Loading ...
Y encima, los desaparecidos
La desaparición forzada de personas “es una de las conductas más aberrantes, de las que han causado más dolor, más sufrimiento y heridas profundas a la sociedad mexicana”, dice el abogado Enrique González Ruiz, miembro de la Comisión de Mediación para el diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario y el gobierno de Felipe Calderón. Y aclara que su labor es ayudar a que los eperristas Edmundo Reyes y Alberto Cruz, desaparecidos hace ya casi un año, sean presentados con vida.
Cuando está por cumplirse un año de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), este grupo guerrillero y el gobierno de Felipe Calderón iniciaron un diálogo a través de la Comisión de Mediación, cuyo único fin es que los eperristas sean presentados con vida.
El 25 de mayo de 2007 los dos militantes del EPR fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca y hasta ahora ninguna autoridad se ha responsabilizado de su desaparición. Por el contrario, tanto el gobierno federal como el estatal, encabezado por Ulises Ruiz, se han culpado mutuamente de este hecho.
Tanto el EPR como los exguerrilleros que integran la organización Izquierda Democrática Popular (IDP) sostienen que el Ejército tiene en su poder a Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Su certeza se basa en lo siguiente: los operativos militares realizados en entidades donde se presume que existen bases eperristas, las versiones de dos soldados que dijeron haberlos visto en el Campo Militar Número Uno, y en varios mensajes electrónicos de un grupo que asegura tener a los insurgentes.
Sobre este caso la Procuraduría General de la República (PGR) ya tiene en curso algunas investigaciones, que la Comisión de Mediación podría solicitar como parte de su trabajo. “Seremos una comisión con iniciativa, no nos quedaremos con lo brazos cruzados”, señaló en entrevista el abogado Enrique González Ruiz, miembro de la instancia ciudadana.
Silencio culpable
El 2 de junio de 2007 el EPR dio a conocer que el 25 de mayo, en una “acción fortuita”, la policía de Oaxaca detuvo a sus dos militantes y que los mantuvo durante 10 días en las instalaciones de la procuraduría estatal, donde fueron torturados “hasta causarles fracturas”. Después de eso, afirmó el grupo guerrillero, Reyes y Cruz fueron entregados a los mandos de la Octava Región Militar.
El 25 de julio siguiente, en un nuevo comunicado emitido desde Veracruz, el EPR denunció por primera vez que sus dos miembros permanecían detenidos en instalaciones del Ejército.
Varias semanas después, el 9 de agosto, llegaron a las oficinas de IDP dos sujetos que se identificaron como militares y les informaron que habían presenciado el ingreso de los militantes eperristas en el Campo Militar Número Uno, ubicado en la Ciudad de México.
De acuerdo con el exguerrillero Felipe Edgardo Canseco, integrante de IDP, uno de los militares les dijo que vio cuando Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez entraban por la puerta donde se encuentra la Policía Militar, y que había escuchado que los torturaban todos los días. Además, les informó que en el mencionado campo militar se reforzaron las medidas de seguridad para evitar filtraciones de información.
En entrevista con Proceso, Canseco dice que estos hechos fueron denunciados ante las secretarías de la Defensa, de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Nosotros, como colectivo de expresos políticos, le dijimos en una reunión al subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare, lo que nos revelaron los militares en nuestra oficina. El general no negó ni afirmó nada, pero nos dijo que no tenía jurisdicción sobre la Policía Militar. Añadió que lo único que está cerca de la puerta 1 del Campo Militar Número Uno es esta corporación, de la cual se encarga directamente el secretario de la Defensa. Nosotros entendimos que no estaba a su alcance confirmar la versión, ni podía intervenir en este asunto”, dice Canseco.
Después de esa denuncia, a la que se sumaron varias organizaciones sociales que demandaron la aparición con vida de los eperristas, el 14 de agosto de 2007 la Secretaría de la Defensa Nacional abrió las instalaciones del Campo Militar Número Uno a representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que confirmaran que los guerrilleros no estaban ahí. No encontraron nada.
Sin embargo, en las últimas semanas se han difundido versiones en el sentido de que los dos eperristas están en manos del gobierno de Ulises Ruiz. Se asegura que el responsable del operativo en el que los detuvieron fue Jorge Fernando Franco Vargas, cuando era secretario de gobierno en Oaxaca. Ahora es líder estatal del PRI, pero se le señala como organizador de un equipo especial de policías ministeriales que actuaba al margen de las propias autoridades, pero con la anuencia del gobernador.
Leer el texto completo aqui >>
(No Ratings Yet)
Loading ...