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Los monos de la semana
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Mediación en riesgo
Autor del libro La guerrilla recurrente, Carlos Montemayor considera que no cabe esperar mucho ni de la guerra contra el narcotráfico ni de la velada contrainsurgencia como opciones para pacificar al país, ya que, afirma, persistirá la principal causa de los levantamientos: la “injusticia institucionalizada que llamamos paz y estabilidad social”. Y en cuanto al papel de la Comisión de Mediación que busca contribuir a la presentación de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, el escritor dice a Proceso: Tan pobre es la visión del gobierno sobre las causas de los movimientos armados que esta instancia se halla en riesgo de desaparecer.
Después de poco más de tres meses de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) solicitara la creación de la Comisión de Mediación –con el fin de localizar a dos líderes guerrilleros presuntamente retenidos por fuerzas gubernamentales–, ésta corre el riesgo de desaparecer por la falta de voluntad política de la administración de Felipe Calderón.
El vocero de la comisión, el escritor Carlos Montemayor, advierte que ante las limitaciones que él y sus colegas han tenido en sus labores de mediación, plantearán al EPR y al gobierno federal si es factible proseguir los esfuerzos para localizar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.
“Los avances han sido mínimos –explica en entrevista el autor de La guerrilla recurrente–, pues los representantes gubernamentales con quienes nuestra comisión se ha estado entrevistando sólo se han reducido a un ofrecimiento de participación en expedientes procesales, y en ningún sentido a responder ni aclarar ni abundar en los tres documentos que les presentamos a ellos y que hicimos públicos el 13 de junio pasado.”
En esos documentos, la Comisión de Mediación sistematizó las demandas y quejas interpuestas por los familiares de los eperristas desaparecidos en instancias federales y estatales, judiciales y de derechos humanos; la ausencia de resultados de las dependencias; consideraciones de derecho internacional sobre desaparición forzada de personas (incluyendo los casos de Reyes Amaya y Cruz Sánchez), y finalmente seis observaciones y preguntas al gobierno mexicano surgidas durante las indagaciones.
En el documento Precisiones necesarias, uno de los tres que presentó la comisión el 13 de junio, se le cuestiona al subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, la reticencia del Ministerio Público Federal para integrar averiguaciones previas por la desaparición forzada de los eperristas, pese a que el delito de lesa humanidad está tipificado en la legislación mexicana.
También se pide aclarar quién es Alejandro Punaro, de quien la comisión recibió informes iniciales en el sentido de que se ostentó en octubre como “representante” del presidente de la República ante los familiares de los desaparecidos, y también como representante del Ejército y del Cisen para ejercer “presiones” y realizar “detenciones arbitrarias” de personas que consideraba vinculadas al EPR.
Los miembros de la Comisión de Mediación pidieron también a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que aclarara las actuaciones del entonces subsecretario, el general retirado Tomás Ángeles Dauahare, quien buscó canales de comunicación con la agrupación guerrillera por medio de integrantes de organismos civiles, así como la participación del Ejército en la detención de policías y peritos de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca el 26 de abril de 2008.
Más desapariciones
Autor también de las novelas Guerra en el paraíso y Las armas del alba, basadas en los movimientos guerrilleros rurales de Guerrero y Chihuahua de los años sesenta y setenta, Montemayor destaca que algunas de estas inquietudes fueron respondidas durante las indagaciones de los comisionados, entre las que destacan encuentros con el general Ángeles y con Punaro, exsubdirector de Terrorismo, Lavado de Dinero y Acopio de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR), jubilado en esta institución desde 2005 y que actuó como intermediario del general Ángeles en la búsqueda de familiares de los eperristas desaparecidos, y de canales de comunicación informales con el EPR.
El comisionado señala que pronto se darán a conocer dos documentos en los que se incluyen esas respuestas oficiales. En éstos, dice, se explicará a la opinión pública, al gobierno federal y al EPR “cuáles son los límites que la Comisión de Mediación está encontrando ante las numerosas pruebas de actuaciones en el asunto de los eperristas desaparecidos, las actuaciones del Ejército o de cuerpos policiales, más allá de los límites procesales que desde hace dos meses se nos ha ofrecido y se nos ha estado posponiendo como única señal de voluntad gubernamental.
“Explicaremos en sendos documentos lo que hemos valorado de actuaciones del Ejército, de actuaciones policiales y de búsqueda de mecanismos informales para que tanto el EPR como el gobierno mexicano decidan y aclaren explícitamente si las tareas de mediación de la comisión deben continuar o suspenderse de manera temporal, o definitiva, hasta nuevas señales o avisos.”
Montemayor explica que la comisión no tiene contacto directo con miembros del EPR ni con funcionarios del gobierno federal, y puntualiza: “El avance de las tareas de mediación sólo será posible por una demostración de voluntad política del gobierno mexicano más allá de lo procesal”, es decir, de que se facilite el acceso a las actuaciones ministeriales realizadas por la PGR en averiguaciones integradas por secuestro y no por desaparición forzada.
A raíz de las indagaciones que ha realizado la comisión, dice a Proceso, se ha podido comprobar que los casos de Reyes Amaya y Cruz Sánchez no son los únicos crímenes de lesa humanidad cometidos recientemente en el estado:
“Ahora que estuvo una parte de la comisión en Oaxaca se acercaron muchas personas, y tenemos información que necesitamos evaluar, pero que señala la desaparición de más personas.
“Del caso de una persona que fue desaparecida y después liberada, hemos obtenido una información valiosísima sobre el modus operandi de los agentes policiacos o militares, de presión a familiares mientras van recibiendo y confirmando la información que obtuvieron torturando al desaparecido.”
La “solución” militar
Ya en su libro La guerrilla recurrente, publicado en noviembre de 2007, Carlos Montemayor señalaba que la desaparición de los dos eperristas era “una clara operación de guerra sucia”.
En ese volumen, el escritor recopiló ensayos y artículos en los que aborda aspectos específicos de la matanza del 2 de octubre de 1968 y de la actuación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
También hace una revisión de los servicios de inteligencia en México y estudia la militarización en el contexto de la seguridad hemisférica y de la concepción del terrorismo adoptada a partir del 11 de septiembre de 2001. Pero, sobre todo, analiza las guerrillas rurales del EZLN y el EPR, así como las estrategias del Ejército Mexicano para combatirlas.
Al respecto, el escritor considera que entre los gobiernos del PRI y el PAN “no hay diferencias notables” en la forma de responder a los movimientos armados desde el punto de vista de “políticas de seguridad y de inteligencia”.
Sin embargo, dice que con la llegada del PAN al poder en el 2000, se advierte “una discontinuidad en los equipos de inteligencia y seguridad”, que se traducen en la “pérdida gradual de la memoria, de contactos y de enlaces”.
“Estoy seguro –reitera Montemayor– de que en las décadas anteriores había enlaces efectivos informales, o quizá formales, que permitían un seguimiento y un control de movimientos sociales, de movimientos de delincuencia y por supuesto de narcotráfico. Ahora esos enlaces no existen o son mínimos, pero no son imposibles.”
En contraste con el ámbito civil, en el militar “las tareas de seguridad y de inteligencia se han concentrado en el Ejército, que constituye hasta hoy la línea de avanzada, sin ruptura o sin aparente ruptura en las últimas décadas”.
Y aunque la recurrencia de las guerrillas rurales obedece a causas sociales que generan inconformidad, en la historia de México también es recurrente el agotamiento de canales de solución pacífica, así como las reacciones del Estado; por ejemplo, “creer que con la desaparición física de esos grupos se concluye o soluciona el conflicto social provocado por el alzamiento armado”.
La represión generalizada e indiscriminada en comunidades enteras para socavar los movimientos rurales y su respaldo social, explica Montemayor, “deja secuelas en todas las familias de una región que asegura o facilita que en la siguiente generación tomen, con rencor o con justicia suficiente, otra vez las armas”.
El ejemplo claro, agrega, es el EPR, que tiene como antecedentes el Partido de los Pobres (PDLP), el Partido Revolucionario Obrero Clandestino (PROC) y Unión del Pueblo (UP), después se formó el PROCUP y luego el PROCUP-PDLP.
Apunta: “El EPR es la demostración más contundente de que los métodos de análisis políticos y militares del gobierno, y la estrategia de contrainsurgencia por lo menos en los últimos 40 años, son equivocados e insuficientes, ya no para comprender los alzamientos armados como procesos sociales, sino incluso en su propia naturaleza bélica”.
La existencia misma del EPR “es una demostración concluyente de que las condiciones sociales que privan en el sur de México, por referirme a los estados donde se encuentran las bases principales, siguen siendo las mismas; además, su continuidad es una evidencia de que hay cambios de contingentes y dirigentes por generaciones”.
Montemayor resalta que la expansión de fuerzas militares en el país “en un aparente combate total contra el crimen organizado, tiende una cortina de opacidad sobre las actividades y alcances reales del Ejército en zonas rurales, donde el conflicto social, extrema pobreza o extrema injusticia social es mayor”.
En Chiapas, en donde el EZLN tiene bases sociales, así como en Oaxaca y Guerrero, donde las tiene el EPR, “es muy posible que gran parte de las tareas del Ejército Mexicano, además de enfocarlas a la lucha contra el narcotráfico, estén escudándose con ese pretexto para continuar una lucha de socavamiento social para movimientos populares armados o de posible descontento social”.
De ser así, agrega, se estaría recurriendo a “la estrategia militar de confundir el núcleo armado con la totalidad del movimiento de insurrección. Es un error que se revela como tal en muchos momentos y que obliga a los gobiernos y a los ejércitos a dos métodos alternos a la sola represión militar”.
Esos métodos son la implantación de proyectos de desarrollo social “supeditados a la evolución de la estrategia militar” y la creación de grupos paramilitares “en comunidades dóciles a los gobiernos federal o regionales, para que actúen como presión en las comunidades o regiones de inconformidad social que protegen, o son susceptibles de proteger, a movimientos armados”.
Montemayor considera que la “aparente militarización” que implica la participación de las tropas en el combate al narcotráfico es un reflejo de “la incapacidad del gobierno mexicano para controlar el crimen organizado, así como la incapacidad política de los gobiernos mexicanos para organizar, controlar y conservar cuerpos policiales fortalecidos y cohesionados”.
Puntualiza que actualmente diversas actividades militares “son encubiertas o son riesgosas para el Ejército mismo; además de los servicios de inteligencia, de seguridad para el Ejército, están arriesgando cada vez más el desarrollo de una sociedad rural, y lentamente (también el) de una sociedad urbana cada vez más polarizada, cada vez más empobrecida y a futuro menos controlable”.
En La guerrilla recurrente, Montemayor reflexiona acerca de la pobre visión de los servicios de inteligencia mexicanos sobre las guerrillas, que “reduce el análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, no por su significación política”.
“La guerrilla es siempre un fenómeno social” –dice en uno de los textos de ese libro–, y en el momento en que se elimina esa consideración en los análisis gubernamentales, “se reduce su respuesta a medidas de represión selectiva o desbordada”.
Montemayor recuerda que antes de que surja una guerrilla, hay “una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad”.
Por eso, advierte, no bastan las medidas militares: “Con la hipotética desaparición de los grupos guerrilleros no desaparecerían las necesidades sociales y políticas de México, ni la pobreza y la corrupción, que son en sí mismas la base de la injusticia permanente e institucionalizada que llamamos paz y estabilidad social”.
(No Ratings Yet) Loading ...Allanan las instalaciones de CIMAC
Pocos días después de haber declarado públicamente que el gobierno de Felipe Calderón está obligado a responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, las representantes de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), denunciaron que las oficinas de esta agrupación fueron “allanadas” entre el 26 y 27 de julio pasado por personas que buscaban documentación específica.
Fue hasta el lunes 28 cuando la directora general de esta organización feminista, Lucía Lagunes, y la coordinadora de Información de la misma, Carolina Velásquez, se dieron cuenta del hecho y lo denunciaron ante la sexta agencia investigadora del Ministerio Público del Distrito Federal, donde se abrió la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/1195/08-07.
Lagunes y Velásquez consideran que no se trató de un simple robo, porque únicamente desaparecieron algunos equipos de cómputo, y quienes los sustrajeron no revisaron todos los escritorios, sino solamente los de ellas. Entre los objetos que se llevaron se encuentran grabadoras, casetes y discos con información de Inmujeres, así como de la Red de Atención a Periodistas.
Se trata, afirman, de “un acto de intimidación hacia CIMAC y sus integrantes” debido a que han dado seguimiento a casos relacionados con violaciones sexuales a mujeres por parte de elementos del Ejército, con los feminicidios de Ciudad Juárez y con ataques en contra de periodistas.
“Hemos colocado el acento en la política de simulación que existe en este gobierno en materia de derechos humanos, además de la criminalización que se ha hecho de la protesta, la organización social y de la actividad de las organizaciones mismas. Es una política que hay desde el gobierno federal contra las asociaciones que trabajan a favor de los derechos humanos”, sostiene Lagunes.
Y añade: “Cometimos el ‘pecado’ de haber denunciado en el ámbito internacional la violación de derechos humanos en el país. Colocamos el reflector en ese sentido y eso no lo perdonan”.
Retrocesos
En una nota publicada el pasado 25 de julio, la agencia de noticias de CIMAC dio a conocer que la representante para México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Vanesa Coria, anunció que en noviembre de este año o febrero del próximo es probable que se realice una audiencia pública en San José, Costa Rica, en la que se tratará el tema de la violación de los derechos humanos en México.
La activista criticó al gobierno federal: “En lo que va de la administración de Felipe Calderón, las violaciones a los derechos humanos que se han cometido se equiparan con las que se infligieron durante el pasado sexenio de Vicente Fox y están relacionadas, principalmente, con la militarización del país, cateos ilegales y la impunidad”.
La agencia de CIMAC, comenta Velásquez, da seguimiento a temas que cuestionan o incomodan al gobierno, como la decisión de la Corte Interamericana en torno a la actitud de la administración calderonista respecto de las muertas de Juárez.
Hasta la fecha, CIMAC ha documentado la muerte de tres mujeres en la sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, la misma región donde falleció Ernestina Ascencio, de 73 años, por presunta violación cometida por militares.
Se trata de Susana Xocua, Adelaida Amayo y Anastacia de Cruz Verde, indígenas de edad madura que fueron violadas y asesinadas por presuntos soldados y a las que no se les ha hecho justicia. Por el contrario, la procuraduría de dicha entidad sostiene que las causas de muerte de las señoras son “naturales” o de índole diversa.
El organismo feminista se ha ocupado en revisar las acciones emprendidas por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, que encabezó Guadalupe Morfín, actual fiscal especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). CIMAC afirma que esta fiscalía cuenta con recursos pero, sostiene, nadie sabe dónde opera.
Son varios los asuntos controversiales de los que se ha ocupado la organización que preside Lucía Lagunes, entre éstos el de las violaciones sexuales contra 14 mujeres cometidas por soldados la madrugada del 11 de julio de 2006 en el municipio de Castaños, Coahuila; el seguimiento a una resolución que deberá emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la constitucionalidad de la ley que amplió las causales, además de la violación, para permitir que una mujer aborte; y, así mismo, ha denunciado la inacción de las autoridades ante la trata tolerada de personas en el país, sobre todo en contra de mujeres y niñas.
La directora de CIMAC sostiene que desde que el PAN llegó a la Presidencia los espacios de investigación en materia de derechos humanos y defensa de las mujeres ha sufrido un retroceso, y añade que los proyectos de coinversión del Instituto Mexicano de Desarrollo Social (Indesol) han dado un viraje hacia la derecha, pues hoy benefician a organizaciones católicas y a misioneros.
Ahora, precisa Lagunes, la política consiste en dar prioridad al apoyo económico a organizaciones conservadoras y de derecha, más por su orientación ideológica que por el valor de sus proyectos y propuestas.
El actual gobierno, dice, ha llegado al extremo de poner bajo sospecha a organizaciones progresistas y democráticas que no le son gratas, al acusarlas de recibir financiamiento ilegal del exterior.
Al respecto, señala que el PAN presentó en el Senado una iniciativa de “ley de cooperación” –que está siendo analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales de este cuerpo legislativo– mediante la cual se busca limitar o impedir que las organizaciones sociales reciban financiamiento del extranjero.
“Si esto ocurre, todos los organismos, salvo Provida, trabajaríamos en condiciones muy difíciles”, asegura.
(No Ratings Yet) Loading ...Prensa amenazada
En las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón los ataques a la prensa crearon un clima de riesgo para la actividad informativa. Esta es una de las conclusiones de la misión internacional que en abril pasado se reunió en México y documentó –en un informe que hará público en los próximos días– la forma en que los gobiernos estatales y el federal presionan y atacan a los medios que no se autocensuran.
El panorama para ejercer el periodismo en México es grave e inquietante, concluye el diagnóstico obtenido por la misión internacional de 13 organismos no gubernamentales que visitó el país en abril, y cuyo informe sobre la libertad de prensa es categórico desde el título: La sombra de la impunidad y la violencia.
Definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como uno de los cinco países “con el mayor nivel de delincuencia organizada del planeta”, y donde 24 periodistas han sido asesinados, ocho permanecen desaparecidos y decenas han sido agredidos solamente en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón –como se documenta en el informe –, México padece numerosos obstáculos para la actividad informativa:
“La misión internacional encontró que los principales obstáculos para el ejercicio periodístico libre en México son: el crimen organizado, que ha generado un clima de terror; la corrupción; la impunidad; las agresiones directas por parte de corporaciones policiales y castrenses, y la falta de voluntad política federal y estatal para resolver los ataques contra los periodistas y para garantizar su seguridad.”
La delegación de organismos que documentaron los ataques contra periodistas y medios de comunicación destaca en su informe –que se hará público en los siguientes días y del que Proceso tiene copia– que “prevalece la estigmatización gubernamental sobre el trabajo de los periodistas” y son “frágiles o inexistentes los mecanismos y manuales de prevención y protección para la seguridad de medios y periodistas”.
La delegación en su informe constata –“con mucha preocupación”– que “a pesar de los índices de violencia contra los comunicadores, no existe solidaridad entre los informadores, los medios de comunicación y hacia los familiares de los periodistas asesinados o desaparecidos”. Y califica de “alarmante” el nivel de vulnerabilidad e incertidumbre en que se encuentran las radios comunitarias y sus colaboradores, “que son víctimas de agresiones provenientes, principalmente, de autoridades estatales”.
Un fenómeno que la misión internacional puntualiza en el informe es “una creciente autocensura en los medios de comunicación mexicanos, como consecuencia directa de las tácticas de terror que han implementado las mafias y ante la desconfianza que existe sobre el accionar de las autoridades estatales y federales por su falta de respuesta o por su posible vinculación con el crimen organizado”.
La misión internacional identifica otros dos fenómenos que alientan la autocensura y limitan la prensa libre y plural: “La manipulación, por parte de los gobiernos estatales y federales, del presupuesto destinado a la publicidad oficial, con los que se pretende orientar la información, así como la alta concentración de medios de comunicación en pocas personas o grupos empresariales vinculados a diferentes ramas de la economía y con sectores con enorme poder político, empresarial y religioso”.
En su informe, las 13 organizaciones ubican “uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el gobierno mexicano: la impunidad en los casos de asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas, que representa una de las formas extremas de censura y que se recrudece cuando no existe castigo para los responsables”.
Y subraya: “Funcionarios de alto nivel del gobierno federal han declarado que existe voluntad política para resolver los delitos cometidos contra periodistas. Sin embargo, en los hechos se evidencia que han adoptado pocas medidas eficaces para atender la problemática”.
El propio informe cita a Daniel Cabeza de Vaca, subsecretario de Gobernación y exprocurador general de la República, quien reconoce la incompetencia oficial: “El Estado no ha sido capaz de impedir la impunidad”.
El gobierno, contra la prensa
En lo que la propia misión califica de “hecho sin precedentes”, 13 organizaciones internacionales se reunieron en México para entrevistarse con propietarios y directivos de medios de comunicación, familiares de periodistas asesinados, amenazados o desaparecidos; con organizaciones nacionales e internacionales, así como autoridades federales y estatales de Oaxaca, Guerrero, Sonora, Michoacán y la Ciudad de México.
La misión estuvo integrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Fundación para la Libertad de Prensa, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, Artículo 19, el Instituto Internacional de la Prensa, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Reporteros sin Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas, International Media Support, Fundación Rory Peck, International News Safety Institute y Open Society Institute.
En seis días, la delegación realizó 12 reuniones con autoridades federales y estatales, 13 con grupos de periodistas y siete con directivos y dueños de medios. Recogió testimonios en 26 encuentros con víctimas de ataques a la libertad de expresión, seis de ellas con mujeres y siete con familiares de víctima asesinadas o desaparecidas.
El documento de 38 páginas, concluido apenas la semana pasada, examinó todos los aspectos del ejercicio de la libertad de prensa en México, incluidas las condiciones laborales de los profesionales del periodismo, en especial de las mujeres y de los free lance, que padecen la misma condición de riesgo para ejercer su trabajo.
El informe inicia de manera contundente: “México es uno de los países más peligrosos para periodistas en las Américas. En los últimos ochos años, por lo menos 24 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados, ocho más permanecen desaparecidos y decenas han sido amenazados, intimidados o agredidos en razón de su oficio. La mayoría de las agresiones contra periodistas se encuentra en total impunidad, lo que provoca un estado generalizado de autocensura”.
Dividido en tres “ejes de trabajo” –“seguridad y protección”, “autocensura” e “impunidad–, el informe de la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación alude a la decisión de Calderón de usar miles de soldados contra el narcotráfico: “La militarización ha provocado un incremento en la violencia. Desde 2007, por lo menos 4 mil asesinatos relacionados con el crimen organizado han ocurrido en México”.
Y al repasar la situación actual en los medios, el informe alude a los “seis años oscuros del periodismo”, como definió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al período de Vicente Fox. “La situación no parece mejorar bajo el nuevo gobierno de Felipe Calderón. Desde enero de 2007, al menos ocho periodistas y trabajadores de los medios han caído. En el mismo período cuatro informadores han desaparecido, cifra que se suma a los cuatro reporteros de quienes desde el 2000 se desconoce su paradero”.
Aunque la misión internacional identifica al crimen organizado como la “amenaza más grave y extendida” para el periodismo, no es el único fenómeno que atenta contra el ejercicio del periodismo, sino “también la impunidad, las agresiones directas por parte de representantes del Estado y la estigmatización que ha comenzado a manifestar el gobierno hacia la prensa, actitud que se acentúa con las radios comunitarias”.
En el informe se cita una declaración al respecto de Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos: “La realidad del país es la realidad de la prensa. Con respecto a la libertad de expresión, no veo una luz al final del túnel”.
Si bien en el informe no se alude a las presiones que el gobierno de Calderón aplicó para la salida de Incalcaterra de México, el 23 de mayo, puntualiza que organizaciones no gubernamentales cuestionaron la “poca transparencia” de la remoción.
El informe recoge la inquietud de varios periodistas sobre el clima de terror que genera el crimen organizado, y que a menudo amordaza, pero también por las agresiones del Ejército y las policías.
“La estrategia militar y policiaca de combate al crimen organizado que desarrolla el gobierno federal arroja ya ataques directos a comunicadores. Agentes de esas instituciones han amenazado, agredido y detenido a periodistas locales injustamente.”
Y advierte: “La actuación de las mafias y el método diseñado por las autoridades para enfrentarlas ha puesto en el escenario un nuevo riesgo para el trabajo informativo: la estigmatización oficial a la prensa”.
Un ejemplo de este fenómeno, cita el informe, fue la exigencia que Calderón hizo a los medios, el 13 de mayo, de divulgar las acciones contra la delincuencia en vez de “compartir con los criminales la estrategia de sembrar terror”, pero la estigmatización más grave se dirige contra las radios comunitarias, como el caso de Radio Bemba, de Sonora, sometida a presiones policiacas.
“Dicha estigmatización de los medios de comunicación y de las personas que trabajan para fomentar la libertad de expresión tuvo repercusión directa sobre el trabajo de la misión internacional: el 21 de abril de 2008, en la reunión que sostenían con Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, el funcionario calificó de ‘enemiga del Estado’ a Aleida Calleja, periodista mexicana y vicepresidenta internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Calleja le había preguntado a Castro sobre el caso de las indígenas triquis Teresa Bautista y Felícitas Martínez, periodistas de la emisora comunitaria La voz que rompe el silencio de Oaxaca, asesinadas el pasado 7 de abril. Momentos antes, Castro había declarado ante la misión que el rol de los periodistas es ‘fundamental en la protección de una democracia’.”
Llama la atención que, aun cuando en los anexos se reproduce la carta que las organizaciones enviaron a Calderón para solicitarle una explicación sobre el comportamiento de Castro, el informe no aclara si ésta se produjo ni se informa si se ofreció la disculpa solicitada (Proceso 1647).
Las 13 organizaciones que elaboraron el informe identifican la autocensura como medida de autoprotección ante la violencia, pero consideran alarmante que sea el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, el que la considere una “buena estrategia”, como lo declaró el julio del año pasado.
El informe subraya: “Resulta alarmante que un funcionario de alto nivel del gobierno promueva una política tan nociva para el ejercicio de la libertad de prensa, como un paliativo contra la ineficacia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
Añade: “La autocensura ha sido aceptada por funcionarios del gobierno federal y de los estados como consecuencia de la impunidad con la que se mueven los criminales, por una justicia que no condena y la incapacidad del Estado por dar garantías de seguridad al trabajo informativo. La CNDH sostiene que ‘la impunidad está institucionalizada’ y la autocensura ‘es su consecuencia’”.
El informe recoge información de periodistas y directivos de medios sobre los “funcionarios del gobierno federal que hacen sutiles indicaciones” para que no se publique información sobre abusos que cometen militares y policías contra la ciudadanía y los informadores.
Pero el informe documenta la forma en que se usa la publicidad gubernamental para lograr la autocensura en los medios, como detalló un periodista no identificado de Sonora, cuyo gobernador, el priista Eduardo Bours, controla la información sobre el narcotráfico en el estado con el presupuesto publicitario:
“Estamos en medio de una guerra entre cárteles. Pero el gobernador amenaza con cortar la publicidad si se sigue informando sobre guerra entre cárteles, y los medios dejan de informar sobre inseguridad para no perder la relación comercial.”
La publicidad como mordaza
Y es que el informe se ocupa del manejo faccioso de los presupuestos gubernamentales en materia publicitaria:
“En México persiste la vieja práctica del control de la pauta publicitaria por parte de los gobiernos federal y estatales, lo que estimula y genera otra forma de autocensura. La misión internacional entrevistó a directivos de medios, quienes detallaron cómo pierden importantes ingresos las empresas periodísticas cuando las autoridades manipulan los recursos destinados a la publicidad oficial y, de forma arbitraria, retiran sus anuncios si catalogan al medio como crítico a la gestión gubernamental. Ante las dificultades financieras que esto genera a los medios de comunicación, muchos optan por la autocensura sobre los temas que molestan a los funcionarios.”
El documento menciona casos concretos de uso faccioso de la publicidad gubernamental en los tres niveles de gobierno: Martín Olguín, editor de El Expreso de Hermosillo, Sonora, relató cómo funcionarios del Congreso del estado condicionaron la entrega de publicidad a cambio de información favorable.
“Juan Angulo, director del periódico El Sur, de la ciudad de Acapulco, Guerrero, afirmó que el gobernador del estado (el perredista Zerefino Torreblanca) le retiró la publicidad después de que el diario denunció irregularidades en la asignación de los recursos del gobierno estatal.
La impunidad es el sello de los crímenes contra periodistas. Inclusive, la fiscalía especial de la PGR no ha sido eficaz en la investigación: de los 136 casos que ha tenido bajo su jurisdicción desde que se creó, en 2006, sólo tres han sido consignados ante un juez.
“La misión internacional corroboró la percepción generalizada entre las víctimas y sus familiares de que sus casos jamás serán resueltos por las autoridades.”
En sus observaciones y conclusiones, la misión internacional hace un llamado para adoptar medidas positivas, claras y contundentes para poner alto a las amenazas, hostigamiento, secuestros y ataques físicos provenientes de distintos actores, estatales y no estatales, que buscan censurar a quienes ejercen, promueven, y defienden el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Entre otras muchas recomendaciones, también apura a fortalecer la fiscalía especial sobre agresiones a periodistas y a instrumentar investigaciones ágiles, transparentes y efectivas de los casos de asesinatos y desapariciones, así como las amenazas de muerte de las que son objeto periodistas y sus familiares.
La misión internacional da la “bienvenida” a la promesa de Calderón de impulsar una reforma para que los ataques, asesinatos y desapariciones de periodistas sean investigados a nivel federal.
Además, exige “detener toda práctica por parte de los gobiernos federal y locales que restrinja las libertades de expresión y prensa, especialmente cuando éstas buscan la independencia editorial de los medios de comunicación a través del uso inapropiado y discrecional de los fondos destinados para la contratación de espacios publicitarios”.
(No Ratings Yet) Loading ...Las boletas: hacia una reforma ineludible
Cuando el Instituto Federal Electoral y las instancias judiciales negaron a este semanario el acceso a las boletas electorales de 2006 se perdió una oportunidad de fortalecer el derecho a la información. Sin embargo, a decir de tres connotados especialistas, la actitud inicial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la demanda de Proceso contra el Estado mexicano le da un nuevo impulso a los esfuerzos por mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, y se convierte en tema ineludible para una reforma de las normas electorales.
La medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se detenga la destrucción de las boletas utilizadas en la elección presidencial de 2006 puede constituir un estímulo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal Electoral reflexionen sobre su actuación, y para que los legisladores propongan reformas en materia de transparencia.
Tres de las voces más prestigiadas sobre el tema de la rendición de cuentas en México: Juan Pablo Guerrero, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); el maestro Juan Francisco Escobedo, uno de los creadores de la Ley Federal de Transparencia; y el investigador Ernesto Villanueva, coinciden en lo anterior al ser consultados por Proceso para que valoren este caso, que no tiene precedente.
El pasado miércoles 2 de julio –día en que se cumplieron dos años de aquella elección– Felipe Calderón fue notificado de que la CIDH le pedía a su gobierno que evitara la destrucción de las boletas. La comisión dio ese primer paso ante la denuncia presentada por este semanario el pasado 24 de abril en contra del Estado mexicano por violación al derecho de información, luego de que el IFE y las instancias judiciales le negaron el acceso a los paquetes de los controvertidos comicios (Proceso 1653).
En su anuncio sobre la medida cautelar, la CIDH aclaró que al solicitarla no prejuzga sobre el fondo de la demanda. En ésta, el director de Proceso argumentó que el tema ya trasciende el simple acceso a las boletas solicitadas, pues la intención es que la justicia internacional proteja en México el derecho a la información en materia electoral.
El gobierno de Calderón cuenta con 10 días para responder a la petición de medidas cautelares de la CIDH, es decir, tendrá que responder la segunda semana de julio. Después, en forma periódica, deberá actualizar la información sobre el cumplimiento de la medida.
Si la comisión admite la demanda, pasará al análisis de fondo y las partes tendrán un plazo de dos meses para presentar sus respectivas observaciones.
Como publicó Proceso en su edición pasada, si la CIDH concluye que se violó el acceso a la información se podrá emitir una recomendación al Estado mexicano; y de no cumplirse ésta, el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción se encuentra sometido el Estado mexicano desde 1998.
Ernesto Villanueva, investigador y consultor en materia de transparencia tanto en México como en el extranjero –recientemente trabajó en el sistema de rendición de cuentas en Guatemala–, señala que el asunto de las boletas debe ser importante para la CIDH, a juzgar por la rapidez con la que actuó.
Lo que sucedió con el recurso de Proceso es casi imposible, destaca, porque la comisión tiene tantos casos que no se da abasto: “Normalmente tienen capacidad para desahogar ocho o diez, pero de repente llegan 50 de un solo golpe. Por eso me parece que (al caso del semanario) le dieron relevancia. Eso lo hace singular”.
Para Juan Pablo Guerrero, la decisión de la CIDH será una piedra angular para que los intelectuales, los investigadores y otros ciudadanos que se interesen en el tema sigan construyendo una base sólida en la que pueda apoyarse el derecho a la información.
En respuesta a un cuestionario enviado por Proceso, el comisionado del IFAI considera que en materia de acceso a la información México está apenas en el comienzo; falta debate, discusión pública, asimilación social, criterios, tesis y jurisprudencia.
La intervención de una instancia superior, internacional y constitucionalmente reconocida como la CIDH, será trascendental, apunta Guerrero. Y mientras, continúa, las boletas deberán conservarse, lo que ya es un triunfo en la defensa de una garantía individual por parte de un puñado de ciudadanos persistentes. En este drama hubo quien murió en la raya; es un sacrificio que en el futuro agradecerán los que vienen después, afirma Guerrero.
Otro especialista, el catedrático Juan Francisco Escobedo, fundador del Grupo Oaxaca –quien desarrolló en 2002 el actual sistema de transparencia de México, hoy emulado internacionalmente–, sostiene que, sin celebrar antes de tiempo, la decisión de la CIDH será fundamental para que los legisladores y los nuevos consejeros del IFE se ocupen del tema y para que se hagan reformas en materia de transparencia.
En entrevista, afirma que esto hace mucha falta en México ante la fuerte competencia partidista y la creciente exigencia de acceso a archivos y documentos gubernamentales por parte de los medios de comunicación.
Larga batalla
El 8 de agosto de 2006 Proceso tramitó un paquete de solicitudes de acceso a la información para que se pusiera a disposición de los reporteros las boletas de la controvertida elección presidencial en la que el TEPJF declaró ganador a Felipe Calderón Hinojosa.
Las circunstancias eran particularmente difíciles: los seguidores del líder opositor Andrés Manuel López Obrador mantenían tomadas las calles del primer cuadro de la Ciudad de México y estaban en plantón permanente frente al Palacio Nacional. Diariamente, en sus asambleas ciudadanas y en ruedas de prensa exhibían lo que a su juicio eran evidencias del fraude electoral.
Por otro lado, los panistas y en especial el equipo de Felipe Calderón rechazaban que existiera tal fraude. Los empresarios protestaban contra la izquierda. El TEPJF analizaba las impugnaciones y la tensión política hacía temer por la estabilidad del país.
Este semanario solicitó acceso a las boletas de votación con estrictos fines de investigación periodística. Un año y siete meses después de que se presentaron los correspondientes paquetes de solicitudes en el IFE, en marzo de 2008, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró la posibilidad de abrir los paquetes. Antes habían hecho lo mismo el TEPJF y el IFE.
A raíz de que Proceso interpuso su demanda ante la CIDH el pasado 24 de abril, la comisión envió su petición para que el gobierno federal aplique medidas urgentes en favor del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, quien alegó la violación al derecho de acceso a la información pública previsto en la Constitución mexicana y en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de la que México forma parte desde 1981.
Juan Pablo Guerrero, quien aclara que aborda el tema a título personal, sostiene que la medida dictada por la CIDH demuestra que no estaba en juego la calificación presidencial, que ya era cosa juzgada.
“¿No pudieron o no quisieron entender que se trataba de una investigación periodística y que desde esa trinchera era imposible cambiar el resultado?”, se le preguntó a Guerrero en el cuestionario.
“La elección se dictaminó y es historia –responde–. La jornada electoral de julio de 2006 fue hace dos años y, por buenas razones, el país siguió su curso. Pero en ese parteaguas electoral uno de los cuestionamientos centrales fue el de la transparencia. Se dice que la transparencia es la oportunidad de oro de los gobiernos para generar confianza y legitimarse. La solicitud de acceso a las boletas fue la oportunidad de entonces, pero una vez atemperados los ánimos, en forma inexplicable, se perdió esa oportunidad.”
Para este especialista, la Ley de Transparencia admitía la interpretación para favorecer el acceso a las boletas donde se encontraban, sin problema alguno. Es cierto que otra disposición legal, el Cofipe, ordena la destrucción de las boletas, pero no establece término para la incineración, así que no había un plazo fatal.
“Desde la perspectiva de la transparencia, ¿qué dice la ley? Supimos desde el principio que las boletas eran documentos que contenían información en términos de su artículo tercero; supimos desde el origen que esos documentos no estaban clasificados en términos de los artículos 13, 14 o 18 de la ley; supimos que si eran documentos y no estaban clasificados, eran por lo tanto públicos y accesibles en términos de lo establecido en los artículos 4, 6 y 42 de la propia ley. ¿Cómo pudo llegarse a otra conclusión? Con una elaboración tan compleja como inconsistente: ‘Sí pero no’”.
¿Entonces dónde estuvo el problema?
“La dificultad era, sin duda, de orden práctico –prosigue el comisionado–. ¿Cómo garantizar el acceso a millones de documentos que no están clasificados y que por lo tanto son públicos y deben ser accesibles, sin incurrir en costos estratosféricos o una logística irrealizable o en una presentación que los hiciera tan accesibles como inútiles? No obstante, la Ley Federal de Transparencia es clara: no permite al juzgador prejuzgar sobre la justificación o el interés jurídico del solicitante. Si los documentos solicitados son públicos, queda en la autoridad facilitar su acceso. Lo demás es problema del solicitante, que ya para entonces defendía su derecho a saber.”
Para Juan Pablo Guerrero, la reciente reforma a la Constitución sobre la materia fortalece el principio de máxima publicidad, no obstante lo cual siempre hay quien prefiere establecer que un documento no está clasificado y es público, pero que no debe entregarse.
“He visto varias resoluciones así –escribe Guerrero–. Por ello, me parece que, como lo hace la ley canadiense en la materia, debe quedar claramente redactado, sin lugar alguno a interpretación, que los principios de máxima publicidad y disponibilidad significan que si los documentos con la información solicitada no están clasificados, procede la entrega contante y sonante. De otra forma, seguiremos encontrando resoluciones propias del país del cumplo y miento. Lo que me pides es público, te pertenece, no está reservado… pero no lo puedes ver.”
Negativa política
Para Ernesto Villanueva, la negativa a que esta revista tuviera acceso a los paquetes no tiene fundamento legal, por lo que a su parecer se trató de una decisión política.
Como muestra de ello dice que en el fallo del TEPJF los magistrados inventaron conceptos e interpretaron donde no había qué interpretar; se trató de un operativo para ceder a presiones partidistas. Lo mismo, afirma, hizo la SCJN. No obstante, si no hubiera de por medio un asunto de acceso a la información, la CIDH no hubiese intervenido y menos aun con tanta rapidez.
“La Comisión Interamericana ve el caso en sentido más plural, con ojos más reposados, sin una subordinación al Estado mexicano. Lo ven como una decisión de más largo aliento”, explica el experto.
A su vez, el profesor Juan Francisco Escobedo, quien desde sus primeros artículos periodísticos sobre el tema sostuvo que las boletas electorales eran documentos públicos susceptibles de ser consultados después de que se calificara la elección presidencial, estima que ante los yerros de instancias judiciales se está abriendo un capítulo inédito en la historia de la transparencia en el nivel internacional.
En la charla telefónica, Escobedo reconoce que cuando se diseñó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no previeron este problema:
“No alcanzamos a ver el asunto de la transparencia electoral. En ese entonces se trataba de abrir la presidencia imperial del PRI. Pero, sin duda, ahora será un tema pendiente en la agenda de la reforma electoral para 2009. Es también, desde luego, un tema ineludible para la siguiente elección presidencial en el año 2012.”
Escobedo lamenta que los magistrados del TEPJF actuaran como un solo cuerpo, sin que ninguno manifestara siquiera un matiz distinto, y asegura que “los ministros de la Corte perdieron la oportunidad de reglamentar de alguna manera este asunto”.
Juan Francisco Escobedo considera que la postura de la CIDH debe motivar a los magistrados del TEPJF y a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo porque el proceso de aprendizaje no concluye: aun cuando la Ley Federal de Transparencia mexicana haya sido un ejemplo internacional, todos los actores sociales tienen que seguir explorando las posibilidades de mejorarla.
“La medida cautelar de la CIDH debe marcar la agenda de la transparencia para el resto del sexenio. No obstante, hay algunos que quizá requieran de mayor adoctrinamiento sobre la materia. Me refiero a algunos ministros, los magistrados electorales y los consejeros del IFE. No pueden seguir actuando con ese espíritu de cuerpo.”
–¿Hacía dónde podría ir la CIDH?
–Es difícil saberlo. Lo cierto hasta el momento es que la medida cautelar encierra un significado importante. Que nadie se llame a engaño: en la Constitución está claramente establecido el derecho de acceso a la información y en su artículo 133 se aceptan y se respetan los convenios -internacionales.
(No Ratings Yet) Loading ...Boletas: En la CIDH, “Proceso” gana el primer round
A dos años de la cuestionada elección presidencial, tuvo respuesta la demanda de Proceso ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la decisión del Estado mexicano de negar el acceso a las boletas electorales de 2006. La CIDH pidió al gobierno de Felipe Calderón que impida la destrucción de esa papelería, en tanto el organismo internacional determina si en efecto se violó el derecho a la información cuando el IFE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon inaccesibles esos documentos públicos.
El miércoles 2, día en que se cumplieron dos años de la elección presidencial, Felipe Calderón recibió una noticia desde Washington: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a su gobierno que evite la destrucción de las boletas utilizadas en esos comicios.
La CIDH dio ese primer paso ante la denuncia de hechos interpuesta por la revista Proceso en contra del Estado mexicano por violación al derecho de información, luego de que el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN) le negaron el acceso a los paquetes de la cuestionada elección presidencial.
El organismo interamericano le envió una comunicación al gobierno mexicano, fechada el 2 de julio, para solicitarle que aplique “medidas urgentes” en favor del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, quien alega la violación al derecho a la información pública previsto en el artículo 13.1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica en 1969 y de la que México forma parte desde 1981. Ese instrumento internacional establece que la información es un derecho humano que debe ser respetado y garantizado por el Estado.
La CIDH le pidió al gobierno de Calderón “suspender la destrucción de las boletas de la elección del 2 de julio de 2006 hasta que el organismo se pronuncie sobre la petición presentada en relación con una presunta violación al derecho de acceso a la información pública contemplado en el artículo 13.1 de la Convención Americana”.
El gobierno mexicano tiene 10 días para contestar a esa medida que, de acuerdo con las reglas de la comisión, tiene el propósito de evitar “daños irreparables” a los derechos de los afectados.
De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, “en caso de gravedad y urgencia, y de acuerdo con la información disponible”, la comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate “la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas”.
El gobierno calderonista tiene que responder en la segunda semana de julio. Después, de forma periódica, deberá actualizar la información sobre el cumplimiento de la medida precautoria. Además, tiene dos meses, a partir de la fecha de notificación (el 2 de julio) para hacer observaciones a la denuncia presentada por Rodríguez Castañeda.
Las medidas tomadas por la CIDH son apenas el inicio del trámite, pues el organismo aún debe resolver si existen elementos para darle curso a la demanda.
Las dudas y la prisa
En su anuncio sobre las medidas cautelares, la CIDH aclaró que la solicitud de información al Estado mexicano “no constituye un prejuzgamiento” de la decisión que tome sobre la solicitud de investigar la presunta violación del mencionado derecho.
En la denuncia de hechos, el director de Proceso hizo ver que la adopción de medidas cautelares no implica que se prejuzgue acerca de los temas de fondo. No obstante, aseguró que el motivo de la petición “trasciende al simple acceso a las boletas solicitadas”, pues la intención es que la justicia internacional proteja en México el derecho a la información en materia electoral.
Si la comisión admite la demanda, sobre todo porque en la petición de la revista ya se agotaron los recursos internos, se pasará al análisis de fondo. De ser así, las partes tendrán dos meses más para presentar sus observaciones.
En caso de que la CIDH encuentre que con la negativa del IFE y de la Suprema Corte se violó el acceso a la información, podría emitir recomendaciones al Estado mexicano para que garantice ese derecho; de no cumplirse éstas, el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción se encuentra sometido el Estado mexicano desde 1998.
En la reforma electoral del año pasado, el Congreso evitó legislar sobre la información en materia electoral al dejar intacta, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la disposición que ordena la destrucción de las boletas una vez calificada la elección, sin prever las peticiones de información.
Las medidas cautelares requeridas por la CIDH al gobierno de Calderón pueden llevar a que el proceso electoral federal de 2009 inicie, en octubre próximo, con la obligación del IFE de conservar los paquetes electorales de las elecciones de 2006, contra lo que ha buscado el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.
Sucesor de Luis Carlos Ugalde tras la crisis en que éste sumergió al IFE durante el proceso electoral, Zurita propuso, sin consultar con el resto del Consejo General del instituto, que antes de su destrucción las boletas fueran “exhibidas” al público.
El consejero presidente, quien se dice convencido de que las boletas son documentos de información pública, no pasó de esa declaración, consciente de que no tendría ninguna consecuencia jurídica.
Otro de los argumentos del IFE para apresurar la destrucción de las boletas es el costo de su conservación y vigilancia. Según estimaciones del propio instituto, cada mes gasta en promedio medio millón de pesos por el pago de renta y mantenimiento de las bodegas donde están resguardados los paquetes electorales.
Efectivos de las Fuerzas Armadas se encargan de vigilarlos. En respuesta a una petición de información por medio de la Ley de Transparencia, el Ejército aseguró que de los 3 mil 144 efectivos que destinó el 6 de junio de 2006 para custodiar la papelería electoral en los 262 consejos electorales, en marzo pasado se habían reducido a mil 310 elementos. En respuesta a la misma solicitud, la Marina dijo que actualmente tenía 115 efectivos dispuestos en 14 estados para ese propósito.
La denuncia de hechos por parte de Rodríguez Castañeda fue presentada ante el Secretariado Ejecutivo de la CIDH en Washington, el 24 de abril de este año, como consecuencia del fallo emitido en contra de la revista por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Proceso 1643).
Un mes antes, el 11 de marzo, en una votación dividida de seis a cinco, el pleno de ministros de la SCJN le negó a Rodríguez Castañeda un amparo que solicitó como vía para tener acceso a los paquetes de la elección presidencial.
La mayoría de los ministros impuso el criterio de que el amparo estaba relacionado con la materia electoral y no con el derecho de acceso a la información. Al definirlo como un asunto electoral, señaló que el amparo no procede cuando se trata de esta materia. En consecuencia, la SCJN abrió la puerta para la destrucción de las boletas al considerar que el sistema de elecciones en México la prevé, una vez calificada la elección.
Proceso había buscado la protección de la justicia mexicana ante la decisión del IFE de negarle desde 2006 el acceso a la papelería electoral. En una primera instancia, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa negó el amparo solicitado en contra de la negativa del IFE. Su argumento fue avalado por la SCJN.
Agotadas las instancias en el país, Rodríguez Castañeda presentó la denuncia a través de Graciela Rodríguez Manzo, abogada del Centro de Análisis e Investigación Fundar, que se ha encargado del caso en Washington.
La junta directiva de Fundar es presidida por el investigador de El Colegio de México Sergio Aguayo Quezada, a quien el IFE también le rechazó una petición de acceso a las boletas electorales.
Pero a diferencia de lo ocurrido con el amparo del director de Proceso, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa le concedió a Aguayo una orden de suspensión para evitar que el IFE destruya las boletas. Aún está pendiente la solución de fondo del recurso de protección.
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) José Antonio Crespo se ha topado también con la negativa de la autoridad electoral. Él solicitó únicamente acceso a las boletas de la elección presidencial en su distrito.
Autor del libro 2006: hablan las actas: las debilidades de la autoridad electoral mexicana, Crespo sostiene que los resultados oficiales de la elección presidencial de hace dos años carecen de certeza, uno de los principios exigidos por el artículo 41 de la Constitución.
Después de revisar cada una de las actas electorales a partir de las cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró ganador a Calderón, el investigador es categórico: “No se puede saber quién ganó, no sabemos cuál fue la voluntad mayoritaria de los ciudadanos”.
En entrevista con Proceso (1649) explicó que el TEPJF debió declarar la nulidad de la elección porque en las propias actas electorales quedaron asentados cientos de miles de “votos irregulares”, que casi triplicaron la diferencia entre el panista Felipe Calderón y el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.
Fuente : Proceso.com.mx
(No Ratings Yet) Loading ...Censura a la revista Proceso
Para su conocimiento…
Sergio Loya
El martes 29 de abril llegó un extraño mensaje a la Redacción de Proceso.
Se trataba de un fax remitido por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, acerca del reportaje que, en la edición número 1643 del 27 de abril, fue anunciado en portada con la imagen del mandatario y la leyenda: Eduardo Bours / narcopoder en Sonora.
Rubricado por el gobernador, y con el título La revista Proceso miente una vez más, el texto de Eduardo Bours niega todo –o casi todo– el contenido de la investigación que realizó el reportero Ricardo Ravelo con base en documentos de la PGR y otras fuentes (El sospechoso gobernador multimillonario, fue el título de interiores).
Según Eduardo Bours, su familia no es dueña de algunas empresas cuya propiedad se le atribuye, ni invirtió grandes sumas de dólares en el ramo de la hotelería, ni posee siete minas, ni la firma Bachoco –en cuyos camiones se han encontrado cargamentos de droga– tiene relación alguna con el trasiego de estupefacientes ni dispone de licencia para importar efedrina…
Aunque la lista de supuestos “desmentidos” es enorme –incluyendo su participación en la industria de la acuacultura y los presuntos vínculos de su jefe de escoltas con el narcotráfico–, Eduardo Bours no rechazó que pretenda dejar en la gubernatura a un incondicional ni, mucho menos, que pese a las investigaciones de la PGR –cuyos números de averiguación fueron consignados por el reportero– buscará postularse como candidato a la Presidencia de la República
Hasta allí todo parecía normal. No era nada raro que el gobernador Bours, envuelto en diversos escándalos por sus palabras y sus hechos durante una gestión que está a punto de terminar –le queda año y medio en la gubernatura–, negara lo innegable y ocultara lo evidente magnificando algunos errores menores que, en efecto, se cometieron en el reportaje.
Tampoco era insólito que, después de enumerar una serie de “logros” en su lucha contra el narcotráfico, como si estuviera en precampaña, incluyera una frase críptica como esta:
“Entiendo que tantas imprecisiones y ‘errores periodísticos’ obedecen a un móvil de ataque a mi persona, al nombre de mi familia y a los sonorenses y con un origen político, por políticos corruptos que están acostumbrados a amedrentar a aquellas gentes que se atreven a participar en sus tradicionales espacios de poder ahora compartidos con intereses del narcotráfico.”
Autoacusaciones involuntarias como ésta –ocasionadas por las anfibologías del inconsciente– tampoco mueven a sorpresa.
Lo que sí resultaba extraño es que el fax recibido en Proceso y el desplegado que el mismo día se publicó en varios diarios de la Ciudad de México coincidían en todo, punto por punto, excepto porque el fax contiene dos párrafos que no aparecen en el desplegado.
Los dos párrafos que Eduardo Bours quiso reservar en exclusiva para Proceso –y que el semanario prefiere compartir con sus lectores– son los siguientes:
“Teniendo claro todo lo anterior, no quisiera ni pensar que su ‘artículo’ fuese producto de la presión que hayan ejercido grupos o personas que tengan como propósito afectar la imagen de un gobernador que por actuar en contra del crimen organizado les resulte incómodo.
“No quisiera ni pensar que se trate de alguna campaña orquestada de la cual su medio de comunicación esté sirviendo como instrumento para golpear al viejo estilo de los políticos que ponen por encima de cualquier cosa su ambición de poder.”
“Que no se publique”
Recibido en las oficinas de este semanario a las 16:42 horas del 29 de abril, el fax fue turnado, como se hace con todas las réplicas, a la sección Palabra de Lector de la revista.
Al recibirlo, el editor de la sección se percató de que el texto, además de ser muy extenso, no cumplía con los demás requisitos de estructura, destinatario e identificación a que deben someterse todas las misivas.
Puesto que el escrito tenía forma de desplegado –y como tal se había publicado en dos periódicos nacionales–, el editor llamó alrededor de las 19:20 horas al conmutador del gobierno de Sonora buscando al coordinador de Comunicación Social, Daniel Durán Puente.
Una voz femenina preguntó:
–¿De dónde llama usted?
–De la revista Proceso.
–¿En qué podemos servirle?
–Necesito hablar con el coordinador de Comunicación Social.
–¿Es urgente?
–Sí.
–Mire, el licenciado Durán está ocupado en un evento muy importante y no se le puede interrumpir. Le voy a dar el teléfono celular de su asistente particular, el señor Mario Wolf. ¿Tiene con qué anotar?
–Sí, adelante…
Aproximadamente a las 19:45 horas, el editor marcó el número proporcionado. Sonó ocupado. Lo hizo otras dos veces con la misma suerte y, cerca de las 20:00 horas, Mario Wolf se reportó.
–Mi teléfono registró varias llamadas de usted. ¿Qué se le ofrece? –preguntó.
–Mire, licenciado, soy editor de la revista Proceso y quiero hablar con el licenciado Durán para preguntarle en qué condición el gobernador Eduardo Bours mandó hoy a nuestra Redacción un fax.
–¿A qué se refiere?
–No sabemos si se trata de una réplica para publicar en la sección Palabra de Lector o de un desplegado…
–Espéreme un momento. Voy a consultarlo con el licenciado Durán y de inmediato nos comunicamos con usted.
Tres o cuatro minutos después, Mario Wolf llamó de nuevo y señaló:
–Me dice el licenciado Durán que el documento del fax sólo es para conocimiento del director de Proceso.
–¿Qué quiere usted decir? ¿Que no es para publicarse en la revista?
–No. Sólo es para conocimiento del director.
–Pero si el director ya lo conoce… Se ha publicado como desplegado en por lo menos dos periódicos nacionales.
–Pues así nomás…
–¿Me confirma entonces que no desean su publicación en las páginas de Proceso?
–Sí, no queremos que lo publiquen, es sólo para que lo tenga el director…
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