirtió grandes sumas de dólares en el ramo de la hotelería, ni posee siete minas, ni la firma Bachoco –en cuyos camiones se han encontrado cargamentos de droga– tiene relación alguna con el trasiego de estupefacientes ni dispone de licencia para importar efedrina…

Aunque la lista de supuestos “desmentidos” es enorme –incluyendo su participación en la industria de la acuacultura y los presuntos vínculos de su jefe de escoltas con el narcotráfico–, Eduardo Bours no rechazó que pretenda dejar en la gubernatura a un incondicional ni, mucho menos, que pese a las investigaciones de la PGR –cuyos números de averiguación fueron consignados por el reportero– buscará postularse como candidato a la Presidencia de la República

Hasta allí todo parecía normal. No era nada raro que el gobernador Bours, envuelto en diversos escándalos por sus palabras y sus hechos durante una gestión que está a punto de terminar –le queda año y medio en la gubernatura–, negara lo innegable y ocultara lo evidente magnificando algunos errores menores que, en efecto, se cometieron en el reportaje.

Tampoco era insólito que, después de enumerar una serie de “logros” en su lucha contra el narcotráfico, como si estuviera en precampaña, incluyera una frase críptica como esta:

“Entiendo que tantas imprecisiones y ‘errores periodísticos’ obedecen a un móvil de ataque a mi persona, al nombre de mi familia y a los sonorenses y con un origen político, por políticos corruptos que están acostumbrados a amedrentar a aquellas gentes que se atreven a participar en sus tradicionales espacios de poder ahora compartidos con intereses del narcotráfico.”

Autoacusaciones involuntarias como ésta –ocasionadas por las anfibologías del inconsciente– tampoco mueven a sorpresa.

Lo que sí resultaba extraño es que el fax recibido en Proceso y el desplegado que el mismo día se publicó en varios diarios de la Ciudad de México coincidían en todo, punto por punto, excepto porque el fax contiene dos párrafos que no aparecen en el desplegado.

Los dos párrafos que Eduardo Bours quiso reservar en exclusiva para Proceso –y que el semanario prefiere compartir con sus lectores– son los siguientes:

“Teniendo claro todo lo anterior, no quisiera ni pensar que su ‘artículo’ fuese producto de la presión que hayan ejercido grupos o personas que tengan como propósito afectar la imagen de un gobernador que por actuar en contra del crimen organizado les resulte incómodo.

“No quisiera ni pensar que se trate de alguna campaña orquestada de la cual su medio de comunicación esté sirviendo como instrumento para golpear al viejo estilo de los políticos que ponen por encima de cualquier cosa su ambición de poder.”

“Que no se publique”

Recibido en las oficinas de este semanario a las 16:42 horas del 29 de abril, el fax fue turnado, como se hace con todas las réplicas, a la sección Palabra de Lector de la revista.

Al recibirlo, el editor de la sección se percató de que el texto, además de ser muy extenso, no cumplía con los demás requisitos de estructura, destinatario e identificación a que deben someterse todas las misivas.

Puesto que el escrito tenía forma de desplegado –y como tal se había publicado en dos periódicos nacionales–, el editor llamó alrededor de las 19:20 horas al conmutador del gobierno de Sonora buscando al coordinador de Comunicación Social, Daniel Durán Puente.

Una voz femenina preguntó:

–¿De dónde llama usted?

–De la revista Proceso.

–¿En qué podemos servirle?

–Necesito hablar con el coordinador de Comunicación Social.

–¿Es urgente?

–Sí.

–Mire, el licenciado Durán está ocupado en un evento muy importante y no se le puede interrumpir. Le voy a dar el teléfono celular de su asistente particular, el señor Mario Wolf. ¿Tiene con qué anotar?

–Sí, adelante…

Aproximadamente a las 19:45 horas, el editor marcó el número proporcionado. Sonó ocupado. Lo hizo otras dos veces con la misma suerte y, cerca de las 20:00 horas, Mario Wolf se reportó.

–Mi teléfono registró varias llamadas de usted. ¿Qué se le ofrece? –preguntó.

–Mire, licenciado, soy editor de la revista Proceso y quiero hablar con el licenciado Durán para preguntarle en qué condición el gobernador Eduardo Bours mandó hoy a nuestra Redacción un fax.

–¿A qué se refiere?

–No sabemos si se trata de una réplica para publicar en la sección Palabra de Lector o de un desplegado…

–Espéreme un momento. Voy a consultarlo con el licenciado Durán y de inmediato nos comunicamos con usted.

Tres o cuatro minutos después, Mario Wolf llamó de nuevo y señaló:

–Me dice el licenciado Durán que el documento del fax sólo es para conocimiento del director de Proceso.

–¿Qué quiere usted decir? ¿Que no es para publicarse en la revista?

–No. Sólo es para conocimiento del director.

–Pero si el director ya lo conoce… Se ha publicado como desplegado en por lo menos dos periódicos nacionales.

–Pues así nomás…

–¿Me confirma entonces que no desean su publicación en las páginas de Proceso?

–Sí, no queremos que lo publiquen, es sólo para que lo tenga el director…

Leer el texto completo aqui >>

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...