La Cámara de Diputados respaldará con todo el presupuesto “razonable y posible” a las instituciones militares (Fuerza Aérea, Marina y Ejército) para la renovación de su infraestructura y el fortalecimiento del combate al crimen organizado.

Así lo afirmaron los legisladores César Camacho y José Manuel del Río, presidentes de las comisiones de Justicia y de Marina de la Cámara de Diputados, respectivamente, quienes además reconocieron que el armamento y el equipo de las fuerzas armadas es obsoleto.

En su edición de ayer, MILENIO dio a conocer un reporte de la Fuerza Aérea en el que se alerta sobre la incapacidad de vigilar al ciento por ciento el espacio aéreo nacional y detectar operaciones del narcotráfico, pues los radares de las fuerzas armadas tienen más de 30 años de antigüedad.

Se advierte además que la red del Sistema Integral para la Vigilancia Aérea (SIVA) presenta “constantes fallas” y tiene un “desempeño limitado” en la detección de vuelos clandestinos.

Consultado sobre los requerimientos financieros de la aviación militar a la Secretaría de Hacienda para renovar la infraestructura y garantizar el resguardo del territorio nacional, el diputado priista César Camacho puntualizó:

“Tendrán que justificar la necesidad de más recursos y su destino, pero de encontrarlo razonable y posible, la Cámara de Diputados habrá de ser consecuente con las fuerzas armadas —Ejército, Marina y Fuerza Aérea— para poder solidificar y respaldar una acción (la lucha contra el crimen organizado) que cada día es más compleja”, manifestó.

El ex gobernador de Estado de México reconoció que la constante actualización de las leyes en materia de justicia y seguridad pública resulta insuficiente para enfrentar a las organizaciones criminales si dichos esfuerzos legislativos no van acompañados de asignaciones presupuestarias a las fuerzas federales.

Aval y reconocimiento

El diputado de Convergencia, José Manuel del Río, avaló el compromiso de transferir recursos suficientes para abatir los rezagos de las fuerzas armadas y poner en manos de personal militar los instrumentos necesarios para dar la batalla a la delincuencia organizada en el país.

Resaltó que sólo la Armada de México tiene un requerimiento de 20 mil millones de pesos para abatir los rezagos tecnológicos y de infraestructura acumulados durante los 10 años recientes, que se profundizaron durante en el sexenio de Vicente Fox Quesada.

“Aun cuando los marinos mexicanos han logrado suplir estas carencias con talento y creatividad, las actuales condiciones financieras de la institución les impiden garantizar un rendimiento total en la lucha contra las amenazas a la seguridad nacional”, aseguró.

Tema para el Presupuesto

Sostuvo también que la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados constató los esfuerzos de la Armada de México en sus sistemas de inteligencia, construcción de naves interceptoras y mantenimiento de aeronaves a pesar de sus limitaciones presupuestarias.

También hizo un reconocimiento al personal militar, pero llamó a la Secretaría de Hacienda a “voltear su mirada” hacia las fuerzas armadas y considerar los recursos suficientes para su eficiente operación en el Presupuesto de Egresos 2009.

Radares obsoletos

El equipo de radares con el cual las fuerzas armadas vigilan el espacio aéreo nacional data del sexenio de José López Portillo (1976-1982).

Su vida útil es de entre 10 y 15 años; sin embargo, llevan más de 17 en operación, por lo que su vida útil se cumplió en la administración pasada.

El reto que plantea esta tecnología “obsoleta” es que no existen refacciones en el mercado, por lo que, de fallar alguno de los tres radares en funcionamiento, se tendría que canibalizar (usar sus componentes) alguno para garantizar la operación de los otros dos.

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Frente a un escandaloso silencio mediático, la ofensiva contra los pueblos zapatistas dentro de su territorio no sólo se mantiene, sino en forma por demás alarmante, se incrementa.

El pasado día 4 de junio, la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) ordenó una de las más abiertas provocaciones contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y contra los pueblos zapatistas. Elementos de la SEDENA realizaron una incursión militar dentro del poblado de La Garrucha, corazón del Caracol del mismo nombre. La incursión no sólo paró ahí, se desplegó e intensificó en otros poblados comprendidos dentro del mismo Caracol de La Garrucha.

El Ejército en la Selva Lacandona

La Séptima Región militar comprende 5 zonas militares, una de ellas es la 39ª. Zona Militar y es en esta donde las incursiones, hostigamientos y provocaciones militares han marcado un tiempo distinto de las fuerzas castrenses de afrontar uno de los “enemigos internos” más insistentes que tiene el gobierno Federal, uno que ha planteado la conformación de un movimiento nacional y, el único que presenta un proyecto integral alternativo aplicado en los hechos dentro de su territorio: El EZLN y los pueblos zapatistas.

Del 1º al 4 de este mes de junio, miembros del CAPISE realizábamos un recorrido dentro de la Selva Lacandona, particularmente en el interior de la 39ª Zona Militar, uno de los propósitos de este recorrido era precisamente la actualización de las posiciones y operaciones militares dentro del territorio indígena.

En lo que toca al Ejército Federal mexicano, las incursiones y las amenazas perpetradas contra el EZLN, las autoridades civiles zapatistas y los pobladores bases de apoyo zapatistas del caracol de La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro fueron realizadas principalmente por el 38º Batallón de Infantería (38º BI), pero no sólo por esa Unidad militar.

Hoy día, el 38º Batallón de Infantería (38º BI) esta destacamentado en:

Cañada de Taniperla: Monte Líbano y Taniperla.

Cañada de las Tacitas: Racho Península[1] y Río Jordán.

Cañada de La Garrucha hasta San Quintín: Patihuitz, La Sultana y San Quintín.

El Cuartel General del 38º Batallón de Infantería es San Quintín.

Las posiciones militares de Monte Líbano y Taniperla se alternan entre el 38º Batallón de Infantería (38º BI) y el 31º Batallón de Infantería (31º BI) cada 4 meses.

El 31º Batallón de Infantería (31º BI) tiene su Cuartel General en el predio Tonina, Ocosingo, a su vez, Cuartel General de toda la 39ª Zona militar.

Las posiciones militares de Racho Península, Río Jordán, Patihuitz, La Sultana y San Quintín son permanentemente operadas por el 38º. Batallón de Infantería (38º BI).

El 38º Batallón de Infantería no actuó sólo, él día tres de junio, esto es, un día antes de los operativos, en medio de una pertinaz lluvia, el CAPISE topó con tanquetas en el tramo de terracería entre La Sultana y San Quintín, las tanquetas iban en dirección a La Garrucha. La Unidad militar era el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM), esta Unidad militar ya ha sido vista en distintos momentos en la cañada de La Garrucha, en los operativos militares del día 4 de Junio pasado en la Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, esta Unidad castrense también participó.

El caso de la participación del 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) es muy particular, esta Unidad tiene su Cuartel General en la Guarnición Militar de Comitán, teniendo también posición permanente desde hace varios años en zonas fronterizas con Guatemala y en la Base de Operaciones destacamentada en Amparo Aguatinta, municipio Maravilla Tenejapa, es desde esta base donde salen las Unidades militares que transitan e incursionan hasta el territorio de La Garrucha (entrando por Poza Rica, pasando por un costado de Guadalupe Tepeyac, atravesando La Realidad), incluyendo el operativo y las amenazas perpetradas contra las bases zapatistas el pasado día 4 de Junio.

A pesar de su aparente distancia geográfica, la Guarnición Militar de Comitán y el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) pertenecen a la 39ª Zona Militar, cuyo Cuartel General esta establecido en el predio Tonina, municipio de Ocosingo.

Las incursiones militares

Las incursiones y operaciones militares realizadas en el mes de mayo pasado y en estos primeros días de junio dentro del territorio indígena de La Garrucha intentan justificar su hostilidad con el argumento de combate al narcotráfico y la búsqueda y destrucción de plantíos de marihuana u otros estupefacientes.

Si se revisa el operativo militar realizado el pasado 19 y 20 de mayo pasado en San Jerónimo Tulijá, se podrá mirar que el operativo militar fue coordinado por 18º Batallón de Infantería (18º BI), esta Unidad Militar tiene su Cuartel General en la Guarnición militar de Palenque, municipio de Palenque, pero no pertenece a la 39ª Zona Militar, pertenece a la 38ª Zona Militar, cuyo Cuartel General tiene su sede en Tenosique, Tabasco.

Si se revisa el operativo militar realizado el pasado día 26 de mayo (6 días después del operativo de San Jerónimo Tulijá) en el ejido Nuevo Chamizal, se podrá mirar que también fue coordinado por 18º Batallón de Infantería (18º BI). La operación tiene el mismo tenor, “búsqueda, ubicación y destrucción de marihuana y otros enervantes”, en esta ocasión, el Ejército montó todo el escenario, llevó prensa y señaló que habían detectado y destruido plantíos de marihuana haciendo mención que los sembradíos habrían sido sembrados por bases de apoyo zapatista, señalando que ese terreno era de ellos.

Lo pobladores de Nuevo Chamizal, Nueva Palestina y San Antonio Escobar (vecinos todos), no son bases de apoyo zapatistas, son miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos A. C. (OPDDIC), por años se articularon con la Unidad militar destacamentada en la vecina Cintalapa, esa posición militar fue ocupada y controlada por el 18º Batallón de Infantería (18º BI) por muchos años. Este campamento se retiró en mayo de 2007 y meses después reconsideró su retiro. Dos poblaciones zapatistas amenazadas en esta región son La Culebra y 6 de Octubre, esta última dentro de Montes Azules y uno de los poblados más fuertemente amenazados de desalojo forzoso.

(Nota: Sobre la ubicación, identificación y operación del 31º Batallón de Infantería y el 91º Batallón de Infantería pertenecientes también a la 39ª Zona militar hablaremos próximamente).

Los operativos y amenazas del Ejército Federal mexicano en la incursión militar dentro del poblado de La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, no son de ninguna manera un asunto menor. Se ha presupuesto que el subcomandante Marcos y otros mando militares operan por esa región o algunas veces tienen presencia por ahí, fuese cierto o no, la advertencia y el nivel de la amenaza quedó registrada.

Hay un caso donde no hay registro de la participación del Ejército Federal mexicano. El 22 de mayo pasado, dos o tres días después del operativo en San Jerónimo Tulijá contra bases de apoyo zapatista, se sucedió otro hecho no menos alarmante. Agresiones y enfrentamientos en la comunidad de Morelia, poblado sede del Caracol de Morelia. Personajes de filiación priísta, algunos miembros de la OPDDIC, que se articulan con el Campo militar de Altamirano, Cuartel General de la 11ª Compañía de Infantería no Encuadrada (11ª CINE) eran los agresores. Por increíble que parezca, los priístas exigían el terreno que ocupa la sede del Caracol de Morelia.

La retaguardia

El 22 de septiembre pasado, la Comisión Sexta del EZLN se vio obligada a cancelar su gira de trabajo por el centro y sur de México, como miembro del movimiento nacional en construcción de La Otra Campaña, debido a las agresiones que había contra los pueblos zapatistas y debido también a distintas acciones realizadas por el Ejército popular Revolucionario (EPR). Golpear y agredir a las bases de apoyo zapatistas y sus autoridades civiles es golpear la retaguardia de la Comisión Sexta en su iniciativa y propuesta de conformación de un movimiento nacional, eso el gobierno mexicano lo tiene claro.

A finales del año pasado, el subcomandante Marcos concedió una entrevista a la reportera y escritora Laura Castellanos en la comunidad de La Garrucha, la entrevista paseo sobre distintos tópicos y en algún momento se pregunta y se responde lo siguiente:

Laura Castellanos: “Entonces, en enero de 2008 no entran a la fase de agitación y movilización, como lo tenían planeado anteriormente”.

Subcomandante Marcos: “No, porque se supone que terminábamos en diciembre de 2007. Todavía nos falta recorrer el centro y el sur sureste del país. Nosotros pensamos que en junio de 2008 hay que trabajar sobre la estructuración de ese programa nacional de lucha para pasar entonces a la agitación y difusión. En junio, cuando se cumplen tres años e la Sexta Declaración, es cuando se hará el cierre”[2].

Algo se hace evidente, no quieren que salgan. Si supuestamente el EZLN, su gobiernos autónomos, sus pueblos y el movimiento nacional en construcción de la Otra Campaña no son un peligro ¿por qué no quieren?

Los operativos militares y policíacos (PGR, PFP, AFI) de mayo y junio marcan señales y amenazas alarmantes de represión, prisión, despojo, desalojo o muerte contra el EZLN, los pueblos zapatistas y contra miembros de La Otra Campaña.

Si se miran las intervenciones militares dentro de la Selva Lacandona, se podrá mirar un involucramiento mucho más hostil y activo no sólo de las Unidades militares ubicadas dentro del territorio de La Garrucha, también las que están fuera de él, sea Comitán o sea Palenque. Las fuerzas castrenses empiezan a cerrar pinzas.

El Ejército Federal mexicano acecha, las señales están muy claras.

Mientras pasa lo que pasa, el CAPISE ha enviado una Brigada Especial de Observación Tierra y Territorio (BEOTT) al Caracol de La Garrucha, estas Brigadas estarán de forma permanente.

En el CAPISE pensamos que es tiempo de replantearse una gigantesca campaña contra la militarización en el territorio indígena de Chiapas y de México.

Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas A.C.

(CAPISE)

[1] La Base de Operaciones de Rancho Península esta a menos de un kilómetro del acceso a la cañada de Las Tacitas.

[2] Corte de Caja. Laura Castellanos, Ricardo Trabulsi, Alejandro Magallanes. Primera edición 2008. Pág. 73.

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Estados Unidos y México pusieron ayer en marcha la iniciativa bilateral Armas Cruzadas, con el fin de hacer frente a “la explosiva amenaza” de los cárteles de la droga con un esquema de cooperación que buscará atajar el contrabando ilegal de armamento que atiza la violencia y ha dejado víctimas entre civiles, policías y militares.

“Necesitábamos una respuesta de alto calibre para impedir la exportación ilegal de armas (desde Estados Unidos) hacia México”, aseguró Julie Myers, subsecretaria del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al dar a conocer la iniciativa en compañía de Juan José Bravo Moisés, administrador general de Aduanas de México.

“Armas Cruzadas permitirá la asociación de México y Estados Unidos en el intercambio de información e inteligencia que nos permitirá combatir el problema de la violencia con armas de fuego”, aseguró Myers.

En México, el embajador estadounidense Antonio Garza reconoció el trabajo de cooperación contra los cárteles de la droga que su país y México llevan a cabo, luego del anuncio de la operación Armas Cruzadas, que tendrá como meta identificar y frenar a organizaciones dedicadas al contrabando de armas a través de la frontera mediante el intercambio mejorado de información en tiempo real.

“Armas Cruzadas es un paso más en el esfuerzo conjunto por frenar el contrabando de armas y quebrantar la violencia criminal en México y la región fronteriza. Felicito a todos los participantes del gobierno de Estados Unidos así como a los de México por esta valiente iniciativa”, dijo el diplomático.

Bajo responsabilidad operativa del ICE, esta iniciativa se sumará al proyecto “Gunrunner” que la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos inauguró a principios de año y forma parte de un plan para aumentar la cobertura estratégica y de los corredores de tráfico de armas.

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CULIACÁN, SIN.- “Cuídense, esto se está poniendo muy pesado”, les dijo Juan Camilo Mouriño a los representantes empresariales y del gobierno con los que se reunió el 13 de mayo en esta ciudad. Todavía no se cumplían dos semanas completas de mayo y ya se habían acumulado aquí 52 asesinatos, la mayoría relacionados con el narcotráfico.

El secretario de Gobernación tenía razón. En los siguientes ocho días se perpetraron 25 homicidios más, dos de ellos policías ministeriales. Para el 19 de mayo, la cifra había crecido a 77.

Mouriño encabezó la reunión del gabinete de seguridad que se llevó a cabo aquí a petición del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla.

Después del encuentro fue anunciado el Operativo Culiacán-Navolato, como parte del cual llegaron al centro del estado mil 433 soldados, 740 policías federales, 500 marinos y 50 elementos de la PGR, entre peritos, fiscales y agentes del Ministerio Público: en total, 2 mil 723 elementos federales más.

Sin embargo, el despliegue resultó inútil para contener la violencia. Para el jueves 29 la cifra subió a 108 crímenes, cantidad que nunca había alcanzado Sinaloa en un período similar.

También el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, vaticinó: “La guerra sigue y caerán más policías y gente inocente”, les dijo a los empresarios. Un día después de anunciado el operativo, un grupo de gatilleros baleó la base de la Policía Ministerial en Guamúchil. El ataque no causó heridos.

El lunes 19 fueron acribillados dos policías ministeriales en Guasave. A raíz de esto, un comandante de la corporación, Rufino Aispuro Soto, fue trasladado a Culiacán. Pero la muerte lo venía siguiendo. El 28 de mayo por la mañana fue encontrado su cadáver en un barrio residencial. Tenía su arma de cargo a un lado y el rostro cubierto con una bolsa de plástico.

El 25 por la noche, mientras hacían un rondín por la zona rural de la sindicatura El Tamarindo, de Culiacán, dos policías municipales descubrieron en un maizal a la patrulla 0702, que había desaparecido junto con cuatro agentes desde el 1 de mayo. Los cuerpos estaban en la cajuela. De acuerdo con el reporte del forense, fueron asesinados el mismo día que los levantaron.

Militarización y miedo

El 19 de mayo, sin que la violencia hubiese mermado ante los operativos federales, el gobierno de Aguilar Padilla anunció que tres militares tomaban el mando de la policía municipal de Culiacán, de la Ministerial y de la Estatal Preventiva.

La respuesta de los narcotraficantes fue recrudecer la violencia; en los primeros ocho días de los nuevos mandos cometieron 30 asesinatos más.

En uno de éstos, la noche del 27, ocho policías federales cayeron acribillados durante la persecución de un grupo de gatilleros que ejecutaron a dos jóvenes en la colonia Rubén Jaramillo. Los policías los persiguieron pero los sicarios les tendieron una trampa. Llegaron a una casa de seguridad ubicada en la colonia Las Vegas y ahí los estaba esperando otra célula de gatilleros.

Cuatro de los policías fueron abatidos en cuanto se bajaron de la unidad, otro de ellos cayó cuando pretendía sorprender a los sicarios entrando por una azotea, dos más murieron en la batalla y uno en el hospital, el día siguiente. Tres quedaron heridos. Sólo murió un gatillero. El tiroteo duró cuatro horas y, pese a que fuerzas del Ejército se unieron a los policías federales, los delincuentes rompieron el cerco y huyeron.

Por todo esto, en todas las policías se respira el miedo. Lo dicen los agentes, los comandantes y hasta los directivos, y se hacen recomendaciones: no anden solos, no se expongan, salgan de sus bases sin el uniforme.

El signo más reciente de ese miedo es que en la base central de la Policía Ministerial, ubicada en Culiacán, se construyeron barricadas. En todas las oficinas que dan a la calle se colocaron barreras de costales de arena. Los empleados dicen que fue por órdenes del procurador, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, quien pidió que se protegieran todas las instalaciones y se reforzara la vigilancia.

De igual forma, después del atentado que sufrió la base de la Policía Ministerial en la ciudad de Guamúchil, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Salvador Alvarado cubrió con ladrillos las ventanas que dan a la calle.

No es gratuito ese miedo. El viernes 30 de mayo por la mañana, un comando armado atacó a dos comandantes cuando charlaban a 30 metros de la base de la Policía Ministerial en Mazatlán. Uno de ellos, Antonio Ibarra Castañeda, es el jefe de esta corporación en el puerto y sobrevivió; el otro, Ramón Castro Maldonado, era comandante de la Policía Estatal Preventiva adscrito a Mazatlán y murió en el ataque.

Puro circo

Una de las demandas de los empresarios cuando se reunieron con el gabinete de seguridad fue que se combatiera el lavado de dinero. Veremos qué se puede hacer, dijo Mouriño.

Un día después fueron cerradas 26 casas de cambio que operaban en una zona de Culiacán donde desde hace 25 años se venden y compran dólares en la calle sin recibos ni registros, nada, sólo el dinero, mano a mano. Pueden ser 10, 20 dólares, o 200 mil, la cantidad no importa. La mayoría de estos negocios están registrados en Hacienda, pagan impuestos y tienen el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo menos dos de ellos aparecen registrados en la Asociación Nacional de Casas de Cambio.

Fue esta zona donde se inició Blanca Margarita Cázares Salazar, a quien la DEA rebautizó como La Emperatriz y la acusó de dirigir empresas en las que se lava dinero del narcotráfico.

Para el presidente de la Cámara del Comercio de Culiacán, José Luis Aispuro, esta medida es insuficiente y busca más bien un impacto mediático, pues dice que el grueso del dinero proveniente del narcotráfico no está en esas casas de cambio, sino en otras ramas de la economía que han permanecido intocadas:

“Mientras sigamos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Tenemos que ir al fondo. Afuera de Culiacán lo primero que te preguntan es cuántos muertos hubo esta semana. Es el último cartucho que le queda al gobierno federal y la sociedad ya no está para aguantar mucho. Y la verdad, hasta ahora los resultados son más bien pobres. Lo que han logrado en decomisos de armas y drogas, no son suficientes.

“Hay que darle seguimiento al dinero. ¿Que hay secreto bancario? Sí, pero de todas formas te puedes meter a la información y descubrir las redes del lavado. Hay empresas que nacen y de repente crecen, y dices: ah, cabrón, ¿de dónde? Se tiene que hacer inteligencia en cuanto al lavado del dinero; en la medida que lo haga el gobierno podrá dar golpes contundentes; lo que hizo en el mercadito con los vendedólares no es más que espectáculo; esa no es una medida contra el lavado de dinero. Tenemos tres semanas y hasta ahora no han cerrado ninguna empresa importante, por tanto no es creíble que estén combatiendo el lavado.”

Para Carlos Raúl Pimentel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Culiacán, los niveles de violencia que hay en Sinaloa afectan las inversiones:

“Hay empresarios que se iban a venir a Sinaloa y que ya de plano no vienen; otras empresas ya instaladas se están yendo; hay empresas que van a cerrar, que dicen: aquí no se puede, mejor nos vamos. Unos empresarios de Guadalajara que estaban a punto de venirse dijeron no, mejor no vamos”.

Las razones están a la vista. Por ejemplo, durante la balacera del 30 de abril, en la colonia Guadalupe, varios proyectiles se impactaron en una bodega que acababan de abrir.

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