Querétaro, Qro., 4 de mayo. El obispo emérito Samuel Ruiz señaló que las explosiones en ductos de Pemex ocurridas el año pasado en Guanajuato y Querétaro no deben ser motivo para que el gobierno federal se oponga al diálogo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), por lo que está en espera de que se instale la mesa de negociación entre ambas partes.

Lo anterior fue expuesto después de que el EPR aceptó dialogar con el gobierno federal, al que exige la liberación de dos de sus compañeros.

Al respecto, Samuel Ruiz indicó que hasta el momento no ha sostenido contacto alguno con el EPR ni con el gobierno federal, que públicamente aceptó el diálogo, y por eso aún no existe una fecha probable para la mesa de negociación.

Entrevistado al término de la misa que ofreció en la parroquia del Sagrado Corazón, ubicada al sur de la capital queretana, el prelado afirmó que está dispuesto, “donde sea”, a ser el interlocutor del diálogo.

Agregó que las intermediaciones que se han tenido con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y los habitantes de San Salvador Atenco “siempre han funcionado”,

Ruiz García señaló que se suma a la petición del EPR de que el gobierno federal libere a sus compañeros reportados como desaparecidos.

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Poco antes de que el EPR propusiera un diálogo al gobierno federal, y en respuesta a un cuestionario elaborado por Proceso, los altos mandos del grupo armado revelaron que durante la gestión de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales y guerrilleros. Además identificaron, con sus direcciones, una decena de “casas de seguridad” en el DF presuntamente pertenecientes al Cisen y al Ejército, y en las cuales, afirman, sus compañeros pudieron haber sido torturados…

Por primera vez en su larga vida clandestina de cuatro décadas, los mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) –con orígenes en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP)-Partido de los pobres (Pdlp), fundados en 1969– propusieron una mesa de diálogo con el gobierno federal.

El propósito: encontrar a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 20 de mayo de 2007 después de haber sido detenidos por policías del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y entregados al Ejército, que los ha torturado para sacarles información, de acuerdo con las denuncias que, desde entonces, ha hecho el grupo armado.

Antes de hacer esa propuesta de diálogo, el EPR reveló a Proceso la ubicación de una decena de casas de seguridad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Ejército Mexicano en la Ciudad de México, donde posiblemente han mantenido cautivos a guerrilleros y dirigentes sociales como parte de la nueva guerra sucia que está desplegando el gobierno federal.

Al responder un cuestionario de Proceso que tardó dos semanas en devolver por razones de seguridad, el comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), Comandancia General del EPR, asegura que durante el gobierno de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales, y sospecha que han sido torturados en las “cárceles clandestinas” mencionadas.

Dichas “cárceles” son departamentos, almacenes o casas ubicadas en colonias anexas al cerro del Ajusco o en medio de algunas colonias populares, que se caracterizan por tener protecciones al interior y no al exterior de las ventanas.

Respecto a las acusaciones de que se ha financiado con recursos del narcotráfico y a través de los secuestros, el EPR lo niega y dice que “es el Estado quien tiene estos vínculos” con el crimen organizado, auspiciado por políticos, policías y altos jefes militares.

Según el grupo guerrillero, existen bandas que reciben protección de militares y funcionarios, y en sus respuestas acusa directamente al actual director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, de ofrecer este blindaje en Veracruz.

La lista

El EPR cuenta con un grupo de militantes especializados en labores de contrainteligencia que dan seguimiento a las actividades de las dependencias encargadas de combatir la guerrilla. Son células especiales que dan “servicio de información”, como lo indican en el documento interno Curso de inteligencia PDPR-EPR (Proceso 1639).

Ante la pregunta de si han detectado casas de seguridad del Ejército o del Cisen que hayan utilizado para detener a sus compañeros desaparecidos, la dirigencia nacional del EPR menciona una lista de ellas en la Ciudad de México.

“En efecto, nuestro aparato de información e inteligencia tiene ubicadas infraestructura y estructura del aparato de inteligencia gubernamental, de las fuerzas represivas, de donde desde hace varios años se desplazan para reprimir a los luchadores sociales. No dudamos que esas casas sean utilizadas como cárceles clandestinas en donde estén o hayan sido llevados algunos de los desaparecidos”, explican los guerrilleros.

En juego de contrainteligencia, mencionan que una de esas casas se ubica en Barranca del Muerto número 516, al lado de la compañía Servimed, en la colonia Los Alpes, delegación Álvaro Obregón.

Otras dos se localizan muy cerca de ahí, en las calles de Otoño 507 y Estío 525, “de las cuales sale personal que tiene comunicación con la casa anterior”. Una más se halla en la colonia Merced Gómez, pero no dan de ella más datos, solamente que ahí se reúnen policías de la PFP, militares y elementos del Cisen, todos de civil.

“De estas casas, entre otras, salen equipos de cuatro individuos para posicionarse en áreas estratégicas de la ciudad para observar los movimientos de los luchadores sociales y ciudadanos que a ellos les parecen sospechosos”, describen los eperristas.

En la calle Concal, colonia Torres de Padierna, con el fin de planificar, se reú-nen otros grupos “con una persona que tiene una bodega de distribución de cerveza que es atendida por una mujer de aproximadamente 40 años de edad”, refieren los guerrilleros.

En la misma colonia, pero en la calle de Seye 27 esquina Xoccel, en el Club de Billares Red, existe otro centro de reunión que “puede también funcionar como casa de seguridad”, indican.

Otra presunta casa de este tipo la sitúan en la calle Volcán Kiska casi esquina con Volcán Ontake, lote 8, manzana 25, colonia El Mirador. Y una más en Prolongación de Dalia y Mirasol, San Pedro Mártir, delegación Tlalpan. “Es una esquina donde está un restaurante llamado ‘Churros Capuchino’. (Los agentes) Permanecen en la esquina Mirasol, utilizando taxis Volkswagen ecológicos o automóviles particulares de la marca Tsuru”.

Los eperristas identifican como centros de reunión y planeación de los órganos de seguridad, una casa en Pirineos 8, colonia Banjidal, Iztapalapa, con fachada mercantil, y una más en avenida Imán y Tlalpan, donde, afirman, se concentran 20 agentes “para distribuirse en sus zonas de espionaje”.

Según el EPR, todos esos elementos fueron dirigidos por el comandante de la AFI Francisco Garduño Juárez, y utilizan a jovencitas de 14 a 27 años como espías, induciéndolas al consumo de cocaína detrás del hospital Ángeles.

Revela el grupo guerrillero que han identificados al menos a 25 de estos agentes con sus nombres, direcciones y familias. Pero aseguran que de ninguna manera actuarán de manera personal porque ellos luchan sólo contra el régimen y, además, cuentan “con una ética revolucionaria” que les impide cobrarse personalmente los agravios.

Al hacer un recorrido por algunos de estos domicilios, los reporteros pudimos confirmar no sólo la existencia de esas casas y departamentos en las direcciones proporcionadas, sino también observar que en todas había barrotes internos en las ventanas, como en la casa de Barranca del Muerto, que a primera vista pareciera abandonada.

Además, algunas de esas presuntas “casas de seguridad” se encuentran en lugares apartados y solitarios, como las dos ubicadas en la colonia Torres de Padierna, a las faldas del Ajusco.

Desaparecidos del calderonismo

Los mandos del EPR denuncian que en el sexenio de Felipe Calderón continúan las prácticas de guerra sucia que los gobiernos priistas mantuvieron en los setenta, y no dudan en hacer cuentas: son 30 los líderes sociales y guerrilleros desaparecidos en la presente administración.

“Negamos categóricamente las versiones difundidas desde los diferentes aparatos de inteligencia militar y del Cisen que han deslizado la idea de que la desaparición de nuestros compañeros fue producto de ajustes de cuentas entre revolucionarios. Eso es totalmente falso y calumnioso, típica maniobra de los operativos psicológicos y de contrainformación, componente activo de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), que pretende desacreditar nuestra lucha y el carácter revolucionario de ésta para justificar el asesinato de los más de 30 detenidos-desaparecidos que el gobierno de Calderón niega y de cuyos crímenes de lesa humanidad es responsable”, sostiene el EPR.
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Miguel Ángel Granados Chapa.

El jueves 24 de abril, el Ejército Popular Revolucionario (y su brazo político, el Partido Democrático Popular Revolucionario) difundió un comunicado radicalmente diferente a los que había emitido en los 11 meses anteriores. Se refería, como en ellos, a la captura y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Pero esta vez solicitaba diálogo con el gobierno para lograr la presentación con vida de sus dos compañeros y pedía mediación civil para entablar dicho diálogo.

“Nunca hemos tratado, ni mucho menos dialogado con ese gobierno, aunque dice que lo estamos haciendo, eso es una mentira –dijo el EPR–. Por eso, para evitar mayor violencia, es necesario que entreguen a todas las víctimas de desaparición forzada.

“A quienes nos dirigimos, apelamos a su actitud humanitaria y honesta, si es que quieren y pueden hacerlo, para que intervengan con su autoridad moral y sus buenos oficios para que se resuelva este problema de carácter nacional y se haga justicia.

“Les suplicamos, si es de su interés, nos den una respuesta por medio de la prensa, cuando estén decididos a hacerlo o no hacerlo. Nos atrevemos a planteárselo en virtud del peligro que corre la vida de nuestros compañeros y los demás desaparecidos.

“Por eso queremos nombrarlos intermediarios para dialogar con este gobierno y alcanzar la justicia que tanta falta hace a nuestro pueblo, al arzobispo emérito Samuel Ruiz, al escritor Carlos Montemayor, al abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, al antropólogo Gilberto López y Rivas y al Frente Nacional contra la Represión.”

El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas se hallaba fuera de México. Pero su presencia se hizo notar a través de una de las iniciativas que encabeza, la oficina de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Algunos de sus entusiastas y eficaces colaboradores –Pablo Romo, Dolores González– ofrecieron de inmediato sus instalaciones al resto de los nombrados por si querían deliberar juntos sobre la invitación que les hacía, de modo insólito, una organización político-militar que las más de las veces amagaba con atacar o se hacía responsable de ataques como los que en julio y septiembre del año pasado causaron gravísimos daños –ninguno a persona alguna– a ductos de Pemex en Guanajuato, Querétaro y Veracruz.

Reunidos en Serapaz el viernes 25, Montemayor, López y Rivas y yo mismo, y contando con aquiescencia de don Samuel, aceptamos el llamado del EPR. Lo hicimos, según el consenso rápidamente alcanzado, por la importancia que atribuimos, “en las difíciles condiciones que vive hoy nuestro país, a toda iniciativa de intermediación que dé cauce a la búsqueda de justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzosas”.

Aceptamos en el entendido de que nuestra eventual participación (que requería conocer el parecer del gobierno federal, la otra parte) tendría un carácter puntual, referido a las personas desaparecidas el 25 de mayo de 2007 y en el entendido de que el EPR se abstendría de toda acción armada mientras se realizara la interlocución entre las partes.

Por su parte, el FNCR respondió “afirmativamente a la propuesta del EPR de ser parte de una comisión de intermediación para lograr la presentación de los desaparecidos”. Así mismo, el Frente dijo recibir “con beneplácito la noticia de que también las cuatro personalidades que han sido convocadas hayan emitido una respuesta positiva”. Más adelante el Frente nombraría para representarlo a su fundadora doña Rosario Ibarra y a los abogados Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge.

El EPR se dirigió el 28 de abril a don Samuel, la senadora Ibarra, López y Rivas, Montemayor y Granados Chapa para decirles que les habían “conmovido profundamente con su rápida respuesta de apoyo a nuestra solicitud de intermediación ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en las personas de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ante el peligro en que se encuentran a pesar del tiempo transcurrido desde su detención-desaparición”. Dijo también: “Les hacemos saber que aceptamos sus condiciones”, incluido el compromiso de que “mientras dure esta intermediación no habrá acciones armadas de nuestra parte”.

El EPR añadió “varias consideraciones que el gobierno federal tendría que cumplir: a) que el gobierno federal y estatal con sus policías y ejército dejen de hostigar e intimidar a las familias de nuestros compañeros, a sus amistades y a las ONG que se han solidarizado contra este repugnante delito; b) que se deje de perseguir e investigar a quienes consideran son parte nuestra; c) que el gobierno federal suspenda los operativos de búsqueda y captura de miembros de nuestro partido, y d) ponemos a su consideración que sus buenos oficios abarquen a los demás desaparecidos en el país”.

Al día siguiente, 29 de abril, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, leyó un mensaje cuya médula consiste en decir que “el gobierno federal acepta dicho diálogo, siempre y cuando se consideren las siguientes condiciones y propuestas”:

1) Que el EPR “se comprometa públicamente a suspender en forma definitiva acciones radicales de sabotaje y de violencia”; 2) que el diálogo no se limite al interés del EPR “sobre la presunta retención-desaparición de dos de sus militantes”, sino que comprenda también “aquellos temas que le interesan al Estado mexicano, como es la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional”: 3) El diálogo sería directo, con integrantes del EPR “donde las personalidades mencionadas en el comunicado del día 24 del presente y que han aceptado participar en el proceso, lo hagan como testigos sociales y con el objetivo de facilitar el mismo”; y 4) Dialogar no significa “que el Estado abandone su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. Por ello, no cesarán las investigaciones tanto para dar con el paradero de las dos personas a las que se refieren en sus comunicados, como para actuar en contra de los responsables de los atentados contra las instalaciones estratégicas de Pemex y otros actos delictivos que han sido denunciados”.

El primero de mayo en Serapaz se reunieron por primera vez todos quienes eventualmente integrarían la comisión, que sólo nacerá –a mi entender– cuando queden claros los términos de la cuestión. Don Samuel, doña Rosario, González Ruiz, Hernández Monge, López y Rivas, Montemayor y yo “reiteramos nuestra disposición a realizar las labores de intermediación que faciliten el diálogo entre las partes” y solicitamos al gobierno “precisar en qué medida los condicionantes que plantea en su comunicado son impedimentos para el proceso del diálogo propuesto”, porque en los términos en que fueron expresados parece que requiere la capitulación del EPR. Y mantuvimos que la figura de testigo social con que el gobierno pretende caracterizarnos, para no tenernos como mediadores, “resulta confusa, particularmente por su utilización en las licitaciones de entidades públicas”.

En eso estamos a la hora de escribir estas líneas el viernes 2 de mayo.

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Respuesta de Rosario Ibarra.

Agradecemos mucho las expresiones de solidaridad y apoyo que hemos recibido en estos días, especialmente del Frente Nacional Contra la Represión,  con motivo de la campaña de la derecha y su gobierno para criminalizar la protesta social y la solidaridad internacionalista. En realidad esa solidaridad es más necesaria y debe dirigirse a la memoria de los mexicanos asesinados por el gobierno colombiano, así como con Lucía Morett y sus compañeros a los que quisieran presentar como delincuentes.

Entre toda la campaña sucia de estos días ha destacado el artículo, reproducido por su supuesto autor en un programa de televisión, en que se señala que el “principal contacto” de las FARC  en México lo constituimos tanto Rosario Ibarra, en mi calidad de Senadora de la República, conjuntamente con la colaboración  de Edgard Sánchez, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

En el mismo artículo citan a otras personas y compañeros en una amalgama incoherente que solamente  pretende demostrar que las FARC cuentan en México con una red de apoyo y supuestos simpatizantes o militantes que son guerrilleros y que viajan a los campamentos de las FARC a recibir entrenamiento. La conclusión amarillista de lo anterior no sería grave si se recuerda la histórica presencia en México de refugiados y combatientes de otros países latinoamericanos, pero obviamente quiere implicar la comisión de delitos al utilizar la absurda caracterización de Bush sobre las FARC como parte del “eje del mal” y cómplice del narcotráfico. No hay nada en la amalgama de datos y nombres citados en el artículo que demuestren la relación de las FARC con el narcotráfico en México más que el prejuicio difundido por el Procurador General.

Los datos y nombres de personas y organizaciones, así como la foto que ilustra el artículo, la foto de una fiesta particular en México donde se ve a Lucía Morett bailando, obviamente no se encontraban en la supuesta lap top de Raúl Reyes, sino que son datos filtrados por la policía mexicana. Por eso aunque agradecemos el apoyo que se nos ofrece para demandar al articulista o exigir derecho de réplica en el diario que publicó el pasquín, no tenemos prisa de hacerlo pues entendemos que es parte de la campaña sucia de la derecha y que el autor del artículo no hizo investigación alguna sino simplemente mezclar datos que le ofreció la policía para en forma amarillista generar histeria anti-FARC y contra los movimientos de solidaridad latinoamericanos en nuestro país. Por eso ni nos molestamos en pronunciar su nombre y medio.

Lo único que resulta cierto del artículo es que hay mucha gente y organizaciones que somos solidarios con las luchas de los pueblos latinoamericanos. Y eso es lo que la derecha y su gobierno quieren criminalizar identificándolo con el terrorismo, que es algo radicalmente diferente. Con el pretexto del combate al terrorismo quieren perseguir y prohibir la solidaridad latinoamericana y bolivariana. Es una campaña mediática que quiere convencer de que es ilegal lo que hoy es legal y sobre todo legítimo, la solidaridad con los pueblos que luchan por la democracia y la soberanía nacional y contra gobiernos criminales, corrompidos por el narcotráfico –ellos sí- y por el paramilitarismo terrorista –ellos sí-  como es el caso del gobierno de Álvaro Uribe.

Nosotros no nos avergonzamos ni nos intimidamos con esta campaña negando nuestra convicción internacionalista y solidaria con las luchas de los pueblos latinoamericanos contra el imperialismo y sus gobiernos títeres, que tienen en Álvaro Uribe y Felipe Calderón a las dos cabezas de la derecha subordinadas al gobierno de Estados Unidos en nuestro continente. Somos internacionalistas, promovemos la solidaridad entre los pueblos, al igual que lo han hecho los jóvenes mexicanos asesinados junto a las FARC en Sucumbíos. Ellos, así como la sobreviviente Lucía Morett y otros jóvenes mexicanos más convencidos por sus estudios y conocimiento, están comprometidos con esa solidaridad internacionalista, como también nosotros la asumimos. Eso no es un delito. Ni ellos ni nosotros hemos cometido delito alguno al ser solidarios. Cualquier acusación fabricada contra ellos tendrían que hacerla también contra nosotros, pues compartimos ese compromiso y en ese marco es que nos conocimos, somos amigos y compañeros. Así recordamos a Juan, Verónica, Chac y Soren y no permitimos que ensucien su nombre y memoria pretendiendo presentarlos como delincuentes. Por eso también nuestra solidaridad con Lucía y otros compañeros que son mencionados, al igual que nosotros, en estos supuestos reportajes periodísticos como supuestos delincuentes.

Bush y Uribe insisten en presentar a las FARC como parte del “eje del mal” y narcotraficantes para negar la realidad política y diplomática que se viene imponiendo: las fuerzas insurgentes colombianas deberán ser reconocidas como fuerza beligerante que disputa territorial y políticamente el poder al gobierno paramilitar de Uribe. Esa es la realidad que mostró la primera entrega de rehenes por parte de las FARC al gobierno de Hugo Chávez y eso es lo que apuntalaría la misión de Raúl Reyes y su campamento para negociar una nueva entrega de rehenes. La criminal acción de Uribe de bombardear ese campamento precisamente, demuestra que el menos interesado en que rehenes como Ingrid Betancourt sean liberados es Alvaro Uribe. Para evitarlo, lo que haría evidente el carácter de fuerza beligerante de las FARC, no dudó en asesinar indiscriminadamente a los que estuvieran en Sucumbíos, incluso eventualmente rehenes. El Presidente Correa denunció en su propia cara a Uribe en la Cumbre de Santo Domingo,  recordándole que él sabía que en ese campamento se encontraba Raúl Reyes.

Efectivamente en el mes de noviembre del año pasado en la tribuna del Senado presentamos un punto de acuerdo que era apoyado por el movimiento de solidaridad, exigiendo la expulsión del embajador colombiano en México que había anunciado la presencia de policías colombianos actuando en nuestro país. En el mismo punto de acuerdo se saludaba la intermediación del Presidente Chávez y la Senadora Piedad Córdoba para lograr la liberación de rehenes en manos de las FARC. El siguiente paso era invitar a la Senadora Piedad Córdoba a México para difundir sus esfuerzos humanitarios. Esta invitación ya no se realizó pues en esos días Uribe desconoció la intermediación de Chávez y la Senadora. Todas estas acciones políticas se presentan en el “reportaje” como gran descubrimiento de la actuación de los contactos de las FARC en México. Es cierto que esas acciones se realizaron en el Senado. ¿Y qué? Eso no es delito. Y la propuesta de hacerlo fue comentada y apoyada por los compañeros de la solidaridad ¿Y qué? Eso no es delito.

El contacto con representantes de las FARC tampoco es delito en México. Efectivamente como se “denuncia” en el reportaje durante mucho tiempo hubo una representación oficial, pública y abierta de las FARC en México en la persona de Marco León Calarcá. Su presencia en nuestro país databa del momento en que se realizaron diálogos por la paz entre las FARC y el gobierno colombiano, siendo el gobierno mexicano anfitrión de esos diálogos en Tlaxcala. Aunque los diálogos no fructificaron, Calarcá permaneció mucho tiempo más en México, sin que fuera ilegal su presencia y sus esfuerzos y trabajo para promover la solidaridad con Colombia. En esa actividad lo conocimos y tratamos. En ese carácter asistió a eventos políticos, reuniones, conferencias o congresos para buscar la solidaridad. No fue sino hasta que Bush le contó a Vicente Fox que en México había una representación pública de las FARC que éste expulsó del país a Calarcá. La expulsión fue injustificada pues Calarcá no interfería en la vida política mexicana y el incidente representó simplemente otro gesto de obediencia de Fox a la política de Bush.

Nuestra relación política con las FARC, en este contexto, así como en otras reuniones latinoamericanas partidarias, es similar al contacto que hemos tenido en otros años con otras fuerzas insurgentes. Tener una relación de solidaridad no implica necesariamente coincidencia completa y militancia organizada con las FARC u otras organizaciones. Incluso en el caso colombiano donde además de las FARC hay otra fuerzas insurgentes como el ELN y destacadamente también fuerzas políticas opositoras al uribismo que se expresan en las ciudades, en la lucha política y electoral. Por eso nuestras relaciones solidarias se expresan también con gobiernos revolucionarios como el cubano o de carácter antiimperialista y progresistas como los de Venezuela, Bolivia o Ecuador que representan una alternativa política frente a la derecha neoliberal y proimperialista encabezadas por Uribe y Calderón y su Plan Colombia y el espejo del Plan Mérida y el ASPAN. No renunciamos a nuestro compromiso internacionalista e invitamos a todos los movimientos de solidaridad en nuestro país a no cejar y no dejarse intimidar por la campaña mediática de la derecha. La cabeza que aparece públicamente en esta campaña, incluso facilitando el trabajo de la policía al abrir una averiguación previa contra Lucía Morett y sus compañeros son José Antonio Ortega y Guillermo Velasco Arzac, del grupo “Mejor sociedad, mejor gobierno”. Así la PGR alega que debe investigar por la denuncia presentada por unos particulares, pero que casualmente están ligados al PAN. Están claramente identificados y son las mismas personas que pagan los spots televisivos contra el movimiento en defensa del petróleo mexicano,  y los que se reunieron con Uribe en Cancún para meter una denuncia penal contra Lucía Morett y sus compañeros. José Antonio Ortega y  Guillermo Velasco Arzac son militantes de la extrema derecha yunquista, ya no tan clandestinos, que fueron a Cancún a coordinar su campaña con Uribe, representante de un gobierno señalado como infiltrado por el terrorismo paramilitar y la narcopolítica, para venir a gritar aquí contra el terrorismo, como el ladrón descubierto que grita “al ladrón”.

No permitiremos la criminalización de la solidaridad internacionalista.

México, D. F. abril de 2008.

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