Los integrantes del nuevo Consejo General del IFE saben que urge recuperar la credibilidad de ese organismo ante la ciudadanía. Y aunque admiten que deben su nombramiento a uno u otro partido político, niegan que esto comprometa sus decisiones. Al igual que los consejeros anteriores, de orígenes gordillistas y panistas, los entrantes piden que se les juzgue por sus actos, no por sus filiaciones.

Inmerso en una crisis de credibilidad en amplios sectores de la sociedad después de la controvertida elección de 2006 y afectado por la reciente reforma constitucional, que enfureció a los dueños de la radio y la televisión por lastimar sus millonarias ganancias, el Instituto Federal Electoral (IFE) afronta, además, el estigma de una integración facciosa de su Consejo General, ahora mayoritariamente priista.

Consejeros electorales que concluyeron su gestión anticipadamente, como Lourdes López Flores y Andrés Albo Márquez, y los entrantes Alfredo Figueroa y Marco Antonio Baños, coinciden: a dos meses del inicio formal del proceso electoral en el que se renovará la Cámara de Diputados, es urgente recuperar la confianza de la sociedad.

“Llegamos a una institución hecha y la dejamos lastimada”, reconoce López Flores; “por cuidarnos la cara, no defendimos al IFE, y en esta responsabilidad a veces hay que dejarse partir la cara para defender la institución”.

Baños, quien niega tener militancia priista, inclusive convoca a los ciudadanos a mantener bajo escrutinio a los consejeros electorales: “Esa es una base para recuperar la confianza en la institución. En la nueva integración del Consejo General ese es un punto central: tenemos que recuperar credibilidad ante la opinión pública”.

Alfredo Figueroa, quien el viernes 15 asumió el cargo de consejero electoral –junto con María Macarita Elizondo Gasperín y Francisco Javier Guerrero Aguirre–, afirma que el IFE está “en un proceso refundacional y el reto enorme es reconstruir la credibilidad institucional. ¡No podemos seguir ofreciendo respuestas tímidas e inaceptables!”.

En una posición antagónica a la del presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, quien desde febrero, cuando asumió el cargo, se propuso “cerrar los expedientes de 2006”, como la destrucción de las boletas de la elección presidencial –que, ante litigios promovidos por el semanario Proceso, propuso que sean exhibidas en vitrinas– y dar carpetazo a las irregularidades en los spots no reportados de los partidos, Figueroa cuestiona:

“¿Qué va a ocurrir de manera definitiva con las boletas de 2006, más allá de exhibirlas en vitrinas? Necesitamos una respuesta institucional seria, con razones, fundada en derecho, pero también fundada en principios democráticos, y cómo la vamos a arropar.”

Añade: “No se puede decir: ‘Ya no queremos expedientes de 2006’. ¿Qué pasó con el asunto de los spots no reportados? Necesitamos una respuesta seria y definitiva alrededor de ese tema. No se pueden cerrar los capítulos de una elección por un acto declarativo. Además del acto declarativo, necesitamos ofrecer las razones y las explicaciones”.

Electo por la Cámara de Diputados como parte de la renovación escalonada del Consejo General, el fundador de Alianza Cívica y consejero del IFE en Puebla de 1999 a 2006 expone que la crisis del órgano electoral no obedece sólo al rompimiento del tejido social por la elección de 2006, sino a cuestionamientos diversos, como el método de integración del Consejo General y el de las televisoras, que ya no podrán vender espacios publicitarios a los partidos.

“El nuevo modelo de medios provoca que otro importante sector de la población, más por los recursos que tiene que por el número que son, tenga una posición de generar campañas de descrédito en contra de la institución. Ahora resulta que tenemos dos, tres o cuatro sectores de la población que cuestionan la actividad de la institución. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y decir que tenemos muchos opinadores profesionales que, por distintas causas, están señalando, descreyendo o dudando de la legitimidad del IFE. La única respuesta posible son hechos.”

Y por eso, más que las filiaciones partidistas que se atribuyen a los nueve consejeros electorales –cuatro de los cuales están identificados como cuota del Partido Revolucionario Institucional–, Figueroa afirma que el reto fundamental del IFE es tener una visión de Estado, y la “primera tarea” es que debe ser conducido de manera colectiva.

“La institución no la conduce ni el presidente ni un consejero, sino el Consejo General. Entonces, o aprendemos a conducir de modo colectivo con los nuevos actores sentados en esa mesa, o vamos a tener muchas dificultades para transitar por procesos electorales y vida pública sin estrellarnos o sin posibles choques.”

En este sentido, expone que los temas pendientes de 2006 no se pueden concluir “de un solo golpe”, sin la debida explicación. “De otra manera podemos hacer retórica y simulación, y no creo que estemos en condiciones de prácticas de ese orden. Yo he estado en contra, y ahí están las documentales públicas, de la simulación democrática”.

Propuesto por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque crítico de muchas de sus acciones y de su excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, Figueroa afirma que los consejeros están obligados a defender la autonomía del IFE como órgano de Estado.

“Es fundamental construir una visión de Estado en el funcionamiento del Consejo General, que no puede estar atrapado por rencillas y diferencias personales, etiquetas, estigmas y prejuicios. Debe ser un funcionamiento sin filias ni fobias a nadie.”

Y enseguida aclara: “Que tampoco haya confusiones, no estoy por un consejero de unanimidades. No voy a guardar silencio por una visión de institucionalidad asociada, por ejemplo, a encubrir la incompetencia, la ilegalidad, la ausencia de independencia. No voy a ser un consejero dispuesto, por una cierta visión de institucionalidad, al silencio. La democracia se construye con voz, no con silencio. Esa actitud asumiré a lo largo de mi trabajo”.

Baños: “Yo no soy priista”

Con la integración de Elizondo Gasperín, Guerrero Aguirre y Figueroa Fernández concluyó el proceso de relevo escalonado en el Consejo General del IFE, que comenzó con la destitución de Luis Carlos Ugalde como presidente y siguió con el nombramiento del sustituto de éste, Leonardo Valdés Zurita, y de los consejeros Marco Antonio Baños y Benito Nacif.

Del Consejo General presidido por Ugalde sobreviven Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez. En febrero finalizaron su encargo Alejandra Latapí y Rodrigo Morales, y esta vez fue el turno de Lourdes López Flores, Teresa González Luna Corvera y Andrés Albo.

Al contrario de la conformación original de 2003, cuando se establecieron dos bloques (los promovidos por la entonces priista Elba Esther Gordillo y aquellos impulsados por el Partido Acción Nacional), en la actual integración se observa que el PRI tiene cuatro de los nueve consejeros:

Virgilio Andrade, quien fue representante de ese partido precisamente en el Consejo General; Gómez Alcántar, si bien fue propuesto por el Partido Verde, es aliado del PRI; Baños Hernández, de larga trayectoria en el servicio electoral, aunque vinculado a Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas, y Guerrero Aguirre, confeso militante allegado al diputado Emilio Gamboa.

El PAN, por su parte, logró mantener a Sánchez Gutiérrez e impulsó a Elizondo Gasperín, de larga carrera en el Poder Judicial, así como a Nacif, amigo íntimo de Ugalde, pero allegado al PAN como asesor de Angélica Moya, exalcaldesa de Naucalpan, Estado de México, y de la fundación panista Humanismo Político.

A diferencia de 2003, cuando quedó excluido de la repartición de consejeros, el PRD ahora promovió a Valdés Zurita, antiguo activista de izquierda, y a Figueroa Fernández, de amplia trayectoria en organismos civiles, como Alianza Cívica y el Consejo Conciudadano para la Reforma Electoral.

Consultado al respecto, Baños afirma: “Yo no tengo ninguna militancia partidista. Nunca he militado en un partido político”.

Tiene, sí, una larga trayectoria administrativa, desde 1987 en el CREA, y luego ingresó a la Secretaría de Gobernación, en la Dirección de Desarrollo Político, a cargo del fundador del IFE y actual senador perredista Arturo Núñez y cuyo subsecretario era Manlio Fabio Beltrones.

“Se me ha dicho que soy parte del equipo del senador Beltrones porque trabajé con él desde entonces. No sé si se tenga una dimensión clara de lo que significa ser jefe de departamento y la relación que pueda haber con un subsecretario. Si saludé al ahora senador dos veces en dos años de trabajo, fueron muchas.”

Baños hizo carrera al crearse el IFE, en 1990, y trabajó tres lustros en diversos cargos, bajo las órdenes de José Woldenberg y de Luis Carlos Ugalde: “Dicen que estuve con Felipe Solís Acero, quien fue secretario ejecutivo y hoy es el brazo derecho de Beltrones, pero a él lo conocí aquí, en el IFE”.

Insiste: “Yo no veo la militancia priista por ningún lado. Se ha dicho que hay indicios y hay relaciones, y que hay gente que llega de ese partido al Consejo General, pero éste es el órgano más vigilado de este país. La publicidad de los actos no sólo está en la ley, sino que cada quien puede venir a las sesiones y presenciar los debates”.

Y reta a verificar su actuación: “Yo no he salido a la defensa ni de incrementar las multas a un partido o a que no se las impongan a un determinado partido. Ahí están las versiones estenográficas y las actas”.

El trabajo de los nuevos consejeros, dice, será vasto por la aplicación de la nueva ley electoral en materia de radio y televisión, de registro de electores y resolución de controversias; “nada más con esos temas tenemos para divertirnos y no para andar pensando en defender los intereses de los partidos”.

–Pero es real que hay una integración partidista.

–Aquí hay un detalle importante: el método para la designación de los consejeros electorales ha colocado a los consejeros electorales como parte de los partidos políticos. Los consejeros electorales podemos estar o no de acuerdo con ese método, pero no la impone el IFE, sino la Cámara de Diputados por mandato de ley.

“Si alguien, independientemente de sus cualidades profesionales, tiene interés en formar parte del Consejo General, tiene que participar en los mecanismos de selección establecidos, y eso atraviesa una auscultación de los propios grupos parlamentarios. ¿Ahí qué hace uno?”

“No siempre he votado por el PRI”

Sobre la integración partidista del IFE, Figueroa dice que, a diferencia de 2003, en las dos ternas de consejeros elegidas este año hubo un acuerdo unánime entre las fuerzas políticas y, además, un procedimiento para la selección. “Fue cuestionable y todo lo que se quiera, pero fue superior en términos de transparencia a lo que vivimos en 2003 y aun en 1996”.

Inclusive, dice, en la elección del consejo presidido por José Woldenberg hubo cuestionamientos: “No ha habido ninguna ocasión en que no haya habido un estigma en relación con cada uno de los consejeros”.

Por ello, propone que se juzgue a los consejeros por su actuación: “Sin ser inocente, creo que hay que formarse un juicio a partir de la evidencia plausible. Será en la práctica, en los actos concretos del IFE, cuando se acrediten las posiciones de cada uno”.

Y señala: “Reto a cualquiera a revisar mi historia y que me diga en qué momento he tenido yo una relación laboral, filial o de cualquier otro orden con el PRD o con López Obrador”.

–¿Pero sí conoce a López Obrador?

–Sí, sí lo conozco, pero no soy gente allegada a él. He intercambiado un punto de vista una vez en mi vida con López Obrador. No tengo ninguna relación con él de ningún orden.

Pero, además, discrepó con él como autoridad electoral en Puebla: “Yo estuve en desacuerdo con muchos de los planteamientos formulados, después de la elección de 2006, por el candidato López Obrador, como estuve en desacuerdo con muchos de los planteamientos de Felipe Calderón. Mi posición no quedaba bien con ninguno de los dos: ni creía en los planteamientos fantásticos ni estaba a favor del Prozac de la felicidad”.

Para Lourdes López, quien antes de ser consejera electoral fue autoridad del IFE en Nuevo León y Coahuila, sí se conformaron bloques de consejeros en función del partido que los propuso, como el PAN. “En sus posiciones tendió a coincidir a favor de los planteamientos que presentaba ese partido, aunque hemos sido etiquetados otros como un bloque de priistas, porque nos propuso el PRI y porque no íbamos con el PAN”.

–¿Usted ha sido militante del PRI?

–Vivimos en un país donde el régimen constitucional de partidos nos garantiza a todos los ciudadanos tener una preferencia política… Nunca he militado, nunca he estado registrada en el PRI.

–¿Pero es simpatizante?

–Como puedo simpatizar con otro partido. No siempre he votado por el PRI.

López aclara: “El principio de imparcialidad no significa no tener una preferencia política, sino que, independientemente de cuál sea esa preferencia, ésta no predomine, no se imponga en sus criterios, en su responsabilidad de tomar decisiones en el arbitraje y cumplimiento de la ley”.

Y recuerda: “El Consejo General siempre ha estado integrado por cuotas: más distribuidas en 1996, menos distribuidas en 2003, más abiertas en las renovaciones escalonadas, pero esa es una realidad. Son las reglas informales del sistema, que tienen efectos como si fueran reglas formales. Y se cuestionan mucho porque tienen una contradicción discursiva, pero eso ha pasado siempre”.

Como López Flores, Andrés Albo Márquez concluye también su encargo, aunque soslaya su vinculación con el PAN y su relación personal con Felipe Calderón para atenerse a su actuación pública, incluida su presidencia a la salida de Luis Carlos Ugalde.

“Sé de la polarización en el ánimo de la ciudadanía y si mi salida contribuye a facilitar el acuerdo entre las fuerzas políticas, a mejorar el ánimo social y a mejorar la credibilidad del IFE, bienvenida”, dice Albo, quien trabó relación con Calderón desde mediados de los noventa, en su calidad de director de Estudios Sociopolíticos de Banamex.

En el libro Los candidatos de carne y hueso, publicado en 2005, Salvador Camarena describe una reunión, en diciembre de 1995, en una cantina del centro de la ciudad, donde Calderón comunicó al grupo ahí reunido que quería ser presidente del PAN, pero pensaba que por joven no tendría apoyo.

“Estaban ahí, entre otros, Rodrigo Morales, amigo íntimo de Felipe y hoy consejero del IFE; Guillermo Valdés Castellanos, analista del Grupo de Economistas Asociados, GEA, y Andrés Salvo (sic), hoy también consejero del IFE. ‘Casi lloraba…’, recuerda Valdés. ¡Felipe, si quieres puedes’, le animaban los ahí reunidos.”

Albo lo desmiente: “Bajo protesta de decir verdad, esa reunión en esos términos no existió”. Y afirma que algunas de sus decisiones “no fueron en beneficio del PAN”, como lo documenta en el sitio de internet que con su nombre mandó construir para defender su actuación como consejero.

–¿Con la página pretende acabar con cualquier duda sobre una actuación facciosa de su parte?

–Quien lo lea y analice sacará sus propias conclusiones. Yo aporto elementos que creo objetivos.

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Cuando el Instituto Federal Electoral y las instancias judiciales negaron a este semanario el acceso a las boletas electorales de 2006 se perdió una oportunidad de fortalecer el derecho a la información. Sin embargo, a decir de tres connotados especialistas, la actitud inicial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la demanda de Proceso contra el Estado mexicano le da un nuevo impulso a los esfuerzos por mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, y se convierte en tema ineludible para una reforma de las normas electorales.

La medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se detenga la destrucción de las boletas utilizadas en la elección presidencial de 2006 puede constituir un estímulo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal Electoral reflexionen sobre su actuación, y para que los legisladores propongan reformas en materia de transparencia.

Tres de las voces más prestigiadas sobre el tema de la rendición de cuentas en México: Juan Pablo Guerrero, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); el maestro Juan Francisco Escobedo, uno de los creadores de la Ley Federal de Transparencia; y el investigador Ernesto Villanueva, coinciden en lo anterior al ser consultados por Proceso para que valoren este caso, que no tiene precedente.

El pasado miércoles 2 de julio –día en que se cumplieron dos años de aquella elección– Felipe Calderón fue notificado de que la CIDH le pedía a su gobierno que evitara la destrucción de las boletas. La comisión dio ese primer paso ante la denuncia presentada por este semanario el pasado 24 de abril en contra del Estado mexicano por violación al derecho de información, luego de que el IFE y las instancias judiciales le negaron el acceso a los paquetes de los controvertidos comicios (Proceso 1653).

En su anuncio sobre la medida cautelar, la CIDH aclaró que al solicitarla no prejuzga sobre el fondo de la demanda. En ésta, el director de Proceso argumentó que el tema ya trasciende el simple acceso a las boletas solicitadas, pues la intención es que la justicia internacional proteja en México el derecho a la información en materia electoral.

El gobierno de Calderón cuenta con 10 días para responder a la petición de medidas cautelares de la CIDH, es decir, tendrá que responder la segunda semana de julio. Después, en forma periódica, deberá actualizar la información sobre el cumplimiento de la medida.

Si la comisión admite la demanda, pasará al análisis de fondo y las partes tendrán un plazo de dos meses para presentar sus respectivas observaciones.

Como publicó Proceso en su edición pasada, si la CIDH concluye que se violó el acceso a la información se podrá emitir una recomendación al Estado mexicano; y de no cumplirse ésta, el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción se encuentra sometido el Estado mexicano desde 1998.

Ernesto Villanueva, investigador y consultor en materia de transparencia tanto en México como en el extranjero –recientemente trabajó en el sistema de rendición de cuentas en Guatemala–, señala que el asunto de las boletas debe ser importante para la CIDH, a juzgar por la rapidez con la que actuó.

Lo que sucedió con el recurso de Proceso es casi imposible, destaca, porque la comisión tiene tantos casos que no se da abasto: “Normalmente tienen capacidad para desahogar ocho o diez, pero de repente llegan 50 de un solo golpe. Por eso me parece que (al caso del semanario) le dieron relevancia. Eso lo hace singular”.

Para Juan Pablo Guerrero, la decisión de la CIDH será una piedra angular para que los intelectuales, los investigadores y otros ciudadanos que se interesen en el tema sigan construyendo una base sólida en la que pueda apoyarse el derecho a la información.

En respuesta a un cuestionario enviado por Proceso, el comisionado del IFAI considera que en materia de acceso a la información México está apenas en el comienzo; falta debate, discusión pública, asimilación social, criterios, tesis y jurisprudencia.

La intervención de una instancia superior, internacional y constitucionalmente reconocida como la CIDH, será trascendental, apunta Guerrero. Y mientras, continúa, las boletas deberán conservarse, lo que ya es un triunfo en la defensa de una garantía individual por parte de un puñado de ciudadanos persistentes. En este drama hubo quien murió en la raya; es un sacrificio que en el futuro agradecerán los que vienen después, afirma Guerrero.

Otro especialista, el catedrático Juan Francisco Escobedo, fundador del Grupo Oaxaca –quien desarrolló en 2002 el actual sistema de transparencia de México, hoy emulado internacionalmente–, sostiene que, sin celebrar antes de tiempo, la decisión de la CIDH será fundamental para que los legisladores y los nuevos consejeros del IFE se ocupen del tema y para que se hagan reformas en materia de transparencia.

En entrevista, afirma que esto hace mucha falta en México ante la fuerte competencia partidista y la creciente exigencia de acceso a archivos y documentos gubernamentales por parte de los medios de comunicación.

Larga batalla

El 8 de agosto de 2006 Proceso tramitó un paquete de solicitudes de acceso a la información para que se pusiera a disposición de los reporteros las boletas de la controvertida elección presidencial en la que el TEPJF declaró ganador a Felipe Calderón Hinojosa.

Las circunstancias eran particularmente difíciles: los seguidores del líder opositor Andrés Manuel López Obrador mantenían tomadas las calles del primer cuadro de la Ciudad de México y estaban en plantón permanente frente al Palacio Nacional. Diariamente, en sus asambleas ciudadanas y en ruedas de prensa exhibían lo que a su juicio eran evidencias del fraude electoral.

Por otro lado, los panistas y en especial el equipo de Felipe Calderón rechazaban que existiera tal fraude. Los empresarios protestaban contra la izquierda. El TEPJF analizaba las impugnaciones y la tensión política hacía temer por la estabilidad del país.

Este semanario solicitó acceso a las boletas de votación con estrictos fines de investigación periodística. Un año y siete meses después de que se presentaron los correspondientes paquetes de solicitudes en el IFE, en marzo de 2008, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró la posibilidad de abrir los paquetes. Antes habían hecho lo mismo el TEPJF y el IFE.

A raíz de que Proceso interpuso su demanda ante la CIDH el pasado 24 de abril, la comisión envió su petición para que el gobierno federal aplique medidas urgentes en favor del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, quien alegó la violación al derecho de acceso a la información pública previsto en la Constitución mexicana y en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de la que México forma parte desde 1981.

Juan Pablo Guerrero, quien aclara que aborda el tema a título personal, sostiene que la medida dictada por la CIDH demuestra que no estaba en juego la calificación presidencial, que ya era cosa juzgada.

“¿No pudieron o no quisieron entender que se trataba de una investigación periodística y que desde esa trinchera era imposible cambiar el resultado?”, se le preguntó a Guerrero en el cuestionario.

“La elección se dictaminó y es historia –responde–. La jornada electoral de julio de 2006 fue hace dos años y, por buenas razones, el país siguió su curso. Pero en ese parteaguas electoral uno de los cuestionamientos centrales fue el de la transparencia. Se dice que la transparencia es la oportunidad de oro de los gobiernos para generar confianza y legitimarse. La solicitud de acceso a las boletas fue la oportunidad de entonces, pero una vez atemperados los ánimos, en forma inexplicable, se perdió esa oportunidad.”

Para este especialista, la Ley de Transparencia admitía la interpretación para favorecer el acceso a las boletas donde se encontraban, sin problema alguno. Es cierto que otra disposición legal, el Cofipe, ordena la destrucción de las boletas, pero no establece término para la incineración, así que no había un plazo fatal.

“Desde la perspectiva de la transparencia, ¿qué dice la ley? Supimos desde el principio que las boletas eran documentos que contenían información en términos de su artículo tercero; supimos desde el origen que esos documentos no estaban clasificados en términos de los artículos 13, 14 o 18 de la ley; supimos que si eran documentos y no estaban clasificados, eran por lo tanto públicos y accesibles en términos de lo establecido en los artículos 4, 6 y 42 de la propia ley. ¿Cómo pudo llegarse a otra conclusión? Con una elaboración tan compleja como inconsistente: ‘Sí pero no’”.

¿Entonces dónde estuvo el problema?

“La dificultad era, sin duda, de orden práctico –prosigue el comisionado–. ¿Cómo garantizar el acceso a millones de documentos que no están clasificados y que por lo tanto son públicos y deben ser accesibles, sin incurrir en costos estratosféricos o una logística irrealizable o en una presentación que los hiciera tan accesibles como inútiles? No obstante, la Ley Federal de Transparencia es clara: no permite al juzgador prejuzgar sobre la justificación o el interés jurídico del solicitante. Si los documentos solicitados son públicos, queda en la autoridad facilitar su acceso. Lo demás es problema del solicitante, que ya para entonces defendía su derecho a saber.”

Para Juan Pablo Guerrero, la reciente reforma a la Constitución sobre la materia fortalece el principio de máxima publicidad, no obstante lo cual siempre hay quien prefiere establecer que un documento no está clasificado y es público, pero que no debe entregarse.

“He visto varias resoluciones así –escribe Guerrero–. Por ello, me parece que, como lo hace la ley canadiense en la materia, debe quedar claramente redactado, sin lugar alguno a interpretación, que los principios de máxima publicidad y disponibilidad significan que si los documentos con la información solicitada no están clasificados, procede la entrega contante y sonante. De otra forma, seguiremos encontrando resoluciones propias del país del cumplo y miento. Lo que me pides es público, te pertenece, no está reservado… pero no lo puedes ver.”

Negativa política

Para Ernesto Villanueva, la negativa a que esta revista tuviera acceso a los paquetes no tiene fundamento legal, por lo que a su parecer se trató de una decisión política.

Como muestra de ello dice que en el fallo del TEPJF los magistrados inventaron conceptos e interpretaron donde no había qué interpretar; se trató de un operativo para ceder a presiones partidistas. Lo mismo, afirma, hizo la SCJN. No obstante, si no hubiera de por medio un asunto de acceso a la información, la CIDH no hubiese intervenido y menos aun con tanta rapidez.

“La Comisión Interamericana ve el caso en sentido más plural, con ojos más reposados, sin una subordinación al Estado mexicano. Lo ven como una decisión de más largo aliento”, explica el experto.

A su vez, el profesor Juan Francisco Escobedo, quien desde sus primeros artículos periodísticos sobre el tema sostuvo que las boletas electorales eran documentos públicos susceptibles de ser consultados después de que se calificara la elección presidencial, estima que ante los yerros de instancias judiciales se está abriendo un capítulo inédito en la historia de la transparencia en el nivel internacional.

En la charla telefónica, Escobedo reconoce que cuando se diseñó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no previeron este problema:

“No alcanzamos a ver el asunto de la transparencia electoral. En ese entonces se trataba de abrir la presidencia imperial del PRI. Pero, sin duda, ahora será un tema pendiente en la agenda de la reforma electoral para 2009. Es también, desde luego, un tema ineludible para la siguiente elección presidencial en el año 2012.”

Escobedo lamenta que los magistrados del TEPJF actuaran como un solo cuerpo, sin que ninguno manifestara siquiera un matiz distinto, y asegura que “los ministros de la Corte perdieron la oportunidad de reglamentar de alguna manera este asunto”.

Juan Francisco Escobedo considera que la postura de la CIDH debe motivar a los magistrados del TEPJF y a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo porque el proceso de aprendizaje no concluye: aun cuando la Ley Federal de Transparencia mexicana haya sido un ejemplo internacional, todos los actores sociales tienen que seguir explorando las posibilidades de mejorarla.

“La medida cautelar de la CIDH debe marcar la agenda de la transparencia para el resto del sexenio. No obstante, hay algunos que quizá requieran de mayor adoctrinamiento sobre la materia. Me refiero a algunos ministros, los magistrados electorales y los consejeros del IFE. No pueden seguir actuando con ese espíritu de cuerpo.”

–¿Hacía dónde podría ir la CIDH?

–Es difícil saberlo. Lo cierto hasta el momento es que la medida cautelar encierra un significado importante. Que nadie se llame a engaño: en la Constitución está claramente establecido el derecho de acceso a la información y en su artículo 133 se aceptan y se respetan los convenios -internacionales.

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México, DF. La Comisión de Quejas del IFE determinó aplicar medidas cautelares consistentes en el retiro de dos promocionales relacionados con la toma de las tribunas del Congreso de la Unión, informó su presidente Virgilio Andrade Martínez.Dicha instancia acordó que en el caso del anuncio emitido por la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, donde se compara a Andrés Manuel López Obrador con dictadores como Adolfo Hitler, tendrá carácter definitivo; mientras para el que fue difundido en tiempos oficiales por el Partido Acción Nacional (PAN) la medida será provisional.

Indicó que en las próximas horas se realizarán los trámites administrativos para notificar a la empresa Televisa, que ha sido la responsable de transmitir el espot pagado, que atienda la instrucción emitida por el órgano electoral.

“A partir de que llegue la notificación el espot tiene que ser retirado. Lo que será el día de hoy, esta misma tarde”, precisó el consejero del Instituto Federal Electoral (IFE).

Aclaró que la aplicación de las medidas cautelares no alterara la investigación que abrió el IFE para deslindar responsabilidades sobre presuntas violaciones a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

El consejero detalló que el retiro del promocional sufragado por la asociación civil se fundamenta en el hecho de que “la Constitución señala claramente que ningún particular puede contratar en radio y televisión promocionales para hablar contra partidos políticos”.

En tanto, en el caso del espot producido por el PAN y difundido en tiempos oficiales “después de una deliberación difícil, amplia y que sabremos que será controvertida” se determinó ordenar la suspensión provisional hasta que concluya el procedimiento para determinar si hubo violación o no a las leyes electorales.

En este caso, Andrade Martínez enfatizó que la Constitución establece que no es posible incorporar en los promocionales mensajes que tiendan a denigrar a las instituciones o a los partidos políticos.

Subrayó que la decisión de adoptar las medidas cautelares se tomó por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Quejas y denuncias que son, además de él, los consejeros Marco Antonio Baños y Marco Antonio Gómez, quien dio su aval sin estar presente en la reunión.

El presidente de la Comisión de Quejas citó que la ley establece procedimientos que deberán seguirse en caso de que se presente un incumplimiento al mandato de la autoridad electoral para retirar los espots.

Recordó que el órgano electoral tiene la autoridad constitucional para actuar en materia de radio y televisión, por lo que para llevar a cabo procedimientos como el avalado esta tarde no requiere de la intervención de ninguna otra autoridad gubernamental.

El instituto indicó que la Constitución, en el Artículo 41, y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establecen que ninguna persona física o moral podrá contratar propaganda en radio y televisión a favor o en contra de partidos.

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