Agudo conocedor de los males que descomponen a su partido, Javier Corral sintetiza con una frase el descontento que lo llevó a renunciar al Comité Ejecutivo Nacional panista: Ni en el gobierno ni en el partido hay voluntad política para llevar a cabo una de las reformas estructurales fundamentales para consolidar la democracia, la de los medios de comunicación. En entrevista con Proceso, el exlegislador lamenta el pacto que el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, estableció con la facción de la derecha radical, y reprueba la alianza panista con el Partido Nueva Alianza, que dirige Elba Esther Gordillo. Además, dice, se desvaneció su “esperanza” de que Felipe Calderón rectificaría el apoyo que le dio a la Ley Televisa en su campaña.

Incorporado al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) a propuesta de Germán Martínez en diciembre de 2007, Javier Corral Jurado supo muy pronto que era inútil mantenerse en esa posición y el primer signo que lo inquietó fue el pacto que el nuevo presidente partidista estableció con la facción de la derecha radical.

“Eso no me lo esperaba. Ni con Luis Felipe Bravo ni con Manuel Espino hubo un acuerdo tan estructural y tan orgánico con ese sector radical como ahora en el CEN que encabeza Germán”, asegura Corral, quien expone que ese “alineamiento” se ratificó con la proclama de Martínez de guanajuatizar México, que no honra la promesa de hacer del PAN un partido de centro.

Luego, en la lógica del “electorerismo” del PAN, se presentó otra acción que lo desconcertó: En una decisión que no concitó discusión entre los 40 miembros del CEN y cuyo único voto en contra fue el suyo, se perfiló una alianza total con el Partido Nueva Alianza (Panal), de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, quien encabeza “una de las dirigencias más corruptas de América Latina”.

Pero Corral ya no tuvo duda de que renunciaría al CEN después de que se desvaneció su “esperanza” de que Felipe Calderón rectificaría el apoyo que le dio a la Ley Televisa en su campaña, porque fue todo lo contrario: Varios hechos, entre ellos la destitución de Santiago Creel como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, lo hacen concluir que este gobierno inauguró un nuevo “ciclo de complicidad” con las televisoras, como el establecido por Vicente Fox.

“Si alguien estaba obligado, moral y políticamente, a una rectificación era el presidente Calderón, puesto que él fue, sin duda, uno de los personajes clave en la aprobación de la Ley Televisa. Pero la rectificación no sólo no vino, sino que se empezó a recomponer el pacto de colusión de intereses con las televisoras, que ya venía desde Fox.”

Para Corral, quien aceptó la invitación a formar parte del CEN para poder influir en el tema –“así lo explicitamos desde el principio Germán y yo”–, no hay duda: “No hay voluntad política, en el gobierno ni en el partido, de llevar a cabo una de las reformas estructurales más importantes para consolidar la democracia.”

Pero, además, Calderón “no sólo no rectifica, sino que vuelve a hacer cosas en sentido contrario y que sólo refuerzan ese poder que, ilegal e inmoralmente, sustituye al Estado y se genera, de nueva cuenta, un ciclo de complicidad y componenda”.

–El 16 de julio usted escribió en El Universal: “Qué dolor me causa decirlo, pero al ritmo que vamos, en el manejo de los medios electrónicos y en el ejercicio de la libertad de expresión vamos a extrañar a Fox”. ¿Calderón ya rebasó a Fox?

–No creo que lo haya rebasado, todavía. En todo caso lo que hace es continuar la política de Fox en esta materia.

En amplia entrevista con el reportero, el jueves 21, Corral pone varios ejemplos de esa complicidad: Los refrendos de concesiones de radio que violan la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley Televisa; el cabildeo a nombre de las televisoras del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; las agresiones impunes de Televisión Azteca a los ministros; el “borrado” de la imagen de Creel en las pantallas de Televisa.

Inclusive, en una facultad de Germán Martínez, se nombra a Federico Döring como representante del PAN ante la Comisión de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral (IFE). “Lo mandaron para defender las posiciones de las televisoras”, afirma Corral, quien tilda al senador de ser un “soldado de la guerra sucia”.

Corral les hizo saber todo esto, directamente, a Calderón y a Martínez, así como a varios funcionarios del gobierno, antes de presentar su renuncia al CEN del PAN, el 14 de julio, con el fin de que hubiera una rectificación, pero todo –dice– fue inútil.

“Yo, miembro del CEN del partido en el gobierno, le digo al jefe del partido, le digo al secretario de Comunicaciones, Luis Téllez; –al de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, no, porque nunca me contestó el teléfono–; le digo al presidente de México, está ocurriendo esto. ¡Y no pasa nada! Entonces, ¿qué hago ahí? Me voy del CEN a dar la batalla en la posición que, con sus decisiones, me han colocado, y que es la más incómoda, la más compleja, la más difícil.”

Por eso, Corral no duda: El nuevo coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, sólo acatará la línea trazada por Calderón. “¿O alguien cree que va a impulsar la reforma de medios?”

–Él aseguró públicamente que sí…

–A ver quién le cree a Madero que llegó a eso. Puede decirlo, pero no lo va a hacer nunca. No se vale engañar, no se vale decir que sí se va a hacer, cuando el compromiso previo ha sido que no. Y esto es lo más grave de todo lo que pasa: Vivimos en una época de simulación.

Corral no quiere sumarse a la simulación –que hace medio siglo el fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, identificaba también como el principal problema de México–, y escribe un libro “revelador” sobre cómo el poder mediático ha sometido a toda la clase política, incluyendo la del PAN.

Creel, presidenciable

Corral presentó su renuncia a Martínez el 14 de julio, justo el día en que Creel declaró por primera vez que el presidente nacional del PAN adujo presiones de las televisoras para destituirlo un mes antes, el 9 de junio, y en entrevista con Carmen Aristegui, en CNN, involucró a Calderón en la decisión.

De hecho, en la reunión del CEN de ese 9 de junio, después de que ya había comunicado a Creel su destitución, Martínez dijo a los asistentes que, en una semana, convocaría a los grupos parlamentarios de las cámaras de Diputados y Senadores para revisar la agenda legislativa y evaluar el desempeño de los coordinadores.

“Este es un asunto muy delicado y les puedo asegurar que ha sido discutido y acordado con el presidente de la República”, expresó Martínez, quien al día siguiente, el martes 10, se reunió con la mayor parte de los senadores y negó, como hasta ahora, que la deposición de Creel obedeció a la presión de las televisoras. “Ningún actor externo impone agenda”, declaró.

Pero para Corral no hay duda: Calderón y las televisoras sabían que Creel “iba en serio” por la reforma a los medios y, a pesar de la censura de la televisión, se colocaba como puntero para la candidatura presidencial de 2012, en abierto desafío al dogma que la televisión reproduce: El que se pelea con la televisión no aparece y, el que no aparece, no existe en política.

“Y Creel demostró que hay vida después de la televisión. El gobierno levantó las antenas, porque lo vieron, primero, en ruta de rectificación –lo que ellos no pudieron o no quisieron hacer–, y como lo vieron en ruta de rectificación en el asunto más importante del que cojea el equipo de Calderón, que es su autoridad moral ante los medios, lo derribaron y derribaron la reforma.”

Corral afirma que el efecto fue contraproducente: “Calderón, la dirigencia del partido y Televisa, cada quien en su faceta, logran uno de los efectos más increíbles en la trayectoria política de Creel: No sólo lo resucitan, en términos de una posición pública creíble, sino lo relanzan. Creel es hoy el más fuerte presidenciable del PAN, porque rompió con todos los intereses que lo ataban”.

–Que él mismo tejió…

–Sí, que él mismo tejió, sin duda que tiene faltas acreditadas, una conducta como secretario de Gobernación que fue muy cuestionada y muy vulnerable. Si alguien lo escribió, lo criticó y lo dijo fui yo. Porque mi actuar en estos asuntos ha sido no en función de personajes, sino de las acciones que se cometen.

“Pero, paradójicamente, Calderón hace a Creel presidenciable, como Fox lo hizo a él: Por la vía de la defenestración pública. Porque uno de los valores más importantes en el PAN es el respeto a la dignidad de la persona humana y porque aquel que da a respetar su dignidad crece ante los ojos de los militantes del partido. Calderón no permitió que se le atropellara su dignidad. Creel tampoco lo ha permitido.”

Elba Esther y El Yunque

Sin las amarras que implica formar parte del órgano de dirección del PAN, aunque sin declinar su militancia ni su participación activa en los consejos nacional y estatal en Chihuahua, Corral dice que es más útil ejercer la crítica y concitar el debate desde fuera, sobre todo porque el tema de los medios ha sido su batalla.

Califica de calumniosa la especie propalada por “funcionarios de reciente incorporación al CEN”, como Juan Ignacio Zavala, en el sentido de que busca una diputación para no renunciar, algo que ni siquiera aceptó a Calderón al inicio del gobierno.

“Me invitó a ser director del Canal 22, pero yo no iba a dejar la batalla contra la Ley Televisa. Además el planteamiento no fue muy convencido, fue un mero trámite”, expone Corral, quien también en el PAN pronto se dio cuenta de que no tenía sentido seguir.

“Hasta se lo dije al propio Germán: ‘No te voy a poder ayudar’. Si ni siquiera puedo dar el debate, qué estoy haciendo ahí. Como están las cosas, más sirve la denuncia, la crítica, advertir los problemas y errores desde fuera que de dentro, porque no se hace caso.”

–Germán Martínez alegaba que una de las cosas que debía recuperar el PAN era su tradición deliberativa, porque “un partido sin debate interno tiene argumentos débiles frente a la sociedad”…

–Ese fue un dato que a mí me preocupó mucho, porque, en efecto, el debate ha sido parte sustancial del partido. Hemos modificado estrategias y posturas después de muchísimos debates. Grandes debates se dieron en torno a la confesionalidad o no del PAN, a la participación electoral o abstención, recibir o no subsidio, relación con el gobierno de Carlos Salinas, abrir o no procesos internos.

“El CEN se legitimó por sus discusiones permanentes, por sus debates constantes, y yo no veo que haya ahora la idea de debatir nada. Porque hay otra estrategia: Ahora la ruta seguida no es discutir los problemas del partido y cómo podemos retomar nuestro talante de partido reformador o de cambio democrático para el país. Estamos en la ruta de ser un partido de gobierno y con el objetivo exclusivo de ganar elecciones. El electorerismo.”

Corral dice que la prueba de eso es la alianza que, sin discusión, se planteó con el Panal de Elba Esther Gordillo, quien apenas el lunes 28 de julio emitió un discurso inquietante ante Juan Camilo Mouriño y Josefina Vázquez Mota, secretarios de Gobernación y de Educación-.

“Nada mejor ni nada más útil que la verdad. Transparencia y rendición de cuentas quiere decir que todo aquello que hemos hecho –no que han hecho, que hemos hecho a valores entendidos– en beneficio de la política, por la política electoral, se erradique”, dijo la profesora, algo que a Corral le irrita.

“Los dos principales operadores de los acuerdos de la campaña de Calderón la escucharon sin chistar. ¿Qué hicieron para erradicarlo definitivamente?”

–¿Fraude electoral?

–¡No sé! Pero es muy grave que no se haya parado Mouriño a decirle: “a ver, profesora, con todo respeto, no le permito que ponga en duda los acuerdos que hicimos en materia electoral”, porque se avergüenza la profesora de lo que hicieron. ¿Qué hicieron para que se avergüence?

“Después de las elecciones de 2006, de todo lo que se ha dicho, para mí es más grave que hayan dejado pasar esa declaración de Elba Esther a andarle aclarando al Peje (Andrés Manuel López Obrador) y a todos los demás sus inventivas.”

Por eso, cuando se presentó la propuesta en el CEN, en mayo, le dijo a Martínez que era un error, pero además adquirió ejemplares de Los socios de Elba Esther, de Ricardo Raphael de la Madrid, y Doña Perpetua, de Arturo Cano y Alberto Aguirre, para dárselos a los miembros del CEN.

“Yo le dije al propio Germán: ‘Oye, la dirigencia del sindicato de maestros está calificada como una de las dirigencias más corruptas de América Latina. ¿En serio el PAN quiere asociarse con ellos? ¿En serio el PAN quiere asociarse con quien ha sido el obstáculo a la educación en México?”

–¿Y cuál fue la respuesta?

–Que se va a explorar, que se va a investigar, que se está analizando. Yo creo que Germán, por él mismo, no quisiera la alianza.

–¿Se lo están ordenando?

–En análisis y en las cuentas del gobierno esa alianza se ve como que le pueda sumar al PAN. Yo creo que le resta. Una alianza con Elba Esther, a nivel nacional, incluso aritméticamente no nos da ni ética ni políticamente. Porque nadie da lo que no tiene.

Calderón, afirma, tiene un acuerdo con el sindicalismo corrupto, como lo tuvo Fox, en contra de las banderas tradicionales del PAN, el anticorporativismo y la lucha antimonopólica: “La profesora estaba en caída libre y Calderón la agarró y la volvió a fortalecer. Carlos Romero Deschamps igual: estaba en caída libre, lo agarró Fox y lo volvió a fortalecer.”

Y acusa: “El gran reto de Calderón es reordenar a los grupos de interés y cumplir una tarea que el PAN no cumplió en el sexenio de Fox, y que fue una oportunidad perdida: Democratizar en serio a México. El PAN está perdiendo la oportunidad mayor de su historia política: Consolidar la democracia en todos los órdenes. No nos podemos conformar con un modelo electoral, que más o menos arregla la competencia”.

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“Estados Unidos está ayudando a México en el establecimiento de un comando, control y centro de inteligencia que mejorará la coordinación entre las diferentes agencias antinarcóticos mexicanas”, señala un reporte desclasificado de la Oficina de la Casa Blanca en Políticas de Control de Drogas, cuya copia tiene EL UNIVERSAL.

Mientras en el ámbito civil ambos países se centraban en la aprobación de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) y la Secretaría de la Defensa (Sedena) encabezan operativamente la guerra contra las drogas; el nuevo comando les permitirá contar con el control y coordinación con las agencias civiles, indica una fuente militar estadounidense.

El nuevo comando México pretende ser similar al Grupo de Coordinación de Interagencias Conjunto de Estados Unidos y la Fuerza Conjunta 6 Contranarcóticos del Comando Norte, por lo que proyecta operar como centro de información para detectar e interceptar el tráfico de drogas, indicaron fuentes militares del Pentágono.

Además de contar con personal de la Sedena, Armada y Fuerza Aérea, el comando contará con personal permanente de las agencias federales mexicanas de combate al narcotráfico que interactuarán las 24 horas, precisó.

El objetivo, refirió, es mantener conexiones entre militares y civiles en tareas que permitirán intercambiar información.

Pero la cooperación militar entre ambos países no es nueva. De hecho el DoD gastó, en una partida adicional conjunta con la Agencia Antidrogas (DEA) y el programa de ayuda de Estados Unidos (USAID), un monto aproximado de 228 millones de dólares en actividades contranarcóticos que directa o indirectamente beneficiaron a México de 2000 al 2006, indica un reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).

De manera separada, el DoD gastó en seis años 57.8 millones de dólares en la Sedena, en programas, equipo y entrenamiento en combate al narcotráfico, pero particularmente en ayudar a la Armada a interceptar aviones y embarcaciones sospechosas de transportar drogas ilícitas, indica el reporte de la GAO.

Durante seis años, destaca, “el Departamento de Defensa ha entrenado a 2 mil 500 militares mexicanos en el uso de cierto tipo de equipo, así como entrenamiento que les permite coordinarse con aviones y embarcaciones de Estados Unidos”, cita el reporte.

En términos de cooperación entre ambos ejércitos se han facilitado las operaciones marítimas casuales entre Estados Unidos y México. “La Armada mexicana convino en varias ocasiones en colocar temporalmente oficiales mexicanos de enlace a bordo de embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos, así como colocar oficiales estadounidenses de la Guardia Costera a bordo de embarcaciones mexicanas”, destaca el reporte.

Desde hace 20 años el Congreso de Estados Unidos decidió que en la guerra contra las drogas había aspectos que las agencias civiles no podían realizar, porque requerían habilidades militares dada la transformación de los cárteles al terrorismo, y determinó que el Departamento de Defensa se convirtiera en la agencia líder en el combate al narcotráfico, dejando a las agencias civiles la parte judicial, señala información de la subdirección de Contranarcóticos, Terrorismo y Amenazas Mundiales del DoD.

“Soy muy escéptico en el uso de las Fuerzas Armadas, diferentes a la Guardia Costera en esfuerzos contranarcóticos. Esas acciones no son propiamente misiones militares, en mi opinión. Además del empleo de personal militar en tales tareas distrae de misiones militares centrales tales como Irak”, señaló Eugene Fidell, abogado especializado en derecho militar, y uno de los mayores expertos en el tema en Estados Unidos.

Tras la experiencia de la guerra de las drogas en Colombia, “el uso del Ejército es siempre muy peligroso”, afirmó Myles Frechette, ex embajador de EU en Colombia.

En su opinión, el Ejército de Colombia no aceptó participar como fuerza líder en el combate a los cárteles para evitar la corrupción de los narcotraficantes y el tema de los derechos humanos exigido por el gobierno estadounidense, quedando entonces el combate en manos de la Policía Nacional.

El peligro de la militarización en el combate al narcotráfico en México es la corrupción, la violación a los derechos humanos y la deserción de militares que se pasan a las filas de los cárteles, señaló Maureen Meyer, de la Oficina de Latinoamérica en Washington (WOLA).

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No es lo que él hubiera deseado ni lo que hubiesen querido quienes lo llevaron al poder. Pero el presidente Calderón salvó la cara al presentar bajo su nombre un paquete de reformas legales que, de una o de otra manera, fortalecen a Petróleos Mexicanos como empresa, en una primera instancia, según

algunos analistas, y según sus críticos, lo convierten en el botín tan anhelado por la iniciativa privada, nacional y extranjera. Al mismo tiempo, Calderón y sus compañeros de viaje del Senado apostaron a que la crispación que iban a provocar será un mal inevitable pero pasajero que podrán aplacar con uno de los medicamentos que siempre están a su disposición: los medios de información domesticados.

No podrán venir las grandes petroleras trasnacionales a asociarse con Pemex y emprender la aventura de buscar “el gran tesoro mexicano” que hay en las profundidades del mar y llevarse parte de él, a través de contratos de riesgo. Tampoco podrán establecer modernas refinerías para procesar el crudo y encargarse ellas mismas de transportar, almacenar y comercializar los combustibles –gasolinas sobre todo– que produzcan. Cuando mucho, si se aprueba la propuesta gubernamental, serán simples maquiladoras.

No alcanzó la operación política del gobierno de Felipe Calderón para reformar la Constitución y las leyes secundarias a fin de darle un paso franco a las empresas privadas del país y extranjeras para intervenir en toda la cadena productiva de la industria petrolera nacional.

Sin embargo, bajo la lógica de “de lo perdido, lo que aparezca”, el gobierno tuvo la habilidad de confeccionar una propuesta de reforma energética que, si bien de menor alcance del que esperaba, le resultará un éxito si se aprueba: termina por quitarle las razones, si es que alguna tenía, al movimiento opositor de Andrés Manuel López Obrador, que se había reposicionado políticamente con el fantasma de la privatización de la industria petrolera; se congracia con el PRI –quedan intocados sindicato y excedentes petroleros para los gobernadores–, y el propio Calderón salva la cara: no presentar la iniciativa era reeditar el fracaso y la debilidad de Vicente Fox cuando, en su primer año de gobierno, intentó sacar una reforma fiscal, que nunca llegó, por la falta de operación política y la incapacidad para convencer de sus beneficios.

El mismo presidente admitió que la reforma presentada no es la que él hubiera deseado, pero sí la que es posible realizar, pues a su juicio “no tiene aristas que generen grandes controversias y evita lastimar la sensibilidad de muchos mexicanos”.

Y si bien no es la reforma que tanto encono y polarización causó, no es menor lo propuesto, así ya muchos la califiquen de reforma light, “chiquita” y “de poco alcance”.

Riesgos disfrazados

El presidente envió al Senado, el martes 8, un paquete de iniciativas que comprende una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos –la cual sustituiría por completo a la vigente–, reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, una Ley de la Comisión del Petróleo, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Destaca sobremanera la nueva ley orgánica, que apunta a darle mayor autonomía de gestión a Pemex para que opere realmente como empresa, con mejores prácticas de gobierno corporativo y, sobre todo, se le vaya liberando paulatinamente de todas las ataduras que hoy la tienen en el burocratismo e ineficiencia exacerbadas. Casualmente éste ha sido un tema en el que el Partido de la Revolución Democrática ha sido enfático, sobre todo en la legislatura pasada.

La idea es múltiple: fortalecer las facultades del Consejo de Administración, otorgarle flexibilidad en materia de adquisiciones y obra pública para proyectos relevantes, permitirle un manejo más libre de su deuda, incrementar gradualmente su facultad para aprovechar ingresos propios adicionales y darle flexibilidad para realizar ajustes presupuestales.

Para el exdirector de Pemex Francisco Rojas Gutiérrez, es “un adelanto el que el Ejecutivo haya enviado las iniciativas para modernizar a Pemex y su marco regulatorio, aunque no puede llamarse una reforma energética, ya que se limita a uno solo de los actores”. Es decir, dice, carece de un enfoque integral, de largo plazo; no incluye las energías alternativas y la manera en que el país deberá prepararse para la transición energética de los próximos 30 años, como sí lo están haciendo otros países.

Sin embargo, le parece correcto lo que propone la iniciativa gubernamental, en el sentido de precisar y ampliar las funciones de quienes coordinen, regulen y operen el sector petrolero; también la necesidad de un régimen fiscal diferente, la autonomía de gestión, financiera y operativa de Pemex, así como el gobierno corporativo, los consejeros independientes y la flexibilización en adquisiciones y obras, así como en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de Pemex.

Aunque, dice Rojas, en la discusión de las iniciativas deberán precisarse o cambiarse algunas cosas, como el nombramiento de los consejeros independientes, que en los documentos oficiales sería prerrogativa del Ejecutivo, cuando tendría que ser del Congreso “a fin de garantizar plena imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones”.

Como no pudo reformarse la Constitución para permitir las alianzas estratégicas con empresas privadas, nacionales y extranjeras, y los contratos de riesgo, el gobierno hábilmente, a decir de especialistas consultados por Proceso, le da la vuelta a esa reforma y propone contratos de “desempeño”, que no difieren gran cosa de los de riesgo.

El artículo 46 de la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos dice: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad. Petróleos Mexicanos podrá condicionar a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos correspondientes, y podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo”.

Dice Francisco Rojas al respecto: Dichos contratos pueden ser “un instrumento que favorezca la acometida simultánea de proyectos diferentes, atrayendo empresas de servicios y constructoras que aporten innovaciones tecnológicas y mejores métodos de administración de proyectos”.

Pero insiste en que en la discusión deberá precisarse que en estos contratos no se margine a empresas nacionales desde las bases de licitación, como ha ocurrido, por ejemplo, en los contratos de mantenimiento de ductos. También debe ser obligatorio en los contratos el tema de la capacitación y entrenamiento de los técnicos y trabajadores de Pemex, “para asimilar tecnologías y prácticas modernas de operación y administración”; que se involucre obligatoriamente al Instituto Mexicano del Petróleo y centros de enseñanza superior para cerrar la brecha tecnológica, y que se establezca un mínimo creciente de componentes nacionales a fin de impulsar las cadenas productivas, como lo han hecho Brasil, Noruega y Rusia.

Apertura en refinación

Para el doctor en Economía Juan Moreno Pérez, asesor parlamentario del PRD que desde hace más de diez años coordina el análisis de los paquetes presupuestales que el gobierno envía a la Cámara de Diputados para sustentar sus programas económicos, lo que propone el artículo 46 de la nueva Ley Orgánica es, en el fondo, autorizar contratos de riesgo sin tener que cambiar la Constitución.

Explica: Cuando se pactan con la empresa contratada remuneraciones fijas o variables en función de los resultados y de lo que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad, se están compartiendo riesgos; lo mismo cuando la ley señala que los proyectos contratados con particulares, nacionales o extranjeros, estarán condicionados a que generen ingresos suficientes para cubrir los costos correspondientes.

Pero considera que trae incentivos correctos inexistentes, por ejemplo, con los esquemas actuales de Pidiregas: Pemex podrá pactar incentivos que lleven a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o el servicio contratado. Es decir, si la empresa contratada se aplica y se esfuerza en proveer un servicio u obra eficientes, que incluso superen las metas pactadas, podrá tener un mayor beneficio económico.

Y la manera en que la iniciativa sortea las restricciones constitucionales, explica Juan Moreno, es cuando precisa que las obras y servicios contratados –que tendrán una normativa más flexible que las que imponen las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas– serán pagaderos únicamente en efectivo. Es decir, Pemex no podrá pagar con petróleo, con parte de la renta petrolera, como sucede con las alianzas estratégicas.

Pero aun con las limitaciones que pudiera tener el nuevo esquema de contratos para proyectos de mayor complejidad y que requieran de tecnología de punta –como la exploración en aguas profundas, por ejemplo– es, dice el entrevistado, mucho mejor que el de los Pidiregas, en los que Pemex asume todo el riesgo y la empresa contratada siempre gana, sea buena o no su obra, cumpla en tiempo y forma o no con las metas, sea o no eficiente.

El de los Pidiregas es el esquema más lesivo de contratación que hay en el mundo. En México ha sido un mal negocio que tiene endeudado a Pemex, por ese concepto, con cerca de 50 mil millones de dólares, dice Juan Moreno.

Si se hubiera cambiado la Constitución, afirma, podría hacerse lo que hacen los países que exploran aguas profundas: asociarse, como lo hacen Cuba, Noruega, Brasil, Angola y Corea del Norte, entre otros, independientemente de ideologías, cultura, idiosincrasia, historia y sistemas políticos. “Porque es prácticamente suicida ir solos a aguas profundas, donde hay que invertir cantidades extraordinarias de dinero, con riesgos muy elevados, con rentas petroleras mucho menores porque los costos son más elevados”.

Pero algo se podrá hacer con los contratos nuevos que propone la iniciativa, dice, aunque reconoce que éstos tendrán que pasar por el filtro del debate en el Congreso y a nivel nacional, que necesariamente tendrá que darse para que salga una ley que convenza de sus virtudes.

Por otra parte, al exdirector de Pemex, Francisco Rojas, presidente de la priista Fundación Colosio, le sigue molestando la forma en que el gobierno trata el tema de las aguas profundas, en el sentido de que Pemex ni tiene la tecnología ni la capacidad de ejecución para trabajar en ellas.

Es precipitado, reitera, querer entrar ahora en ellas. Argumenta: Según la Secretaría de Energía, se tienen 100 mil millones de barriles en recursos prospectivos y reservas que permitirían sostener la producción actual 61 años, de los cuales 20% están en tirantes superiores a mil 500 metros; 10% en tirantes inferiores y 70% en aguas someras y tierra. Éstos últimos mantendrían la producción durante 43 años, suponiendo que no hubiera más descubrimientos.

“Entonces –dice– no hay necesidad de precipitarnos a mayores complejidades, costos, riesgos y asociaciones. Hay que darle tiempo a Pemex de reconstituir su planta técnica, asimilar tecnologías, contar con más recursos propios y decidir la conveniencia y ritmo de explotación de las aguas ultraprofundas”.

Además, critica, en la iniciativa “no se incluye como obligatoria la aplicación de la recuperación mejorada desde el inicio de la explotación del yacimiento, como sí lo hacen Estados Unidos, Canadá, Venezuela y otros países”. Incluir esa exigencia en la ley “permitiría alargar la vida útil de los yacimientos y aumentar el porcentaje de recuperación de hidrocarburos”.

Pero, sin duda, uno de los temas que serán más controvertidos es el de la apertura del ámbito de la refinación al sector privado, así sea limitada. Las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional permiten expresamente a Pemex contratar a “terceros” para actividades de refinación, en un esquema similar al de maquila, así como de transporte y almacenamiento de petrolíferos.

Es decir, empresas privadas, nacionales y extranjeras, podrán construir en el país refinerías y procesar el petróleo que Pemex les dé, pero ésta les comprará los productos finales –gasolinas, diesel y demás combustibles– y se encargaría de comercializarlos.

Con ello el gobierno pretende revertir la situación que tanto empeño ha tenido en publicitar como uno de los factores que debilitan más las finanzas de Pemex: la creciente importación, y cada vez más cara, de gasolinas –más del 40% de lo que se consume en el país es importado–, así como la que el propio gobierno califica de insuperable ineficiencia de las refinerías nacionales, que operan con tecnología e infraestructura obsoletas. Además de tener las refinerías en México, aquí se generarían los empleos y se pagarían los impuestos.

Para justificar la propuesta, el gobierno compara las utilidades de casi mil millones de dólares que obtuvo la refinería que Pemex tiene en asociación con la Shell en Texas con las pérdidas que arrojan las seis refinerías que hay en el país, con todo y que éstas trabajan con cinco veces más personal que las refinerías de Estados Unidos.

El mensaje, dice el especialista Juan Moreno, es: si Pemex crea las refinerías con sus propios recursos, es condenarla a seguir perdiendo, pues además de pagar excesivamente en mano de obra, carece de la tecnología necesaria y debe vender la gasolina más barata, pues el precio de la gasolina es muy sensible para la población. Mejor que las hagan los privados. De paso, deja fuera al sindicato y Pemex evita los controles presupuestales de Hacienda en materia de refinación.

Francisco Rojas ve en esta propuesta la parte más privatizadora y violatoria de la Constitución que hay en las iniciativas del gobierno de Felipe Calderón. Dice a Proceso: “Definitivamente estamos en contra de modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para permitir, pretextando falta de capacidad, la participación privada en refinación, ductos y almacenamientos, pues se viola la Constitución, se regala el valor agregado del mercado interno en una forma no reconocida de privatización. Es, además, ofensiva para el gremio petrolero, que siempre ha sabido construir, operar y mantener refinerías y ductos”.

Si las refinerías de Pemex están mal y pierden, “es culpa de los malos administradores, de falta de recursos y del deseo de convertir a Pemex en monoexportador de crudo”. Cree Rojas que, de aprobarse la propuesta así como está, será un “negocio redondo para los privados, pero no para el país”, pues si aquellos le entran exigirán mínimo una tasa de utilidad no menor al 20%.

La noche del viernes, Cuauhtémoc Cárdenas abonó duramente en esa percepción. Calificó la iniciativa de Felipe Calderón de “entreguista” y llena de “subterfugios” que atropellan la Constitución. Pero realmente se enfocó en la parte de refinación. De aprobarse la iniciativa, dijo, se pondría en manos de intereses privados la refinación, el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, y eso “sería una flagrante violación a la Constitución, y peor: hacerlo como plantea la iniciativa, a través de contratos de maquila o de permisos, sería remachar la violación, pues no por llamar maquila a una concesión o permiso, dejaría de producirse un serio atropello a la norma constitucional”.

Pero, otra vez, se adelantan vísperas y se calientan los ánimos anticipadamente. Se toman las iniciativas como ley aprobada, cuando todavía ni se discuten. Además de que el tema de las refinerías, caro al PRI –más por defensa de los intereses y privilegios del sindicato que por otra cosa–, es de los puntos planteados como susceptibles de ser cedidos en el proceso de negociación.

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En su embate contra el crimen organizado, el gobierno federal no acierta ni a dar –cuando se le requiere– una cifra precisa sobre el número de detenidos, lo que puede verse como una muestra más del desorden y la falta de coordinación entre las dependencias involucradas.

La Presidencia de la República pregona un número, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguran que desconocen el dato y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aporta sus propias cifras. Los civiles coinciden en el escamoteo de información para que no se sepa dónde quedó la bolita: yo no sé nada, el que sabe es otro, no somos competentes, se sinceran en jerga burocrática.

Proceso le siguió la pista a ese juego, a partir de los números que el presidente Felipe Calderón presumió en la Universidad de Harvard el 11 de febrero. Ahí se ufanó del cambio prácticamente milagroso que ocurrió en México a partir de su llegada el poder, especialmente en el ámbito del crimen organizado:

“Cuando tomé posesión hace poco más de un año la situación era completamente diferente y demasiado complicada… El crimen organizado parecía más poderoso y amenazante que nunca antes, pues tenía control de varias partes del territorio mexicano. Tuvimos que enfrentar al crimen y lo hicimos sin vacilación y con la fuerza total del Estado. Empezamos operaciones con la participación del Ejército, la Marina, así como de las fuerzas policiacas federales y locales. Tomamos control de todos esos territorios… Los golpeamos, y los golpeamos muy duro”.

Por ejemplo, dijo Calderón, “capturamos a más de 22 mil personas vinculadas con actividades criminales. Así mismo, confiscamos las cantidades más grandes de cocaína en un solo operativo, es decir, 24 toneladas en Manzanillo. Otro récord mundial es el decomiso que hicimos en efectivo proveniente de las drogas, en una sola casa, en un solo operativo: 205 millones de dólares en efectivo. Extraditamos a Estados Unidos a más de 100 jefes del narcotráfico y, para darles una idea, este año confiscamos más de mil millones de dosis personales de drogas en México. Sabemos que ésta será una larga y costosa guerra. Necesitamos gastar mucho dinero, y tendrá que pasar mucho tiempo. Además, también sabemos que son muchas las vidas que se perderán”.

Proceso solicitó entonces a Presidencia, a través de la Unidad de Enlace, que precisara estos datos: qué tipo de delitos cometieron esas “22 mil personas”, fecha y lugar donde fueron capturadas, sitio en el que se encuentran recluidas, número de arrestados sometidos a proceso judicial, número de sentenciados y número de militares (con nombre y rango) que forman parte de ese grupo de personas capturadas.

Presidencia se declaró “no competente” para atender esa solicitud de información y, citando leyes diversas, remitió al solicitante a la SSP, PGR y Sedena. Proceso se dirigió a dichas dependencias. Seguridad Pública respondió:

“En atención a su solicitud, le comunicamos la inexistencia de la información solicitada, toda vez que en los archivos del sector central de esta Dependencia, no existe documento que contenga dicha información. Así mismo, es pertinente notificarle que la inexistencia de la información solicitada, ha sido confirmada en términos del artículo 46 de la Ley de la Materia, con la resolución emitida sobre este particular por nuestro Comité de Información”.

A falta de datos, la SSP optó por “brindar una adecuada orientación”: la información que solicita –puntualizó– “corresponde a atribuciones y funciones de la Procuraduría General de la República, toda vez que dicha dependencia, a través de la Agencia Federal de Investigación, se encarga de conducir y coordinar políticas y métodos de análisis táctico de la información sobre delincuencia organizada, para generar una base de datos que permita identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación, que se vinculen con los diversos delitos, con el fin de combatir la comisión de los mismos, por lo que le sugerimos dirigirse a dicha instancia…”

En su turno, el 5 de marzo la PGR respondió que “la información que requiere no se encuentra en el ámbito de las atribuciones de esta institución”. Y ofreció una salida magistral: “se le sugiere acudir a la Oficina de la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República… es la dependencia competente para atender su solicitud de acceso”.

El 19 de marzo, la dependencia con más fama de cerrazón, la Sedena, dio la mejor respuesta:

“Después de realizar una exhaustiva búsqueda en los archivos del Estado Mayor de esta secretaría, únicamente se encontró información referente a 4 mil 763 personas que fueron detenidas en flagrancia por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como los lugares y fechas de su detención, durante el período del 1 de diciembre de 2006 al 2 de marzo de 2008″.

Un anexo de la Sedena sobre los lugares en que se realizaron los arrestos confirma la presencia nacional del crimen organizado, si bien los operativos en su contra se acentuaron en Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, sobre todo en municipios como Caborca, Guaymas, Altamira, Matamoros, Valle Hermoso, Aguililla, Culiacán, Apatzingán, Los Mochis y Samalayuca.

Extrañamente, las dependencias del Gabinete de Seguridad habían dado cifras en materia de detenidos. Reunidos en la Secretaría de Gobernación el 31 de agosto, los titulares de Sedena, Marina, PGR y SSP ofrecieron cuentas alegres.

Reforma señaló que “las cuentas de la PGR no salen”: según su titular, Eduardo Medina Mora, hubo 12 mil 344 detenidos en nueve meses, pero un reporte de esta dependencia, obtenido por ese diario mediante la Ley de Transparencia, indica que el mayor número de detenidos en los últimos siete años se dio en 2005: 8 mil 422 personas.

El mismo Medina Mora aportó en esa ocasión el dato más revelador: de los 12 mil 344 detenidos, sólo 326 recibieron formal prisión, es decir menos del 3 por ciento.

Las cifras de Calderón en Harvard no parecen cuadrar con las que dieron en septiembre: si en nueve meses hubo poco más de 12 mil detenidos, quiere decir que en cinco meses se logró detener a otras 10 mil. Todo un récord, que explicaría, al menos en parte, el “complicado” México de antes (es decir el que gobernó Vicente Fox) y el país “absolutamente diferente” en el que vivimos hoy, según Calderón.

Sergio Aguayo, académico de El Colegio de México y presidente de Fundar –centro de análisis pionero en la investigación aplicada– comenta que no se explica la disparidad de las cifras sobre el número de detenidos:

“Lo que he podido observar es que las cifras de Sedena siempre son mucho más bajas que las que da Presidencia, tanto en materia de arrestos como en otros referentes sobre el crimen organizado, desde el sexenio de Fox”. Cita el caso de los efectivos enviados a diversas entidades: “Los números de la Sedena son muy distintos a los de Presidencia, quizá porque a ésta le interesa más impactar a la opinión pública. Además, es evidente que las cifras sobre detenidos se inflan porque incluyen en su mayoría a consumidores, por eso también hay muy pocos consignados”.

La disparidad de cifras, señala, es en todo caso un indicativo de la falta de coordinación entre las instituciones que combaten el crimen organizado “y de la incapacidad del Estado para generar inteligencia”.

Puntualiza: “El gobierno federal se coordina mejor con el exterior, en particular con Estados Unidos y Colombia, que con los gobiernos estatales y municipales. Esta coordinación con agencias foráneas ha contribuido a que el gobierno federal haya dado algunos buenos golpes a varios cárteles”.

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