El presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos del ayuntamiento de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, presentó una denuncia penal en la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) por la inhumación de ocho cadáveres de personas no identificadas en una fosa común del panteón Jardín, “por no cumplir con los procedimientos legales”.

El regidor, surgido del partido Convergencia, dijo que se trata de los cuerpos de seis adultos y dos menores de edad, enterrados el pasado 3 de junio por la autoridad municipal, a petición del director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Romeo Ruiz García, primo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien recientemente fue presentado ante la SIEDO por asuntos relacionados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario.

La PGJE declaró que quien otorgó el permiso para la inhumación de los cadáveres fue el regidor de Salud, Miguel Ángel Underwood, pero éste lo negó.

Además, destacó que la primera oficial del Registro Civil certificó en uno de los casos heridas por proyectil de arma de fuego en cráneo y tórax como causa de muerte, en dos más asfixia por estrangulación con signos de tortura y en otro traumatismos profundos del cráneo.

Vásquez Sagrero dijo que una de las boletas de inhumación, la número 44, expedida por la tercera oficialía del Registro Civil, determina que los restos óseos estudiados son del sexo masculino, con un tiempo de muerte de dos a cuatro años, y dichas fechas entran en el rango del conflicto social oaxaqueño de 2006.

Cabe mencionar que los plazos que señala la boleta podrían coincidir con el de los desaparecidos que reclama el EPR.

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La desaparición forzada de personas “es una de las conductas más aberrantes, de las que han causado más dolor, más sufrimiento y heridas profundas a la sociedad mexicana”, dice el abogado Enrique González Ruiz, miembro de la Comisión de Mediación para el diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario y el gobierno de Felipe Calderón. Y aclara que su labor es ayudar a que los eperristas Edmundo Reyes y Alberto Cruz, desaparecidos hace ya casi un año, sean presentados con vida.

Cuando está por cumplirse un año de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), este grupo guerrillero y el gobierno de Felipe Calderón iniciaron un diálogo a través de la Comisión de Mediación, cuyo único fin es que los eperristas sean presentados con vida.

El 25 de mayo de 2007 los dos militantes del EPR fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca y hasta ahora ninguna autoridad se ha responsabilizado de su desaparición. Por el contrario, tanto el gobierno federal como el estatal, encabezado por Ulises Ruiz, se han culpado mutuamente de este hecho.

Tanto el EPR como los exguerrilleros que integran la organización Izquierda Democrática Popular (IDP) sostienen que el Ejército tiene en su poder a Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Su certeza se basa en lo siguiente: los operativos militares realizados en entidades donde se presume que existen bases eperristas, las versiones de dos soldados que dijeron haberlos visto en el Campo Militar Número Uno, y en varios mensajes electrónicos de un grupo que asegura tener a los insurgentes.

Sobre este caso la Procuraduría General de la República (PGR) ya tiene en curso algunas investigaciones, que la Comisión de Mediación podría solicitar como parte de su trabajo. “Seremos una comisión con iniciativa, no nos quedaremos con lo brazos cruzados”, señaló en entrevista el abogado Enrique González Ruiz, miembro de la instancia ciudadana.

Silencio culpable

El 2 de junio de 2007 el EPR dio a conocer que el 25 de mayo, en una “acción fortuita”, la policía de Oaxaca detuvo a sus dos militantes y que los mantuvo durante 10 días en las instalaciones de la procuraduría estatal, donde fueron torturados “hasta causarles fracturas”. Después de eso, afirmó el grupo guerrillero, Reyes y Cruz fueron entregados a los mandos de la Octava Región Militar.

El 25 de julio siguiente, en un nuevo comunicado emitido desde Veracruz, el EPR denunció por primera vez que sus dos miembros permanecían detenidos en instalaciones del Ejército.

Varias semanas después, el 9 de agosto, llegaron a las oficinas de IDP dos sujetos que se identificaron como militares y les informaron que habían presenciado el ingreso de los militantes eperristas en el Campo Militar Número Uno, ubicado en la Ciudad de México.

De acuerdo con el exguerrillero Felipe Edgardo Canseco, integrante de IDP, uno de los militares les dijo que vio cuando Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez entraban por la puerta donde se encuentra la Policía Militar, y que había escuchado que los torturaban todos los días. Además, les informó que en el mencionado campo militar se reforzaron las medidas de seguridad para evitar filtraciones de información.

En entrevista con Proceso, Canseco dice que estos hechos fueron denunciados ante las secretarías de la Defensa, de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Nosotros, como colectivo de expresos políticos, le dijimos en una reunión al subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare, lo que nos revelaron los militares en nuestra oficina. El general no negó ni afirmó nada, pero nos dijo que no tenía jurisdicción sobre la Policía Militar. Añadió que lo único que está cerca de la puerta 1 del Campo Militar Número Uno es esta corporación, de la cual se encarga directamente el secretario de la Defensa. Nosotros entendimos que no estaba a su alcance confirmar la versión, ni podía intervenir en este asunto”, dice Canseco.

Después de esa denuncia, a la que se sumaron varias organizaciones sociales que demandaron la aparición con vida de los eperristas, el 14 de agosto de 2007 la Secretaría de la Defensa Nacional abrió las instalaciones del Campo Militar Número Uno a representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que confirmaran que los guerrilleros no estaban ahí. No encontraron nada.

Sin embargo, en las últimas semanas se han difundido versiones en el sentido de que los dos eperristas están en manos del gobierno de Ulises Ruiz. Se asegura que el responsable del operativo en el que los detuvieron fue Jorge Fernando Franco Vargas, cuando era secretario de gobierno en Oaxaca. Ahora es líder estatal del PRI, pero se le señala como organizador de un equipo especial de policías ministeriales que actuaba al margen de las propias autoridades, pero con la anuencia del gobernador.
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Los integrantes del grupo civil convocado por el Ejército Revolucionario Popular para la mediación del diálogo con el gobierno federal no aceptarán ser “convidados de piedra” o “testigos sociales”, como lo han propuesto las autoridades.

Y advirtieron que de no ser aceptados como una comisión de mediación, ésta no tendrá caso que exista.

Reunidos cerca de tres horas, el historiador Carlos Montemayor, la senadora Rosario Ibarra, el abogado Juan de Dios Hernández Monge, el obispo emérito Samuel Ruiz, Gilberto López y Rivas y el periodista Miguel Angel Granados Chapa analizaron los mensajes del gobierno federal y del EPR.

Y nombraron como vocero, sólo si prospera la integración de la comisión, a Carlos Montemayor, al concluir el segundo encuentro del grupo; el historiador puntualizó que en la “medida en que no aparezca una respuesta formal del gobierno federal que confirme la integración de ésta, no es posible hablar de una comisión”.

En el momento en que se vea clara una respuesta gubernamental de aceptación se establecerán los mecanismos sobre los que se trabajarán, señaló.

Aclaró que la figura del testigo social pertenece al ámbito administrativo y forma parte del proceso de licitación pública de secretarias de Estado; “en este sentido no hay forma de comparar esa actividad administrativa —tan precisa—, con la actividad de una comisión de intermediación. Por tanto, creo que la respuesta del gobierno federal es necesaria para conocer con precisión los alcances para esta posibilidad de acercamiento, una vez que las partes implicadas acepten o expresen su conformidad con la actividad de la comisión, entonces todo será más fácil”.

“La comisión se hace o no y no hay más misterio en eso, se deja pasar esa oportunidad, no se aprovecha la oportunidad de acercamiento político”, mencionó el historiador. Por el momento, precisó que no se tiene comunicación directa con las autoridades.

El abogado Juan de Dios Hernández Monge sostuvo que el grupo no tiene ninguna duda de que el documento del pasado miércoles es del EPR, porque es el mecanismo que eligió para comunicarse con la comisión.

Dio a conocer que hasta el momento no han sostenido una comunicación oficial con el EPR, “siempre ha sido a través de los medios, y mientras no se formalice esta comisión seguirá siendo por la vía epistolar”.

Dejó en claro que es “inaceptable un diálogo con testigos sociales, porque esa figura tiene una connotación adversa para los fines que se persiguen, porque la Fundación Heberto Castillo fue testigo social para las licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad y éstas fueron un verdadero fraude. Nosotros no seremos convidados de piedra. Porque buscamos asumir las tareas de una comisión de intermediación con la amplitud de la palabra”.

Ante el cuestionamiento hecho por el gobierno sobre su participación en la comisión, Rosario Ibarra reitero que “si su presencia es un impedimento para la liberación con vida de los compañeros, me retiro para que los presenten con vida”, y reiteró que no quiere muertos ni osamentas, los quiere vivos.

- Claves

Antecedentes

• 24 de abril. El EPR emite un comunicado en el que pide a un grupo de personalidades que intercedan ante el gobierno federal para dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, eperristas desaparecidos el 25 de mayo de 2007.

• 28 de abril. El EPR accede a que “mientras dure esta intermediación, no habrá acciones armadas”.

• 29 de abril. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, condiciona un diálogo con el EPR a que éste sea directo, sin intermediarios, y aceptan la participación de los intermediarios sólo como “testigos sociales”.

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Querétaro, Qro., 4 de mayo. El obispo emérito Samuel Ruiz señaló que las explosiones en ductos de Pemex ocurridas el año pasado en Guanajuato y Querétaro no deben ser motivo para que el gobierno federal se oponga al diálogo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), por lo que está en espera de que se instale la mesa de negociación entre ambas partes.

Lo anterior fue expuesto después de que el EPR aceptó dialogar con el gobierno federal, al que exige la liberación de dos de sus compañeros.

Al respecto, Samuel Ruiz indicó que hasta el momento no ha sostenido contacto alguno con el EPR ni con el gobierno federal, que públicamente aceptó el diálogo, y por eso aún no existe una fecha probable para la mesa de negociación.

Entrevistado al término de la misa que ofreció en la parroquia del Sagrado Corazón, ubicada al sur de la capital queretana, el prelado afirmó que está dispuesto, “donde sea”, a ser el interlocutor del diálogo.

Agregó que las intermediaciones que se han tenido con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y los habitantes de San Salvador Atenco “siempre han funcionado”,

Ruiz García señaló que se suma a la petición del EPR de que el gobierno federal libere a sus compañeros reportados como desaparecidos.

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Poco antes de que el EPR propusiera un diálogo al gobierno federal, y en respuesta a un cuestionario elaborado por Proceso, los altos mandos del grupo armado revelaron que durante la gestión de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales y guerrilleros. Además identificaron, con sus direcciones, una decena de “casas de seguridad” en el DF presuntamente pertenecientes al Cisen y al Ejército, y en las cuales, afirman, sus compañeros pudieron haber sido torturados…

Por primera vez en su larga vida clandestina de cuatro décadas, los mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) –con orígenes en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP)-Partido de los pobres (Pdlp), fundados en 1969– propusieron una mesa de diálogo con el gobierno federal.

El propósito: encontrar a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 20 de mayo de 2007 después de haber sido detenidos por policías del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y entregados al Ejército, que los ha torturado para sacarles información, de acuerdo con las denuncias que, desde entonces, ha hecho el grupo armado.

Antes de hacer esa propuesta de diálogo, el EPR reveló a Proceso la ubicación de una decena de casas de seguridad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Ejército Mexicano en la Ciudad de México, donde posiblemente han mantenido cautivos a guerrilleros y dirigentes sociales como parte de la nueva guerra sucia que está desplegando el gobierno federal.

Al responder un cuestionario de Proceso que tardó dos semanas en devolver por razones de seguridad, el comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), Comandancia General del EPR, asegura que durante el gobierno de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales, y sospecha que han sido torturados en las “cárceles clandestinas” mencionadas.

Dichas “cárceles” son departamentos, almacenes o casas ubicadas en colonias anexas al cerro del Ajusco o en medio de algunas colonias populares, que se caracterizan por tener protecciones al interior y no al exterior de las ventanas.

Respecto a las acusaciones de que se ha financiado con recursos del narcotráfico y a través de los secuestros, el EPR lo niega y dice que “es el Estado quien tiene estos vínculos” con el crimen organizado, auspiciado por políticos, policías y altos jefes militares.

Según el grupo guerrillero, existen bandas que reciben protección de militares y funcionarios, y en sus respuestas acusa directamente al actual director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, de ofrecer este blindaje en Veracruz.

La lista

El EPR cuenta con un grupo de militantes especializados en labores de contrainteligencia que dan seguimiento a las actividades de las dependencias encargadas de combatir la guerrilla. Son células especiales que dan “servicio de información”, como lo indican en el documento interno Curso de inteligencia PDPR-EPR (Proceso 1639).

Ante la pregunta de si han detectado casas de seguridad del Ejército o del Cisen que hayan utilizado para detener a sus compañeros desaparecidos, la dirigencia nacional del EPR menciona una lista de ellas en la Ciudad de México.

“En efecto, nuestro aparato de información e inteligencia tiene ubicadas infraestructura y estructura del aparato de inteligencia gubernamental, de las fuerzas represivas, de donde desde hace varios años se desplazan para reprimir a los luchadores sociales. No dudamos que esas casas sean utilizadas como cárceles clandestinas en donde estén o hayan sido llevados algunos de los desaparecidos”, explican los guerrilleros.

En juego de contrainteligencia, mencionan que una de esas casas se ubica en Barranca del Muerto número 516, al lado de la compañía Servimed, en la colonia Los Alpes, delegación Álvaro Obregón.

Otras dos se localizan muy cerca de ahí, en las calles de Otoño 507 y Estío 525, “de las cuales sale personal que tiene comunicación con la casa anterior”. Una más se halla en la colonia Merced Gómez, pero no dan de ella más datos, solamente que ahí se reúnen policías de la PFP, militares y elementos del Cisen, todos de civil.

“De estas casas, entre otras, salen equipos de cuatro individuos para posicionarse en áreas estratégicas de la ciudad para observar los movimientos de los luchadores sociales y ciudadanos que a ellos les parecen sospechosos”, describen los eperristas.

En la calle Concal, colonia Torres de Padierna, con el fin de planificar, se reú-nen otros grupos “con una persona que tiene una bodega de distribución de cerveza que es atendida por una mujer de aproximadamente 40 años de edad”, refieren los guerrilleros.

En la misma colonia, pero en la calle de Seye 27 esquina Xoccel, en el Club de Billares Red, existe otro centro de reunión que “puede también funcionar como casa de seguridad”, indican.

Otra presunta casa de este tipo la sitúan en la calle Volcán Kiska casi esquina con Volcán Ontake, lote 8, manzana 25, colonia El Mirador. Y una más en Prolongación de Dalia y Mirasol, San Pedro Mártir, delegación Tlalpan. “Es una esquina donde está un restaurante llamado ‘Churros Capuchino’. (Los agentes) Permanecen en la esquina Mirasol, utilizando taxis Volkswagen ecológicos o automóviles particulares de la marca Tsuru”.

Los eperristas identifican como centros de reunión y planeación de los órganos de seguridad, una casa en Pirineos 8, colonia Banjidal, Iztapalapa, con fachada mercantil, y una más en avenida Imán y Tlalpan, donde, afirman, se concentran 20 agentes “para distribuirse en sus zonas de espionaje”.

Según el EPR, todos esos elementos fueron dirigidos por el comandante de la AFI Francisco Garduño Juárez, y utilizan a jovencitas de 14 a 27 años como espías, induciéndolas al consumo de cocaína detrás del hospital Ángeles.

Revela el grupo guerrillero que han identificados al menos a 25 de estos agentes con sus nombres, direcciones y familias. Pero aseguran que de ninguna manera actuarán de manera personal porque ellos luchan sólo contra el régimen y, además, cuentan “con una ética revolucionaria” que les impide cobrarse personalmente los agravios.

Al hacer un recorrido por algunos de estos domicilios, los reporteros pudimos confirmar no sólo la existencia de esas casas y departamentos en las direcciones proporcionadas, sino también observar que en todas había barrotes internos en las ventanas, como en la casa de Barranca del Muerto, que a primera vista pareciera abandonada.

Además, algunas de esas presuntas “casas de seguridad” se encuentran en lugares apartados y solitarios, como las dos ubicadas en la colonia Torres de Padierna, a las faldas del Ajusco.

Desaparecidos del calderonismo

Los mandos del EPR denuncian que en el sexenio de Felipe Calderón continúan las prácticas de guerra sucia que los gobiernos priistas mantuvieron en los setenta, y no dudan en hacer cuentas: son 30 los líderes sociales y guerrilleros desaparecidos en la presente administración.

“Negamos categóricamente las versiones difundidas desde los diferentes aparatos de inteligencia militar y del Cisen que han deslizado la idea de que la desaparición de nuestros compañeros fue producto de ajustes de cuentas entre revolucionarios. Eso es totalmente falso y calumnioso, típica maniobra de los operativos psicológicos y de contrainformación, componente activo de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), que pretende desacreditar nuestra lucha y el carácter revolucionario de ésta para justificar el asesinato de los más de 30 detenidos-desaparecidos que el gobierno de Calderón niega y de cuyos crímenes de lesa humanidad es responsable”, sostiene el EPR.
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Miguel Ángel Granados Chapa.

El jueves 24 de abril, el Ejército Popular Revolucionario (y su brazo político, el Partido Democrático Popular Revolucionario) difundió un comunicado radicalmente diferente a los que había emitido en los 11 meses anteriores. Se refería, como en ellos, a la captura y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Pero esta vez solicitaba diálogo con el gobierno para lograr la presentación con vida de sus dos compañeros y pedía mediación civil para entablar dicho diálogo.

“Nunca hemos tratado, ni mucho menos dialogado con ese gobierno, aunque dice que lo estamos haciendo, eso es una mentira –dijo el EPR–. Por eso, para evitar mayor violencia, es necesario que entreguen a todas las víctimas de desaparición forzada.

“A quienes nos dirigimos, apelamos a su actitud humanitaria y honesta, si es que quieren y pueden hacerlo, para que intervengan con su autoridad moral y sus buenos oficios para que se resuelva este problema de carácter nacional y se haga justicia.

“Les suplicamos, si es de su interés, nos den una respuesta por medio de la prensa, cuando estén decididos a hacerlo o no hacerlo. Nos atrevemos a planteárselo en virtud del peligro que corre la vida de nuestros compañeros y los demás desaparecidos.

“Por eso queremos nombrarlos intermediarios para dialogar con este gobierno y alcanzar la justicia que tanta falta hace a nuestro pueblo, al arzobispo emérito Samuel Ruiz, al escritor Carlos Montemayor, al abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, al antropólogo Gilberto López y Rivas y al Frente Nacional contra la Represión.”

El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas se hallaba fuera de México. Pero su presencia se hizo notar a través de una de las iniciativas que encabeza, la oficina de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Algunos de sus entusiastas y eficaces colaboradores –Pablo Romo, Dolores González– ofrecieron de inmediato sus instalaciones al resto de los nombrados por si querían deliberar juntos sobre la invitación que les hacía, de modo insólito, una organización político-militar que las más de las veces amagaba con atacar o se hacía responsable de ataques como los que en julio y septiembre del año pasado causaron gravísimos daños –ninguno a persona alguna– a ductos de Pemex en Guanajuato, Querétaro y Veracruz.

Reunidos en Serapaz el viernes 25, Montemayor, López y Rivas y yo mismo, y contando con aquiescencia de don Samuel, aceptamos el llamado del EPR. Lo hicimos, según el consenso rápidamente alcanzado, por la importancia que atribuimos, “en las difíciles condiciones que vive hoy nuestro país, a toda iniciativa de intermediación que dé cauce a la búsqueda de justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzosas”.

Aceptamos en el entendido de que nuestra eventual participación (que requería conocer el parecer del gobierno federal, la otra parte) tendría un carácter puntual, referido a las personas desaparecidas el 25 de mayo de 2007 y en el entendido de que el EPR se abstendría de toda acción armada mientras se realizara la interlocución entre las partes.

Por su parte, el FNCR respondió “afirmativamente a la propuesta del EPR de ser parte de una comisión de intermediación para lograr la presentación de los desaparecidos”. Así mismo, el Frente dijo recibir “con beneplácito la noticia de que también las cuatro personalidades que han sido convocadas hayan emitido una respuesta positiva”. Más adelante el Frente nombraría para representarlo a su fundadora doña Rosario Ibarra y a los abogados Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge.

El EPR se dirigió el 28 de abril a don Samuel, la senadora Ibarra, López y Rivas, Montemayor y Granados Chapa para decirles que les habían “conmovido profundamente con su rápida respuesta de apoyo a nuestra solicitud de intermediación ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en las personas de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ante el peligro en que se encuentran a pesar del tiempo transcurrido desde su detención-desaparición”. Dijo también: “Les hacemos saber que aceptamos sus condiciones”, incluido el compromiso de que “mientras dure esta intermediación no habrá acciones armadas de nuestra parte”.

El EPR añadió “varias consideraciones que el gobierno federal tendría que cumplir: a) que el gobierno federal y estatal con sus policías y ejército dejen de hostigar e intimidar a las familias de nuestros compañeros, a sus amistades y a las ONG que se han solidarizado contra este repugnante delito; b) que se deje de perseguir e investigar a quienes consideran son parte nuestra; c) que el gobierno federal suspenda los operativos de búsqueda y captura de miembros de nuestro partido, y d) ponemos a su consideración que sus buenos oficios abarquen a los demás desaparecidos en el país”.

Al día siguiente, 29 de abril, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, leyó un mensaje cuya médula consiste en decir que “el gobierno federal acepta dicho diálogo, siempre y cuando se consideren las siguientes condiciones y propuestas”:

1) Que el EPR “se comprometa públicamente a suspender en forma definitiva acciones radicales de sabotaje y de violencia”; 2) que el diálogo no se limite al interés del EPR “sobre la presunta retención-desaparición de dos de sus militantes”, sino que comprenda también “aquellos temas que le interesan al Estado mexicano, como es la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional”: 3) El diálogo sería directo, con integrantes del EPR “donde las personalidades mencionadas en el comunicado del día 24 del presente y que han aceptado participar en el proceso, lo hagan como testigos sociales y con el objetivo de facilitar el mismo”; y 4) Dialogar no significa “que el Estado abandone su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. Por ello, no cesarán las investigaciones tanto para dar con el paradero de las dos personas a las que se refieren en sus comunicados, como para actuar en contra de los responsables de los atentados contra las instalaciones estratégicas de Pemex y otros actos delictivos que han sido denunciados”.

El primero de mayo en Serapaz se reunieron por primera vez todos quienes eventualmente integrarían la comisión, que sólo nacerá –a mi entender– cuando queden claros los términos de la cuestión. Don Samuel, doña Rosario, González Ruiz, Hernández Monge, López y Rivas, Montemayor y yo “reiteramos nuestra disposición a realizar las labores de intermediación que faciliten el diálogo entre las partes” y solicitamos al gobierno “precisar en qué medida los condicionantes que plantea en su comunicado son impedimentos para el proceso del diálogo propuesto”, porque en los términos en que fueron expresados parece que requiere la capitulación del EPR. Y mantuvimos que la figura de testigo social con que el gobierno pretende caracterizarnos, para no tenernos como mediadores, “resulta confusa, particularmente por su utilización en las licitaciones de entidades públicas”.

En eso estamos a la hora de escribir estas líneas el viernes 2 de mayo.

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En su Curso de inteligencia, elaborado a mediados de la década pasada, el Ejército Popular Revolucionario expone a sus militantes la forma en que deben actuar para contrarrestar las maniobras de infiltración de organismos como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) e inteligencia militar, a los que denomina “cazadores de revolucionarios”. Así mismo, explica con detalle la manera en que funciona el servicio de información eperrista, conformado por unidades de oficiales y agentes especializados, así como por un sistema de contrainteligencia mediante el cual el grupo logró infiltrar algunas dependencias oficiales.

En medio del acoso gubernamental, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) diseñó una estrategia a partir de una estructura de inteligencia y contrainteligencia formada por militantes y combatientes del PDPR-EPR denominada “Servicio de Información”, gracias al cual logró infiltrar varias dependencias públicas y sobrevivir a los embates del gobierno federal.

Constituido por pequeñas unidades de oficiales y agentes de inteligencia, el objetivo de este aparato es “recabar información de interés, ubicar personal para el trabajo de inteligencia y detectar y combatir los intentos de infiltración del enemigo, interceptar sus comunicaciones, meterse a sus computadoras e infiltrarlo”, según explica el grupo armado en su Curso de inteligencia PDPR-EPR.

En ese documento, cuya copia tiene Proceso, el mando del EPR menciona que una de sus prioridades es detectar y burlar las “operaciones secretas en las que se conjuga la labor de inteligencia y la acción militar clandestina de fuerzas especiales”.

Y establece: “Los oficiales de inteligencia son cuadros político-militares especializados en la labor de inteligencia y contrainteligencia. Constituyen la columna vertebral de nuestro sistema de información; ellos organizarán, educarán, entrenarán y atenderán las redes de agentes, bases secretas, colaboradores y de información popular que iremos formando; también pueden estar abocados a recoger información para acciones especiales y campañas militares”.

El sistema eperrista de información incluye también a “los agentes de inteligencia, las bases secretas y las bases temporales de información”. Sobre sus agentes, el grupo armado explica que son “cuadros político-militares que bajo la disciplina partidista se encuentran abocados a obtener información de diferentes instituciones gubernamentales; su labor es obtener y proporcionar oportunamente la información de la tarea que tienen asignada”.

Así mismo, destaca que las células secretas de oficiales y agentes del EPR se proponen infiltrar los organismos policiacos y militares a fin de conocer con anticipación los planes de contrainsurgencia del gobierno federal.

“Los objetivos principales en los que debemos asentar a nuestros agentes –puntualiza– serán los órganos de inteligencia enemiga, los departamentos militares y policiacos destinados a combatir a los revolucionarios, las unidades militares y las paramilitares.

“Los compañeros agentes de inteligencia infiltrados en las corporaciones policiacas no tendrán la función de reclutar ni de hacer trabajo de desmoralización en las filas enemigas; al contrario, nadie deberá sospechar de ellos, por lo que aparecerán como ‘excelentes elementos’ de esos cuerpos.”

Inteligencia militar, el enemigo

De acuerdo con el Curso de inteligencia PDPR-EPR, las unidades secretas eperristas ubicaron ya el trabajo de Gobernación mediante inspectores infiltrados “en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con clave 1132, que se localiza en la calle Álvaro Obregón, colonia Barranca Seca, en la Magdalena Contreras”.
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