Diputados: al Ejército, todo el dinero posible

Jue 19 Junio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

La Cámara de Diputados respaldará con todo el presupuesto “razonable y posible” a las instituciones militares (Fuerza Aérea, Marina y Ejército) para la renovación de su infraestructura y el fortalecimiento del combate al crimen organizado.

Así lo afirmaron los legisladores César Camacho y José Manuel del Río, presidentes de las comisiones de Justicia y de Marina de la Cámara de Diputados, respectivamente, quienes además reconocieron que el armamento y el equipo de las fuerzas armadas es obsoleto.

En su edición de ayer, MILENIO dio a conocer un reporte de la Fuerza Aérea en el que se alerta sobre la incapacidad de vigilar al ciento por ciento el espacio aéreo nacional y detectar operaciones del narcotráfico, pues los radares de las fuerzas armadas tienen más de 30 años de antigüedad.

Se advierte además que la red del Sistema Integral para la Vigilancia Aérea (SIVA) presenta “constantes fallas” y tiene un “desempeño limitado” en la detección de vuelos clandestinos.

Consultado sobre los requerimientos financieros de la aviación militar a la Secretaría de Hacienda para renovar la infraestructura y garantizar el resguardo del territorio nacional, el diputado priista César Camacho puntualizó:

“Tendrán que justificar la necesidad de más recursos y su destino, pero de encontrarlo razonable y posible, la Cámara de Diputados habrá de ser consecuente con las fuerzas armadas —Ejército, Marina y Fuerza Aérea— para poder solidificar y respaldar una acción (la lucha contra el crimen organizado) que cada día es más compleja”, manifestó.

El ex gobernador de Estado de México reconoció que la constante actualización de las leyes en materia de justicia y seguridad pública resulta insuficiente para enfrentar a las organizaciones criminales si dichos esfuerzos legislativos no van acompañados de asignaciones presupuestarias a las fuerzas federales.

Aval y reconocimiento

El diputado de Convergencia, José Manuel del Río, avaló el compromiso de transferir recursos suficientes para abatir los rezagos de las fuerzas armadas y poner en manos de personal militar los instrumentos necesarios para dar la batalla a la delincuencia organizada en el país.

Resaltó que sólo la Armada de México tiene un requerimiento de 20 mil millones de pesos para abatir los rezagos tecnológicos y de infraestructura acumulados durante los 10 años recientes, que se profundizaron durante en el sexenio de Vicente Fox Quesada.

“Aun cuando los marinos mexicanos han logrado suplir estas carencias con talento y creatividad, las actuales condiciones financieras de la institución les impiden garantizar un rendimiento total en la lucha contra las amenazas a la seguridad nacional”, aseguró.

Tema para el Presupuesto

Sostuvo también que la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados constató los esfuerzos de la Armada de México en sus sistemas de inteligencia, construcción de naves interceptoras y mantenimiento de aeronaves a pesar de sus limitaciones presupuestarias.

También hizo un reconocimiento al personal militar, pero llamó a la Secretaría de Hacienda a “voltear su mirada” hacia las fuerzas armadas y considerar los recursos suficientes para su eficiente operación en el Presupuesto de Egresos 2009.

Radares obsoletos

El equipo de radares con el cual las fuerzas armadas vigilan el espacio aéreo nacional data del sexenio de José López Portillo (1976-1982).

Su vida útil es de entre 10 y 15 años; sin embargo, llevan más de 17 en operación, por lo que su vida útil se cumplió en la administración pasada.

El reto que plantea esta tecnología “obsoleta” es que no existen refacciones en el mercado, por lo que, de fallar alguno de los tres radares en funcionamiento, se tendría que canibalizar (usar sus componentes) alguno para garantizar la operación de los otros dos.

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Indemnizarán a familiares de seguidores de la APPO asesinados

Mie 18 Junio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

Los familiares de 14 personas seguidoras de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que fueron asesinadas en 2006 podrían recibir una indemnización de 5 millones de pesos. En Chiapas, mientras tanto, los maestros de la sección 7 han entablado negociaciones para buscar un acuerdo en la elección de sus dirigentes.

La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca convocó a familiares de 14 seguidores de la APPO asesinados hace dos años para que presenten la documentación requerida para que les entreguen la indemnización de un fideicomiso.

Entre los fallecidos considerados para que se pague el resarcimiento, también se encuentra el camarógrafo estadunidense de Indy Media Brad Will.

El secretario de organización de la sección 22, Ezequiel Rosales Carreño, dijo que la esposa o concubina, hijos o hijas quienes acrediten estar estudiando, así como padres o madres, hermanos o hermanas que demuestren que dependían económicamente de la víctima, podrán solicitar la compensación.

Aunque advirtió que, además de revisar que cumplan con la documentación que les exigieron, todos los casos serán evaluados y resueltos por el comité técnico del fideicomiso, integrado por funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y miembros de la sección 22 del SNTE.

Destacó que el resarcimiento sólo se pagará a quienes acrediten tener mejor y preferente derecho, además de privilegiarse la protección de los hijos que dependieron económicamente del fallecido. “Jamás un dinero va a alcanzar para devolverle la vida a los caídos, pero es un apoyo para los familiares”, asentó.

Precisó que la indemnización está considerada para los familiares de Marco García Tapia, Andrés Santiago Cruz, Pedro Martínez Martínez, Pablo u Octavio Martínez Martínez, José Jiménez Colmenares, Lorenzo San Pablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Pánfilo Hernández Vásquez, Bradley Roland Will, Emilio Alonso Fabián, Jorge Alberto López Bernal, Fidel Sánchez García, José Manuel Castro Patiño y Fernando González Gijón.

Rosales Carreño dijo que el fideicomiso se integró con la aportación del gobierno estatal en cumplimiento del acuerdo firmado entre la sección 22 del SNTE y Carlos Abascal Carranza, entonces secretario de Gobernación, el 27 de octubre de 2006, en la ciudad de México.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la directiva del SNTE abrió la negociación con maestros de la sección 7 para “buscar una salida” a la crisis por la elección de la dirigencia sindical seccional, que permita levantar el paro laboral y plantón indefinido que mantienen los mentores desde el 26 de mayo. Uno de los dirigentes del llamado Bloque Democrático, Misael Palma, explicó que ambas partes, la dirigencia nacional del sindicato y el grupo de maestros inconformes con la imposición de Rosendo Galíndez, trabajan en una propuesta para formar un comité sindical donde tengan cabida ambas expresiones.

“Estamos analizando la propuesta. De aceptarse, en seguida se entrará a discutir a un candidato a la secretaría general que salga del consenso de las dos partes, y que no sea Rosendo Galíndez, porque con él estamos ya muy confrontados”, sostuvo. Mientras, dijo, los maestros mantendrán el paro laboral, el plantón y las acciones de protesta, como los bloqueos carreteros. Por su parte, el subsecretario de Educación Federalizada, José Luis Echeverría, dijo que están en trámite los descuentos y actas administrativas contra los maestros paristas. El funcionario reconoció que no existe riesgo de que pudiera atrasarse el cierre del ciclo escolar, porque los profesores que participan en la manifestación dejaron relevos en las aulas.

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Ejército se unirá a fuerza trilateral

Mie 18 Junio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

Estados Unidos, Canadá y México trabajan en la planeación de dos ejercicios masivos militares y civiles conjuntos, que bajo el nombre clave de Topoff 5 se realizarán en abril y julio de 2009 en Vancouver, enfocados al entrenamiento contra posibles acciones terroristas durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver en el 2010, confirmaron fuentes militares de alto nivel de Estados Unidos.

Estos ejercicios se convertirán en las primeras acciones militares conjuntas masivas en la historia en los que participe el Ejército de Mexicano y agencias civiles nacionales de respuesta a emergencias, con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos, especialmente tras la creación en el 2002 del Comando Norte estadounidense al que el gobierno de México ha declinado pertenecer tras ser invitado. De acuerdo con militares consultados, el gobierno mexicano decidió no integrar a ningún mando militar al Comando Norte pues prefiere mantener, como hasta ahora, una relación directa con el Pentágono y no solo con una área.

Las acciones trilaterales del Topoff 5 serán el primer ejercicio táctico de seguridad regional en el marco de la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte, después de tres años de su creación, cuando por primera vez se incluyó el tema seguridad en la agenda trilateral de EU, Canadá y México, señalan documentos de la oficina de Seguridad Pública y Preparación de Emergencias (PSEPC, por sus siglas en inglés) del gobierno de Canadá.

Los documentos obtenidos mediante una petición de acceso a la información por el Partido del Trabajo canadiense (Work Less Party) y la organización no gubernamental “2010 Watch”, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, indican que el ejercicio de gran escala “está agendado para la primavera de 2009, seguido de un puesto de comando y mesa de ejercicios de alto nivel en el otoño de 2009”.

El acercamiento “estará sujeto a las conclusiones de una reunión entre oficiales de ejercicio canadienses, estadounidenses y mexicanos programada para el fin de año”.

“El Parlamento canadiense en principio podría cambiar este ejercicio, aunque es improbable”, dijo Chris Shaw, vocero del Partido del Trabajo y de “2010 Watch”.

El Topoff 5 marcará el inicio de la nueva faceta de la política de seguridad regional del gobierno de EU integrada en el proyecto “Visión 2020” del Comando Norte, que proyecta la creación de un perímetro de seguridad regional, dice el proyecto militar cuya copia tiene EL UNIVERSAL.

Las áreas de responsabilidad geográfica que de facto integró el Comando Norte incluyen a EU, Alaska, Canadá, México, porciones del Caribe y las aguas contiguas más allá de las 500 millas de los océanos Atlántico y del Pacífico en la línea costera del Norte.

Tras la amenaza de Al-Qaeda a México y otros países proveedores de petróleo a EU, así como las explosiones a los ductos de Pemex en 2007, se consideró la integración de México en los ejercicios tácticos del 2009, indicó un militar del Northcom (Comando Norte).

A excepción de los ejercicios militares, la presencia de los ejércitos funcionará como apoyo a las agencias civiles durante los simulacros, como lo limitan las leyes en cada país, y no se prevé el intercambio futuro de militares entre los ejércitos, señala la información del Northcom.

Topoff es la abreviación de “Top officials” u “Oficiales de alto rango” debido a que son los oficiales de alto nivel los que participan en lo que se considera el mayor ejercicio táctico antiterrorista organizado por EU.

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El Estado, derrotado en Sinaloa

Lun 02 Junio, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

CULIACÁN, SIN.- “Cuídense, esto se está poniendo muy pesado”, les dijo Juan Camilo Mouriño a los representantes empresariales y del gobierno con los que se reunió el 13 de mayo en esta ciudad. Todavía no se cumplían dos semanas completas de mayo y ya se habían acumulado aquí 52 asesinatos, la mayoría relacionados con el narcotráfico.

El secretario de Gobernación tenía razón. En los siguientes ocho días se perpetraron 25 homicidios más, dos de ellos policías ministeriales. Para el 19 de mayo, la cifra había crecido a 77.

Mouriño encabezó la reunión del gabinete de seguridad que se llevó a cabo aquí a petición del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla.

Después del encuentro fue anunciado el Operativo Culiacán-Navolato, como parte del cual llegaron al centro del estado mil 433 soldados, 740 policías federales, 500 marinos y 50 elementos de la PGR, entre peritos, fiscales y agentes del Ministerio Público: en total, 2 mil 723 elementos federales más.

Sin embargo, el despliegue resultó inútil para contener la violencia. Para el jueves 29 la cifra subió a 108 crímenes, cantidad que nunca había alcanzado Sinaloa en un período similar.

También el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, vaticinó: “La guerra sigue y caerán más policías y gente inocente”, les dijo a los empresarios. Un día después de anunciado el operativo, un grupo de gatilleros baleó la base de la Policía Ministerial en Guamúchil. El ataque no causó heridos.

El lunes 19 fueron acribillados dos policías ministeriales en Guasave. A raíz de esto, un comandante de la corporación, Rufino Aispuro Soto, fue trasladado a Culiacán. Pero la muerte lo venía siguiendo. El 28 de mayo por la mañana fue encontrado su cadáver en un barrio residencial. Tenía su arma de cargo a un lado y el rostro cubierto con una bolsa de plástico.

El 25 por la noche, mientras hacían un rondín por la zona rural de la sindicatura El Tamarindo, de Culiacán, dos policías municipales descubrieron en un maizal a la patrulla 0702, que había desaparecido junto con cuatro agentes desde el 1 de mayo. Los cuerpos estaban en la cajuela. De acuerdo con el reporte del forense, fueron asesinados el mismo día que los levantaron.

Militarización y miedo

El 19 de mayo, sin que la violencia hubiese mermado ante los operativos federales, el gobierno de Aguilar Padilla anunció que tres militares tomaban el mando de la policía municipal de Culiacán, de la Ministerial y de la Estatal Preventiva.

La respuesta de los narcotraficantes fue recrudecer la violencia; en los primeros ocho días de los nuevos mandos cometieron 30 asesinatos más.

En uno de éstos, la noche del 27, ocho policías federales cayeron acribillados durante la persecución de un grupo de gatilleros que ejecutaron a dos jóvenes en la colonia Rubén Jaramillo. Los policías los persiguieron pero los sicarios les tendieron una trampa. Llegaron a una casa de seguridad ubicada en la colonia Las Vegas y ahí los estaba esperando otra célula de gatilleros.

Cuatro de los policías fueron abatidos en cuanto se bajaron de la unidad, otro de ellos cayó cuando pretendía sorprender a los sicarios entrando por una azotea, dos más murieron en la batalla y uno en el hospital, el día siguiente. Tres quedaron heridos. Sólo murió un gatillero. El tiroteo duró cuatro horas y, pese a que fuerzas del Ejército se unieron a los policías federales, los delincuentes rompieron el cerco y huyeron.

Por todo esto, en todas las policías se respira el miedo. Lo dicen los agentes, los comandantes y hasta los directivos, y se hacen recomendaciones: no anden solos, no se expongan, salgan de sus bases sin el uniforme.

El signo más reciente de ese miedo es que en la base central de la Policía Ministerial, ubicada en Culiacán, se construyeron barricadas. En todas las oficinas que dan a la calle se colocaron barreras de costales de arena. Los empleados dicen que fue por órdenes del procurador, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, quien pidió que se protegieran todas las instalaciones y se reforzara la vigilancia.

De igual forma, después del atentado que sufrió la base de la Policía Ministerial en la ciudad de Guamúchil, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Salvador Alvarado cubrió con ladrillos las ventanas que dan a la calle.

No es gratuito ese miedo. El viernes 30 de mayo por la mañana, un comando armado atacó a dos comandantes cuando charlaban a 30 metros de la base de la Policía Ministerial en Mazatlán. Uno de ellos, Antonio Ibarra Castañeda, es el jefe de esta corporación en el puerto y sobrevivió; el otro, Ramón Castro Maldonado, era comandante de la Policía Estatal Preventiva adscrito a Mazatlán y murió en el ataque.

Puro circo

Una de las demandas de los empresarios cuando se reunieron con el gabinete de seguridad fue que se combatiera el lavado de dinero. Veremos qué se puede hacer, dijo Mouriño.

Un día después fueron cerradas 26 casas de cambio que operaban en una zona de Culiacán donde desde hace 25 años se venden y compran dólares en la calle sin recibos ni registros, nada, sólo el dinero, mano a mano. Pueden ser 10, 20 dólares, o 200 mil, la cantidad no importa. La mayoría de estos negocios están registrados en Hacienda, pagan impuestos y tienen el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo menos dos de ellos aparecen registrados en la Asociación Nacional de Casas de Cambio.

Fue esta zona donde se inició Blanca Margarita Cázares Salazar, a quien la DEA rebautizó como La Emperatriz y la acusó de dirigir empresas en las que se lava dinero del narcotráfico.

Para el presidente de la Cámara del Comercio de Culiacán, José Luis Aispuro, esta medida es insuficiente y busca más bien un impacto mediático, pues dice que el grueso del dinero proveniente del narcotráfico no está en esas casas de cambio, sino en otras ramas de la economía que han permanecido intocadas:

“Mientras sigamos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Tenemos que ir al fondo. Afuera de Culiacán lo primero que te preguntan es cuántos muertos hubo esta semana. Es el último cartucho que le queda al gobierno federal y la sociedad ya no está para aguantar mucho. Y la verdad, hasta ahora los resultados son más bien pobres. Lo que han logrado en decomisos de armas y drogas, no son suficientes.

“Hay que darle seguimiento al dinero. ¿Que hay secreto bancario? Sí, pero de todas formas te puedes meter a la información y descubrir las redes del lavado. Hay empresas que nacen y de repente crecen, y dices: ah, cabrón, ¿de dónde? Se tiene que hacer inteligencia en cuanto al lavado del dinero; en la medida que lo haga el gobierno podrá dar golpes contundentes; lo que hizo en el mercadito con los vendedólares no es más que espectáculo; esa no es una medida contra el lavado de dinero. Tenemos tres semanas y hasta ahora no han cerrado ninguna empresa importante, por tanto no es creíble que estén combatiendo el lavado.”

Para Carlos Raúl Pimentel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Culiacán, los niveles de violencia que hay en Sinaloa afectan las inversiones:

“Hay empresarios que se iban a venir a Sinaloa y que ya de plano no vienen; otras empresas ya instaladas se están yendo; hay empresas que van a cerrar, que dicen: aquí no se puede, mejor nos vamos. Unos empresarios de Guadalajara que estaban a punto de venirse dijeron no, mejor no vamos”.

Las razones están a la vista. Por ejemplo, durante la balacera del 30 de abril, en la colonia Guadalupe, varios proyectiles se impactaron en una bodega que acababan de abrir.

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Las fallas del ejecutivo

Lun 26 Mayo, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

En su “¡Ya basta!”, el presidente Calderón acusó a los jueces de liberar a muchos de los delincuentes que el Poder Ejecutivo –PGR, SSP y Sedena– pone en sus manos. Pero destacados integrantes del Poder Judicial aportan cifras y datos muy distintos. Muestran, por ejemplo, que en la reciente puesta en libertad de 10 presuntos integrantes del cártel de los Arellano Félix los factores determinantes fueron la negativa del Ejército a ratificar sus acusaciones y las deficiencias del Ministerio Público Federal al integrar las averiguaciones…

La negativa del Ejército a ratificar sus acusaciones abrió la puerta a la confrontación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial por la liberación de un grupo de presuntos integrantes del cártel de los Arellano Félix, en un caso de impunidad donde todos se señalan pero nadie se responsabiliza.

El pasado 23 de febrero, militares adscritos a la II Zona Militar detuvieron a 18 personas en el ejido Mariano Matamoros, zona de la periferia del este de Tijuana que es controlada por una de las facciones del cártel de los hermanos Arellano Félix al mando de Teodoro García Simental, conocido como El Teo o El Tres Letras.

Pero 48 horas después cinco de los detenidos fueron exculpados por el Ministerio Público Federal, a cargo de la PGR, por no haber sido detenidos en “flagrancia delictiva”. A los otros 13 los consignó fincándoles los cargos de posesión de cocaína con fines de venta, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y portación de arma de fuego sin licencia.

Además, los vinculó con tres homicidios, incluido uno de un agente del Ministerio Público Federal, pero lo hizo apoyado en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Poco después, el 1 de marzo, los 13 detenidos quedaron en libertad por resolución del juez sexto de Distrito en Baja California, Sergio Darío Maldonado Soto. El juzgador aseguró que el Ministerio Público “no aportó datos incriminatorios” en ninguno de los cargos, y que no debió vincular los homicidios con la ley mencionada, por tratarse de casos del fuero común.

Entre los liberados estaba Luis Romero Fierro o Mauricio Eduardo Nieto Navarro, El Sombrero o Don Luis, considerado líder de una célula del cártel en esa parte de la ciudad y en la vecina Tecate, además de que, según la prensa local, figura en las listas de los más buscados por el FBI.

También se le menciona en los procesos que se siguen en el mismo juzgado por aquellos homicidios, así como en las investigaciones de un narcotúnel descubierto en Tecate el 3 de diciembre de 2007.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) reaprehendió de inmediato a ocho de los liberados –incluido El Sombrero– en el momento en que abandonaban la prisión, pero dejó que otros cinco gozaran de la libertad decretada por el juez.

Después de una semana, sólo ocho de los 18 detenidos quedaron bajo proceso penal a pesar de que el Ejército presentó a todos como integrantes de una célula del cártel de los Arellano Félix, la de El Teo, quien mantiene una sangrienta disputa con Fernando o Francisco Sánchez Arellano, El Fer o El Ingeniero, por el liderazgo de la organización.

Hasta ahora, el único que ha explicado la liberación de algunos de los implicados es el instructor de la causa penal, el juez Maldonado Soto. El funcionario no sólo asegura que el Ministerio Público Federal, a través de la delegación de la PGR en Tijuana, no le ofreció suficientes elementos para ordenar la prisión, sino que el Ejército –como responsable de la detención– se negó a confirmar los cargos.

En un hecho poco común en el Poder Judicial, el juez Maldonado tuvo que explicar públicamente su resolución luego de que la PGR anunció la apelación de su fallo ante un Tribunal Unitario y se ventiló que habrá acciones legales contra los secretarios del juzgado bajo el cargo de evasión de reos.

El juez no actuó por cuenta propia para responder a la PGR. Tuvo el respaldo del Consejo de la Judicatura Federal. El organismo encargado de la administración y vigilancia de los juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito de todo el país dejó al criterio del juzgador la decisión de responder de manera pública a los amagos del Ministerio Público Federal.

El Consejo de la Judicatura es presidido por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde causaron sorpresa y molestia los reclamos hechos el 12 de mayo pasado por Felipe Calderón en contra del Poder Judicial y otros actores sociales y políticos a los que endilgó responsabilidad por el avance del narcotráfico.

En su malogrado “¡Ya basta!”, el presidente Calderón arremetió contra el Poder Judicial: “Esta tarea es un llamado para los jueces y para el Poder Judicial que tiene también que cerrarle el paso a la impunidad que se da, precisamente, en la liberación de muchos delincuentes que el Poder Ejecutivo –la PGR, el Ejército o la Secretaría de Seguridad Pública– pone en la cárcel y salen a los pocos meses por su propio pie”.

Lo ocurrido en Tijuana pone en entredicho el discurso presidencial por lo que hace a la actuación de la delegación de la PGR y del propio Ejército, aunque el Poder Judicial optó por no responder a la imputación de Calderón, sobre todo porque las cifras de la Suprema Corte desacreditan lo dicho por el habitante de Los Pinos.

Ortiz Mayagoitia así se lo hizo ver al mismo Calderón en diciembre pasado, cuando el primero dio su primer informe como presidente de la Corte. En un discurso que leyó ante el presidente, aseguró que durante 2007, en el caso de delitos penales federales, cuatro de cada cinco sentencias dictadas por jueces y magistrados fueron condenatorias; es decir que, según la Suprema Corte, son muy pocos los casos en que un acusado por la PGR de un delito federal es liberado por los tribunales.

Por lo que se refiere a las apelaciones tramitadas por la PGR en contra de decisiones de jueces federales, en ocho de cada 10 la justicia federal confirmó la sentencia recurrida.

Y a pesar de que a principios del año pasado el propio Calderón pasó por encima del Poder Judicial al autorizar la extradición de 15 narcotraficantes requeridos por Estados Unidos –lo que provocó el malestar de los jueces encargados de la instrucción de esos casos (Proceso 1579)–, Ortiz Mayagoitia le señaló a su ahora reclamante que en 2007 el Poder Judicial tramitó 96 procedimientos de extradición –en su mayoría de personas que requirió Estados Unidos– autorizados por el gobierno de Calderón.

Inclusive las cifras de la administración federal, tomadas del primer informe de gobierno de Calderón, indican que la tendencia desde el año 2000 es que nueve de cada 10 acusados por delincuencia organizada son condenados desde la primera instancia por un juez federal.

Más todavía, de acuerdo con el primer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el primer año de la administración calderonista disminuyeron 4.4% las consignaciones del Ministerio Público Federal, en tanto que “el porcentaje de sentencias condenatorias por cada 100 delitos federales cometidos fue de 35.2, equivalente a 2.3 puntos porcentuales mayor que lo alcanzado en 2006”.

A pesar de que esas cifras echan abajo el reclamo presidencial, la liberación de los presuntos integrantes del cártel de los Arellano Félix en Tijuana aún está lejos de resolverse, pues el Ministerio Público reclamó ante un tribunal unitario la decisión del juez, quien a su vez asegura que la detención no ocurrió como lo reportó el Ejército.

Las otras versiones

La aprehensión de las personas mencionadas estuvo a cargo de elementos de la II Zona Militar, bajo la jurisdicción del comandante de la II Región Militar, el general Sergio Aponte Polito, quien en abril pasado causó una crisis política entre los aliados de Calderón al acusar a las autoridades civiles municipales, estatales y federales de proteger a narcotraficantes en el estado (Proceso 1644).

En un operativo que según el Ejército fue resultado de una denuncia anónima, 18 personas fueron capturadas en la calle Benito Juárez del ejido Mariano Matamoros, en posesión de 12 armas de fuego –entre ellas varias de alto calibre, como rifles R15 y ametralladoras Uzi–, 392 gramos de crystal, 74 gramos de cocaína y dinero.

Los detenidos fueron presentados por el Ejército en el cuartel Morelos, asiento de la Zona Militar, donde se aseguró que el operativo fue resultado de una denuncia anónima y como parte del programa “Nosotros Sí Vamos”, puesto en marcha por el general Aponte Polito.

A diferencia de otras acciones reportadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de los operativos contra el narcotráfico, ésta no fue consignada por la Sedena en la Ciudad de México.

Después de ser presentados ante la prensa en las instalaciones militares, las personas capturadas fueron trasladadas a la delegación de la PGR en Tijuana, donde el Ministerio Público Federal dejó en libertad a cinco. Las otras 13 quedaron a disposición del juez en el penal de La Mesa.

Pero Maldonado Soto aseguró no haber encontrado elementos para procesarlas por delitos de delincuencia organizada, por lo que el 1 de marzo ordenó su libertad. En el caso de las drogas, según la resolución del juez, no se comprobó que fueran para venta, y en el de las armas, tampoco se acreditó que pertenecieran a los detenidos.

Cuando salían del penal, agentes de la SIEDO detuvieron a ocho de ellos y dejaron libres a cinco. Los primeros fueron trasladados y arraigados en la Ciudad de México. La SIEDO no informó quiénes fueron los liberados.

El caso está lleno de acusaciones entre la PGR y la justicia federal, así como de inconsistencias sobre la manera como se produjo la captura. Según el Ejército, fue a las cuatro de la mañana del 23 de febrero en cuatro vehículos y en la vía pública. Pero los acusados declararon al Ministerio Público que se les detuvo un día antes en un inmueble dedicado a la pelea de gallos, pero que no tenían armas.

De acuerdo con el semanario Zeta, de Tijuana, los 18 detenidos iban a arreglar una deuda por droga con una pelea de gallos en un inmueble del ejido. Entre los capturados estaba un joven que llevaba mil 356 dólares y portaba un rosario dorado con dije de Cristo y un reloj Cartier. Según la misma versión, El Teo ofreció medio millón de dólares para la libertad de dos de los detenidos, y ninguno era El Sombrero.

La negativa del Ejército

A la liberación de cinco personas dispuesta por el Ministerio Público el 25 de febrero siguió la decisión del juez de liberar a los 13 restantes. La resolución levantó ámpula y Maldonado Soto tuvo que salir a explicar su sentencia. Lo hizo en una entrevista con el semanario Zeta.

El juez habló avalado por el Consejo de la Judicatura Federal, que “después de aprobar una nota de prensa elaborada en el juzgado de Distrito, dejó en el juzgador la decisión de salir a los medios”, aseguró personal del juzgado a Proceso.

Maldonado se presentó acompañado de los cinco secretarios del juzgado, pues todos participaron en la integración del expediente debido a la cantidad de declaraciones y a los tiempos legales para emitir el fallo.

El juzgador defendió su decisión con un señalamiento directo al Ministerio Público Federal por integrar mal la averiguación previa: “Lo que pasa es que están tratando de desviar la atención hacia acá, señalando que nosotros somos responsables de algo que no hicieron bien ellos”.

Según el juez, el Ministerio Público Federal consignó por delincuencia organizada con una hipótesis relativa a la comisión de homicidio, “pero legalmente el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no considera el homicidio como delincuencia organizada; no está en la lista y no podemos configurarlo”.

Más aún, de acuerdo con lo informado a Proceso en el Juzgado Sexto de Distrito de Tijuana, la defensa de uno de los indiciados solicitó que el Ejército ratificara sus acusaciones, pero éste se negó con un argumento burocrático: que la solicitud se debía hacer con 10 días de anticipación a la Sedena, en el DF, además de que varios de los participantes en la detención ya habían salido de esa jurisdicción militar.

En el encuentro con el semanario tijuanense, uno de los secretarios del juzgado, Luis Garza, aseguró que el Ejército también pudo haberse equivocado: “El hecho de que sean autoridades no les da la calidad de testigos irrefutables; no quiere decir que lo que narren sea la verdad a pie juntillas, sino que deberá analizarse todo el expediente y ver su veracidad o mendacidad. Ellos en la actualidad ya no pueden tomar confesiones”.

Al final, la sentencia del juez hizo eco de los argumentos de los detenidos y no de los del Ejército y la PGR, aunque el juzgador considera que la SIEDO podría allegarse los elementos sobre la probable responsabilidad de los ocho arraigados, no los que aportó el Ministerio Público en Tijuana.

El magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el DF, Miguel Ángel Aguilar López, asegura en entrevista que la mayoría de este tipo de casos se debe a una mala consignación del Ministerio Público.

“El juez normalmente dice que el Ministerio Público no integra bien sus averiguaciones previas, pero no puede suplir esa deficiencia. La Constitución, las leyes secundarias, la doctrina y la jurisprudencia se lo prohíben. Sin embargo, añade, los jueces dejan el expediente a disposición del Ministerio Público para que siga investigando.”

Exagente del Ministerio Público Federal, el magistrado asegura que si los jueces corrigieran esas deficiencias, “entraríamos en un estado de control social en donde las garantías, entre ellas la de presunción de inocencia, se verían restringidas o limitadas en aras de castigar”.

Considera que los Ministerios Públicos son más vulnerables que los jueces y magistrados a las presiones de la delincuencia organizada para maniatarlos. “Socialmente así se ha evidenciado. Además de que nosotros somos vigilados permanentemente, sin soslayar que algunos jueces han muerto por cuestiones de delincuencia organizada, aunque aun eso no se ha determinado del todo”, acota.

Refiere que como juez, magistrado de apelación y magistrado de amparo ha conocido asuntos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero, y ha juzgado y procesado a numerosas personas por delitos contra la salud. Pero también ha fallado en contra del Ministerio Público a pesar de los intereses especiales que éste pueda tener.

Uno de esos casos fue el conocido como “Casa Blanca”, una investigación de lavado de dinero en México instigada por el gobierno de Estados Unidos. “Cuando vi el expediente y me tocó ser ponente en el Tribunal Colegiado, pude advertir que las pruebas del Ministerio Público no eran suficientes para acreditar exactamente los delitos imputados.

“Los argumentos se desvanecieron y, pese a que el caso representaba una problemática para algunos, determiné en conciencia conceder el amparo a los procesados. Entre otras razones, porque en México sólo puede investigar el Ministerio Público, y aquí hubo investigaciones de policías que no tienen facultades ni competencias en territorio mexicano. Además de que los otros supuestos delincuentes eran agentes encubiertos.

“Era un asunto preestablecido en el que estaban acotadas las circunstancias para la acusación. Además, a los acusados no se les podía fincar el delito de lavado de dinero porque éste tendría que haber sido de origen ilícito, y en el caso se trataba de dinero lícito del Tesoro estadunidense.”

Para el magistrado, el caso demuestra que, no obstante la gravedad de las acusaciones, muchas veces el Ministerio Público no acredita la acusación. “Pero en todo caso –dice– no se trata de ver quién es el culpable. Y si se va a hacer, tenemos que declararnos todos culpables”.

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La prostitución globalizada

Lun 26 Mayo, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

Después del narcotráfico y el comercio ilegal de armas, la trata de mujeres es el mejor negocio para las mafias internacionales que operan en México: al coludirse con narcotraficantes y autoridades gozan de impunidad y se mezclan en otros delitos igual de lucrativos. Por su parte, las víctimas de la esclavitud sexual padecen tratos violentos que no pocas veces terminan en homicidios.

México es un importante enclave de las más poderosas mafias internacionales dedicadas a la trata de mujeres para su explotación sexual: la rusa, la argentina, la cubano-estadunidense, la Yakuza de Japón… Estas son sólo algunas de las organizaciones delictivas asentadas en el país y que en ocasiones operan en coordinación con los cárteles mexicanos del narcotráfico.

Corre a su cargo la globalización del pujante negocio del sexo. Lo mismo importan en condiciones de esclavitud a mujeres de Europa del Este, el Caribe y Sudamérica, que exportan mexicanas a Estados Unidos y Japón, país donde son consideradas un producto “exótico” de alto valor.

A la zaga de estas mafias, hay en el país una multitud de pequeñas bandas dedicadas a la trata de personas, que después del tráfico de drogas y de armas ya representa el “negocio más lucrativo en México”, según organizaciones de derechos humanos.

El embajador de Hungría, György Herczeg, se muestra alarmado porque a sus oficinas llegan jóvenes de su país que piden auxilio para librarse de los tratantes y lenones que las explotan en México.

“Las redes de tráfico de personas llegan a Hungría para ofrecer a nuestras jóvenes empleo en México. Les presentan contratos de trabajo muy tentadores, garantizándoles buen salario, vivienda, seguro y visa de trabajo. En letras pequeñas se les especifica que trabajarán en bares, sólo en contadas ocasiones les indican que realmente irán a parar a un table dance”, dijo Herczeg a mediados del año pasado a la prensa de Cancún, en el marco de un festejo sobre su país.

Y agregó que, al llegar aquí, a las jóvenes húngaras se les quitan el pasaporte y el boleto de avión, y se les deja sin dinero. Son obligadas a prostituirse por hambre.

Según esos reportes de prensa, otras embajadas enfrentan problemas similares, como la de Rusia y la República Checa. Pero el hecho más dramático lo padece la sede diplomática de Argentina con el “caso Vanesa”.

Viaje sin retorno

Vanesa Martínez es una bailarina argentina de 27 años de edad que trabajaba en el Royal Club, un exclusivo centro nocturno de la Zona Rosa, en la Ciudad de México. Desde julio del año pasado no se conoce su paradero.

Cuentan sus familiares que en sus últimos contactos telefónicos con ella, Vanesa les decía que vivía aislada y sufría mucho, que intentaba volver a Argentina pero se lo impedían. ¿Quién la retenía en México y por qué? Nunca se supo. Vanesa desapareció repentinamente.

Mariana Rendón, integrante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que brinda apoyo a este tipo de víctimas, señala:

“A Vanesa seguramente la tenía enganchada una red muy escondida, como hay muchas operando en el país, hasta en casas particulares como cualquiera, sin que los vecinos reparen que ahí viven mujeres esclavizadas.”

–¿Sería una amplia mafia internacional?

–No lo sabemos, porque existen dos categorías en esos grupos: las grandes organizaciones internacionales bien estructuradas, a las que usted se refiere, y por otra parte las pequeñas bandas delictivas, que abundan muchísimo.

“En el proceso de trata internacional bastan sólo tres personas para integrar una banda: la persona que engancha a la víctima en su país de origen, la que hace el traslado y, finalmente, quien se encarga de su explotación en el extranjero. Enganche, traslado y explotación son las tres fases del proceso.

“Por eso debemos quitarnos la idea de que el tratante es el típico mafioso mal encarado, con pistola, traje fino y lentes oscuros. No. Puede ser la gente de aspecto más común, incluso hasta los mismos familiares de la víctima.”

Mariana Rendón habla con conocimiento de causa, ya que es la coordinadora del Programa de Asistencia Directa a Víctimas de Trata en México, de la OIM, organización creada en 1951 y con sede en Ginebra, Suiza. Aquí empezó a operar en 2005.

Agrega: “El enganche se da comúnmente a través de falsas ofertas de trabajo. El tipo que llega y te dice: ‘Te tengo un trabajo muy bien remunerado en el extranjero, no pagarás ni transporte ni hospedaje’. Se da también el enganche por enamoramiento del chico que te seduce y promete cambiar tu vida. Hasta llegar al extremo del rapto y del secuestro”.

–¿Qué tipo de mujeres son las víctimas más comunes?

–Las de bajos recursos económicos que aspiran a un mejor nivel de vida. Las madres solteras son presa fácil por la necesidad de sacar a sus hijos adelante. Muchas menores de edad son también enganchadas.

“Lograr detectarlas es la labor más difícil para nosotros, puesto que viven escondidas y bajo amenazas permanentes. Muy pocas se atreven a denunciar, por eso no se sabe cuántas víctimas hay en México. Seguramente son muchísimas. Después del narcotráfico y del tráfico de armas, la trata de personas es aquí el negocio más lucrativo.

“En los tres años que llevamos trabajando en México, sólo hemos atendido a 70 víctimas de explotación sexual y laboral. Les proporcionamos albergue, asistencia médica y sicológica. Y en colaboración con las embajadas, gestionamos la reunificación con sus respectivas familias.”

Rendón aclara que la trata internacional más común en México no es la de las gráciles rubias importadas de los países de la antigua Europa del Este –destinadas a un sector de alto poder adquisitivo y a los centros nocturnos más exclusivos–, sino la de las jovencitas traídas de Centro y Sudamérica.

La Mafia Rusa, en conexión con la ucraniana, se dedica a traer a México a muchas mujeres de Europa del Este, según reportes de la Interpol y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Mientras que la mafia argentina y la cubano-estadunidense trafican principalmente con caribeñas, centroamericanas y sudamericanas.

De acuerdo con un reporte de la Interpol que pertenece a su proyecto Regional Organized Counter-Crime Information Sharing System (ROCCISS), México se ha convertido en el paraíso de negocios de por lo menos 18 organizaciones del crimen trasnacional, que lo mismo se dedican a la trata de blancas y al tráfico de droga y armas que al lavado de dinero y el robo de autos o de precursores químicos.

El informe agrega que esas organizaciones aprovechan la globalización de los mercados para expandirse en México, donde establecen sus reglas y se distribuyen tareas y territorios. Una de sus características peligrosas es su capacidad para pasar inadvertidas.

Integrada por exmiembros importantes del Ejército Rojo y de la KGB que perdieron sus puestos al fin de la Guerra Fría, la Mafia Rusa opera principalmente en la Ciudad de México, Baja California y Cancún, según Interpol, la DEA y la Policía Federal Preventiva (PFP).

En junio de 2003, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), informó: “Son gente bien entrenada, con gran peligrosidad, se presume que pertenecieron a la KGB… Lo que tenemos documentado es la forma de actuar de esta gente, que es principalmente tráfico de armas, prostitución y tráfico de drogas”.

Dos importantes grupos de la Mafia Rusa, la Solntsevskaya y la Izamailovskaya, proveen de mujeres europeas a bares de table dance de la Ciudad de México, indican los reportes policiacos.

Magnates del sexo

Jaime Montejo, vocero de Brigada Callejera, una organización civil que brinda apoyo personal a sexoservidoras que trabajan en distintos puntos del país, describe las condiciones de esclavitud y terror que la Mafia Rusa impone a sus víctimas:

“Los grupos de mujeres de Europa del Este llegan a México bien enganchados, con guardias que los vigilan en todo momento. Los tratantes observan cómo se relacionan las mujeres entre sí. Escogen a la de carácter más fuerte para que dirija al grupo, siempre y cuando sea fiel a ellos.

“Aun así, en ocasiones las jóvenes se rebelan. Es entonces cuando la Mafia Rusa suele recurrir al asesinato; mata a una de ellas como escarmiento para que las demás se disciplinen. Medida de control mucho más eficaz que la simple amenaza de agredir a algún familiar de las jóvenes. En realidad este método no tiene nada de novedoso; ya lo practicaban Las Poquianchis en Guanajuato.”

En Cancún, según la prensa local, la Mafia Rusa ha adquirido tal poder que acaba de organizar ahí, el pasado 8 de marzo, una pelea de boxeo por el campeonato mundial de peso completo. El ruso Oleg Maskaev y el nigeriano Samuel Peter disputaron el título. Por cierto, una de las promotoras de la pelea fue Ana Cristina Fox, hija del expresidente Vicente Fox.

Se intentaba mostrar a Oleg como símbolo del poderío de la Mafia Rusa sobre las otras organizaciones criminales que operan en el Caribe mexicano. Pero el ruso perdió. La prensa interpretó así el hecho: “Se quedan mafias rusa y ucraniana sin campeón”…

Jaime Montejo señala que es precisamente Cancún el sitio predilecto de los tratantes internacionales que operan en México. “Ahí prácticamente convergen todas las mafias, por lo que se puede ver a la morena traída de La Habana, a la brasileña de Río de Janeiro, o a la checa ojiazul… Es la ley de la oferta y la demanda, el libre tránsito de mercancías en un mundo globalizado”.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo, Gaspar Armando García, ha señalado que es la mafia cubano-estadunidense la que trae a las jovencitas cubanas para prostituirlas en Cancún.

La italiana y la argentina son otras mafias que la policía detectó lucrando con la prostitución en México. Mariana Rendón recuerda, por ejemplo, el caso de la banda argentina Divas, que hace algunos años fue descubierta en el tráfico con jovencitas extranjeras.

Jaime Montejo señala: “Las extranjeras más afortunadas son transportadas en avión y hospedadas en cómodas suites, para después introducirlas en la prostitución de alto nivel. Puede ser en night clubs, estéticas, agencias de edecanes u hoteles de superlujo donde a los huéspedes, sutilmente, se las ofrecen como ‘acompañantes’ para que les lleven sus portafolios a las reuniones de negocios.

“Aún a ese nivel existen tres categorías: platino, oro y diamante. Las de ésta última categoría –según testimonios que nos dan las propias trabajadoras sexuales– llegan a cobrar hasta 20 mil pesos por un polvo, como las bellas jóvenes que la empresa Televisa oferta muy encubiertamente en traje de baño, en su programa sabatino de televisión Muévete, conducido por Maribel Guardia y Latin Lover.”

–¿Qué empresarios mexicanos lucran con esas jóvenes extranjeras?

–Bueno, entre los dueños de centros nocturnos destacan Pancho Soto y su familia, que manejan actualmente el Men’s Club y el Royal Club, donde trabajaba Vanesa; o Alejandro Iglesias Rebollo, quien era dueño del extinto Lobohombo y ahora maneja otros centros nocturnos; está también Antonio Gless y Juan Manuel Muracami Ortiz Suzumo. Son lenones que operan a nivel nacional. A los tres últimos se les ligó con el cártel de Juárez en un informe elaborado por Mariano Herrán Salvatti cuando fungía como jefe antidrogas de la PGR.

“Estos empresarios viajan constantemente al extranjero buscando innovaciones para sus negocios. Por ejemplo, el table dance –de raíz oriental– lo introdujo Pancho Soto a México. Y Ortiz Suzumo fue el primero en utilizar los catálogos con fotografías de las muchachas.”

Menciona Montejo a las mujeres centroamericanas que, en condiciones muy precarias, son transportadas por tierra al país. Trata manejada principalmente por pequeñas mafias mexicanas, asentadas sobre todo en el estado de Tlaxcala.

“Esta trata se efectúa por cuatro rutas que las autoridades tienen bien definidas: la ruta del Pacífico, dos rutas centrales y, por último, la del Golfo”, explica Montejo.

–¿Por qué los tratantes se asientan principalmente en Tlaxcala?

–Por una vieja tradición que data de tiempos prehispánicos. Eran los tlaxcaltecas quienes surtían de mujeres al imperio azteca. Todavía, la mayoría de los padrotes que hay en el país provienen de Tlaxcala. Se les educa desde niños en esa lucrativa actividad. ¡Imagínese!, un padrote en La Merced le exige a cada mujer que controla una cuota que va de 3 a 4 mil pesos diarios. ¡Y sin hacer nada!

Autoridades implicadas

Cuenta Montejo que La Merced es el punto donde se da la trata más multitudinaria del país. Hondureñas, chiapanecas, salvadoreñas, oaxaqueñas, guatemaltecas… todas desfilan –en subastas clandestinas– frente al ojo escrutador de los marchantes.

Relata una anécdota: “En 1998 supimos que llegaría un cargamento con 70 menores de edad al hotel Liverpool, en La Merced. Un grupo compuesto por asambleístas y miembros de Brigada Callejera alertó personalmente al entonces procurador del Distrito Federal, Samuel del Villar. Éste les dijo: ‘Yo prefiero quedarme aquí quietecito, porque además esta procuraduría es una cloaca donde no se puede confiar en nadie. Les aconsejo que no se metan, si es que no quieren aparecer muertos en una esquina’. La procuraduría finalmente mandó un operativo al hotel y pescó a los tratantes, pero luego los dejó libres”.

–¿Es un negocio en el que participan también las autoridades?

–¡Claro! Varios hoteleros de la Ciudad de México que tienen sexoservidoras pagan al gobierno capitalino, o a la delegación respectiva, una cuota mensual de hasta 150 mil pesos para poder seguir trabajando. Es una extorsión que, por supuesto, no queda registrada en caja. Hay y hubo gobernadores, como Jorge Carrillo Olea, en Morelos, que protegen a los lenones.

“Otro ejemplo son los gobiernos estatales de Querétaro, que desde hace años regentean el burdel La Yegua, situado en la ciudad de Querétaro, donde, a su vez, cada alcalde se traspasa uno a otro el burdel El Farallón, que deja buenos dividendos al municipio. No importa si son gobernadores y alcaldes del PRI o del PAN.

“Alrededor de las zonas militares hay burdeles para uso exclusivo del Ejército. El Campo Militar Número Uno está rodeado de ellos… Y así podríamos seguir enumerando más y más y más casos de prostitución institucionalizada. Respecto a la trata de extranjeras, no hay que rascarle mucho para comprobar que las autoridades migratorias también están metidas en el negocio.”

–¿Y qué hay respecto al tráfico de mexicanas enviadas al extranjero?

–La mayoría van a Estados Unidos. Aunque muchas otras son captadas por la mafia Yakuza para enviarlas a Japón, donde la mujer mexicana es un producto exótico de alto valor. A la Yakuza se le empezó a detectar en Guadalajara, hará unos 17 años, debido a que varias tapatías eran enviadas a Japón. Una de ellas fue rescatada viva.

Según cálculos de la Asociación de Mujeres Hispanas –con sede en la ciudad estadunidense de Miami–, cerca de 3 mil mujeres mexicanas actualmente son prostituidas en Japón por la Yakuza, una vieja organización criminal cuyos miembros suelen estamparse el cuerpo con tatuajes para revelar sus jerarquías (figuras de tigres, dragones y serpientes cubren sus brazos y espaldas). La Yakuza fue creada por samuráis que se quedaron desempleados, un origen similar al de la Mafia Rusa.

El problema empieza a enfrentarse con medidas legislativas. A finales del año pasado se aprobó en el Congreso de la Unión la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, mientras que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el diputado Tomás Pliego Calvo está impulsando una ley semejante para el Distrito Federal.

Además, en la PGR se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), a cargo de Guadalupe Morfín, quien se negó a hablar con Proceso sobre este gravísimo problema que le toca combatir.

El diputado Pliego Calvo –que el año pasado logró que se tipificara el delito de “trata” en el Código Penal capitalino– considera que será muy difícil enfrentar a toda la intrincada red de mafias, lenones, hoteleros y autoridades de gobierno involucradas.

“Podría ser un sueño guajiro de nuestra parte, pero necesitamos ver avances en materia de procuración de justicia”, dice Pliego.

Contrabando de europeas
Rodrigo Vera
El cónsul de Hungría en México, Sándor Galambos, afirma que en Europa el mercado de la prostitución está tan saturado, que actualmente muchas jóvenes de los países del Este de ese continente son traídas a México por “agencias” de empleo que operan ilegalmente y a cuyos jefes –involucrados a veces con el narcotráfico– la policía no ha podido detectar.

Comenta el diplomático: “En Europa, el mercado de la prostitución ya está saturado, principalmente en España, Gran Bretaña, Italia y Francia. Los periódicos de esos países publican un montón de ofertas. De manera que a las jovencitas húngaras, rumanas o checas se les comenzó a enviar a nuevos lugares.

“Al principio, Alemania fue una salida. Después, los países del norte europeo. Pero ahí las jóvenes no fueron bien aceptadas. A ellas tampoco les gustó el clima helado de esos países, donde por meses no se ve ni el sol.”

–¿Y cómo empezaron a llegar a México?

–Como turistas, húngaros y húngaras primero llegaron a Cuba, principalmente a las playas de Varadero. Les gustó la calidez del clima. Pero el gobierno cubano tomó medidas muy severas que les afectaron, por lo que luego se pasaron a Cancún. Ahí llegaban en vuelos charter, directos desde Hungría. Fue entonces cuando los empresarios vieron que con ellas, por su color de piel y su cabello rubio, se podía hacer un buen negocio. Así empezó todo.

En sus oficinas de la embajada, Galambos señala: “Según nuestros informes, habrá unas 150 jóvenes húngaras trabajando en bares, hoteles, moteles, table dances y restaurantes, principalmente en la Ciudad de México, Cancún y Acapulco. Trabajan sólo en lugares cerrados. Nunca se les ve en la calle.

“Generalmente, tienen entre 22 y 27 años de edad. Por desgracia, allá en Hungría es muy mala su situación económica y tienen un bajo nivel de estudios. Caen fácilmente en este mercado de la globalización, pensando que con su cuerpo tendrán un mejor nivel en México.”

–¿Cómo se les contrata en Hungría?

–A través de agencias que les ofrecen un buen salario, alojamiento y pasajes de avión. Firman un contrato de trabajo que, en ocasiones y en letras pequeñitas, sólo dice que trabajarán en un bar o en un hotel, como meseras o camareras. Las jovencitas aceptan por necesidad. Su inexperiencia también les hace ver un futuro romántico colmado de aventuras.

“Generalmente esos contratos son por tres meses, al cabo de los cuales ellas se dan cuenta que el salario no era tan bueno. Entonces se les dice que tendrán que hacer otras cosas si quieren ganar más, como trabajar cubiertas sólo con una tanga o prestarse a ciertos requerimientos sexuales.

“Quienes aceptan quedarse en México empiezan a ser víctimas de chantajes y amenazas, debido a que sus pasaportes y papeles migratorios se quedan en poder de sus empleadores. No pueden moverse libremente. Muchas veces sólo pueden ir al lugar donde trabajan y a donde viven, vigiladas siempre por guardias. Una moderna forma de esclavitud”.

“Falta cooperación”

El cónsul Sándor Galambos indica que en Hungría y otros países del este de Europa la policía busca infructuosamente a quienes manejan esas agencias empleadoras, que operan “ilegalmente” porque no están registradas ni pagan impuestos.

“Esas agencias rentan locales por corto tiempo y publican sus ofertas de trabajo en los periódicos. Desaparecen cuando la policía está a punto de detectarlas. No dejan huella. Se instalan después en otro lugar. En Hungría, operan principalmente en las ciudades de Budapest, Miskolc, Debrecen y Eger. Se sabe que sus directivos se la pasan viajando por toda Europa del Este”.

–Se dice que la Mafia Rusa está detrás de esas agencias…

–Mire, la Mafia Rusa es enorme y muy potente, y sigue operando en Europa; envía mujeres principalmente a Alemania y al área del estrecho de Gibraltar. Pero el actual gobierno húngaro logró sacarla casi totalmente del país, le cerró las fronteras. Así que actualmente son sobre todo empresarios que operan desde África del Norte y de Medio Oriente quienes manejan esas agencias en Hungría. Tienen un montón de plata. Mueven sus capitales de un lado a otro. Pero es prácticamente imposible dar con ellos.

–¿Por qué no se logra capturarlos?

–Porque todavía no hay suficiente cooperación policiaca entre los países europeos para resolver este problema. Hay inmediata cooperación cuando se trata de narcotráfico. Ahora, por fortuna, ya se está descubriendo que el tráfico de mujeres está muy ligado al de la droga.

Pese a que México es visto hoy como un “paraíso” donde la “vida es fantástica” y “abunda el dinero” para esas mujeres, Sándor Galambos prevé una caída de la demanda:

“El mercado mexicano tiene también un límite. Ya lo empezamos a ver. Pongo como ejemplo la actual lucha entre las mujeres argentinas y las húngaras. Unas con otras se disputan los espacios y las mejores ganancias, se delatan mutuamente ante las autoridades migratorias.

“En los últimos tres meses, las argentinas lograron sacar de México a 10 húngaras que fueron capturadas en el Distrito Federal, Veracruz, Acapulco y Cancún. En la embajada tuvimos que intervenir. En otras ocasiones nuestras jovencitas acuden a la embajada en busca de protección.”

–¿A cuántas ha atendido usted?

–Yo llevo en México casi año y medio. En ese tiempo he atendido a 25 mujeres y 10 hombres. Vienen aquí en un último momento, después de mucho pensarlo, pues sienten vergüenza de que se sepa a qué se dedican.

–¿Hay alguna que haya desaparecido? ¿Alguna asesinada?

–No. Gracias a Dios ninguna. Y tratamos de hacerles entender que ese oficio no tiene futuro y es además muy corto. Dura los pocos años de su juventud. Este peligroso tráfico da una mala imagen de nuestro país y de la respetable comunidad húngara en México. Pero lamentablemente existe, ¡ahí está!

La maquila en la refinación
David Ibarra
La crisis de Pemex reconoce muchas causas. Hay, sin embargo, un pecado original de orden financiero. A lo largo de más de dos décadas a Pemex se le han sustraído recursos más allá de lo razonable, hasta dañar la optimización de sus cadenas de valor agregado, la restitución de las reservas petroleras, la modernización de las instalaciones o el conjunto de las capacidades de hacer de la empresa.

Más y más se ha confinado al país a producir en exceso crudos, mientras se importan más y más productos industrializados y petroquímicos. El desequilibrio medular de Pemex resalta palmariamente al observar que ocupa entre el cuarto y el sexto lugar como extractor mundial de crudos –con riesgo de sobreexplotar los yacimientos–, pero está ubicada hasta el decimoséptimo casillero en lo que respecta a reservas disponibles.

Ahora se quiere dar otro paso en ese proceso desnacionalizador. Pasando por encima de problemas constitucionales, hoy se justifica ceder la refinación del futuro, convirtiéndola en maquila privada con el argumento de que Pemex-Refinación reconoce pérdidas, que es ineficiente, que desmerece en cualquier comparación competitiva internacional. Se olvida que se le han escatimado recursos para modernizarse, como lo demuestra el que en más de una década no se hayan construido nuevas capacidades productivas, que se le hayan negado fondos para resolver múltiples cuellos de botella en las plantas, que los trabajos de conservación y mantenimiento sean frecuentemente diferidos o se instrumenten sólo parcialmente, que se registren retrasos injustificables de los programas de reconfiguración de las instalaciones. Más aún, la gestión gerencial en el manejo de las refinerías de la paraestatal queda casi nulificada por el rígido sistema de precios de transferencia. En efecto, el gobierno fija los precios de venta de las gasolinas y se usan las cotizaciones de Houston para determinar el renglón dominante de los costos –el precio del crudo–, al cual pocas veces se le ajusta por razones de calidad –y por lo cual, seguramente resultaría inaceptable para los maquiladores potenciales–. En consecuencia, sus utilidades o pérdidas quedan básicamente predeterminadas. Para decirlo coloquialmente, se quiere una especie de comparación artificiosa entre tigre suelto (las plantas extranjeras) y burro amarrado (las de Pemex). Aun así, el margen de refinación de Cadereyta no desmerece de los obtenidos por las plantas estadunidenses de la costa atlántica.

Entonces, más que condenar a los técnicos y trabajadores de Pemex, habría que rendirles homenaje por laborar en condiciones claramente adversas y, aun así, ser capaces de instrumentar numerosos proyectos ecológicos (17) que ya mejoran sustancialmente la calidad de los combustibles nacionales. Las razones con las que se quiere justificar la privatización, disfrazada de maquila de las futuras capacidades refinadoras, no sólo son insuficientes, son intrínsecamente espurias. Olvidan que ya hay conocimientos, capital humano y capacidades vernáculas para emprender esos proyectos de inversión productiva, que si algo no se sabe, la tecnología se puede adquirir fácilmente en el exterior, como también suplir a la golpeada proveeduría nacional de bienes de capital. Se olvida también que hay recursos financieros y suficientes márgenes gubernamentales de maniobra antes de quedar forzados a invitar a socios permanentes en la distribución de las rentas petroleras. Ahí están los 15 mil millones de dólares que se le han congelado a Pemex al obligarle a un superávit primario desmesurado en su presupuesto de 2008.

En términos estratégicos se pasa por alto que el mercado internacional del petróleo ha cambiado radicalmente. El interés de empresas y países se desplaza hacia la industrialización de los hidrocarburos, hacia la refinación y la petroquímica. Las grandes trasnacionales buscan consolidar su posición en esos campos, y los países dueños de las reservas reivindican su soberanía sobre las mismas y emprenden su industrialización. Por eso es que sólo cuatro trasnacionales: Shell, Exxon, Texaco y Chevron, cuentan con cerca de 180 refinerías y que Petro-China, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Arabia Saudita dispongan de unas 80, mientras México tiene apenas seis y sólo dos medianamente modernas.

Como se ve, el terreno de la competencia está desnivelado y el país pierde a pasos agigantados la capacidad estratégica de optimizar las cadenas petroleras de valor agregado y el aprovechamiento de su principal ventaja comparativa para involucionar a la posición modesta de vendedor de crudos e importador de hidrocarburos elaborados y de sus derivados industriales.

En conclusión, mientras las empresas trasnacionales con diversas modalidades buscan afanosamente integrarse vertical y horizontalmente, como lo atestigua el que las fusiones y adquisiciones trasfronterizas de todo género sumasen más de 6 trillones anglosajones de dólares entre 1990 y 2004, o que casi llegasen a 1 trillón en 2005. A nosotros, en cambio, se nos propone caminar en reversa: disponiendo de una empresa integrada, la mayor del país, pretendemos curiosamente fraccionarla.

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Autoridades aseguran tener definido el nuevo censo de los cárteles en el país

Jue 22 Mayo, 2008 Deja tu comentario Imprimir Imprimir

Funcionarios de alto nivel del gobierno federal revelaron que los cárteles de Sinaloa, Golfo y Arellano Félix están divididos y que para la administración de Felipe Calderón, Ignacio Nacho Coronel e Ismael El Mayo Zambada, se consolidaron como los nuevos mandos del cártel de Sinaloa, desplazando a Joaquín El Chapo Guzmán. La evaluación oficial considera que los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas han convertido a sus grupos en nuevos cárteles.

Según la información obtenida y conocida por altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y órganos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cártel del Golfo se partió en dos. Una las facciones la encabeza Miguel Ángel Treviño González y Heriberto Lazcano El Lazca, este último desertor del Ejército mexicano que inició la integración de un grupo de sicarios de origen castrense a las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén cuando dirigía esa organización.

Este grupo ya es considerado un nuevo cártel, debido a su poder de fuego, despliegue de estructuras armadas y operativas, y su posicionamiento en al menos 12 entidades de la República: Oaxaca, Guerrero, estado de México, Distrito Federal, Michoacán, Durango, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Yucatán.

La otra facción del cártel del Golfo, que se mantiene en el esquema gubernamental con el mismo nombre, es dirigido por Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss. Ambos pertenecieron a esta organización desde que la dirigía Osiel Cárdenas, y aunque se considera que El Coss ha perdido fuerza con la detención de varios de sus operadores, sobre todo en la zona de Ciudad Madero y Tampico, supuestamente su brazo armado es dirigido por Jaime González Durán, El Hummer, y Enrique Rejón Aguilar, El Mamito.

Estos últimos son también desertores del Ejército y habrían negociado con El Lazca una “colaboración” territorial para evitar una guerra entre grupos hermanados por el surgimiento de Los Zetas.

Por lo que hace al llamado cártel de Los Zetas, éstos habrían sumado a sus filas a miembros de lo que hasta hace cuatro años se conocía como el cártel de los hermanos Valencia o del Milenio, y que tenía su centro de operaciones en Michoacán; así como los miembros del clan Díaz Parada en Oaxaca.

Según los entrevistados, Los Zetas estarían disputando en combinación con los hermanos Beltrán Leyva las rutas de operación que maneja el cártel de Sinaloa en los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro.

En ese contexto, y según la visión gubernamental, los hermanos Arturo y Carlos (Alfredo está preso desde enero de este año), han logrado consolidar estructuras operativas y financieras en Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero y Puebla, y han cooptado algunas áreas que antes eran únicamente manejadas por colaboradores de El Chapo Guzmán.

Integrantes de los cuerpos de inteligencia de la milicia señalaron que en Sinaloa la aparición de narcomantas así como el supuesto desplazamiento de sicarios tamaulipecos bajo las órdenes de Arturo Beltrán Leyva, han puesto en alerta a las autoridades federales ante un repunte de la violencia en dicha entidad.

Según los informes recabados, la organización de Arellano Félix estaría dividida entre las huestes de Enedina Arellano y Jorge Briceño López El Cholo.

La única organización que por lo menos desde 2004 no ha modificado su estructura es el cártel de Juárez o de la familia Carrillo, la cual es dirigida por Los Vicentes, hijo y hermano de Amado Carrillo El Señor de los Cielos.

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